El desvergonzado
Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo
Invías suscribió una inexplicable modificación del contrato con la constructora del puente Pumarejo.
A las denuncias presentadas por el ‘Noticiero CM&’ y también mencionadas por Daniel Coronell, de politiquería y pago de favores en el Invías, se suma algo muy turbio que nos puede terminar costando más de 200.000 millones de pesos.
El 18 de diciembre, dos días antes de que asistiéramos a la inauguración del puente Pumarejo, la directora de contratación del Invías, doctora Catalina Téllez, suscribió una inexplicable modificación del contrato original con Sacyr, firma constructora de la obra, para incorporarle una cláusula en materia de solución de controversias no prevista en el contrato original.
Digo inexplicable por cuanto Sacyr ya había presentado ante la jurisdicción contenciosa una demanda contra la nación para tramitar sus reclamaciones. ¿Por qué el Invías en vez de asumir una sólida defensa de sus intereses ante esa jurisdicción aceptó la posibilidad de crear un tribunal de arbitramento para ‘agilizar’ el trámite de estas, que hoy ya son 15 y cuyas pretensiones podrían sumar 200.000 millones?
Tanto el anterior director general como el subdirector de la red de carreteras y el director operativo se habían negado a aceptar esta permanente solicitud de Sacyr. Pero ahora, misteriosamente, se abre esta puerta que, además, establece un precedente gravísimo para que los demás contratistas de obras públicas puedan exigir similar tratamiento.
¿Por qué el Invías fue en contravía de los dictámenes del interventor, que eran ampliamente conocidos y compartidos por sus equipos técnicos? En los considerandos del otrosí firmado sí se señaló que la interventoría había emitido concepto, pero deliberadamente se omitió decir que ese concepto había sido negativo.
Cabe recordar que el contrato inicial se adjudicó por 614.000 millones y que ya ha sido adicionado en dos ocasiones en este gobierno por cerca de 130.000 millones, es decir, un 20 % adicional. Esto es precisamente lo que no puede seguir ocurriendo. Que las firmas se ganen los contratos a un precio que luego resulta ‘ajustado’ por medio de adiciones y reclamaciones, la mayoría tramitada precisamente por la vía de tribunales de arbitramento.
¿Y cómo explicar que en el caso del túnel de La Línea, donde el Estado presentó contrademanda y pretensiones por 1,2 billones, el propio Invías disolviera el tribunal para no pagar los honorarios a los árbitros y tomara la decisión, contraria a la del puente Pumarejo, de enviar el litigio a la jurisdicción contenciosa?
Muy interesantes, por contradictorias y desvergonzadas, las declaraciones del director del Invías, Juan Esteban Gil, cuando señaló que “para la entidad, la justicia ordinaria es el mecanismo idóneo para resolver los conflictos”. Qué ironía. Si eso piensa el director, ¿por qué aceptar un tribunal de arbitramento en el caso del puente Pumarejo? Nadie entiende. ¿Estarán también en este caso interviniendo agentes oficiosos de los intereses del contratista en desmedro de la nación?
¿Conocían la Vicepresidenta y la ministra de Infraestructura este cambio en el contrato? ¿Y el mismo director de Invías? Y si es así, ¿por qué delegó la firma de la adición al contrato? ¿Qué opinión les merecerá todo esto al Procurador, al Contralor General y, en especial, al doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica?
¿Será que por este camino, y como ocurrió con el canal de Panamá con esta misma empresa, la obra terminará costándole al país el doble del valor del contrato?
Y a todas estas, ¿qué nos pueden decir Sacyr y el Gobierno de los contratos de concesión que también tienen en las vías Mar 1, de Medellín a Santa Fe, y las vías de Pamplona a Cúcuta, Puerta del Hierro a Cruz del Viso y Rumichaca-Pasto? Todas, unas más que otras, ya presentan retrasos muy considerables. El Gobierno y la ciudadanía tienen que estar atentos al desarrollo de estas obras, pero yo podría asegurar que ninguna se entregará en las fechas contractuales previstas y, más grave aún, todas serán objeto de reclamaciones que, por supuesto, no irán a la justicia ordinaria.
GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras
02 de Febrero 2020
