Nadie revisó, ni se enteró ni le importó
La ministra ha descargado la responsabilidad de lo sucedido en el comité fiduciario. Les comparto mi columna de esta semana: “Nadie revisó, ni se enteró ni le importó” https://t.co/LrcsvcdshE
— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) August 29, 2021
La ministra ha descargado la responsabilidad de lo sucedido en el comité fiduciario. Les comparto mi columna de esta semana: “Nadie revisó, ni se enteró ni le importó” https://t.co/LrcsvcdshE
— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) August 29, 2021
Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo
La ministra ha descargado la responsabilidad de lo sucedido en el comité fiduciario.
Este viernes tendrá lugar el debate de moción de censura contra la ministra de Comunicaciones, y cada día se develan más hechos escandalosos sobre el contrato con el consorcio Centros Poblados. Y se van desmontando mitos y falsedades, como aquella de que la ministra Abudinen encontró todo ya cocinado. Falso. Tuvieron todo el tiempo para revisar los pliegos, que, una vez modificados, solo se llegaron a publicar en agosto de 2020 y en forma definitiva en octubre. Originalmente se trataba de una sola región, lo cual podía conducir a importantes economías de escala, pero luego se dividió en dos, con lo que las exigencias financieras y de experiencia se redujeron a la mitad. Qué error para un contrato de este impacto y monto.
Más crítico y sospechoso fue el cambio de metodología de adjudicación del contrato. La ministra dijo que se privilegiaría la oferta con mayores colegios ofrecidos, lo cual hacía deseable el sistema inicialmente propuesto de puja en línea de todos los oferentes. Esto se cambió por un método que permitió que Centros Poblados, faltando solo 9 minutos para el cierre de la licitación, presentara la última oferta, que resultó ganadora. Solo los funcionarios tenían acceso a todas las ofertas en tiempo real que eran subidas al sistema. ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Se filtró información privilegiada a Centros Poblados desde el Ministerio?
La ministra ha descargado la responsabilidad de lo sucedido en el comité fiduciario. Claro, este era responsable de autorizar el pago de los anticipos de 70.000 millones y tenía previsto girar 164.000 millones más. Ese comité estaba integrado, entre otros, por el supervisor del contrato, por el director de la interventoría –que ha guardado total silencio–, por un representante del contratista, y además, se estipuló que los garantes, o sea, el banco, debían ser invitados permanentes a los comités fiduciarios. Nunca asistieron. Hoy sabemos que la póliza era chimba, que no existía ningún banco garante a quien invitar. Pero nada de esto les llamó la atención y autorizaron los desembolsos sin ningún problema. Si hubieran intentado al menos contactarlos, se habrían dado cuenta de inmediato, y antes de girar los anticipos, de la falsedad de las pólizas, de todas las pólizas incluidas, por supuesto, la de seriedad de la oferta con la cual se habilitaron.
Que nos expliquen también cómo se seleccionó al interventor, a quien se adjudicó un contrato por 19.000 millones de pesos, el consorcio PE 2020 C Digitales, que está integrado por las empresas Telemediciones y Eurocontrol, las cuales, en otras contrataciones han sido socias de Funtics, socia de Centros Poblados, a la que ahora deben auditar. Con tamaño conflicto de intereses, ¿cómo pudo adjudicársele este millonario contrato? ¿Nadie se enteró, nadie revisó? Qué conveniente.
Dos integrantes del consorcio, Intec y Omega Building, cambiaron su objeto social para incluir temas de comunicaciones, 5 días antes de presentarse a la convocatoria. Sus actividades originales eran la construcción de edificios, carreteras, ferrovías, hasta fontanería y fabricación de muebles. Igualmente, nadie revisó ni a nadie le importó. Omega, por su parte, incrementó su patrimonio de 5 a 23.000 millones, justo antes de la licitación. ¿Quién puso esos recursos? ¿Es verdad que con cargo al anticipo de 50.000 millones se le giraron inmediatamente 5.800? Curiosa “coincidencia”.
Y ojo porque, sin incluir el valor del contrato de Centros Poblados, los cuatro integrantes de este consorcio tienen o han tenido contratos con el Estado por un valor de un billón ciento setenta y tres mil millones de pesos, a través de 225 contratos y 170 consorcios y uniones temporales. A nivel individual, estos cuatro ‘titanes’ han suscrito 85 contratos por más de 225.000 millones de pesos. Vaya tarea de investigación que les espera a los organismos de control.
Con razón, cuando a la gente le preguntan qué es lo que más le preocupa de nuestro dichoso país, no es el desempleo ni la inseguridad, ni siquiera la pobreza extrema, sino la corrupción, madre de todas las desgracias que nos agobian.
P. D. Bastantes más interrogantes, todos sin respuesta, pueden encontrarse en mi cuenta de Twitter @German_Vargas. Cuenta que permanentemente también me chivean.
GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras
29 de agosto 2021