Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Hoy, todos a las urnas

    Hoy, todos a las urnas

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1698708571865{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1698708452495{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Este 29 la derrota del Pacto Histórico y sus inconvenientes propuestas debe ser también histórica.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1698708603870{margin-bottom: 0px !important;}»]Terminamos la semana y la famosa comisión para seguirles ‘El paso’ a los mandatarios en campaña anunciada por la señora Procuradora solo consiguió suspender a los alcaldes de Nechí, San Pablo y Neiva. ¿Serán estos los únicos, cuando sabemos que prácticamente todos los gobernadores y alcaldes de Colombia tienen candidatos propios o están vinculados a alguna campana? La explicación se me ocurre más sencilla: prácticamente todos los procuradores departamentales son recomendados de los parlamentarios promotores de esas campañas y que participaron en la elección de la Procuradora. Total impunidad.

    Y esperemos que hoy el señor Álex Vega, la Registraduría y sus sistemas no repitan el lamentable espectáculo de las elecciones parlamentarias. Este domingo todo puede ser peor, gracias a la generosidad de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, que permitieron la participación de decenas de nuevos partidos y de miles de candidatos avalados por firmas y movimientos de ciudadanos. Muy complejos escrutinios que se prestan para todo, particularmente en lugares donde se pronostican apretados resultados como lo son: Antioquia, sucre, Huila, Nariño, Magdalena y también Cali, Montería, Ibagué y Villavicencio. Donde cualquier cosa puede pasar en la Registraduría. Habrá que estar especialmente atentos, pero, a pocas semanas de la elección del nuevo registrador, bien harían los presidentes de las cortes en reflexionar si van a permitir que esta entidad siga capturada por los mismos que la han desprestigiado.

    Hoy los grandes derrotados serán quienes hace cuatro años, bajo las banderas de la renovación y el combate frontal a la corrupción, consiguieron elegirse avalados por partidos como la Alianza Verde, el Polo, Mais, Colombia Renaciente y tantos otros que en alianzas eligieron a doña Claudia López en Bogotá, a Jorge Iván Ospina en Cali, a Daniel Quintero en Medellín, a Carlos Mario Marín en Manizales, a Juan Felipe Harman en Villavicencio, a Vilma Johnson en Santa Marta, a Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga y a William Dau en Cartagena, a los que se suman bastantes más que posaron de disruptivos e independientes.

    Salen todos rajados en medio del descontento general con su gestión y en muchos casos, quién lo creyera, soportando gravísimas denuncias de corrupción. Qué fácil era hacer oposición, pero qué difícil les resultó gobernar. Qué bueno que en todas estas ciudades les pasen cuenta de cobro por lo menos en lo político y compensen en parte lo que los organismos de control no han sido capaces de hacer en estos cuatro años.

    Este 29 la derrota del Pacto Histórico y sus inconvenientes propuestas debe ser también histórica. Invito a votar por los partidos de oposición y generar un hecho político que exprese lo que millones de colombianos sienten ha sido este primer año de gobierno. También a mirar con lupa a los partidos bisagras, porque todo indica que, superado el certamen electoral y sin la angustia de que los electores les pasen factura a partir del 1.º de noviembre, saldrán a las carreras a aprobar las reformas cuyo trámite estratégicamente dilataron en estos meses.

    Dice el principal escudero del régimen, representante a la Cámara David Racero, que los resultados del domingo no son una evaluación de Petro ni un plebiscito contra su gobierno. Él y también Petro saben muy bien que esta descomunal paliza que van a recibir hoy en las urnas no tiene explicación diferente al descontento de la ciudadanía con el Gobierno y con el Presidente. Creo que este resultado será la antesala de lo que ocurrirá en 2026, tal como sucedió hace 4 años, cuando el Polo Alternativo y los ‘verdes’ y sus variopintos aliados triunfaron en buena parte de las alcaldías de ciudades capitales e intermedias. Ello les permitió luego incrementar su representación en el Congreso y finalmente llevar a Petro a la presidencia. Hoy muchos se lamentan, comenzando por la alcaldesa de Bogotá, pero ya es tarde para darse golpes de pecho.

    Mi invitación para este domingo es salir a votar copiosamente y expresar nuestro rechazo al rumbo que está tomando el país mediante el respaldo a quienes sin eufemismos se han declarado en abierta oposición a Petro y constituyen, desde las ciudades y las regiones, el último dique de contención que nos queda. En este momento nadie debería ser un testigo indiferente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1698708503556{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    29 de octubre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-hoy-todos-a-las-urnas-820849[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A 7 días de las elecciones

    A 7 días de las elecciones

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»][/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1698165202227{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La única buena noticia de estos comicios será la paliza electoral que recibirá el Pacto Histórico.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1698165044928{margin-bottom: 0px !important;}»]La semana pasada se reunió la comisión de seguimiento y garantías electorales, con presencia de la Procuraduría, la Fiscalía, los partidos políticos y, por supuesto, el Gobierno y los mandos militares. En esa cumbre se pusieron de presente la falta de seguridad en más de cien municipios del país, los asesinatos y la prohibición impartida por organizaciones criminales a candidatos para inscribirse por Cambio Radical y el Centro Democrático. Igualmente, se informó de problemas en los sistemas de la Registraduría. Pero, de lejos, el mayor cúmulo de preocupaciones versó sobre la corrupción y la intervención de gobernadores y alcaldes en el proceso electoral.

    Tan solo en la Procuraduría reposan más de dos mil denuncias. Ante la gravedad de la situación, la doctora Cabello anunció la creación de una “comisión especial para seguirles el paso”. Me pregunto, a 7 días de las elecciones, ¿qué se ha hecho? ¿A quién se ha sancionado o al menos reprendido? Todos los denunciados siguieron más activos que nunca exhibiendo un total descaro y despreocupación por el poder sancionatorio del ente de control. No podía ser de otra manera, después de observar lo que ha ocurrido con los miles de denuncias por corrupción a todo nivel sin que nada haya pasado o vaya a pasar. Todo esto me confirma la conveniencia de eliminar la Procuraduría.

    Todos los investigados van a terminar sus mandatos en la total impunidad fiscal, disciplinaria y penal. Para asegurar que nada les sucederá, en la retirada es indispensable cubrir el frente interno, haciendo elegir a como dé lugar a sus sucesores, única manera de asegurar que se cumplan los compromisos con los contratistas y que no se vayan a destapar las ollas de corrupción que han dejado a su paso por la Administración.

    En el Magdalena, por ejemplo, el gobernador Caicedo, con nada menos que 17 investigaciones disciplinarias, 5 fiscales y varias penales, abandonó el cargo para salir con toda libertad y descaro a seguir promoviendo para la gobernación la candidatura de Rafael Martínez y la de su hermana a la alcaldía, hoy sustituida por Jorge Agudelo.

    El caso de Medellín es similar, con la renuncia de Daniel Quintero para liderar, como ya lo venía haciendo, las campañas de Juan Carlos Upegui a la alcaldía y la de Esteban Restrepo a la gobernación. El primero, primo de su mujer, y el segundo, su antiguo secretario de Gobierno. Con ello pretende garantizar que las múltiples quejas en su contra queden en la total impunidad y no vayan a interferir en su anunciada carrera presidencial.

    En Santander, Mauricio Aguilar sigue en descarada campaña a favor de Héctor Mantilla para la gobernación y de Oviedo para la alcaldía de Bucaramanga. Todo lo más desprestigiado del departamento y la ciudad acompaña estas postulaciones. Pero llamo particularmente la atención sobre el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y su decreto de emergencia para contratar directamente $ 130.000 millones, 6 meses después de ocurridos los hechos. Con razón todas las encuestas lo señalan como uno de los alcaldes con peor imagen en el país.

    En Sucre, Héctor Olimpo Espinosa se la juega toda por su exsecretaria de despacho Lucy García. Pero también en este caso ninguna investigación avanza. Nada sabemos de las pesquisas sobre el contrato de los kits alimentarios, nada sobre las vías de San Onofre, Las Tablitas-San Marcos, la liquidación de la red pública de hospitales, donde, además, se crearon 500 cargos en pleno proceso electoral. Tampoco le sucedió nada al exalcalde Andrés Gómez, quien dejó el cargo por orden del Consejo de Estado, pero no antes de entregar la concesión de aseo por 20 años a un precio de $ 148.000 millones.

    Los casos de Guainía, Soacha, Cali, Tunja y Villavicencio son igualmente descarados, pero nadie hace ni dice nada. Igual ocurre en todos lados en donde gobernadores y alcaldes promueven abierta e ilegalmente a sus sucesores.

    Se empieza a abrir paso una reforma del Consejo Nacional Electoral, gran responsable de lo que está sucediendo al haber autorizado la creación de 37 nuevos partidos que han degradado con su feria de avales este debate electoral.

    Así las cosas, la única buena noticia de estos comicios regionales será la monumental paliza electoral que recibirá el Pacto Histórico. Ya veremos si Petro puede seguir invocando el apoyo del pueblo a sus inconvenientes reformas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1698165075670{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    22 de octubre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-a-7-dias-de-las-elecciones-818415[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Se va cerrando el cerco

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1697556731945{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Este gobierno siempre ha demostrado animadversión por cualquier tipo de organización no estatal.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1697556764322{margin-bottom: 0px !important;}»]Está clara la animadversión de este gobierno por el sector privado. No solo por las empresas, sino también por cualquier tipo de organización no estatal. Toda la política pública tiene este común denominador porque el presidente Petro no concibe que pueda generarse ninguna utilidad ni beneficio en el desarrollo de actividades productivas como la salud, el transporte, la infraestructura, los seguros, la vivienda, los servicios públicos, la educación, para citar solo algunos.

    Para la mayoría de estos sectores se han presentado o se han anunciado proyectos de ley cuyo núcleo es la nacionalización de la actividad o la limitación de la participación privada, como en el caso de la salud, la educación o las pensiones. En algunos se está acudiendo, además, con el peligroso expediente de asfixiar las empresas para presionar las reformas. Este es el caso de las EPS y las clínicas y los hospitales a los que se adeuda más de 16 billones de pesos y que el Gobierno se resiste a pagar.

    Volviendo a los sectores, cómo no mencionar el de la infraestructura. De la compensación por el no aumento de peajes (decreto 050/2023), a octubre tan solo se han pagado 23.000 millones de los 674.000 millones adeudados a los concesionarios. A la fecha, la ANI no tiene ni idea de cómo va a compensarlos con recursos que no provengan de los excedentes de los mismos contratos.

    Pero ojo. Recordemos que para el año 8 de las concesiones se deben evaluar las diferencias en el recaudo de peajes entre los valores previstos inicialmente con lo efectivamente recibido. Cálculos preliminares apuntan a que el faltante a la fecha rondaría los 8 billones de pesos, que debe pagar el Estado. Estos pagos deberían salir de los fondos de contingencia, que a la fecha se encuentran desfinanciados. Ante esta situación, nadie comprende cómo el Gobierno plantea nacionalizar la Concesión Bogotá-Villavicencio, lo que supondría terminar anticipadamente un contrato vigente por causas no imputables al concesionario y pagar un monto de varios billones por trabajos que no se ejecutarían. Otra ocurrencia del primer mandatario sin ningún soporte económico ni financiero.

    Y qué tal el sector vivienda. Durante cerca de 9 meses no se desembolsaron los subsidios de vivienda y con la lentitud de los pagos apenas si se han cubierto las obligaciones contraídas a 2022. El valor de los subsidios pendientes de desembolso se estima en 780.000 millones, a lo que se suma el desfase entre los subsidios asignados y las coberturas disponibles.

    Y para terminar, el tema energético. Todas las alarmas están prendidas por causa de una confluencia de situaciones que amenazan con un eventual apagón en el curso de los próximos meses. Como era de esperarse, el ministro Camacho respondió con dos piedras en la mano señalando que el papel del Gobierno no es salir al salvamento de las empresas privadas. ¿Pretenderá el ministro que al negarse a poner en marcha un mecanismo financiero que permita a las empresas recobrar su liquidez podrá, con su asociado el Superintendente, tomarlas por asalto?

    Aquí no hay casualidades ni coincidencias, nada es fortuito. Todo apunta a cerrar el cerco sobre el sector privado. Acusarlo de corrupto, de estar cartelizado, luego asfixiarlo reteniendo los pagos debidos para finalmente intervenirlo. Como toda solución, vuelve a anunciar el billón de pesos disponible a través de Findeter. Esta medida no solo es insuficiente, sino que han sido incapaces de implementarla. Y otra genialidad: impedir que los generadores se protejan a través de la figura de la limitación del suministro. En los tres meses previstos el problema actual se habrá multiplicado y, además, extendido a todos los eslabones de la cadena.

    La solución a los coyunturales altos precios de la energía eléctrica no es la intervención del mercado ni la convocatoria a asambleas populares, sino la aceleración de los proyectos de infraestructura que permitirán, por una parte, aumentar la oferta y, por otra, reducir las restricciones y las pérdidas en la red. Pero, claro, es más fácil darle un golpe a la mesa y acusar a todos los agentes del sector que ponerse a trabajar para destrabar los proyectos.

    Siguiendo el modelo Petro-Corcho aplicado al sector de la salud, el apagón financiero, que no es eléctrico, es lo que el Gobierno necesita para justificar su anhelado desembarco estatal también en este sector. No nos equivoquemos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1697556876888{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    14 de octubre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-se-va-cerrando-el-cerco-816231[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Regreso al 2001

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1696866728596{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    En el departamento de Nariño es donde quizás se ve cada vez más lejana la llamada ‘paz total’.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1696866799313{margin-bottom: 0px !important;}»]En los últimos meses he visitado 25 departamentos y sostenido reuniones con dirigentes gremiales, empresarios y representantes de todos los sectores de la producción. Si bien la parálisis de toda actividad productiva es una constante en todo el territorio nacional, el mayor reclamo de todos ellos es la inseguridad y el orden público.

    La percepción generalizada es que estamos regresando a la situación que vivió el país en el año 2001, pero con una gran diferencia: la Fuerza Pública está paralizada, no actúa, ha perdido toda iniciativa y, por supuesto, no responde al angustioso llamado de la ciudadanía. Podría referirme uno a uno a cada departamento, pero tomaré como ejemplo Nariño, por ser el último que visité, pero en donde la situación no es muy distinta a la de Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander, entre muchos.

    En Nariño es donde quizás se ve cada vez más lejana la llamada paz total. Veamos: el Eln controla principalmente los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüi, donde están dedicados a la minería ilegal, y la región de Samaniego, donde se apoderaron de todos los espacios que dejó la desmovilización de las Farc. La Segunda Marquetalia ejerce control desde Ipiales con los llamados comandos de frontera, también en el litoral Pacífico y se disputa Tumaco con el estado mayor central de ‘Iván Mordisco’. También tiene presencia en Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Mosquera, entre otros municipios. Y el estado mayor central –EMC–, o disidencias de las Farc, dominan la región de la cordillera en Policarpa, Leyva y Rosario.

    Desde el año pasado estos tres grupos armados, divididos en 13 estructuras, entre frentes, columnas móviles y compañías, se disputan a sangre y fuego el control del territorio. Su accionar criminal está ligado directamente con las economías ilegales, particularmente con los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal en más de 240 lugares. El departamento de Nariño es el primero en producción de coca, con cerca de 60.000 hectáreas, siendo Tumaco el principal enclave, con más de 20.000. La presencia de estos actores armados ha favorecido también la deforestación y el despojo de tierras.

    Todos estos factores han incidido en el recrudecimiento de la violencia que ha generado la disputa por el control del territorio, especialmente en el litoral Pacífico, el piedemonte costero y la subregión de la cordillera.

    Los indicadores de inseguridad en delitos como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado y la trata de personas vienen creciendo, especialmente en centros urbanos y en el cordón fronterizo, en donde también hace presencia la temible organización criminal internacional ‘Tren de Aragua’.

    Los cabecillas son bien conocidos: el ‘indio Camilo’, ‘Chuqui’ y ‘Fercho’, del Eln; ‘Uriel’, ‘Diego’, ‘el Gringo’, ‘Allende’ y el ‘Caqueteño’, de la segunda Marquetalia; ‘Don Mata’, el ‘Mono’ y ‘Óscar’, del denominado estado mayor central. Los lugares bajo su control están perfectamente ubicados. Pero las autoridades poco hacen, por no decir nada. Los mensajes equívocos del Gobierno sobre negociaciones que no avanzan, fallos que no se expiden como el de la paz total pendiente en la Corte Constitucional y nuevas iniciativas que no se radican, como la de sometimiento, en mucho contribuyen a agravar día a día esta situación. La Fuerza Pública luce como un testigo impotente.

    El presidente Petro manifestó que Nariño podría convertirse en un punto experimental para avanzar en un posible proceso de paz, anuncio que, por cierto, no ha podido caer peor en el departamento. Ven con terror que se repita un nuevo Caguán.

    A esta gravísima situación de orden público se suma el deterioro de la economía regional agravada por el deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas–Cauca, que ha impedido el normal tránsito de vehículos por la vía Panamericana. Se estima que las pérdidas superan los dos billones de pesos. De los compromisos para la construcción de la doble calzada entre Pasto y Popayán, la construcción de la variante San Francisco-Mocoa y la activación del puerto de Tumaco, nada avanza.

    Me he referido solo al departamento de Nariño –donde el 82 % de su población votó por Petro–, ahora convertido en laboratorio de ensayo de las políticas de la Colombia Humana. Pero si esto ocurre en el departamento más petrista del país, me pregunto a qué pueden aspirar los demás territorios.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1696866819402{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    08 de octubre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-regreso-al-2001-813863[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Cada semana, más abusos

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1696535257135{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    A este gobierno no le sirve nada que no controle, nada que no sea una extensión del Estado.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1696535303038{margin-bottom: 0px !important;}»]La pretensión del Gobierno de controlarlo todo se extendió esta semana a la Cámara de Comercio de Bogotá en donde, contra viento y marea, el propio presidente Petro impuso al polémico doctor Ovidio Claros como director de la entidad. Lo mismo terminará ocurriendo en las demás cámaras de comercio del país, que son y han sido siempre espacios de acción y expresión del sector privado. Similar estrategia hemos visto desplegarse desde la Presidencia de la República en torno a los gremios de la producción. Aun cuando la mayoría se han resistido a esta intervención, otros han preferido ir por el fácil y cortoplacista camino de sacrificar su independencia en aras de mantener la comunicación con el Gobierno. Muy deplorable y costosa decisión.

    Y como si fuera poco, ahora van por las cajas de compensación familiar, otro bastión del sector privado, que ha contribuido como pocos a mejorar la calidad de vida de los colombianos en temas tan sensibles como la salud, la educación, la recreación y la vivienda. A este gobierno no le sirve nada que no controle, nada que no sea una extensión del Estado, nada que pueda oler a iniciativa privada.

    Al frente de esta guerra declarada contra las cajas se encuentra el muy oscuro superintendente de Subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. Lo avalan para el cargo su militancia política en el Polo Democrático, su activismo relacionado con la organización FER-Sinpermiso, una vida dedicada a demandar al Estado colombiano y múltiples denuncias en su contra.

    Posesionado como Superintendente en septiembre del año pasado, muy rápidamente inició su accionar de intervenciones y tomas de control por toda la geografía nacional. Por su relacionamiento con el Mais, una de las primeras cajas que intervino fue la de La Guajira, Comfaguajira. Se afirma que la razón última fue favorecer a Martha Peralta. Siguió con Comfamiliar Huila, en el mes de octubre; Cafaba, en enero; Confiar Arauca, en marzo y extendió las intervenciones a Comfacor, Comfamiliar Cartagena y Comcaja.

    La última de sus intervenciones y quizás la más polémica fue la de Comfenalco Antioquia, el 15 septiembre pasado. Se trata de la sexta caja más grande del país, con ingresos anuales equivalentes a 602.000 millones de pesos en 2022. Es una intervención sin fundamento y desproporcionada, pues los estados financieros de la entidad revelan la buena salud de la caja con indicadores de patrimonio, solvencia, liquidez y endeudamiento en niveles más que satisfactorios. El hecho que da origen a la medida de intervención total para administrar la caja es una “falta de certeza” que le asiste a la Superintendencia de si cerca de 10.000 millones se encuentran a buen recaudo en la fiduciaria Credicorp S.A. Esto no se lo cree nadie. La realidad de la intervención está más bien relacionada con la toma hostil que el presidente Petro ha pretendido hacer de la Nueva EPS, uno de cuyos accionistas es precisamente Comfenalco Antioquia.

    Por este camino también están en la lista de potenciales intervenciones Comfandi y Comfenalco Valle e incluso Compensar. Su pecado: ser parte de la Nueva EPS. Otra víctima de esta maquiavélica estrategia fue la EPS Famisanar, intervenida este mes y cuyos accionistas son las mismas cajas de compensación mencionadas.

    Grandes riesgos enfrentan las cajas de compensación bajo la vigilancia del señor Pérez Casas. El primero, ser utilizadas como caja menor para fines electorales. Como ya son 14 cajas las intervenidas, ello ameritaría una alarma ante la Misión de Observación Electoral (MOE). El segundo riesgo es la liquidación de cajas existentes para ser reemplazadas por nuevas cajas únicas por departamentos y el tercero y más grave es la pérdida para los trabajadores de la titularidad de estos recursos reconocidos por la Corte Constitucional como patrimonio de bienestar de los colombianos. Y pensar que todo este desmadre se justifica a ojos del Gobierno para tomarse por asalto la Nueva EPS y nombrar como presidenta a la señora Corcho.

    Esta semana se reúnen las Cajas de Compensación Familiar en Barranquilla para su congreso anual. Buen escenario para debatir todo lo ocurrido en el sector y los peligros que se ciernen contra unas de las instituciones más reconocidas y queridas por los colombianos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1696535331245{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    01 de octubre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-cada-semana-mas-abusos-811391[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • De mal en peor

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1696011819399{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Lo anunciado por el nuevo ministro de Minas anticipa que vendrán tiempos difíciles para el sector.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1696011857266{margin-bottom: 0px !important;}»]La designación del nuevo ministro de Minas y Energía confirma la regla de que en este gobierno todo es susceptible de empeorar. El sector energético tuvo un fugaz respiro con la salida de Irene Vélez, que por poco acaba con la institucionalidad y la confianza en un sector del que depende buena parte de los ingresos de la nación, de la inversión social y del crecimiento de la economía y el empleo. Su teoría del decrecimiento, también avalada por el presidente Petro, su cruzada contra la exploración de hidrocarburos y sus constantes amenazas contra el sector eléctrico hicieron pensar a muchos que nadie podría hacer una peor gestión. Escribí la semana pasada que eran positivas las expectativas con el nuevo ministro. Pero nos equivocamos.

    El pasado fin de semana el ministro Camacho hizo su debut en Santa Marta con motivo de la convocatoria de su primera asamblea popular de la energía. Se despachó contra todo. Instaló tarima en el centro del salón para advertir que los usuarios y las usuarias estarían en el centro de la atención del Gobierno. Advirtió también que el gobierno del cambio había venido a cambiarlo todo, pero que no podría hacerlo sin el respaldo popular de los comunales y las comunales, de los sindicatos, del poder popular. El propósito, dijo, es desatar la energía como un derecho.

    Entre las perlas del populismo y las arengas que lanzó al auditorio destaco las siguientes: como telón de fondo, dijo que todos los problemas del sector nacieron cuando se privatizaron las empresas. Es evidente que al ministro no le gusta nada de lo sucedido a partir de la aprobación de las leyes 142 y 143 de 1994. Como no le gustan las empresas, dijo que no se sentará con ellas sino con el pueblo; no le gusta tampoco la estructura tarifaria, no le gusta el sector de generación desde que Isagén se privatizó, su dolor de cabeza es el sector de la distribución, pues se quedan o tal vez quiso decir se roban los subsidios, no le gusta tampoco el control político.

    “La privatización nos tiene como estamos”, dijo, siendo esta tal vez la única verdad que dijo el activista ministro. Pero no para recordar el apagón nacional de 1991 y la incapacidad del Estado para atender la provisión de servicios de energía para la población. Hasta allí no le llega la memoria al señor ministro, solo preocupado por encender el descontento ciudadano con un sector que es ejemplo de éxito a nivel mundial. Pero qué importa si la instrucción de su jefe es arrasar con todo.

    Lo que sí le gusta al ministro es la pedagogía, pero para mentirle a la gente. Qué irresponsabilidad decir que las facturas son tramposas, que con la opción tarifaria en vez de ayudar a la gente se le engañó, pues se hizo todo a sus espaldas, que de los 7 billones del presupuesto del Ministerio se gasta 6,5 en subsidios. Vale la pena preguntarle al ministro si está a favor o en contra de los subsidios. Y también que nos explique, dentro de su lógica, cómo pretende solucionar el problema de los subsidios con la instalación de techos solares.

    Se emocionó el ministro con consignas como “solo con ustedes vamos a poder superar la privatización de los servicios” o “es con la gente y en la calle como se harán los cambios”. Mismo libreto de los recién llegados ministros de Agricultura, Educación y Salud. Pero esto de las Asambleas Populares de la Energía, de las cuales anunció la convocatoria de miles por todo el país, sí puede llegar a convertirse en la mayor irresponsabilidad que un ministro puede hacer en contra de los intereses de su propia cartera. Habrá que estar atentos a las marchas convocadas para el próximo 27 y ver hasta dónde llega este zalamero y servil ministro en su afán de convertirse en la primera línea dentro del gabinete.

    No creo que lleguemos al punto de extrañar a la ministra Vélez, pero lo anunciado por el señor Camacho, recuerdo, candidato al Congreso en la lista de los Comunes, hace prever que vendrán tiempos muy difíciles para un sector que como el de los servicios públicos y la energía en particular han sido conducidos siempre de manera técnica y responsable y alejados de cualquier intento de politización.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1696011893302{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    24 de septiembre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-de-mal-en-peor-809037[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Tormenta energética

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1695052118139{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Todo en el sector energético está patas arriba, pero el ministro Camacho puede organizar la casa.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1695052096737{margin-bottom: 0px !important;}»]La contingencia operativa imprevista en algunos pozos de Canacol Energy en la Costa generó la semana pasada una restricción de gas para la demanda industrial de toda la región. El evento afectó a tan solo el 4 % de la demanda nacional, pero paralizó la actividad de más de 60 industrias. La situación en la costa Caribe no es muy distinta de la del resto del país, en donde cerca de dos terceras partes de las industrias no tienen combustible sustituto al gas. Esta emergencia se ha sumado a lo ocurrido hace algunos meses en el suroccidente del país para ratificar el riesgo que corre Colombia de no mantener la garantía de suministro de este combustible en el mediano y largo plazo.

    Al respecto, hay que insistir en que las reservas probadas disminuyeron un 11 % en el año 2022 frente al 2021, contamos con gas natural para tan solo 7,2 años, la cifra más baja en la historia del país y que debería ser suficiente para que todas las alarmas del sector estuvieran prendidas. Desafortunadamente el Gobierno nacional, en su afán de avanzar en una equivocada, irracional e ideologizada transición energética, se resiste a dar las señales adecuadas para reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

    Lo dicho en cuanto al gas se extiende también a la exploración y explotación de petróleo. Los mensajes del Gobierno siguen siendo muy confusos para el mercado y los inversionistas. Tras el portazo que recibió Petro en la reciente cumbre amazónica al pretender que se aprobara una declaración para prohibir la exploración y explotación de este recurso en el Amazonas, quedó claro que Colombia podría convertirse en el único país en el mundo que renuncia al desarrollo de unos recursos de los que dependen sus ingresos para la atención de las apremiantes necesidades de inversión social. La lista por ahora la encabeza Ecuador, que precisamente prohibió la explotación de petróleo en estas áreas privándose de recibir más de 1.200 millones de dólares al año, recursos que difícilmente podrá compensar por otra vía. Lo cierto es que nadie en la famosa cumbre le compró a Petro su propuesta de una transición energética exprés y de espaldas a las necesidades de inversión y superación de la pobreza en nuestros países.

    Si por el lado de los hidrocarburos hay preocupaciones, ni se diga por el de la energía eléctrica. La anunciada llegada del fenómeno de El Niño para final de año contribuye a formar la tormenta perfecta. Embalses cayendo aceleradamente, escasez de gas para atender la demanda de generación térmica, precios de la energía que superan los 1.000 pesos por Kw hora, parálisis en todos los proyectos de infraestructura eléctrica, tanto de generación como de transmisión nacional y regional, crecimiento de la demanda, incertidumbre por entrada en operación de las máquinas 3 y 4 de Hidroituango y, como consecuencia de todo lo anterior, amenaza de racionamientos en el primer trimestre de 2024. Para hacer frente a la situación, un ministro recién posesionado y una institucionalidad sectorial desbarajustada. No hay viceministros, ni directores de las principales agencias ni comisionados reguladores en propiedad. Lo que no falta es la improvisación y la irresponsabilidad. Esta semana se les ocurrió trasladar el cobro del servicio de transporte a la factura del servicio de energía. El mintransporte anuncia que la medida está tomada, pero reconoce que no existe un solo estudio, ni análisis económico, ni legal ni regulatorio. Nada. Solo una idea que quién sabe a qué genio se le ocurrió pero que, de aprobarse, tendrá un impacto muy injusto en el bolsillo de los estratos que ya en sus facturas hacen muy onerosas contribuciones en varios subsidios que incrementan las ya impagables facturas de energía.

    Todo en el sector energético está patas arriba, pero el ministro Camacho tiene la oportunidad de organizar la casa. Yo creo que cuenta con el concurso de todos los actores. Pero hay que actuar rápido, con pragmatismo, dentro de la institucionalidad, tomando decisiones técnicas e informadas, dando las señales adecuadas a agentes e inversionistas, destrabando los proyectos de expansión y buscando avanzar en una transición energética ajustada a las propias necesidades del país: ordenada, justa, sostenible y sobretodo no ideológica, al servicio y no de espaldas a la gente.
    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1695052148489{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    17 de septiembre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-tormenta-energetica-806753[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Una ventana de oportunidad

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1695051845810{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El principal consenso, como quedó demostrado esta semana, es que la salud requiere una reforma.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1695051889128{margin-bottom: 0px !important;}»]Lejos de lo que pudiera pensarse, yo creo que la semana pasada, en medio de los ires y venires, de las victorias y derrotas de lado y lado, en el trámite de la reforma de la salud pudo abrirse una ventana de optimismo para su trámite. No quiero entrar en la discusión sobre si la creación de la subcomisión aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes fue una ‘jugadita’ o no. Sus promotores sostienen, y yo les creo, que primaron la buena fe y el deseo de buscar consensos que precisamente podrían comenzar por la aprobación de esta reforma.

    Con frecuencia es difícil entender y más aún interpretar a Petro. Pero lo cierto es que sí hizo ese llamado a la búsqueda de acuerdos. Que se haya dedicado después a bombardear su propia iniciativa es otra cosa. Pero qué duda cabe de que el trámite y la eventual aprobación de la reforma de la salud podrían ser el elemento que de una vez por todas nos permita conocer a los colombianos si lo que nos espera estos tres años es la confrontación radical o el consenso.

    En la discusión del proyecto se ha avanzado muchísimo. Y, lo que es más importante, creo que por fin tenemos bien identificado que sí es posible llegar a un consenso sin que ni Gobierno ni oposición tengan que cruzar sus llamadas líneas rojas. Bastará con que resolvamos una sola cuestión y es si vamos o no a mantener el sistema de aseguramiento que tanto ha contribuido a mejorar el sistema en términos de cobertura, calidad, oportunidad y racionalidad de costos asociados a la prestación de los servicios de salud. Por supuesto, esta decisión debe ir acompañada del compromiso del Gobierno en estudiar y ajustar el valor de la prima que se destina a cubrir la salud de cada colombiano, al igual que diseñar y ejecutar una estrategia para la atención en el menor tiempo posible de los pasivos existentes con el sistema.

    También es indispensable que podamos avanzar en las prioridades ya identificadas y que compartimos en términos de aumentar la atención primaria y los servicios básicos, fortalecer todo el sistema de prevención y la territorialización de las redes mixtas, la eliminación de la intermediación laboral, el pago directo de la Adres a las clínicas y hospitales, la mayor formación de especialistas y, sobre todo, el fortalecimiento de los hospitales públicos en al menos 600 municipios del país, para citar los aspectos más relevantes de las propuestas radicadas, incluidas las nuestras, y que nos hundieron sin fórmula de juicio.

    Lo que yo veo francamente es que es posible un acuerdo. El mismo que Petro respaldó el año pasado en las primeras reuniones con los representantes del sector, el que mantenía la colaboración público-privada y el sistema de aseguramiento, y que luego la ministra Corcho dinamitó, como ahora pretende hacer nuevamente con los esfuerzos del ministro Jaramillo. Porque el principal consenso, como quedó demostrado también esta semana, es que la salud requiere una reforma.

    Está muy claro que las características de nuestro sistema hacen que su sostenimiento sea costoso. De cada 100 pesos que recibe una EPS, 99 se van en cubrir costos directos. Se tiene una siniestralidad del 103 %, que por supuesto ha llevado a que las EPS tengan acumulada una pérdida de 5,6 billones. Por esta razón todas están en peligro de quebrar. Pero no por una mala gestión, como se ha pretendido señalar, sino por una insuficiencia en los recursos que se destinan al sector.

    Si queremos mantener un sistema de calidad mundial como el que tenemos, pues habrá que pagarlo. De allí el llamado urgente a recalcular sobre bases reales la UPC para el próximo año y a poner al día los pasivos con el sector, cercanos a 10 billones. Y dejar de lado las amenazas y bravuconadas, que nada aportan a la solución del problema y sí podrían generar una crisis de incalculables consecuencias para la ciudadanía, pues es evidente que el Gobierno no está en capacidad de responder por la adecuada atención de más de 50 millones de personas hoy vinculadas a distintas EPS a lo largo y ancho del país.

    Mi llamado entonces es a que aprovechemos el escenario de la subcomisión para alcanzar este primer gran acuerdo que podría convertirse en la cuota inicial de otros. El Gobierno tiene la palabra. ¿Podrá ser esto posible?

    P. D. Por cierto, 27.000 trámites represados en el Invima, y la entidad aún en encargo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1695051915783{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    10 de septiembre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-una-ventana-de-oportunidad-804368[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La última Coca-Cola

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1693926798187{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Como quedó la propuesta presentada, esta reforma laboral beneficiará a las élites del sindicalismo.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1693926661224{margin-bottom: 0px !important;}»]Regresa a discusión del Congreso el proyecto de ley preparado por la dirigencia sindical del país y encubierto como reforma laboral. Poco aprovecharon el Gobierno y la ministra Ramírez estos dos meses para valorar las preocupaciones que se habían expresado en junio. Según ella porque el síndrome de la Coca-Cola del desierto se acabó en el país. La propuesta llega entonces repotenciada, con todo el veneno de la anterior y otras sorpresas. Eso sí, toda ella plagada de ideología.

    Todo indica que sindicatos y Gobierno aprovecharon este tiempo pero para asegurarse de que ninguna garantía o gabela a favor de esta dirigencia se quedara por fuera. Ni los gremios ni los empresarios de sectores tan afectados por la reforma como el agrícola, el turismo o el comercio fueron convocados o escuchados. Como quedó la propuesta presentada, esta reforma realmente beneficiará, y de qué manera, a las élites del sindicalismo, que no pierde oportunidad de pasar cuentas de cobro al gobierno que ayudó a elegir.

    Y no podían encontrar una mejor oportunidad para tramitarla. Una economía estancada, creciendo al 0,3 % en el último trimestre; los sectores más deprimidos son precisamente los que generan mayor empleo: manufactura, turismo, comercio y agricultura. Nuestras exportaciones ya completan 6 meses en caída libre, la inversión en infraestructura y obras públicas y el propio gasto del Gobierno con bajísimos niveles de ejecución. A todo ello se suma la muy inconveniente reforma tributaria, cuyos efectos ya están a la vista y todo esto agravado por el clima de incertidumbre, inseguridad jurídica, desgobierno e incremento de la violencia y de la inseguridad en todas las regiones del país. Difícil encontrar un peor momento para presentar esta reforma.

    El aumento en los costos laborales será demoledor para las pequeñas empresas y sus negocios. Se estima que 1,8 millones se verán gravemente afectadas. Y, como es evidente, se desestimulará la creación de nuevos empleos por la pérdida de competitividad del país y los pocos proyectos de inversión nacional y extranjera que surgirán.

    La reforma incorpora el delicado concepto de la huelga parcial o indefinida sin ninguna regla y aun en los servicios esenciales como la banca, el transporte o los servicios públicos, para citar solo algunos. Muy inconveniente que cualquier negociación deba darse con sindicatos de industria, como se anuncia, dejando su reglamentación al Gobierno, léase a los propios sindicatos. Ya se puede uno imaginar lo que de allí saldrá.

    En materia de las empresas proveedoras de servicios, se crea una sanción de un año de salarios y responsabilidades solidarias en todos los casos para quien utilice la figura del contratista independiente.

    Una curiosidad constitucional: todos los principios fundamentales de la OIT se incorporarán a nuestra legislación de manera automática, con lo cual ese organismo quedaría en la práctica con la facultad de legislar permanentemente en Colombia.

    El derecho de asociación sindical será el único mecanismo para que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones. Todo pacto colectivo queda prohibido a la luz de la nueva legislación.

    Otras perlas: la prescripción sube de tres a cinco años en las demandas laborales, se marchitan las jornadas flexibles, la licencia de paternidad pasa de 2 a 12 semanas sin que nadie diga quién las va a sufragar, se presumirá que los despidos sin justa causa son actos de discriminación y la carga de la prueba quedará en cabeza del empleador.

    Y ninguna mención de cómo se va a formalizar a más de 10 millones de colombianos y cómo se va a incentivar la creación de más de 5 millones de empleos en el país. Y, por supuesto, ni una sílaba en relación con las necesidades de empresarios e inversionistas. Todo para la élite sindical: más fueros para hacerlos intocables, más permisos sindicales, más disposiciones para sancionar y llevar a la cárcel a quienes se presuma ejercen persecución sindical.

    De convertirse en ley esta iniciativa, la cuenta del apoyo electoral con los sindicatos quedará saldada y con creces, pero las consecuencias para reactivar el crecimiento económico y para generar empleo formal y de calidad será impagable.

    Y pensar que, al igual que ocurrió en el semestre anterior, seguimos en manos de los liberales, ‘la U’ y los conservadores para atajar semejante estropicio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1693926708482{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    03 de septiembre 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-ultima-coca-cola-802175[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Cuentas claras

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1693323427693{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Precisiones sobre el caso de la adición presupuestal al contrato Ruta del Sol 2 tramo Ocaña-Gamarra.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1693323451029{margin-bottom: 0px !important;}»]Celebro que las investigaciones en relación con los contratos de la firma Odebrecht en Colombia finalmente empiezan a esclarecer los actos de corrupción que tuvieron lugar con las actuaciones de esta empresa en el país. En el caso concreto de la adición presupuestal al contrato Ruta del Sol 2 tramo Ocaña-Gamarra, que dio lugar al informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya se conocen los involucrados, excepto el que denominan ‘oficial 3’, señalado como principal beneficiario de este entramado.

    Como el manto de duda se ha extendido a quienes hicimos parte de esa administración, me veo obligado a precisar que nada tuve que ver con este contrato que se firmó en enero de 2010 en el gobierno Uribe, del cual no hice parte, ni con su adición suscrita en marzo de 2014. Para esta fecha no era yo funcionario del gobierno Santos, del cual me retiré en mayo de 2013, diez meses antes, a fin de no inhabilitarme. Mis responsabilidades en el sector de infraestructura no se iniciaron hasta agosto de 2014, ya en mi calidad de Vicepresidente y cinco meses después de suscrito el cuestionado otrosí. Como se recordará, hasta 2013 yo me había ocupado de las carteras de Interior y Justicia y luego de Vivienda.

    Durante el tiempo en que ejercí la coordinación de la infraestructura, la firma Odebrecht nunca fue adjudicataria de ninguna concesión ni de ningún proyecto en el sector. Muy por el contrario, desde mi llegada a la Vicepresidencia elevé solicitudes de apremio al concesionario para exigir el cumplimiento de sus obligaciones para ese entonces en mora. En efecto, lo primero que encontré fue que en las unidades 2, 4 y 7 del contrato Ruta del Sol se estaba incumpliendo la fecha de inicio de operaciones, por lo que iniciamos 3 procesos sancionatorios que no prosperaron porque Odebrecht presentó 2 demandas contra el Estado, acudiendo a un tribunal integrado por los árbitros Namen, Hernández y Villegas, que inexplicablemente les dio la razón y dictó medidas cautelares en contra de la ANI, con lo cual se frenó toda posibilidad de sancionarlos.

    Apelamos esta decisión y luego interpusimos una tutela ante el Consejo de Estado, pero la sección 4 tampoco nos dio la razón y fue así como la ANI quedó totalmente paralizada en su legítimo derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Recuerdo, igualmente, haberme opuesto a aceptar la conciliación por 700.000 millones que proponía el contratista y con la cual pretendía poner fin a las controversias. El resto de la historia es bien conocido, en 2019 el Tribunal declaró la nulidad del contrato por causa y objeto ilícito.

    Mucho lamento que este suceso pueda empañar la enorme transformación y el impulso que tuvo la infraestructura con la puesta en marcha de 27 concesiones por valor cercano a 50 billones de pesos, junto a inversiones históricas en miles de kilómetros construidos, la intervención en 57 aeropuertos y la modernización de nuestros puertos.

    Todo esto fue posible sin la menor tacha, porque en paralelo implementamos todo un arsenal de medidas contra la corrupción como el pliego tipo para todas las licitaciones, la suficiente publicidad de los términos contractuales, la convocatoria de audiencias públicas para escuchar los comentarios de los proponentes a los prepliegos, la audiencia pública obligatoria para recibir las ofertas y para la adjudicación de las licitaciones. Pusimos tal celo en la pulcritud de la contratación que inauguramos las salas transparentes de revisión y evaluación de ofertas, a cargo de funcionarios que previamente se habían sometido a pruebas de polígrafo. Se terminaron los anticipos a los contratos y las adiciones contractuales, entre otras muchas medidas. Se generó tal confianza que en algunas licitaciones llegaron a participar 90 oferentes. Nunca nadie presentó una glosa, una observación o una denuncia en relación con la transparencia de los procesos contractuales.

    Y sea el momento de reconocer que ninguno de estos logros se hubiera conseguido sin la consagración de Luis Fernando Andrade, entonces director de la ANI, de quien soy testigo de su capacidades y honestidad.

    Es muy lamentable que todo este esfuerzo y el plan sectorial se hayan frenado en seco en este gobierno, que a estas alturas no ha conseguido ejecutar ni el 2 % del presupuesto de inversión asignado a la ANI.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1693323476978{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    27 de agosto 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-cuentas-claras-799946[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]