Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Súbditos de Maduro

    Súbditos de Maduro

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1710793833840{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1710793701159{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La caída de las reservas de gas y la necesidad de importarlo de Venezuela son realmente alarmantes.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1710793776432{margin-bottom: 0px !important;}»]El Gobierno sigue empeñado en marchitar todos los sectores estratégicos para el crecimiento económico y la generación de empleo. Cualquier asomo de iniciativa privada se ve con desconfianza, y sus inversiones no son bienvenidas en sectores claves como la minería, la infraestructura, la salud, la vivienda, la educación y, por supuesto, el sector de hidrocarburos. Pero en el tema del gas vale la pena detenerse y prender todas las alarmas por sus implicaciones para la industria y el transporte y, sobre todo, por las consecuencias fiscales y sociales.

    Los anuncios del Gobierno en cuanto a la caída de las reservas, las necesidades crecientes de este energético y la necesidad de importar gas de Venezuela son verdaderamente alarmantes. Por esta vía Colombia va a perder su autonomía y suficiencia energética y quedará sometida a la voluntad del régimen de Maduro. No hay derecho.

    Las reservas probadas representan un autoabastecimiento de 7,2 años, lo que quiere decir que si no adicionamos reservas en este plazo tendríamos que importar la totalidad de la demanda nacional de este combustible. Lo que está en juego es la atención de 36 millones de colombianos que utilizan gas natural, el 84 % de ellos ubicados en estratos 1, 2 y 3.

    Por eso resulta urgente que el Gobierno Nacional adopte todas las decisiones de inversión, regulatorias, ambientales y sociales, para acelerar el desarrollo de los proyectos que ya han sido identificados, comenzando por los campos en tierra firme de la costa Atlántica y del piedemonte llanero. Con tan solo conectar los campos de la zona entre Jobo y Bosconia bastante avanzaríamos, y a ello habría que añadir la urgencia de ampliar la capacidad de transporte de Barranquilla al interior del país y del piedemonte al gasoducto central de TGI. Para incorporar reservas existentes.

    Un segundo frente que recibió gran despliegue mediático hace un par de años fueron los hallazgos de los campos costa afuera Uchuva, operado por Petrobras y Purple Angel, en Córdoba, costa afuera a cargo de Shell. Estos campos requieren licencias ambientales, desarrollo de infraestructura de transporte de gas, y señales regulatorias que faciliten su comercialización. Los desarrollos tomarán años, pero lo crítico en mi opinión son los costos asociados a aquellos y que podrían ser tan altos que el gas resultante no sería competitivo. Pero, insisto, de no protocolizarse las consultas previas en el primer trimestre del 2025, como me temo que ocurrirá en este gobierno, ni siquiera podremos soñar en disponer de ese gas en 2028.

    Y, por último, la importación de gas. Siempre es una alternativa que aporta seguridad de abastecimiento, pero por supuesto a precios mucho más altos, como los que hemos tenido que pagar en la regasificadora de Cartagena, que superan los 800 millones de dólares. Importar gas de Venezuela tendría que ser la solución óptima por cercanía, existencia de infraestructura, reservas y precios. Pero la seguridad energética de Colombia no puede quedar sometida a las bravuconadas y los caprichos del dictador Maduro. Recordemos que ya Venezuela en 2015 incumplió el contrato para exportar gas a Colombia.

    La Creg debe flexibilizar las reglas de comercialización para gas local e importado, igualmente debe aprobar las tarifas de transporte que faciliten el flujo del gas en todo el territorio nacional, los cargos de transporte con agregación de tramos solicitado por los transportadores y también los cargos de distribución en trámite desde hace varios años.

    La Anla debe expedir las licencias ambientales para la producción de gas natural ya descubierto, y el Ministerio de Minas y Energía, la ANH y el Mininterior, mitigar la conflictividad social en el piedemonte llanero (Saravena y Tame, en Arauca) y acompañar los procesos de consulta previa para que cierren dentro de los cronogramas previstos.

    Inútil volver a la discusión del ‘fracking’, a la que este gobierno renunció, enterrando la posibilidad de desarrollar más de 12 contratos que podrían aportar el gas que Colombia necesita con urgencia. Costosa decisión ideológica. Una última consideración: seguir con esta desidia e inactividad también en este frente tendrá unos costos incalculables para el país, comenzando por los 1,38 billones que por conceptos de regalías se recaudaron en 2023. Urge actuar ya. ¿O será que precisamente eso es lo que no quieren?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1710794285622{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    17 de marzo 2024

    Fuente: El Tiempo

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Total impunidad

    Total impunidad

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1710793479189{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1710793389938{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El corte de cuentas de Fico debería servir para que los alcaldes se movieran en la misma dirección.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1710793573098{margin-bottom: 0px !important;}»]Empieza ya a destaparse en Medellín lo que seguramente ocurrió también en muchas alcaldías y gobernaciones. Por eso es necesario aplaudir el esfuerzo y la decisión de Fico Gutiérrez de investigar y denunciar más de 500 casos de irregularidades y hallazgos vinculados a temas de corrupción encontradas en la administración del alcalde Quintero y ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.

    Mucho ya se había advertido sobre el caso de las Empresas Varias con el manejo de las basuras, también en la Empresa de Desarrollo Urbano, en Metroplús y en el programa de computadores para el futuro, donde presuntamente se robaron miles de millones de pesos. Con el famoso Presupuesto Participativo (PP), ya se tienen evidencias del favorecimiento en la contratación a 18 corporaciones con las que era perentorio contratar hasta montos “menores” por debajo de 25.000 millones (¿qué tal?).

    Como en este caso ya se sabe cuáles eran y quiénes las controlaban, bueno sería que la Alcaldía las pusiera en evidencia. El autodenominado PP también metió la mano en el Inder con otras “corporaciones” para el suministro de elementos deportivos. Y hay de todo: eventos ficticios y desviación de fondos a campañas. Qué decir de la Clínica de la 80 y los millonarios contratos de comodato celebrados con Saludcoop, que se encontraba inhabilitado, hasta la funeraria que iba a convertirse en parque, cayó.

    Me haría interminable, pero no puedo dejar de mencionar el lote Aguas Vivas, que compró la alcaldía por 2.711 millones en 2019, pero luego se reconoció en 2021 al vendedor, en acta de conciliación, un ajuste de 40.500 millones. Lamentablemente para ellos, el Tribunal de Antioquia y luego el Consejo de Estado impidieron el negocio. Hasta la chatarra se convirtió en negocio. Nada se salvó.

    Pero lo más delicado está por conocerse y es lo ocurrido en EPM y sus filiales, en particular Afinia, que opera la distribución de energía en la costa Caribe y donde los recursos hoy en investigación ascienden a más de 1,8 billones de pesos.

    No dejo de preguntarme dónde andaba la Fiscalía durante estos, al menos, 4 años. Que yo sepa, nadie ha sido imputado y en nada avanzan las investigaciones. La sociedad entera espera conocer los resultados y sobre todo sanciones para los responsables.

    ¿Y en qué andaba la Procuraduría? En nada, por supuesto. De ninguna investigación sobre estos casos conocemos resultados. Cuándo el país y el Congreso debatirán sobre el futuro e incluso sobre la posibilidad de eliminar esta innecesaria e inoperante entidad. Bien haría esta en al menos darnos alguna razón para mantenerla, y por supuesto, la Contraloría General tampoco se escapa a esta preocupante dinámica.

    ¿Qué es lo que sucede con los entes de control? Nadie entiende. Centenares de procuradores judiciales, contralores delegados y un ejército de funcionarios que nos cuestan anualmente más de 8,8 billones de pesos no dan ningún resultado, todas sus investigaciones conducen a nada, todo se queda en declaraciones mediáticas. ¿Qué poderosos lobistas interceden en estos procesos?

    En medio de esta tragicomedia de las temibles ‘ías’ el corte de cuentas decretado por el alcalde Fico Gutiérrez debería servir de ejemplo para que todos los alcaldes, en especial los de las ciudades capitales, se movieran en la misma dirección.

    Me pregunto qué estarán esperando el alcalde Eder en Cali y los alcaldes de Bucaramanga, Manizales, Santa Marta, Sincelejo y Soacha, entre varios más, para hacer lo propio y proceder a entablar las denuncias públicas y ante las autoridades de los desmanes, abusos y saqueos que encontraron en sus ciudades. Es indispensable hacer ese corte de cuentas y desenmascarar a esos adalides de la transparencia que dirigieron nuestras ciudades también en nombre del cambio y el progresismo.

    Lo increíble es que terminaron su periodo y se fueron tan campantes y muertos de la risa a disfrutar de sus fortunas mal habidas. Se fueron a continuar haciendo política y a seguir robando en muchas alcaldías en donde impusieron a sus sucesores. Y pronto los veremos otra vez de candidatos, gracias a este régimen de impunidad. Ojalá esta cruzada lanzada en Medellín consiga extenderse a todo país y evitar que este contubernio de política y saqueo termine contagiando aún más todo el ejercicio de la política nacional.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1710794242771{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    10 de marzo 2024

    Fuente: El Tiempo[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A por todo

    A por todo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1709565683404{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1709565641356{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El gobierno de Petro está comprometido a fondo con la destrucción del aparato productivo.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1709565719908{margin-bottom: 0px !important;}»]No era broma aquello del decrecimiento como nuevo paradigma de desarrollo económico y social.

    Empezaron con la reforma tributaria de Ocampo, a sabiendas de que esta frenaría el crecimiento de la economía, como en efecto se ha confirmado al cierre de 2023. Un muy magro 0,6 % que muchos incluso ponen en duda al observar el comportamiento de los distintos sectores.

    El turno luego correspondió para el sector de la vivienda. Una genialidad como fue el cambio en el modelo de asignación de subsidios fue suficiente para sumir este sector en la mayor crisis registrada en décadas y de la cual todavía no se levanta.

    En varias oportunidades me he referido a la postración en que se encuentra el sector de la infraestructura, pero lo de la semana pasada con el entierro de tercera al proyecto Caribe 2 se le dio la estocada final al sector.

    Del sector agrícola ni hablar. Ningún apoyo servirá mientras los agricultores y campesinos sigan sometidos al flagelo de la inseguridad, la extorsión y el abigeato, la invasión de sus tierras y el bloqueo de las carreteras. Todo ante la mirada impotente de la Fuerza Pública.

    Como van las cosas, el país se nos apagará en menos de 3 años por causa de las pésimas señales del Gobierno y las amenazas de cambios en la regulación y en las leyes de servicios públicos y eléctrica.

    Y no contentos con postrar al sector petrolero con anuncios destemplados, ahora van a por el sector minero con la expedición del Decreto 044, que le otorga poderes extraordinarios e ilimitados a la ministra de Ambiente para reservar áreas en todo el país y excluirlas de la actividad minera hasta por 10 años con total discrecionalidad y pasando por encima de la autonomía de los entes territoriales.

    A este decreto se suma el proyecto de ley del nuevo “código de minas”, que de código solo tiene el nombre, pues la mitad de las disposiciones quedan sujetas a reglamentación abierta y subjetiva del Ejecutivo.

    La intención de ambas normas es clara: acabar con la minería formal del país, bajo el ropaje de un propósito ambiental. De qué otra manera se explica la prohibición de la minería de carbón térmico, el cual representa una parte fundamental de la actividad minera del país.

    No estamos hablando de cualquier sector. Recordemos que la minería representa el 3 % del PIB, el sector exportó 17.000 millones de dólares en 2023 y fue responsable de más de un billón de pesos en inversiones sociales y ambientales en 2022.

    El impacto de paralizar un sector como la minería no se puede tomar a la ligera: son más de 160.000 empleos directos y 700.000 indirectos que se derivan de la actividad misma y un sinnúmero de actividades que en 2022 representaron compras en el territorio nacional por más de 14 billones de pesos.

    En La Guajira o el César, por ejemplo, antes de desarrollar los grandes proyectos mineros –que hoy quieren prohibir– no había mayor actividad económica, lo único que había era pobreza. Basta con mirar los índices de necesidades básicas insatisfechas de hace 25 años en los municipios que hoy son mineros, en algunos casos como La Jagua de Ibirico o El Paso, en el Cesar, superaban el 71 % y el 75 %, respectivamente. Hoy se encuentran en niveles de 22 %.

    Paradójicamente, las nuevas normas prohíben la actividad minera, pero para aquellos que la hacen bien: con instrumentos ambientales, con las mejores prácticas mineras, con vigilancia de las autoridades, con participación de las comunidades, con instrumentos de compensación. En cambio, para la minería ilegal el territorio es libre de ser explotado sin ningún control ni beneficio para el país o las comunidades.

    ¿Se ha preguntado el Gobierno cómo va a compensar la ausencia de 20 billones de pesos en renta, regalías y otros impuestos y compensaciones?

    Las iniciativas en mención, sumadas a la creación de la Empresa Colombiana de Minería –Ecominerales–, cuyo objeto social es infinitamente amplio, dejan ver con claridad que la intención real de este gobierno no es la protección socioambiental de los territorios, sino la concentración y centralización de la actividad minera en las entidades estatales y el establecimiento de barreras a la inversión privada y especialmente la extranjera. Y con estas normas, qué duda hay de que lo van a conseguir.
    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1709565845862{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    03 de marzo 2024

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-a-por-todo-860657[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El Congreso por la faja

    El Congreso por la faja

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1709076561397{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1709076519734{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Petro insiste en mantener en cabeza suya la última decisión sobre la ejecución del presupuesto.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1709076499083{margin-bottom: 0px !important;}»]Ya ningún sector se escapa a los intentos del Gobierno por desinstitucionalizar y pretender a la fuerza concentrar en el Presidente decisiones que competen a otros poderes públicos. El más reciente, un burdo decreto que desconocía toda la normativa que regula la ejecución del presupuesto nacional, y que terminó cobrándose la cabeza de dos de los funcionarios más competentes de los que disponía el Gobierno.

    Se ha tratado de enmendar el estropicio con el ya famoso decreto de yerros, expedido a las volandas, y que no subsana y ni siquiera disimula el hecho de que lo que ocurrió fue una acción deliberada, producto de una orden emitida en el palacio presidencial para modificar ilegalmente lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley del Presupuesto General de la Nación aprobada por el Congreso.

    La fraudulenta maniobra les pareció muy fácil, pues bastaba con acumular algunos rubros del gasto aprobado por el Congreso para convertirlos en partidas globales, cuyo monto supera los 13 billones y cuya destinación específica se desconocía y, por lo tanto, el gasto hubiera quedado supeditado a la particular voluntad del presidente Petro. En otras palabras, lo que se decretó fue una dictadura presupuestal que no respetaba ni las normas ni los compromisos adquiridos.

    Y al incluir el contenido del obligatorio anexo en el artículo 1.º del decreto, en la práctica lo que se estaba ocasionando era que el control del gasto de 2024 quedara exclusivamente en cabeza del presidente Petro, puesto que es él quien suscribe el decreto de liquidación del PGN y sus modificaciones. Por lo visto, Petro desconfiaba de su ministro de Hacienda y de su director de Planeación, y por ello se blindaba de sorpresas por una apropiación inconsulta de recursos a proyectos de infraestructura que no fueran los de su plan de gobierno.

    Como consecuencia de este decreto de liquidación, en la ANI hubieran quedado desfinanciados 20 proyectos concesionados 4G por valor de $ 7,1 billones; en el Invías, el faltante sería de $ 3,1 billones en proyectos tan estratégicos como el túnel del Toyo y sus vías de acceso, en Antioquia, y la primera línea del metro de Bogotá, en $ 500.000 millones.

    No es difícil concluir que lo que quería y aún quiere el presidente Petro es reprogramar el gasto del Gobierno para así poder financiar los perfiles de proyectos que tiene en mente y que todavía distan mucho de ser viables, pero lo que resulta inexplicable es que él y sus ministros hubieran olvidado incluir esos proyectos en el presupuesto que presentaron a la consideración del Congreso y que fue aprobado por valor de 502 billones de pesos.

    Increíble que nadie haya tenido la valentía de hacerle notar al presidente Petro que, como consecuencia de su deliberado Decreto 2295, el Invías no hubiera podido contratar ni realizar los necesarios mantenimientos rutinarios a las vías nacionales no concesionadas. Que no habría posibilidad de renovar el contrato de operación y mantenimiento del túnel de La Línea. Que estarían desfinanciados proyectos viales de la “Colombia profunda”, aquella que votó por el Gobierno del Cambio, como la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos, la vía San José del Guaviare-Calamar, la conexión Alta Guajira, la transversal del Catatumbo, etc. Que se incumpliría con el proyecto de TransMilenio en Soacha y también con el programa vial estrella del gobierno Petro, los Caminos Comunitarios para la Paz Total.

    A eso habría que sumar los del congelamiento de las tarifas de peajes y las demoras en los pagos de los Diferenciales de Recaudo (DR 8) a los concesionarios, que terminarán de erosionar la poca confianza inversionista restante y, peor aún, ocasionarán que Colombia sea catalogado como un país incumplido que no honra sus compromisos.

    Pero Petro sigue inquieto. No confía en nadie e insiste, a través del nuevo decreto publicado para comentarios, en mantener en cabeza suya la última decisión sobre la ejecución del presupuesto. Esta terquedad no tiene otra explicación que la campaña presidencial de 2026, que ya está en marcha. Serán esas elecciones las que orientarán el destino de los billonarios recursos que Petro quiere distribuir a dedo y pasando, como ya es su costumbre, por encima de la ley.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1709076450775{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    25 de Febrero 2024

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-el-congreso-por-la-faja-858349[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La revancha petrista

    La revancha petrista

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1708376804009{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1707775811142{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Lo que vimos el jueves es la antesala de la ruptura institucional generalizada que amenaza al país.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1708376829792{margin-bottom: 0px !important;}»]Contra todo pronóstico, apareció la carta de renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Falta ver que Petro se la acepte. Y seguramente no lo haría si no fuera por el debate de moción de censura que ha sido convocado, justo para el inicio de las sesiones del Congreso y que pondrá a prueba las mayorías del Gobierno en defensa de lo indefensable, como es la incompetencia absoluta de la funcionaria y la realidad inocultable de que jamás Petro quiso apostarles a los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Basta ver las declaraciones de la exministra María Isabel Urrutia, declarada insubsistente por otras razones, cuando recordó cómo había coincidido con Petro en que no se justificaba realizar los Juegos.

    Difícil calcular las pérdidas que esta decisión del Gobierno central ocasionó a la ciudad, al departamento del Atlántico, a la costa Caribe y, por supuesto, al deporte colombiano, en últimas el más damnificado. En cuanto a la ciudad, perdió la posibilidad de adelantar todo un plan de renovación urbana, de avanzar en infraestructura y su desarrollo inmobiliario, la potencial visita de más de 75.000 personas y la creación de no menos de 10.000 empleos. Se había calculado el impacto en la economía de la ciudad y la región en más de 2,2 billones de pesos. Estas competencias deportivas tienen la capacidad de transformar las ciudades, como ocurrió con Cali en 1971. Todavía lo recordamos. Todo esto se perdió por una decisión caprichosa, politiquera y revanchista. Esa es la cruda verdad.

    Sea esta la oportunidad para destacar los avances de Barranquilla en los últimos años, cuando pasó de ser una ciudad fallida al gran polo de desarrollo de la región Caribe y, diría yo, del país. Esta ciudad ha sabido aprovechar el apoyo de los tres últimos gobiernos nacionales y ha hecho su propio esfuerzo fiscal definiendo propósitos claros y materializándolos. Los resultados saltan a la vista. Tan solo destacar que su alcalde, Álex Char, fue elegido con una votación histórica y con el mandato de seguir la misma línea de desarrollo enfocada en el progreso social y el crecimiento económico.

    Pero lo acontecido con los Juegos Panamericanos no es más que el abrebocas de lo que pueden esperar los barranquilleros del gobierno Petro. Habrá que hacer milagros con los recursos propios y los regionales para mantener el nivel de inversión y el gasto social. Resulta insólito que se imponga semejante castigo desde el presupuesto a una región y ciudad en razón de mezquinos cálculos políticos.

    Para salvar la cara con el deporte ha anunciado Petro que más de 800 millones de dólares que se iban a destinar a los Juegos Panamericanos ahora se destinarán “a los Juegos Intercolegiados del país mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud”. Vale la pena aclarar las cosas: la suma a la cual se comprometió la actual ministra del Deporte para los Juegos Panamericanos es de 8 (no 800) millones de dólares, el contrato para la realización de los Juegos Intercolegiados del 2022 tuvo un costo de 24.500 millones, por lo tanto, es excesiva incluso una suma de 8 millones de dólares para este propósito en el 2024.

    Además, la destinación de recursos para financiar los Juegos Intercolegiados es sustancialmente diferente a la de los Juegos Panamericanos, pues los primeros son Juegos Escolares en los que pueden participar niños y adolescentes con o sin habilidades para el deporte, mientras que los Juegos Panamericanos son las justas deportivas más importantes, después de los Juegos Olímpicos. Tanto le importarán a Petro los Juegos Intercolegiados que 2023 fue el primer año en la historia de estos juegos desde 1911 en que no se realizaron.

    La pérdida de los Juegos, unida a la pantomima desplegada por el Gobierno, que no tenía ninguna intención de recuperarlos, es una nueva burla a la institucionalidad, a la imagen internacional de nuestro país y al esfuerzo de las regiones y sus legítimos derechos.

    Es paradójico que los Juegos Panamericanos se hayan convertido en el escenario para el ejercicio del odio y la revancha petrista. A dónde habremos llegado.

    P. D. Por cierto, la renuncia de la señora ministra para nada impide que se vote la moción de censura en su contra, ya que así lo permite el Acto Legislativo 1 de 2007 en su art. 9.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1708376663944{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    18 de Febrero 2024

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-revancha-petrista-856044[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La última trinchera

    La última trinchera

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1707775636055{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1707775811142{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Lo que vimos el jueves es la antesala de la ruptura institucional generalizada que amenaza al país.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1707775695497{margin-bottom: 0px !important;}»]Las imágenes de la asonada contra la Corte Suprema de Justicia nos hicieron recordar la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del grupo M-19. Qué paradoja, pero ante todo, qué torpeza del Gobierno idear y promover estas marchas que no podían terminar en nada distinto a lo que observamos en la tarde del día jueves. Centenares de personas, puedo imaginar la mayoría funcionarios públicos, dirigentes y militantes de Fecode y empleados del Sena, también miembros de la guardia indígena y no pocos encapuchados parecidos a los que protagonizaron las marchas contra el presidente Duque, y que ya nadie duda fueron protagonistas principales de la campaña petrista a la presidencia.

    En comunicado leído por su Presidente y con la Corte sitiada pidió garantías, no solo para ejercer sus funciones con autonomía, sino que también exigió el respeto a su integridad y la seguridad de todos los funcionarios del Palacio de Justicia. Puedo imaginarme la zozobra en el edificio cuando presintieron que los manifestantes, armados de palos y quién sabe qué otros elementos, intentaron forzar la entrada del parqueadero de la carrera 12.

    La Fuerza Pública inexplicablemente no reaccionó sino 6 horas después de que comenzaran los disturbios. La demora se aclaró cuando Petro les recordó a la Procuradora y al país que él es el jefe de la Policía. Quedamos todos notificados, en particular los gobernadores y alcaldes, de que no tendrán ninguna capacidad para intervenir en las marchas y asonadas promovidas desde el Gobierno Nacional.

    Lo ocurrido es el preámbulo de lo que podría venir. Cómo puede ser posible que el propio Presidente de la República enfile sus hordas de manifestantes para presionar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, violentando su autonomía y violando también el principio constitucional de la separación de poderes. Lo que vimos el jueves, a mi modo de ver, no es otra cosa que la antesala de la ruptura institucional generalizada que amenaza al país.

    Esta semana fue para presionar y acelerar indebida e ilegalmente una decisión de la Corte. Ya atacaron también, quién lo creyera, a la JEP. Al parecer, tampoco le gustan sus decisiones. Hace dos semanas desacataron una decisión de la Procuraduría General de la Nación que ordenó la suspensión del ministro de Relaciones Exteriores. Ya veremos qué cumplimiento se dará a los fallos que ordenaron nombrar en propiedad a los comisionados de la Creg proferidos por el Consejo de Estado y a aquel que ordenó pagar las sumas adeudadas a las EPS de la Corte Constitucional. Gravísima, por ejemplo, la ruptura relacionada con la implementación de la reforma de la salud a la fuerza, sin que haya sido aprobada la ley. ¿Pretenderán lo mismo con las pensiones? ¿La consigna es prescindir también del Congreso de la República?

    ¿Qué pasará mañana cuando al señor Petro no le guste una providencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional? ¿La desconocerá, con la tesis del golpe blando? ¿Enfilará nuevamente sus hordas contra el Congreso de la República para forzar la aprobación de todas sus propuestas? ¿Para qué escenario debemos prepararnos cuando el agua de la desaprobación al Gobierno finalmente les llegue al cuello? Y, lo peor, ¿tocará con su larga mano el Gobierno también al sistema electoral? ¿Qué garantías tendremos para adelantar los comicios presidenciales en 2026? Cuando un gobierno, como está ocurriendo, toma la decisión de pasarse por la faja la Constitución nos toca prender todas las alarmas y amarrarse el cinturón porque lo que de verdad está en juego es el propio Estado de derecho.

    El afán que motivó este torpe ataque a la Corte puso en evidencia el interés del Gobierno de convertir a la Fiscalía en un instrumento político al servicio del Gobierno y de su proyecto político y electoral. Habrá que estar muy atentos, aunque creo que en esto también se equivocan si piensan que cualquiera de las ternadas, y más proviniendo todas ellas de la propia Rama Judicial, se prestará para tal propósito.

    Ante la gravedad y protuberancia de los hechos nadie debería ser un testigo indiferente frente a ellos, ya que es forzoso concluir que la última trinchera que les queda al país y sus instituciones no es otra que las altas cortes, a las que habrá que respaldar y proteger como en buena hora ocurrió el jueves pasado.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1707775604660{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    11 de Febrero 2024

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-ultima-trinchera-853719[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Las ‘petrogiras’

    Las ‘petrogiras’

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1707148506649{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1707148318664{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El Petro que llegó al Pacífico más bien parecía un candidato en campaña.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1707148420694{margin-bottom: 0px !important;}»]Anticipo que solo frustración y desesperanza traerá la ‘petrogira’ al Pacífico de la semana pasada. El gobierno del cambio anunció inversiones multimillonarias que todos quisiéramos se concretaran, pero que sabemos jamás se realizarán con este equipo de gobierno y su ineptitud e inexperiencia. Ejecutar es, sin duda, la labor más compleja de gobernar. Y lo más fácil es hacer anuncios y ventilar sueños que el propio Petro sabe no se cumplirán. No es solo la falta de recursos, que por definición son escasos, sino toda una labor que arranca con la priorización, las asignaciones presupuestales y sigue con la elaboración de los diseños técnicos; luego, los complejos procesos de contratación, de licenciamiento y de las consultas previas que toman años.

    El Petro que llegó al Pacífico más bien parecía un candidato en campaña. Todos coincidimos en que en el Pacífico, como en ninguna otra región, falta mucha inversión social, muchas obras de infraestructura y muchas oportunidades de bienestar y desarrollo. Pero cuando reclamó que nadie había hecho nada nunca, debería incluir a su gobierno de primero. Me resulta forzoso recordarle que en el gobierno Santos, siendo yo coordinador de la infraestructura, impulsamos históricas inversiones en el Chocó que ejecutamos con enormes dificultades económicas y logísticas. Entre las muchas se concretó una inversión de más de 250.000 millones en el aeropuerto de Quibdó, en donde se ampliaron la pista y la terminal y se construyó un complejo de servicios con hotel, centro de convenciones, centro comercial y biblioteca pública. Me imagino que Petro jamás fue al antiguo aeropuerto.

    También mejoramos las pistas de los aeropuertos de Nuquí, Bahía Solano y Capurganá. Invertimos más de 820.000 millones en 230 km en la carretera Quibdó-Medellín y más de 230.000 millones en la de Quibdó-Pereira, se construyó el malecón de Quibdó y se intervino el río Jiguamiandó, por solo mencionar algunas. Y en materia de vivienda, entregamos 2.800 gratis en Quibdó, Tadó, Istmina, Bahía Solano, Carmen de Atrato, San José de Palmar y Unión Panamericana. Y en acueductos y alcantarillados avanzamos como nunca antes, llegando, en el caso de Quibdó, a coberturas del 82 % y del 100 % en Acandí, entre decenas más. Que falta mucho y la región lo merece todo. Por supuesto. Pero no es a base de odio, mentiras y confrontación como se van a resolver los problemas y a avanzar.

    En el inventario de lo prometido en esta gira, que será recordada como la más grande burla a una región del territorio nacional, después de aquella de la emergencia protagonizada en La Guajira, como por arte de magia Petro revivió el famoso canal interoceánico de Samper, que deberá unir el Pacífico con el Atlántico, entre la bahía de Cupica y algún punto en cercanías de la desembocadura del río Atrato. Este canal, advirtió Petro, podría ser férreo o fluvial o marítimo o aéreo. Porque cualquier cosa cabe en las divagaciones de este ilusionista. Este nuevo proyecto, me imagino, reemplazaría en parte la autopista y el tren eléctrico elevado entre Quibdó y Barranquilla, que prometió en campaña y para el cual luego supimos se destinaría el ahorro pensional de todos los colombianos.

    En orden de impacto, costos económicos y ambientales y, sobre todo, de fantasía le sigue el proyecto de la hidroeléctrica de López de Micay, un proyecto, qué coincidencia, también impulsado por Samper en pleno proceso 8.000 y que por supuesto resultó imposible de realizar. Para cada municipio fue anunciada la construcción no ya solo de colegios, sino de universidades, hospitales, acueductos en todas partes, centros culturales y de los saberes, carreteras, distritos mineros, proyectos productivos y todo tipo de infraestructuras para las cuales no existen ni proyectos, ni diseños, ni presupuestos ni nada.

    Vaticino que lo único que se cumplirá de todo lo anunciado será el programa de subsidios a más de 9.000 jóvenes del Chocó que se imaginará Petro constituirán la nueva base del partido ya oficialmente convocado, precisamente en esta gira.

    Voy a guardar celosamente estas notas y el inventario de promesas y proyectos anunciados. Puedo asegurarles que nada distinto a burocracia y subsidios insostenibles se hará. Y, a estas alturas, me pregunto cuál será el siguiente territorio que será tocado por las alucinantes giras del gobierno del pueblo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1707148300901{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    04 de Febrero 2024

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-las-petrogiras-851372[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Incendio en la torre

    Incendio en la torre

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1706563115299{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1706563101603{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Duele ver a los organismos jugándose la vida por atender la emergencia sin los recursos requeridos.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1706563158982{margin-bottom: 0px !important;}»]El país arde en llamas. Más de 700 incendios. 952 municipios en peligro, de los cuales 600 en alerta roja. Nadie, pero mucho menos el Gobierno Nacional, puede declararse sorprendido ante la catastrófica situación. Pero, como siempre, el presidente Petro en su permanente búsqueda de responsables ahora acusa a los alcaldes y gobernadores por falta de previsión.

    Olvida que la Ley 1523 de 2012, que estableció el sistema nacional de gestión de riesgos de desastre y de la cual fui autor como ministro del Interior, en su artículo 3 establece que corresponde a la Nación la gestión integral del riesgo contra incendios y expresamente al presidente la conducción del sistema. A su turno, señala que los departamentos y municipios ejercen funciones de coordinación y complementariedad. La gravedad de la situación no es para andar evadiendo responsabilidades.

    Y menos ante una catástrofe anunciada como esta. Solo recordar que la Procuraduría General de la Nación advirtió desde el mes de octubre sobre los previsibles efectos del fenómeno de El Niño en materia de incendios forestales y exhortó a todas las autoridades a implementar acciones urgentes para prevenir, mitigar y atender los incendios. Pidió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fortalecer sus capacidades para dar respuesta a la emergencia y facilitar la coordinación entre entidades. Igualmente, al Ministerio de Ambiente presentar informes mensuales y la destinación de los recursos asignados por más de 2 billones de pesos.

    Pero, como es natural, ninguna entidad ni nadie hizo nada en el Gobierno. O mejor corrijo, sí hicieron. Recortaron todos los presupuestos de las entidades encargadas. Veamos: en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre se redujo en 25.000 millones de pesos el monto destinado a inversión. No así el de la frondosa burocracia encabezada por el señor Olmedo López, cuyas credenciales solo lo acreditan como politiquero profesional y quien se encuentra suspendido de su cargo por la Contraloría General de la República y, según informan, ostenta la remuneración más alta del Gobierno, 80 millones mensuales. Sin palabras.

    También se recortó en más de 25 % el presupuesto de la Dirección Nacional de Bomberos. A quién se le puede ocurrir esto en pleno fenómeno El Niño. Cómo no recordar que también como ministro del Interior fui autor de la ley general de bomberos de Colombia (Ley 1575 de 2012). Reclama paternidad el ministro Velasco, pero quiero recordarle que él fue tan solo uno de los ponentes de la iniciativa. Aunque en ese secundario papel hubiera debido levantar la mano para oponerse al recorte presupuestal que le aplicaron en muy mal momento a la entidad adscrita hoy a su cargo.

    Y como si fuera poco, también se redujo el presupuesto del Sistema Geológico Colombiano, al pasar de 277.000 millones a menos de la mitad. Y en el Ideam, que también produjo todas las alertas y en donde la reducción fue del 32,6 %.

    Con razón el capitán Arbey Trujillo, comandante nacional del Cuerpo de Bomberos, se quejó de la falta de recursos, lo que le valió que el Gobierno lo relevara de su cargo en medio de la emergencia. También se quejó el segundo comandante de la Fuerza Aérea, Carlos Silva, por la falta de recursos que ha impedido el mantenimiento de aeronaves para atender los incendios, en particular el avión Hércules C-130, con capacidad para transportar 3.000 galones de agua, seis veces más que los Bambi Bucket utilizados. Tampoco se ha podido operar los equipos Maffs, diseñados especialmente para este tipo de emergencias. Dijo el comandante Silva: “A finales de año nos confirmaron que no había recursos disponibles”. Solo falta que por esta sinceridad también lo llamen a calificar servicios.

    Pero la principal advertencia, la que ha debido prender todas las alarmas, fue la declaración de la ex mujer de Nicolás Petro, Day Vásquez, cuando dijo: “Ojo con la Unidad Nacional del Riesgo”. Todas las entidades de control, comenzando por la Fiscalía, deberían poner un ojo, o mejor los dos, en esta unidad responsable de hacer frente a esta catástrofe ambiental y social.

    Cómo duele ver a bomberos, policías, soldados y voluntarios jugándose la vida por atender esta emergencia sin los recursos y apoyos requeridos. Son unos verdaderos héroes.

    Como toda respuesta dice Petro: “No me dejan gobernar”.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1706563195287{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    28 de enero 2024

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-incendio-en-la-torre-849071[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Sabor agridulce

    Sabor agridulce

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1706562883580{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1706562714331{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La implementación del 5G no será inmediata, sino que requerirá un proceso de inversiones.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1706563058355{margin-bottom: 0px !important;}»]En medio de la andanada de malas noticias que han acompañado la llegada del nuevo año, son de destacar como positivas la subasta y adjudicación del espectro de banda 5G en materia de comunicaciones móviles. Para nada es un tema menor y hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno y del ministro de Comunicaciones para poner en marcha estas tecnologías que permitirán importantes avances en el mundo de las telecomunicaciones basadas en la conectividad a grandes velocidades. Con ella se abren las puertas a procesos de automatización, a desarrollos y aplicaciones basados en inteligencia artificial, y muchos que impactarán positivamente las actividades de la sociedad.

    Pero es forzoso advertir que la implementación no será inmediata, sino que requerirá un proceso de inversiones y de instalación de antenas para que su disponibilidad se incremente en los próximos años. Referentes internacionales del sector como lo es GSMA nos indican que los impactos masivos solo se verán en el país a partir del 2029, lo cual se explica por los tiempos de despliegue de las antenas de 5G y de la fibra para la transmisión de las estaciones base. Pero mejor es tarde que nunca.

    Aun cuando se trata de una gran noticia, hay que advertir que las expectativas de recaudo de la subasta eran de 3 billones de pesos. Con los 1,5 billones obtenidos solo se logró recibir la mitad de lo esperado. Aun así, esta es la menor de las preocupaciones. Veamos: si bien esta tecnología ayudará a incrementar la velocidad en internet, el verdadero problema que padecen hoy los colombianos, y que para nada soluciona la tecnología 5G, es el de la cobertura, el cual no se resolverá sin ampliar las bandas de 4G. Bueno es recordar que hoy un 30 % de la población está excluida del servicio móvil de banda ancha. Seguimos estando muy por debajo de países como Chile, México, Argentina, Venezuela e, incluso, Bolivia.

    Importante es saber que la subasta si bien adjudicó todos los bloques de 5G, tan solo lo logró en una pequeña parte del 4G en razón de los altísimos precios, que fijaron muy por encima del mercado latinoamericano, pese a todas las advertencias que recibieron. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno estudie medidas que permitan colocar el espectro radioeléctrico remanente en todas las bandas, a valores más bajos que los de la última subasta y en condiciones acordes con la realidad económica de un sector cada vez más complejo en la estructura de costos e ingresos.

    Para nada quiero demeritar lo conseguido hasta ahora, pero es urgente atender los retos que siguen. El primero de ellos, avanzar en el cierre de la brecha digital generando mayor cobertura de la población, lo que se logra ampliando la asignación del espectro 4 G que no se obtuvo en la subasta.

    En segundo lugar, velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los operadores en la subasta; entre otras, a llevar en dos años cobertura a 1.191 escuelas y 34 carreteras y, en general, todas las obligaciones de despliegue.

    En tercer lugar, dar impulso al crecimiento de las redes troncales para atender el creciente tráfico de datos y asegurar velocidades y capacidades de acceso a internet. Además, lograr estándares de ciberseguridad que protejan a instituciones y usuarios de los cada vez más frecuentes ataques cibernéticos.

    Muy importante superar la desigualdad de acceso a conectividad entre las regiones. Y por último, abordar el problema de la dominancia.

    Este es un tema bien crítico que la Comisión de Regulación de Comunicaciones debería resolver. En efecto, ya han pasado varios meses desde el vencimiento de los dos años de plazo que ella misma se fijó para expedir la regulación, a lo que se suma la circunstancia de que dos comisionados dejarán sus cargos en el próximo mes de febrero. Es un asunto que no puede dilatarse más. En países como España, México, Perú y Ecuador ya se adoptaron medidas para evitar una concentración que en nada contribuye a mejorar la calidad del servicio, la atención ni los precios a los usuarios. Este mercado necesita alentar mayores inversiones, lo que demanda condiciones más equilibradas para superar las dificultades financieras de los operadores y evitar conductas anticompetitivas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1706562842975{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    21 de enero 2024

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-sabor-agridulce-846738[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Arranca mal el año

    Arranca mal el año

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1705461268135{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1705461196418{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El anuncio de una nueva reforma tributaria es muy inconveniente.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1705461183451{margin-bottom: 0px !important;}»]Comienza el año con los desconcertantes anuncios de Petro y de su ministro Bonilla, de iniciar la discusión y el trámite de una nueva reforma tributaria. El país recuerda muy bien el compromiso del exministro Ocampo en las discusiones de la reforma del 2022 en cuanto a que esa sería la única reforma fiscal que propondría el Gobierno. Pues no. Ahora nos vienen con la muy tramposa propuesta de que la iniciativa solo buscará reducir el impuesto a personas jurídicas del 35 % actual al 30 %. Difícil creer en la sinceridad de esta propuesta, pero, aun en este caso, ¿cómo asegurar que en el trámite del proyecto no se terminen reviviendo todas la pretensiones no atendidas en la reforma pasada o aquellas que la Corte encontró inconstitucionales en sus recientes decisiones?

    Detrás de esta iniciativa lo que de verdad existe es un nuevo intento de Petro de incrementar los impuestos a las personas naturales. Así lo dijo con toda claridad esta semana, y también lo hizo su confundido ministro de Hacienda antes de recular frente a las cámaras de los medios de comunicación. Porque la idea original no era otra que cubrir la reducción a las personas jurídicas con un aumento a las naturales. Populismo que no resistió el menor análisis dado el descomunal incremento que la Ley 2277 de 2022 había hecho a los tributos de las personas naturales, y más aún a los positivos resultados obtenidos en materia de recaudo.

    Oportuno es recordar que dicha reforma afectó a las personas naturales principalmente por el cambio que generó en el tratamiento de las rentas exentas y deducciones aplicables. Este efecto, aunque ya se notó en 2023 por las retenciones que se hicieron a los que son asalariados, la verdad es que solo se va a percibir realmente cuando se presenten las declaraciones de renta del año 2023.

    La renta exenta de los pagos laborales sigue siendo el 25 %, pero se bajó su límite de 122 millones a 33 millones. El límite de rentas exentas y deducciones sigue siendo el 40 %, pero se cambió el tope que puede tener ese 40 % al pasar de 213 a 56 millones.

    El impacto es mayor en cuanto aumentan los ingresos. La mayor base gravable supone un aumento impositivo que empieza desde ingresos mensuales mayores a $ 10 millones y se agudiza a partir de los $ 15 millones, elevando entre 30 y 70 % el impuesto a pagar. Y si a esto agregamos el 4 × 1.000, el ICA y el impuesto al patrimonio, descontando el efecto de la inflación, los impuestos pueden superar el 100 % de la renta real percibida por el contribuyente.

    La última reforma aumentó los impuestos a personas naturales mediante la unificación en la misma base gravable de los ingresos laborales, de capital, honorarios e ingresos no laborales, de pensiones y de dividendos, los cuales se gravan con tarifas progresivas de entre 0 y 39 %; aumentó el impuesto a las ganancias ocasionales del 10 al 15 %; disminuyó las rentas exentas y las deducciones, como ya mencioné, y adoptó un impuesto al patrimonio permanente al igual que elevó la tarifa en los dividendos.

    Pero los impuestos a los ingresos laborales explican solo una parte del recaudo esperado por personas naturales, pues la mayor parte vendría de gravar los dividendos y el patrimonio. Y también con la, en buena hora declarada inconstitucional, excepción del régimen simple a todos aquellos que ejercen profesiones liberales con ingresos anuales superiores a $ 500 millones. Con razón más de 70.000 colombianos siguen trasladando su residencia fiscal al exterior. Quién puede extrañarse.

    Nadie se opone a que se baje el impuesto de la renta corporativa del 35 al 30 %, pero el enfoque de gravar aún más a las personas naturales que el año anterior contribuyó con $ 19 billones, 3 más de lo calculado por el propio Gobierno, es francamente abusivo. Simultáneamente, frente a las fortunas que se originan en el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la informalidad, que representan más del 50 % de la economía, no se hace absolutamente nada.

    El anuncio de una nueva reforma tributaria es muy inconveniente. No hace más que generar nuevos temores y desanimar cualquier inversión que se esté proyectando. No en vano, la principal preocupación de los empresarios, con un 41 %, sigue siendo la incertidumbre política, según divulgó esta semana la Andi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1705461128347{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    14 de enero 2024

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-arranca-mal-el-ano-844386[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]