Recuperar la educación pública

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

¿Qué razones poderosas mueven a Fecode para oponerse a la presencialidad?

Inaceptable el comportamiento de Fecode y su dirigencia durante la pandemia de covid-19. Su negativa a retornar a la presencialidad de la educación, utilizada además como mecanismo de presión para tramitar sus multimillonarios pliegos de exigencias, tiene que hacer pensar al país que llegó la hora de poner fin a tanta desfachatez. A punta de paros y, por supuesto, de la incapacidad de los gobiernos de pararse en la raya, Fecode ha conseguido lo impensable: que todo el sistema educativo no esté al servicio de millones de niños y jóvenes, sino de intereses particulares de una élite enquistada en el más sensible de los servicios públicos al que una sociedad tiene derecho, como es la educación.

e. Ya se cuentan 517 tutelas contra la apertura de los colegios, no tengo duda de que interpuestas por estos preocupados dirigentes sindicales. Por fortuna, la mayoría las ha ganado el Gobierno, pero en siete ciudades se han impuesto medidas cautelares que han impedido regresar a la presencialidad. El caso de enmarcar es el departamento del Magdalena, cuyo gobernador ha resuelto convertir el tema en batalla personal. La Procuraduría ya ha tomado cartas en el asunto, y ojalá sancionen ejemplarmente a este mandatario enviándolo a su casa en forma permanente.

¿Qué razones poderosas mueven a Fecode para oponerse a la presencialidad? No creo que sean la salud y la protección de maestros y estudiantes. Vale la pena recordar que el Gobierno priorizó la vacunación de profesores, al punto de que hoy, más del 85 % lo están. No me explico cómo quedan todavía 61.000 sin hacerlo, cuando todo está dispuesto para atenderlos con total prioridad. Además, durante la pandemia el Gobierno ha entregado más de 800.000 millones de pesos para adecuar las condiciones de bioseguridad para el retorno a las aulas. Todos los plazos para regresar ya vencieron.

Lo que realmente quieren es arrodillar al Gobierno para obtener, de acuerdo con el pliego ya presentado, mayores incrementos salariales, bonificaciones y nuevas primas, nuevos cupos de ascenso y aprobación de mecanismos alternativos para seguir burlando los concursos. Lo que no dicen es que desde 2014 hasta 2022 han recibido incrementos salariales, en términos reales, de 17 puntos adicionales a los otorgados a todos los servidores públicos y que se les incrementó la bonificación anual de un 6 a un 15 % del salario. Miles de ascensos y reubicaciones se han hecho en los últimos seis años, además de importantes y costosísimos programas de vivienda y salud. Como si fuera poco, el Gobierno destinó más de un billón de pesos para pagar deudas acumuladas en materia de cesantías. A toda esta generosidad del país, el sindicato responde con más amenazas, con marchas y paros a los que sí se puede asistir, pues allí no hay peligro de contagio, con tutelas y más y más reclamaciones desbordadas.

Y en medio de este panorama pierden los niños y jóvenes de Colombia. Unicef, Unesco, la propia CIDH, que tanto defienden, claman por el regreso a la presencialidad, pero a estos señores nada los conmueve como no sean sus muy personales intereses. Ya es hora de ponerlos en su sitio y librar la cruzada de recuperar el sector educativo público, capturado y privatizado desde hace décadas por Fecode.

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