Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • ‘Los vamos a joder’

    ‘Los vamos a joder’

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1722797508654{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1722797808337{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Mucho más interés despierta en la comunidad internacional los Juegos Olímpicos que la tragedia que vive nuestro país vecino.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1722797789059{margin-bottom: 0px !important;}»]Nada me hubiera gustado más que equivocarme con los vaticinios que hice la semana pasada frente a los resultados de las elecciones en Venezuela y el curso que tomaría la dictadura de Maduro para contener el aplastante triunfo de las fuerzas opositoras. Todo se cumplió a rajatabla, con excepción de un probable escenario de suspensión de los comicios que no resultó necesario habida cuenta del megafraude que tenían montado a través del sistema electrónico de votación y de una institucionalidad toda al servicio del régimen.

    Tras más de 25 años en el poder la dictadura chavista controla todos los poderes públicos, incluyendo por supuesto el electoral, como quedó demostrado con la vergonzosa actuación del CNE, y en los próximos días con el fallo definitivo del “independiente” Tribunal Supremo de Justicia, al que acudió Maduro para que legitime por vía judicial lo que se robaron en las urnas.

    A la jornada electoral siguió la represión. Miles de personas, dirigentes políticos y testigos electorales secuestrados y torturados, todos desaparecidos. Algunos asilados en embajadas de donde nadie sabe si conseguirán salir, y María Corina Machado y Edmundo González en la clandestinidad tras las amenazas de Maduro. Y, anticipado también, millones de ciudadanos que a estas alturas no ven opción distinta a abandonar el país y refugiarse en Colombia y la región porque piensan que ahora si se acabó cualquier remedo de democracia que pudiera existir.

    De la comunidad internacional poco puede esperarse. Impotencia, indiferencia o complicidad. Lánguidas declaraciones que no convencen a nadie y preocupan menos a un Maduro que ha aprendido a burlarse de cuanto compromiso en materia democrática ha hecho, comenzando por el ingenuo acuerdo de Barbados, que aprovechó para preparar con lujo de detalles el fraude del domingo pasado, además de haber tanqueado las arcas en este tiempo. Mucho más interés despierta en la comunidad internacional los Juegos Olímpicos que la tragedia que vive nuestro país vecino.

    Por eso no me sorprende la vergonzosa y tardía declaración de Brasil, México y Colombia al pedir que se verifiquen el conteo y las actas, pero solo por el Consejo Nacional Electoral, el mismo organismo que urdió y avaló el fraude. Pero además proponen que una veeduría sea realizada por el Tribunal Supremo Electoral, cuyos miembros son todos nombrados por Maduro. Seguramente esta coartada será el camino que seguirá el proceso, pues ha sido el acordado con el propio Maduro. Su resultado no es difícil de imaginar.

    De la comunidad internacional poco puede esperarse. Impotencia, indiferencia o complicidad. Lánguidas declaraciones que no convencen a nadie y preocupan menos a un Maduro que ha aprendido a burlarse de cuanto compromiso en materia democrática ha hecho.

    Lo más desconcertante fueron sin duda las conversaciones Maduro-Petro, en donde el dictador obtuvo que el propio Petro se autodesautorizara frente a la tímida solicitud de las actas y la veeduría internacional, objeto de su primer mensaje en X. ¿Qué estará pensando ahora el pusilánime discreto y confidencial ministro Murillo, que fungía de adalid de la democracia desde Brasilia hace apenas unos días y luego se vio obligado a ordenar la vergonzosa abstención de Colombia en la OEA?

    Forzoso resulta entender que a Petro lo que le conviene es la permanencia de Maduro, pues solo así pueden las estructuras de delincuentes y del narcotráfico a su servicio seguir gozando de protección y total impunidad.

    Anticipo que en pocos días Colombia, al igual que China, Rusia, Irán, Corea del norte, Siria, Cuba y Nicaragua, reconocerá el triunfo de Maduro. Solo así podrán mañana exigir que se legitime por este club lo que están urdiendo para las elecciones del 2026 en nuestro país. Es este el único tema en que no podemos equivocarnos. Desde el llamado poder constituyente, pasando por la asamblea o el ‘fast track’, hasta la toma del poder electoral. Todo apunta en la misma dirección: la permanencia de este gobierno en el poder. Para consumarlo, Petro tiene que controlar todas las ramas del poder público, en particular la Corte Constitucional. Y basta que la Corte Suprema se vuelva a equivocar, como lo hizo postulando al magistrado Cortés, tan afín al Gobierno, para que todo quede consumado.

    “Los vamos a joder”, dice Diosdado Cabello. No se refería solo a los millones de ciudadanos venezolanos que se expresaron el domingo en las urnas para poner fin a la pesadilla del chavismo, sino a los países que se han manifestado en contra de la dictadura. Lo mismo piensa Petro. En nuestras manos está permitirlo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1722797920556{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Secretario ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo
    04 de agosto 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La farsa

    La farsa

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1722182100836{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1721748588085{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Este instrumento en manos de Petro reviste la mayor gravedad porque su pretensión es acudir a este para aprobar toda su agenda de cambio.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1722183229103{margin-bottom: 0px !important;}»]No me hago ninguna ilusión con el resultado hoy de las elecciones en Venezuela, aunque debo reconocer que por momentos me he dejado contagiar del entusiasmo generado por las encuestas y más aún por las imágenes de las multitudinarias marchas a favor del candidato de la oposición, Edmundo González, y de la valiente y carismática María Corina Machado.

    Pero la verdad es que en el momento de enviar esta nota (viernes al mediodía) todavía pienso que el dictador Maduro puede caer en la tentación de suspender las elecciones aduciendo la razón que se le antoje, incluido el anunciado baño de sangre con el que ha pretendido amedrentar a los votantes. Tampoco descarto que realizados los comicios el Gobierno intervenga fraudulentamente los resultados aprovechando el sistema electrónico de votación (que ahora quieren trasladar a Colombia) y los escasos controles disponibles, incluida la poca presencia de testigos electorales de la oposición. Y una tercera opción será la impugnar los resultados ante un Consejo Electoral que terminará anulándolos o confirmando el triunfo del dictador, también por la razón que se les antoje.

    Maduro ha evaluado muy bien el contexto internacional en que se desarrollan las elecciones. Comencemos por los Estados Unidos, cuya reciente posición casi indiferente solo se explica por su proceso electoral interno, que ha acaparado toda la atención de ciudadanos, políticos y medios de comunicación. El proceso venezolano ha pasado al último lugar de las prioridades en este momento, lo cual facilita cualquiera de las acciones al alcance de Maduro para desconocer un resultado que luce aplastante en su contra. Nada del cacareado acuerdo de Barbados se habrá cumplido, y no creo que el gobierno Biden vaya a adoptar ninguna medida concreta más allá de una lánguida declaración.

    La posición europea a nadie parece importarle. Esa es la cruda realidad. Cuán poco le importará a Maduro que se dio el lujo de desinvitarlos como observadores y nada pasó. Tampoco los países europeos carecen de problemas políticos internos para dar a Venezuela la prioridad que merecería en condiciones menos convulsas.

    Y miremos finalmente el barrio. El compañero Lula fue ridiculizado por Maduro. Su pecado, haberse atrevido a decir que si perdía tenía que entregar el poder. Si este es el trato a los amigos, no podemos extrañarnos de las reacciones frente a solicitudes similares de respeto a la democracia y a los derechos humanos por parte de los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala o Costa Rica, entre otros.

    Con la salida de Maduro se pone fin a este santuario de la insurgencia y el delito.

    Toda la región tiene los ojos puestos en estos históricos comicios. Y también Colombia, que se expresa a través de su silencio cómplice que pretende hacer pasar por una actitud prudente. La realidad es que Petro no se pronuncia porque lo que le conviene es la permanencia de Maduro en el poder. Su derrota equivale a poner fin al amparo y la total tolerancia a la guerrilla y a tantos grupos criminales que desde hace años tienen a Venezuela como su retaguardia y refugio de impunidad y centro de operación para sus actividades delincuenciales, incluido, por supuesto, el narcotráfico. Con la salida de Maduro se pone fin a este santuario de la insurgencia y el delito.

    El mundo ha sido testigo de que el régimen de Maduro ha recurrido a todo para impedir unos comicios limpios. No me detendré en este penoso recorrido que ha incluido amenazas, persecución y encarcelamiento y la prohibición de participar a la líder de la oposición y virtual ganadora, pero no puedo dejar de mencionar cómo se ha negado el derecho al voto a más de 4 millones de venezolanos que hoy viven en el exilio, habilitando solo a 69.000. Inaudito.

    Tengo la convicción de que Maduro o los militares no entregarán el poder cualquiera que sea el resultado, entre otras, porque estos delincuentes no han encontrado todavía lugar en el mundo para refugiarse y disfrutar de sus fortunas.

    A estas alturas Colombia debe prepararse para recibir la avalancha de millones de venezolanos que tras la burla de estos comicios habrán perdido toda esperanza de cambio. Y no perder de vista que nosotros con Petro vamos por el mismo camino. Al menos yo no soy de los que piensan que Petro, como su vecino, se haya quedado ni por un momento manicruzado esperando a ver a quién le tiene que entregar el poder en 2026.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1722183519191{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    28 de julio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Constituyente y ahora ‘fast track’

    Constituyente y ahora ‘fast track’

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1721748658180{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1721748588085{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Este instrumento en manos de Petro reviste la mayor gravedad porque su pretensión es acudir a este para aprobar toda su agenda de cambio.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1721748617110{margin-bottom: 0px !important;}»]Ya el país estaba suficientemente preocupado con la propuesta de la constituyente para que ahora tengamos que hacer frente al ‘fast track’ presentado por Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas en N. Y. Para los que se preguntaban a qué había llegado Juan Fernando Cristo al Gobierno, pues ahí está parte de la respuesta: a replicar lo hecho por él mismo en el gobierno Santos con esta iniciativa.

    Para que se den una idea del alcance del instrumento propuesto y bautizado como ‘fast track’, baste recordar que es un insólito mecanismo cuyas características principales se pueden resumir en que el trámite de los actos legislativos y las leyes se vuelve cosa de días, pues se recortan los tiempos y se limita la intervención de las demás ramas del poder público.

    Veamos; en primer lugar, las iniciativas del Gobierno se tramitan en comisiones conjuntas, así se trate de reformas de la Constitución, lo cual hoy está prohibido; las reformas constitucionales se aprueban en una vuelta y no en dos, lo que significa pasar de 8 debates a cuatro o, mejor, a tres, ya que las comisiones constitucionales sesionan conjuntamente, lo que también está prohibido para aprobar reformas constitucionales; los tiempos entre debate y debate se acortan a la mitad, con lo cual una reforma constitucional podría ser aprobada en menos de un mes; todo puede aprobarse en sesiones extraordinarias, lo que tampoco se puede sin el régimen excepcional propuesto, todas las votaciones son en bloque, o sea, sí o no; ningún otro tema se puede discutir en el Congreso, pues estos tienen total prioridad, y como si todo esto fuera poco, el control de la Corte Constitucional no se puede hacer sobre el contenido de los temas sino solo sobre el trámite de estas, con lo cual se limitan absolutamente su competencia y funciones. Además, los términos procesales para que la Corte resuelva se reducen a la tercera parte, sin posibilidad de prórroga.

    La única vez que se ha hecho uso de este extraño mecanismo fue en el marco del proceso de paz del gobierno Santos, y vale la pena recordar que en su momento se utilizó para aprobar temas tan delicados como la creación de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes, para los períodos 2022-2026 y 2026-2030, y la Jurisdicción Especial para la Paz para regular el componente de reincorporación política del Acuerdo Final.

    Este instrumento en manos de Petro reviste la mayor gravedad porque, tal como ha anunciado, su pretensión es acudir a este para aprobar toda su agenda de cambio, lo cual no solo incluye todos los temas cobijados por la llamada ‘paz total’, sino otros tan controversiales como la modificación de las normas que regulan las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo o aquellas relativas a la distribución del Sistema General de Participaciones o las que desarrollan su ‘plan Marshall’ o las inversiones forzosas. También se buscaría, con este mecanismo, extender el plazo para la implementación del acuerdo de paz por siete años más.

    Pero estos son solo algunos de los temas mencionados por incluirse en este adefesio, porque perfectamente podrían entrar a considerarse otras iniciativas ya negadas por el Congreso como la reforma de la salud o de la educación y, por supuesto, todo el paquete ya anunciado para el segundo semestre, que incluye una nueva reforma tributaria, la reforma de la justicia, la de servicios públicos, la laboral o el cambio de la regla fiscal que tanto los incomoda.

    Y yo me pregunto: ¿por qué no el acuerdo con el Eln o la propia reelección? Todo será posible bajo la sombrilla de la paz.

    El Congreso de la República no debería ni siquiera considerar esta propuesta, y yo agregaría que también es difícil legislar en este ambiente sin que antes la justicia no haya aclarado todo lo concerniente al escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo y al pago de más de 208.000 millones de pesos en sobornos, que apuntan a que todo este entramado de corrupción se orquestó al más alto nivel del Gobierno, incluidos los ministerios de Hacienda e Interior, para aceitar el trámite de leyes aprobadas. ¿O será que van a premiar estas conductas aprobando un mecanismo como el del ‘fast track’, que limita el ejercicio del Poder Legislativo y el propio de la Corte Constitucional.

    El ‘fast track’ es mucho más peligroso que la propia constituyente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1721748383151{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    20 de julio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La nueva reforma tributaria

    La nueva reforma tributaria

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1721749098822{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1721748925333{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Esta reforma es la que deberían discutir los empresarios con el Gobierno en vez de avalar sectores y montos de inversiones que nada reactivarán.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1721749057788{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana tuvo lugar la cumbre de Gobierno, gremios y empresarios para estudiar lo que será un gran acuerdo por la reactivación económica y la inversión. Difícil no estar en sintonía con este propósito, pero me temo que nuevamente todo ha arrancado con el pie izquierdo. En primer lugar por la terquedad del equipo gubernamental, que pretende seguir priorizando el gasto en funcionamiento y subsidios y muy poco en inversiones de verdadero impacto, y en segundo lugar porque, en paralelo, el ministro de Hacienda volvió con su propuesta de una nueva reforma tributaria.

    Y yo me pregunto a quién se le puede ocurrir una nueva reforma tributaria en medio de semejante situación tan bien descrita por el Dr. Sergio Clavijo, al indicar que estamos creciendo a la mitad de nuestro potencial, con un desempleo que supera el 11 %, un déficit fiscal llegando al 6 % sobre el PIB, con una inflación que volvió a subir a más del 7 % y con sectores claves como la infraestructura, la vivienda, la salud y el sector minero-energético a los que tiene este gobierno postrados, entre otros, por cuenta de sus malas decisiones y sus sesgos ideológicos.

    La anunciada reforma se centraría, según el ministro, en la creación de estímulos tributarios y en la reactivación de la economía. Por principio, y también por experiencia, no creo en ninguna reforma que busque reducir el recaudo, pero en aras de confiar en la intención y buena fe de la propuesta se me ocurre sugerirle al ministro la más sencilla de las fórmulas: revertir toda la reforma tributaria del doctor Ocampo aprobada en 2022.

    Se trataría, entonces, como bien lo ha señalado el Dr Santiago Pardo, de retomar los principios que impulsamos en la reforma del año 2019 y que fueron claves para dinamizar la economía y lograr en 2022 un crecimiento del 7,5 y la más alta recaudación tributaria en la historia del país. Comenzando por la reducción gradual del impuesto de renta, inicialmente al 32 %, para llegar en tres años al 30 % y dejarlo a ese nivel tanto para sociedades como para personas naturales que hoy llegan hasta el 39 %.

    Este nivel se justifica porque Colombia no solamente tiene una tasa del 35 % para las sociedades, sino que existen una serie de impuestos en cabeza de las sociedades y de las personas naturales que no existen en el resto del mundo, que sumados a los demás tributos generan una tasa efectiva de tributación sobre las utilidades de las empresas, que supera el 70 % y que hace más rentable importar en lugar de producir en Colombia. Hoy en día es mucho más rentable producir en USA, Perú, Ecuador, México o Centroamérica que hacerlo en el país. ¿Es eso lo que queremos mantener?

    En segundo lugar, hay que eliminar de una vez por todas el antitécnico y confiscatorio impuesto al patrimonio de las personas naturales, que ha estimulado que cada día más colombianos migren al exterior, dejen de residir fiscalmente en el país y lleguen aun a renunciar a la nacionalidad colombiana.

    También se debería aprovechar esta nueva reforma para disminuir el impuesto a los dividendos al 10 % y eliminar toda forma de renta presuntiva como el impuesto mínimo del 15 % que grava las diferencias temporales entre la contabilidad y la declaración de renta, lo que genera dobles y triples tributaciones y, muy importante, permitir descontar el ICA en un 100 % al impuesto de renta, como estaba previsto en la reforma de 2019.

    Y como al ministro Bonilla hay que creerle en su intención de reactivar la economía, esta reforma debería por fin eliminar el también muy antitécnico 4 por 1.000 que grava los desembolsos bancarizados de costos y gastos, independientemente de la rentabilidad de las empresas, es decir, que grava la formalización de las empresas y no su rentabilidad. Y, finalmente, ocuparse de dos adefesios que también nos trajo Ocampo en su recetario y que han contribuido a postrar el sector de la vivienda, como es el impuesto de timbre (hasta 3 %) a la adquisición de inmuebles y el IVA del 19 % que grava la adquisición de bienes de capital (maquinaria y equipo), que no todos los contribuyentes alcanzan a recuperar a través de su descuento en el impuesto sobre la renta.

    Esta reforma y no otra es la que deberían estar discutiendo los empresarios con el Gobierno en vez de estar ocupados en avalar sectores y montos de inversiones que nada reactivarán y que además nunca se ejecutarán.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1721749124058{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    14 de julio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El decretazo

    El decretazo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1720469471532{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1720469453920{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    A Petro no le gusta nada de esta Constitución que juró defender. Más claro, imposible.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1720469713781{margin-bottom: 0px !important;}»]Ni 24 horas duraron las buenas intenciones del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ni un día los términos de su acuerdo con Petro para ingresar al gabinete. Su mensaje institucional y de apego a la Constitución del 91 quedó hecho trizas ante el trino de Petro en el sentido de que primero que una constituyente es el poder constituyente.

    Debo reconocer que las declaraciones de Cristo me entusiasmaron porque, como he sostenido de tiempo atrás, el tema de la constituyente hay que enfrentarlo ya y bajo las reglas establecidas, es decir, con aprobación del Congreso y revisión de la Corte Constitucional, lo cual supone, como es natural, un acuerdo nacional previo como lo propuso el ministro. Pero no. Nada de eso ocurrirá. Porque, como ha quedado claro tras las declaraciones de Petro al presidente de la Corte Constitucional, doctor Reyes, lo que no le gusta a Petro es la propia Constitución Nacional (CN) porque, entre otras, no ha permitido la financiación de la educación, ni la reforma agraria, ni ha servido para ordenar el territorio, ni la justicia ni la política. Tampoco el clima, ni el agua, ni la vida ni mucho menos la paz han conseguido ser respetadas en Colombia, por cuenta de la CN. A Petro no le gusta nada de esta Constitución que juró defender. Más claro, imposible.

    Y a este barco fue al que se subió en mal momento el ministro Cristo. Y ahora le tocará capotear el vendaval del poder constituyente, de las constituyentes de bolsillo, al mejor estilo venezolano, con total ruptura de la institucionalidad. Con lo cual no nos dejará más camino que el de la Corte Constitucional y su capacidad de atajar el decretazo que se ha cocinado en la mente de Petro desde hace quién sabe cuántos años.

    No hay, por tanto, un tema de mayor relevancia nacional que este. No hay una sola institución que debamos cuidar más que la Corte porque recibirá toda la carga de Petro para cooptarla y ponerla a su servicio.

    Como abrebocas, ya consiguió Petro elegir al doctor Vladimir Fernández como reemplazo del jurista Alejandro Linares, y el próximo 16 de mayo también Petro ternará al remplazo de la doctora Cristina Pardo. Con lo cual, asumo yo, sumará 4 votos favorables a las políticas del actual gobierno. Afirmo lo anterior, pues me he puesto a la tarea de consultar el sentido del voto en las decisiones más trascendentales para el Gobierno de dos magistrados en particular: los doctores Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel.

    Comencemos por el tema de la llamada ‘paz total’. Aquí lo que observo es que en las sentencias C-262, 363, 525 y 542 de 2023 ambos magistrados votaron la exequibilidad de las normas en unos casos y la decisión de declararse inhibida en otros, pero siempre respaldando el contenido del instrumento.

    Otro tema particularmente sensible para el Gobierno fue la exequibilidad de la reforma tributaria, Ley 2277 de 2022. En los más de 9 fallos que analicé, todos en relación con esta ley, se observa una misma línea de conducta de los magistrados Cortés y Ángel para mantener a salvo los tributos creados en la reforma.

    Un tercer tema de enorme sensibilidad era el plan de desarrollo. Aparte de las sentencias C-357 de 2023 y C-035 de 2024, ambas favorables al Gobierno, vale la pena señalar el Auto A-705 de 2024, cuyo ponente fue el doctor Juan Carlos Cortés, quien, en conjunto con la doctora Natalia Ángel, en lugar de decretar la inexequibilidad del Plan de Desarrollo, ordenó al presidente del Senado de la República subsanar el procedimiento de aprobación.

    Y la cereza del helado fue la Sentencia C-161 de 2024, en relación con la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. Qué tal la decisión de declarar la ley inconstitucional pero conceder dos años para que siga funcionando. Ambos magistrados acompañaron esta decisión.
    Entre febrero y septiembre de 2025, además de la doctora Pardo, serán reemplazados los magistrados Lizarazo, Reyes y Fajardo, todos ternados por las altas cortes. A estas corporaciones y al Congreso corresponderá proponer y elegir personas independientes e inequívocamente jugadas con la defensa de la Constitución Nacional. Es muy probable que a esta corte, con 4 nuevos miembros, corresponderá en 2025 la revisión del decreto constituyente de Petro. El Gobierno jugará muy duro esta partida, la definitiva. Por eso es hora de prender todas las alarmas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1720469510332{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    07 de julio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El costo de la arbitrariedad

    El costo de la arbitrariedad

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1719968561017{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1719967975201{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Solo en el ámbito internacional tenemos demandas por más de 50 billones de pesos, la mayoría originada en los sectores minero-energético y de servicios.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1719968214204{margin-bottom: 0px !important;}»]Pesan contra el Estado colombiano cerca de 350.000 demandas nacionales e internacionales por un monto que ya supera la astronómica cifra de 638 billones de pesos. Muchos de estos litigios vienen de tiempo atrás, pero llama la atención cómo en tan solo dos años, desde que se inició el gobierno de Petro, estas reclamaciones han aumentado en un 25 %. Son centenares los funcionarios irresponsables, incompetentes, temerosos o corruptos que a través de sus decisiones o silencios causan este desangre de las cuentas nacionales.

    Esta semana conocimos por fin un logro para el Estado, como fue el caso del predio Meritage, pero útil es recordar que solo en el ámbito internacional tenemos demandas por más de 50 billones de pesos, la mayoría originada en los sectores minero-energético y de servicios. Visto por países, nuestras principales controversias son con inversores de Canadá, Estados Unidos, España, Suiza y el Reino Unido. Pleitos enormes en los cuales no solo está en juego el monto de las reclamaciones, sino el prestigio y el buen nombre y seriedad de nuestro país en la esfera internacional.

    Esta semana también fue proferido un fallo más por un tribunal internacional ante el Ciadi (Centro Internacional de Arbitraje) con ocasión de una demanda presentada contra Colombia por los accionistas de la compañía Cerro Matoso, que opera en el departamento de Córdoba, la única mina de níquel del país. La demanda, interpuesta por la prestigiosa abogada Margarita Ricaurte, se fundaba en violaciones del tratado bilateral de inversión entre Colombia y el Reino Unido por concepto de actos de la Agencia Nacional de Minería. Creo que la Agencia obró en este caso instigada y, diría yo, más bien obligada por la Contraloría General de la República. La disputa ascendió a 277 millones de dólares, suma que el país ya no podrá cobrar, porque si lo hace materializa los daños y activa la indemnización ordenada por el Tribunal Internacional.

    La importancia del laudo radica en que es el primero en relación con un tratado de inversión frente a una indemnización en relación con posibles daños futuros derivados de medidas estatales, como la aplicación retroactiva de nuevas regulaciones y precios que se consideran violatorias de los derechos de los inversionistas y el trato justo y equitativo que les corresponde.

    Y en tono mayor el Tribunal determinó que la fórmula para fijar el precio base de las regalías adoptada en el año 2015 por Colombia no violaba el tratado, y por tanto denegó la devolución pretendida por la empresa. Resulta interesante que en uno de sus apartes el Tribunal haya considerado que, si bien la autoridad minera y la Contraloría General de la República realizan diferentes tipos de revisiones, no podían responsabilizar a la empresa dos veces en relación con los mismos hechos y por las mismas razones, y que la entidad de control fiscal no puede adelantar procedimientos en relación con daños que se materializaron hace más de cinco años y representan grave violación de la seguridad jurídica de los inversionistas en Colombia.

    Este es uno más de los centenares de casos en que la nación resulta condenada al pago de multimillonarias condenas, sin que nadie en el país asuma responsabilidad. Me haría interminable, pero no puedo dejar de mencionar los fallos en los caso de Glencore y Prodeco, también en el Ciadi, o el Eco Oro, en donde se nos condenó por expropiación indirecta y progresiva y una vez más por injusto e inequitativo trato a los inversionistas por decisiones arbitrarias de los entes de control.

    La Agencia de Defensa Jurídica del Estado contrata los abogados que representan al país en estos tribunales, cuyos honorarios cuestan millones de dólares, cualquiera sea el resultado, en donde usualmente se condena al Estado a pagar las costas de los procesos, porque claramente se perdieron.

    Me pregunto por qué, aun en los casos más protuberantes, no concilian. ¿No les conviene? ¿Quién audita esta contratación? Pero además, ¿quién pone la cara por todas estas decisiones? ¿Dónde están las acciones de repetición contra esos funcionarios arbitrarios? En lo que sí es experta la Agencia de Defensa del Estado es en salir a decir que ganó lo que ha perdido. Todo al mejor estilo de Maturana, para quien, como se recordará, perder es ganar un poco.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1719967774773{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    30 de junio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Todo bochornoso

    Todo bochornoso

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1719260928237{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1719260772730{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Si querían evitarse la conciliación de los textos de reforma pensional de ambas cámaras, lo consiguieron, pero la dejaron moribunda.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1719260848516{margin-bottom: 0px !important;}»]En los estertores de la legislatura y a pupitrazo limpio, los padres de la patria aprobaron la reforma pensional. Y lo hicieron de la peor y más burda manera, acogiendo la Cámara el texto aprobado en el Senado sin ningún debate, sin permitir que se discutieran y votaran modificaciones, violando, una vez más, el reglamento del Congreso y desconociendo numerosas sentencias de la Corte Constitucional. Si querían evitarse la conciliación de los textos de ambas cámaras, lo consiguieron, pero dejaron moribunda la reforma.

    Cómo será de penoso este proceder que hasta el propio ministro del Interior advierte que será indispensable presentar una nueva reforma para ajustar, léase subsanar, el cúmulo de disposiciones que quedaron mal redactadas y los vacíos ya identificados.

    A mí particularmente me sorprende que la infinidad de preocupaciones que se expusieron durante más de un año por los propios parlamentarios, por expertos y por los fondos de pensiones hayan quedado sin ser discutidas y debatidas como el país esperaba. En especial temas como la fecha de entrada en vigor de la reforma, el régimen de transición o el umbral de los 2,3 s. m. l. m. v., que no tuvo ningún sustento técnico y más bien fue el producto de sacar un promedio entre el 1,5 s. m. l. m. v. de la propuesta de ‘la U’ y los 3 s. m. l. m. v. que proponía el Gobierno. Insólito.

    Muy irresponsable el Gobierno y también el Parlamento al no haber aprovechado este proyecto para discutir la edad de pensión o para modificar la tasa de reemplazo o para ocuparse de los regímenes especiales, que quedaron cubriendo a más de un 30 % de la población con costos que sabemos enormes, pero que el Gobierno ni siquiera quiso cuantificar. Ni hablar de la irresponsabilidad fiscal que imperó en todo el trámite de la reforma.

    Pero al parecer, todos quedaron satisfechos con el resultado. Del Gobierno y sus bancadas lo entiendo, de los partidos que se opusieron en un principio y luego se doblegaron, solo ellos resolverán sus problemas de conciencia, pero tengo que decir con toda franqueza que mi mayor sorpresa provino del silencio cómplice y, diría yo, complaciente de Asofondos, del doctor Montenegro y de los fondos de pensiones allí agrupados.

    ¿Qué tipo de negociación habrá tenido lugar entre ellos y el Gobierno de la que no nos enteramos? Debió ser alrededor de las nuevas comisiones acordadas por administración, calculadas sobre la totalidad de los activos por ellos gestionados. Un nada despreciable 0,7 % que mal contado representa utilidades por más de 2,1 billones para ellos y que, además, les permitirá seguir administrando 400 billones en una primera fase hasta que se consoliden las pensiones de vejez y pasen a Colpensiones. Ni qué decir de la exención de IVA por los servicios prestados por las AFP. Muchas otras disposiciones nos confirman que los fondos recibirán por menor gestión y responsabilidad una mayor rentabilidad. Exactamente el mismo modelo que se aplicó en la reforma de la salud a las EPS.

    Con esta reforma vino, además, el gravamen sobre las pensiones. Una tributaria dentro de la pensional, con lo cual no solo quedó gravado el ahorro con la reforma de Ocampo, sino ahora la pensión con un impuesto de renta hasta el 39 %. Este no es nada distinto a una confiscatoria doble tributación.

    También influyó el componente político, pues quedaron para reglamentación aspectos que serán utilizados en la campaña de las próximas elecciones. Me refiero a los subsidios a la gente mayor, que pasaron de 82.000 a 217.000, pudiendo ser un monto mayor y que podrían beneficiar a más de 3 millones de personas. Copiado de Amlo en México, en donde este segmento de la población fue determinante en el resultado final.

    Queda, por supuesto, la leve esperanza de que la Corte Constitucional no cambie la jurisprudencia que por años ha sostenido sobre el trámite de leyes y actos legislativos en cuanto a la exigencia de los debates y la publicidad. Baste con recordar las sentencias C-668 de 2004; C-084 de 2019, de la cual fui accionante, y la C-047 de 2021, entre muchas otras. Empiezo a compartir la opinión de algunos analistas y, tal como lo insinuó María Isabel Rueda a propósito del fallo sobre el Ministerio de la Igualdad y varios otros, que la Corte haya empezado a actuar con temor o cálculos políticos. De ser así, como me temo, habremos perdido la última trinchera de la institucionalidad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1719260893475{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    23 de junio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Todo se les advirtió

    Todo se les advirtió

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1718723979317{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1718724067683{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Difícil será olvidar el paso de José Antonio Ocampo por el Gobierno, y menos su contribución a la elección de Petro.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1718724047172{margin-bottom: 0px !important;}»]La coyuntura económica nos confirma cuán equivocado estaba el gobierno de Petro y en especial el ministro Ocampo al presentar y conseguir aprobar la reforma tributaria de 2022. Se les advirtió hasta la saciedad que el país se encontraba al borde de una recesión y que, además, el conjunto de anuncios de otras reformas estaba generando un ambiente de incertidumbre que hacía aconsejable no presionar más sobre la tributación.

    En dos ocasiones tuve la oportunidad de reunirme con José Antonio Ocampo. Le recordé que la reforma por nosotros concertada en 2021 fue la que proyectaba mayor recaudo en la historia del país, como en efecto ocurrió, y que resultaba muy peligroso quitarle más impulso a la economía. Además, le advertí sobre la evidente inconstitucionalidad de muchas de sus propuestas, como poco a poco lo ha confirmado la Corte Constitucional. A todo, oídos sordos.

    Le advertí, por ejemplo, que revivir el muy antitécnico y confiscatorio impuesto al patrimonio, ahora con el carácter de permanente, solo ocasionaría que miles y miles de colombianos siguieran trasladando su residencia fiscal al exterior, como en efecto ocurrió. Gran equivocación haber revivido ese impuesto, con tasas hasta el 1,5 % anual, después de que el Gobierno de Duque lo había eliminado. Para muchas personas naturales que en el año 2023 no tuvieron utilidad, un impuesto del 1,5 % sobre el patrimonio equivale a una confiscación de este.

    Aun en años de normalidad económica, hay patrimonios que tienen baja rentabilidad, como es el caso de los predios agrícolas, que al someterlos al impuesto sobre la renta, al impuesto predial y al impuesto al patrimonio se ven afectados con una tributación que supera la rentabilidad que se obtiene de su explotación. Se les propuso no revivir dicho impuesto y más bien aumentar un punto el impuesto en renta, que representaba un recaudo adicional de 1,8 billones. Por supuesto, tampoco se nos escuchó.

    Se equivocó también el ministro cuando eliminó la deducibilidad de las regalías que pagan las empresas que explotan recursos naturales no renovables (carbón y petróleo). Esta propuesta es lo que yo he llamado el impuesto al mensajero, que consiste en cobrarle al mensajero el 35 % del valor del cheque de nómina del jefe, por el simple hecho de llevarlo. En el caso del sector petrolero, lo que se pretendía era que las empresas petroleras tributaran un 35 % sobre los ingresos por regalías que le corresponden a la Nación.

    Se equivocó, además, cuando eliminó el descuento en el impuesto de renta del 100 % del ICA pagado por las empresas, lo que generó una elevación de la tributación de los contribuyentes con bajo margen de rentabilidad y alta rotación, que normalmente son las empresas que producen y distribuyen bienes de consumo popular. A ello se sumó el impuesto –cercano al 20 %– a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, restringiendo el consumo popular de estos bienes.

    Se equivocó cuando introdujo en Colombia una norma que establecía una tasa de tributación mínima del 15 % sobre las utilidades comerciales de las empresas, siguiendo una recomendación de la Ocde, norma que no ha sido introducida aún por ningún país y que no ha hecho más que generar múltiples tributaciones sobre las diferencias temporales que se presentan entre la contabilidad y la declaración de renta.

    Con tan solo un año de vigencia de esta nefasta reforma, el crecimiento económico se desplomó y también los ingresos fiscales presupuestados, lo que ha conducido al insuficiente recorte anunciado por el Minhacienda de $ 20 billones, que debería más bien rondar los $ 50 billones. Me temo que en el segundo semestre de 2024, cuando las cifras de recaudo se sigan alejando del plan, tendrá lugar el quiebre de la regla fiscal, que ya el Gobierno trata de ambientar.

    Con inusitada frecuencia vemos al exministro Ocampo defendiendo su reforma y tratando de explicar con el mayor cinismo el desmadre económico al que nos condujo. Difícil será olvidar su paso por el Gobierno, y menos su contribución a la elección de Petro.

    Mientras todo esto sucede, el exdirector de la Dian, que se hacía llamar en las redes sociales ‘Mr. Taxes’, y que tenía a su cargo el recaudo tributario de la nación, en premio por su gestión, ahora es ascendido a ministro de Comercio. Imagino que ahora se hará llamar Mr. Déficit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1718724106355{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    16 de junio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • ¿Reactivación económica?

    ¿Reactivación económica?

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1718723772597{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1718723804547{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La situación de los peajes sigue sin resolverse y la idea de la valorización como fuente de financiación tampoco despega ni despegará.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1718723865690{margin-bottom: 0px !important;}»]Dado el desprecio de Petro por la infraestructura, y particularmente por el modelo concesional vial, pareciera que, al igual que ha sucedido con el sector salud y las EPS, la consigna fuese “ahogar por falta de caja” a los concesionarios y de esta forma obligar a que los contratos se terminen anticipadamente y que el Invías asuma la gestión, mantenimiento y operación de toda la red vial nacional, sin importar las cuantiosas demandas en contra de la nación y la calamitosa estatización del manejo de la infraestructura de transporte del país.

    La cruda realidad es que el sector no levanta cabeza. La situación de peajes existentes y nuevos sigue sin resolverse, la idea de la valorización como fuente de financiación tampoco despega ni despegará y, para colmo, siguiendo el refrán de “ni raja ni presta el hacha”, el Gobierno intentó atravesarse a los proyectos de infraestructura de Bogotá, por fortuna aprobados en el Plan de Desarrollo.

    Comencemos por el tema de los peajes. Bueno es recordar que los contratos de concesión claramente establecen que las tarifas de peajes serán actualizadas el 16 de enero de cada año, conforme al IPC. El 15 de enero de 2023 este gobierno expidió el Decreto 050, que “congeló” el valor de los peajes. Así decidió intervenir unilateralmente los contratos, generando onerosos compromisos económicos no previstos en contra de la nación. Destacar que todos los contratos de concesión establecen que la ANI asume los efectos desfavorables de modificaciones a las tarifas previstas en la Resolución de Peaje y, en general, cualquier cambio en la estructura tarifaria. A partir de este arbitrario hecho, ni la ANI ni el Invías pudieron incrementar en 2023 las tarifas pactadas contractualmente.

    Tan solo un año después, el 15 de enero de 2024, el Ministerio de Transporte expidió la resolución por la que se incrementan las tarifas, con la salvedad de que solo fue aplicable para el desfase tarifario del año 2022 (13,16 %) y dejando pendiente el ajuste correspondiente al año 2023 (9,28 %), el cual a esta fecha aún no se autoriza y sigue generando desequilibrio económico para todos los contratos de concesión y, más grave aún, para los de iniciativa privada (IP) que, por no tener aporte de recursos públicos, no pueden recibir dineros del Fondo de Compensación de Riesgos del Contrato.

    Pero lo peor es que ni a la ANI ni al Ministerio de Transporte parece importarles que, vía demandas, la nación está expuesta a tener que reconocer a los concesionarios un valor resarcitorio que podría llegar a los 10 billones, o dar por terminados los contratos anticipadamente, máxime cuando tampoco se han autorizado los incrementos tarifarios contractuales para los proyectos terminados luego de la expedición del decreto de congelamiento (Pamplona-Cúcuta y Neiva-Espinal-Giradot), al igual que en las privadas Vías del Nus y Antioquia-Bolívar.

    Igualmente grave es que por falta de autoridad se ha hecho imposible en otras vías instalar o cobrar los peajes pactados contractualmente, dando lugar también a numerosas demandas en contra de la ANI en casos como Girardot-Cajamarca, Perimetral de Oriente, Autopistas del Caribe y Santa Marta-Paraguachón.

    La Cámara Colombiana de la Infraestructura ha hecho múltiples propuestas al Gobierno que permitirían la reactivación del sector y la solución de muchos de los gravísimos problemas que enfrenta. Entre ellas, hacer el segundo incremento prometido de los peajes, acelerar los trámites ambientales de varios proyectos; resolver la problemática técnica y financiera de 3 corredores viales estratégicos: Quibdó-Medellín, Pasto-Popayán y Bogotá-Villavicencio; precisar en términos concretos, de tiempo y cuantía, el alcance de la inversión prevista en los llamados ‘Caminos comunitarios para la paz total’ y honrar los compromisos soberanos de las vigencias futuras del sector. Desafortunadamente creo que ninguna de estas ideas será acogida por el Gobierno.
    Así va colapsando el gran esfuerzo por modernizar la infraestructura del país, y pudiendo ser este un sector clave para dar impulso al crecimiento y la reactivación económica, como bien se señaló en la Convención Bancaria, seguirá postrado por causa de inútiles controversias y costosos litigios en lo que resta de este gobierno.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1718723909712{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    09 de junio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Y ahora por el agro y sus gremios

    Y ahora por el agro y sus gremios

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1717530698297{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1717530713725{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La estrategia de Petro y de su ministra ha sido desprestigiar a la Federación Nacional de Cafeteros y a toda la organización del sector.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1717530826322{margin-bottom: 0px !important;}»]Difícil encontrar un sector más golpeado por el Gobierno que el campo colombiano. No se sabe qué es peor, si el total abandono del territorio a los grupos de delincuentes con quienes se negocia la llamada paz total o el fracaso por incompetencia de la tan anunciada reforma rural. Baste con registrar que el Ministerio de Agricultura, a estas alturas, solo ha ejecutado un 4 % del presupuesto asignado por valor de 9,19 billones de pesos. ¿Dónde va a quedar la promesa de convertir a Colombia en una potencia mundial agroalimentaria? En nada seguramente, como ocurrirá con todas las demás promesas del señor Petro.

    Como si todo esto no bastara, ahora el Gobierno amenaza con extender su larga y nociva mano a los gremios e institucionalidad del sector. A pesar de contar con ese ‘billonario’ presupuesto no ejecutado, el Ministerio de Agricultura expidió el jueves pasado la Resolución 00124 de 2024, denominada Confianza Colombia. Paradójico hablar de confianza cuando aquella no se publicó para comentarios, como es usual, ni tampoco se divulgó en el ‘Diario Oficial’.

    El objetivo de la resolución no es otro que dar un zarpazo a los recursos de la parafiscalidad agropecuaria para beneficiar a las asociaciones afectas al Gobierno. De acuerdo con la resolución, el Gobierno determinará a su antojo la destinación de los recursos parafiscales que administran los gremios.

    En concreto, los afectados serán los gremios ganadero, palmero, arrocero, avícola, porcino, cacaotero, papero, cerealista y tantos otros que constituyen la institucionalidad del sector. Pero de todos ellos, el que preocupa particularmente es el gremio cafetero, que cuenta con el fondo más apetecido por el Gobierno, ya que maneja más de 319.000 millones de pesos anuales y que desde su creación en 1940, por iniciativa de Carlos Lleras Restrepo, ha sido administrado por la Federación Nacional de Cafeteros.

    Yo creo que más que los recursos, lo que ha puesto a la Federación y al Fondo en la mira del Gobierno ha sido su estructura organizacional que le permite acceder a territorios en los que tradicionalmente la izquierda ha tenido poca receptividad. La estrategia de Petro y de su ministra ha sido desprestigiar a la Federación y a toda la organización del sector, bajar la moral de más de 500.000 cafeteros y, como siempre, llenar el panorama de falsas promesas que terminarán por infligir grave daño al sector. Poco le importa a Petro erosionar la organización más democrática que existe en el país, con 368.000 cedulados que eligen a 387 comités municipales.

    Poniendo como punta de lanza a los ministros del Interior y de Agricultura, el Gobierno tiene en constante zozobra a los cafeteros. El ministro Velasco ha dispuesto que su hermana Ximena, quien no tiene ni preparación ni requisitos, se convierta en la gran gurú del sector como asesora en asuntos cafeteros. La ministra Mojica ha adoptado un discurso de odio contra la Federación, y sin propuestas, ejerce arbitrariamente su poder sobre la institucionalidad y adelanta asambleas de amigos para dar apariencia de legitimidad y representatividad a lo que no pasa de ser un mitin o, mejor, un motín en contra de una institución que en casi 100 años ha construido la caficultura.

    Como ejemplo, la espuria “Asamblea Cafetera” en Bogotá, con menos de 500 asistentes (entre ellos funcionarios del Ministerio y sus entidades) que en muchos casos no eran cafeteros a quienes prometió el oro y el moro.

    Como hasta la fecha el Gobierno no ha hecho una sola propuesta en materia de política cafetera, forzoso es concluir que lo único que le interesa es captar el voto cafetero y con la resolución mencionada instrumentalizar a la Federación para llegar con apoyos y subsidios a un colectivo de 378.000 cafeteros con necesidades inocultables para “animarlos” a acompañar el proyecto político progresista.

    La captura política de la Federación y del Fondo no solo constituiría el fin de una institución organizada democráticamente, sino que sería también un salto al vacío para la caficultura, que constituye el renglón agrícola más importante del país.

    Acierta el doctor Bahamón, presidente de la Federación, cuando sostiene que la extorsión es la nueva roya de los cafeteros, pero yo agregaría que el petrismo es la nueva broca del sector y de la caficultura.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1717530624182{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    02 de junio 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]