Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Si en verdad quiere extirparse este cáncer de la corrupción, debe cortase de raíz esta práctica.

Concuerdo con destacados analistas y en particular con el Dr. Alfonso Gómez en que nuestra legislación tiene todo el arsenal de instrumentos suficientes para enfrentar la corrupción. Baste señalar la figura de la extinción de dominio, de la cual fui ponente en el Senado, que no solo se aplica a los bienes del narcotráfico sino también a los dineros originados en delitos contra la administración pública.

Disponemos, además, de todos los tipos penales, incluido el de enriquecimiento ilícito con penas severísimas; consagramos conductas para perseguir los más sofisticados delitos, como el uso de información privilegiada, y establecimos inhabilidades políticas como la pérdida de investidura y la silla vacía, para mencionar solo algunas. Año tras año hemos fortalecido las competencias de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría e incrementado sus abultados presupuestos. Aun así, los resultados dejan mucho que desear.

Hace dos semanas, y a propósito de las elecciones, me referí a la que creo es hoy la principal fuente de corrupción: se trata de la práctica de comprar gobernabilidad en donde las entidades del Gobierno Nacional renuncian a ejecutar sus presupuestos para asignarlos, previa sugerencia de los parlamentarios, a las gobernaciones y alcaldías a través de contratos interadministrativos, a fin de que las inversiones sean licitadas y contratadas a nivel territorial.

Ya en esta órbita, los pliegos se confeccionan a la medida del único contratista que generalmente se presenta y, por supuesto, raro es que se respete el pliego tipo que valora las propuestas de manera objetiva. Para continuar con esa práctica es que se modificó, precisamente, la ley de garantías.

Estos contratos, en mayores cuantías y cada día en más entidades, se han convertido en la regla general. Así proceden usualmente el Fondo de Adaptación, la Unidad de Gestión del Riesgo, los ministerios de Agricultura y del Deporte, el Invías, Fontur, el DNP y el DPS, el Fonade y, cómo no, el Ministerio del Interior, entre otros.

Baste decir que el publicitado atraco al Mintic por cuenta de Centros Poblados por 70.000 millones resulta irrisorio si se lo compara con las cifras de billones que son contratadas a través de este mecanismo, donde evidentemente reciben tajada el parlamentario que señala la obra y su valor, el alcalde, el contratista y el interventor, cuando no los funcionarios de los organismos de control. Si en verdad quiere extirparse este cáncer de la corrupción, debe cortase de raíz esta práctica.

Esta semana el Contralor anunció investigaciones en curso por 6,5 billones a contratos interadministrativos suscritos bajo la ley de garantías y así ganados en licitaciones con oferente único. Buena noticia, pero la tarea es descomunal, comoquiera que toca revisar más de 600.000 contratos.

También registro como positivo que la Corte Suprema le metió el diente al tema, dictando medida de aseguramiento por la presunta intervención del senador Mario Castaño en la contratación de vías a través de contratos en la unidad de riesgo y para la construcción de canchas sintéticas con el Mindeportes y varios contratos en el programa Sacúdete del Mininterior.

Son miles los contratos adelantados en igual forma. En el solo programa Sacúdete, el Fonsecom del Mininterior ha suscrito 330 en 2021 y 203 en 2022, de un presupuesto para este año de medio billón de pesos. Me tomé el trabajo de seleccionar 20 contratos y en 18 se presentó un único oferente, el otro está en proceso de licitación y en el restante se presentaron dos propuestas. Por eso es evidente que el caso del senador no es aislado. Vale la pena indagar con qué criterios, por ejemplo, se seleccionaron los municipios de Toledo, Hato Nuevo, Rovira, Linares, Yaguará, Piojó y los demás municipios beneficiados, quiénes mediaron en la asignación de estos recursos y también qué responsabilidad cabe a ministros y funcionarios que los suscribieron.

Propongo que se haga un ejercicio muy sencillo de cotejar la relación de estos contratos interadministrativos, especialmente los suscritos en época preelectoral, con votaciones atípicas registradas en los municipios beneficiados.

Y a todas estas, ¿en qué irá la liquidación de los contratos ordenada por la Corte Constitucional?

GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
12 de junio 2022

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