Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • La Procuraduría inocua

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1693323008226{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La PGN ha quedado prácticamente sin funciones, pero sí con una nómina que cuesta miles de millones.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1693323042326{margin-bottom: 0px !important;}»]El reciente fallo de la Corte Constitucional en materia de imposición de sanciones por parte de la Procuraduría General a los servidores públicos elegidos popularmente ha abierto un debate mucho más profundo que la materia que pretendía resolver, esto es, la supervivencia misma de la PGN.

    Quiero recordar que a raíz del fallo del entonces procurador Alejandro Ordóñez contra el alcalde Petro, este último solicitó a la Corte Interamericana la protección de sus derechos y logró un fallo favorable de este organismo internacional, lo que a su vez abrió el debate sobre la competencia o no de la Procuraduría para disciplinar y sancionar a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y, por supuesto, congresistas. Esta discusión nunca había existido y fue así como por años fueron suspendidos, sancionados, destituidos e inhabilitados centenares de funcionarios por acción de este ente de control.

    Para recoger en nuestro ordenamiento jurídico el contenido de este fallo se expidieron la ley 1952 de 2019 y la 2094 de 2002, que reformó la Procuraduría y que a su turno creó la ‘bicocada’ de 1.050 cargos adicionales.

    El fallo de la Corte que se acaba de conocer tiene el defecto de querer quedar bien con todo el mundo, bajo el criterio de la armonización, y eso por definición sale mal. Veamos: por un lado acoge la tesis de la Corte Interamericana de que los elegidos popularmente no son objeto de sanciones sin que estas sean validadas por un juez. La decisión última de sancionar quedó en cabeza de los jueces y no de la PGN, lo que contradice el criterio de la propia Constitución Nacional, que terminó modificada por la CIDH. Ver para creer.

    De tiempo atrás he sostenido la tesis de que el país debería renunciar a la jurisdicción de esa corte interamericana, cuyos fallos siempre nos han sido adversos y enormemente costosos, pero ahora el argumento es mucho más de fondo, pues hemos aceptado que ese organismo Internacional está por encima de nuestra Constitución, con consecuencias a todas luces impredecibles. Si ya nos retiramos de la Corte de La Haya, y tardíamente, a propósito del litigio con Nicaragua, me pregunto qué esperamos para desvincularnos de este tribunal.

    La Corte le conservó a la PGN la posibilidad de investigar y “sancionar” a funcionarios, pero en el caso de los elegidos el proceso se debe duplicar por completo ante la jurisdicción contenciosa. Ya podemos imaginarnos lo que pasará cuando la sola acción de la PGN ya es francamente deplorable. En 2021, de 79.700 quejas evaluadas tan solo se produjo fallo condenatorio en 921, y de estos, el 50 % fueron revocados. En 2022, de 54.724 quejas presentadas, ya van más de la mitad archivadas o con fallo inhibitorio o prescritas. Una burla. A esto hay que sumar que con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio los conceptos de la PGN ya no son obligatorios en los procesos penales y es claro que cada vez más el derecho disciplinario está subsumido en el derecho penal.

    La PGN se ha quedado prácticamente sin funciones, pero sí con 4.125 empleados que nos cuestan al año un billón cuarenta y cuatro mil millones. Me pregunto si no será mejor trasladar este ejército de servidores a la jurisdicción contenciosa, si según el fallo es esta la realmente competente para sancionar a todos aquellos elegidos popularmente.

    Sabe la opinión pública que pocas veces coincido con el actual gobierno, pero en este caso pienso que lo mejor es que estas investigaciones y procesos pasen directamente a la jurisdicción aprovechando, además, que la sentencia exhorta al Congreso a hacer una adecuación normativa e institucional sobre la materia. La propuesta sería eliminar la PGN y trasladar sus funcionarios a la Rama jurisdiccional. De no ser posible convertir a la PGN en un ente investigador y acusador.

    Con este fallo “componedor” se incrementarán, si ello es posible, los niveles actuales de impunidad. En materia de sanciones a “elegidos” la celeridad en las decisiones es definitiva. En la mayoría de las ocasiones estas llegan cuando han terminado ya los periodos y por supuesto su efecto es nulo. Puede parecer contradictorio, pero ante la situación hubiera sido mejor aplicar integralmente y sin ambages el fallo de la CIDH y salirnos sin demora de esa jurisdicción, a la que nunca hemos debido pertenecer.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1693323073896{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    20 de agosto 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-procuraduria-inocua-797860[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Recurso de súplica

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1692026947456{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Se encuentran pendientes de decisión al menos cuatro temas claves que ameritan ser priorizados.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1692026824379{margin-bottom: 0px !important;}»]La Rama jurisdiccional será la última talanquera que salvaguarde el Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos. Así pensamos algunos y así también lo sienten y expresan los magistrados de las altas cortes.

    El Consejo de Estado ha dado reciente y oportunamente muestras de ello con la suspensión del decreto en materia de regulación de los servicios públicos. Y el freno a las megapensiones, para citar solo algunos asuntos relevantes.

    Pero a quien corresponde la última y definitiva guarda de la Constitución, las leyes y la institucionalidad es a la Corte Constitucional. Su tradicional seriedad y ponderación le han valido desde su creación el mayor prestigio y respeto de la ciudadanía. Pero creo que todos coincidimos en que tan importante es el contenido de los fallos como su oportunidad. Por eso no puedo dejar de recordar que se encuentran pendientes de decisión al menos cuatro temas claves con efectos sobre la paz, la seguridad y la economía, que ameritan ser priorizados.

    Cursan 5 demandas ya admitidas de las 8 presentadas contra la ley de la Paz Total. Sobre la primera demanda, la Corte resolvió declararse inhibida para tomar una decisión de fondo, con el argumento de que no reunía los requisitos legales, en donde, a propósito, pienso que sería grave que la acción pública de inconstitucionalidad se convierta en una especie de casación, llena de procedimientos y requisitos de admisibilidad. Continuamos a la espera de las demás decisiones frente a las restantes demandas.

    Entretanto, creo yo, se han estado violando principios como el deber del Estado de investigar y juzgar las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y el derecho a la administración de justicia. Hoy sigue vigente, por ejemplo, la norma de carácter vinculante que permite acuerdos parciales con organizaciones criminales a ser aplicados sin ir al Congreso. Ante la falta de decisiones de la Corte, han entrado en vigencia asuntos en extremo delicados y en ocasiones ajenos al conflicto.

    En el ámbito económico, más de 56 demandas se han presentado –37 admitidas– contra la reforma tributaria sancionada el año pasado. En mi criterio, tienen mucha razón los demandantes cuando alegan la violación del principio de unidad de materia, del derecho a la igualdad y de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica. También en este tema urge pronto pronunciamiento de la Corte, máxime cuando sus efectos ya se están produciendo: en abril se cobró la primera cuota del antitécnico y confiscatorio impuesto de patrimonio, y en septiembre se aplicará la segunda. De resaltar que, al contrario de lo ocurrido en leyes anteriores y también a la jurisprudencia de la propia Corte, ahora este tributo será permanente, al igual que muchos impuestos demandados que ya entraron en vigencia.

    Ocurre igual con las 25 demandas presentadas –9 admitidas– contra el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia potencia mundial de la vida’, tanto por vicios de trámite como de fondo. Creo que aciertan los demandantes cuando alegan la falta de unidad de materia (la tradicional colcha de retazos), la inclusión de disposiciones en el último minuto sin haber sido discutidas y votadas en los 4 debates reglamentarios, la falta de publicidad y la consecutividad en su trámite.

    Y ya se están expidiendo los decretos reglamentarios de la polémica y a mi modo de ver inconstitucional emergencia económica para atender la para nada imprevisible situación de La Guajira. Todos los decretos entrarán a aplicarse. El fallo, cuando salga, puede ser extemporáneo frente a hechos ya creados.

    Celebré enormemente cuando la Corte anunció que hacia el futuro podría tomar medidas cautelares suspendiendo la entrada en vigencia de normas abiertamente inconstitucionales. Muy útil y eficaz instrumento que ojalá se estrenara pronto.

    El país conoce el cúmulo de tutelas, en su gran mayoría relacionadas con la salud, la atención a los migrantes, el hacinamiento carcelario, etc., que congestionan el trabajo de la Corte. Son todas importantes, pero es crucial que se prioricen las decisiones con impacto sobre nuestra institucionalidad y el conjunto de la sociedad en semejantes asuntos de tanto interés nacional.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1692026870048{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    13 de agosto 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-recurso-de-suplica-795670[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Infierno

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1692026181493{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Los ciudadanos están agobiados por el crimen y exigen respuestas contundentes de la autoridad.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1692026230829{margin-bottom: 0px !important;}»]Muchas veces desde este espacio me he referido al tema de la seguridad ciudadana. ‘Alerta Bogotá’, ‘Sitiados por el hampa’, ‘Ciudad gótica’ son algunas de mis columnas, pero la situación es hoy de tales proporciones que ‘Infierno’ es lo que se me ocurre más descriptivo.

    Con el inicio de las campañas políticas regionales y locales han comenzado a conocerse las principales propuestas programáticas de los candidatos. Llama la atención, aunque para nada sorprende, que la seguridad ocupe el primer lugar entre las prioridades. Ya se trate de ciudades capitales o de regiones apartadas, la situación es similar: los ciudadanos están agobiados por el crimen y exigen respuestas contundentes de la autoridad.

    Las cifras conocidas nos confirman que la situación es muy similar a la que se presentaba en la campaña electoral de hace 4 años, cuando se eligió a la actual alcaldesa Claudia López, anunciando que ella sería “la jefa de la Policía que haría temblar a los delincuentes”.

    En su programa de gobierno destacaban como prioridades “desmantelar las ollas y las bandas criminales”, “reducir el atraco, con especial énfasis en los sistemas de transporte” y “asegurar la convivencia tranquila en los barrios”. Acompañó estas prioridades con efectistas anuncios como aquel de “si el crimen no duerme, la seguridad y la justicia tampoco” y “presencia policial, inteligencia y justicia 24/7”. Anunció que se pondría en marcha un modelo de seguridad oportuno e inteligente, que se duplicarían las unidades de reacción inmediata, que crearían 5 centros de seguridad y justicia, que se controlarían las entradas y salidas de Bogotá, que se atacarían especialmente las redes de robo de celulares y bicicletas, que se mejoraría la iluminación en parques y vías. También se comprometió a aumentar 2.000 policías por turno y a introducir tecnología, análisis de datos, cámaras y vehículos para facilitar el actuar de la Policía.

    Muy poco o nada de todo esto se hizo, pero a medida que el delito se tomaba la ciudad se multiplicaron los anuncios. Ya se acabó la imaginación. No saben qué más proponer. Que crear un equipo especial contra el multicrimen, que solicitar a Venezuela que intervenga el temible ‘Tren de Aragua’, que crear nuevos equipos para combatir el lavado y nuevos comandos para el TransMilenio, el comando púrpura, el de Corabastos, que 5 generales para la ciudad, reingeniería a los CAI, cuadrantes móviles, el empadronamiento, el escudo de seguridad a cargo de la 13.ª Brigada. Y los programas: ‘Soy joven y estoy contigo’, ‘Juntos cuidemos a Bogotá’, ‘Barrismo’, ‘Pactos de acción colectiva’. Y luego, las reformas constitucionales y legales del Código Nacional de Policía y la creación de las policías locales.

    Pero aquí todo se quedó en anuncios, puro bla-bla-bla. Las cifras no pueden ser peores. Los homicidios han crecido más de un 10 %, entre enero y junio ya van 532. Ya llevamos 57.000 hurtos denunciados en 6 meses, la mayoría con arma de fuego. El hurto a residencias ha crecido en más de un 30 %; la extorsión, en 59 %, y las riñas ya pasaron de 400.000.

    El 80 % de los bogotanos señalan en las encuestas que la prioridad del próximo alcalde no puede ser otra que recuperar la seguridad. Pero la gente ya está aburrida de tanto anuncio, de tanta promesa incumplida, de tan pocos o nulos resultados. Empiezo a escuchar a los candidatos con las mismas propuestas fracasadas. La que me llamó más la atención, por lo novedosa, fue la del batimóvil. A juzgar por esta, creo que tocamos fondo en todo sentido.

    Con esta nota he querido recoger muchas de las tonterías que se han propuesto, la mayoría con fracasos demostrados. Por eso, mi invitación es a mirar con cuidado los programas de los candidatos, escucharlos en los debates y presentaciones para asegurarnos de que votemos por la persona que más garantías nos ofrezca, que encarne mejor la solución al problema más grave que enfrenta y enfrentará la ciudad en los próximos años. En esta materia sencillamente no podemos equivocarnos.

    P. D. Recuerdo a mis lectores que esta columna se cierra los viernes en la mañana. Sobre la tormenta política y judicial que se ha desatado a raíz de las declaraciones del señor Nicolás Petro me resisto a opinar en caliente, salvo para decir que la situación debe conducirse dentro del marco de la institucionalidad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1692026265308{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    06 de agosto 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-infierno-793566[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Nada de nada

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1690820287451{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Quién en estas condiciones de incertidumbre va a tomar alguna decisión de invertir?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1690820312651{margin-bottom: 0px !important;}»]Está claro que a este gobierno no le interesa en absoluto el sector de la infraestructura. Ha pasado un año y no ha licitado ninguna obra o concesión. Y lo peor, tampoco le interesa terminar las ya iniciadas y ni siquiera recibir las que le están proponiendo ser devueltas y dar por terminados los contratos anticipadamente. Mejor dicho, nada de nada.

    Con la populista e irresponsable decisión de inicios de año de no permitir indexar el valor de los peajes, se puso una carga de profundidad a todo el sector que ya ha entablado, como es natural, demandas por este y otros conceptos por valor de 7 billones de pesos contra la Nación. Destaco la estratégica ruta Caribe 2, que está en riesgo de colapsar, y otra, la concesión Ibagué-Cajamarca, doble calzada que ya lleva un año paralizada y en proceso de devolución, como varias más.

    A través de la congelación de peajes, en enero se modificaron unilateralmente los contratos de concesión cuya principal fuente de pago es, precisamente, el recaudo de peajes y, en el caso de las IPP, su única fuente de ingresos. El costo anual de esta medida, decretada por el charlatán exministro Reyes, asciende, solo este año, a 1 billón de pesos. A la fecha, ningún concesionario ha sido compensado como se prometió en su momento y nadie sabe a estas alturas cuándo ocurrirá.

    El actual ministro señala que habrá que pensar en aumentar los peajes, pero no se compromete con fechas. Ni hablar de lo que ocurrirá el próximo año cuando me temo que tampoco autorizarán los aumentos pactados contractualmente. A propósito, en nada quedó el otro anuncio de Reyes en el sentido de cobrar valorización para compensar el faltante.

    Pero nada supera la ocurrencia del ministro Camargo cuando señaló que los recursos de la infraestructura quedarían mejor invertidos en colegios y saneamiento básico. Con ministros que no valoran ni defienden sus carteras no se puede esperar nada.

    El 30 de octubre de 2022 venció el plazo para implementar la interoperabilidad de los peajes electrónicos. Y como en todo, se anuncian multas y sanciones, pero lo cierto es que a hoy el sistema no funciona. A este crudo panorama se suman los bloqueos y manifestación en las carreteras, en promedio tres diarios, que paralizan la movilidad y encarecen los costos de transporte, pero tampoco nada se hace porque aquí todo se volvió diálogo, chantaje y extorsión.

    Transcurridos ya siete meses de este año, la ejecución presupuestal del rubro inversiones de todo el sector transporte alcanza un muy decepcionante 11,21 % (1,16 billones contra 10,37 billones apropiados). Particularmente el Invías tiene una ejecución presupuestal del 22,75 %. La Aerocivil va en 7,94 % y la peor librada es la ANI, que tiene ejecutado el 2,39 %. Estos datos confirman que las obras poco o nada les interesan.

    El de infraestructura es uno más de los sectores paralizados por la mano pesada e irresponsable de este gobierno. Pasarán tres años sin que avancemos en conectividad del país. Porque ¿quién en estas condiciones de incertidumbre va a tomar alguna decisión de invertir? Vaticino, con profunda preocupación, que hasta el final de este gobierno no habrá más concesiones en carreteras, aeropuertos, puertos o ferrocarriles. Tampoco se construirá ningún proyecto relevante de obra pública y presagio que el compromiso de avanzar en red terciaria con la modalidad de acudir a las juntas de acción comunal tampoco fructificará.

    Y si por el país llueve, por Bogotá no escampa. Cómo explicar que de 16 obras que pagamos por valorización, y ya transcurridos cinco años, no se haya entregado sino una. Las demás presentan atrasos considerables o están abandonadas. Una burla a la ciudadanía que se suma a la incertidumbre creada en torno a la primera línea del metro tras las declaraciones de Petro en el sentido de que existe un acuerdo secreto con la alcaldesa, el bautizado como pacto de la Orinoquia, que contempla el probable soterramiento de un tramo sustancial de la obra, con sus implicaciones en costos y tiempo de entrada en operación. Ya es hora de que nos digan la verdad.

    Y ya se avecina el Congreso de la Cámara de Infraestructura. Me pregunto con qué discurso se presentará este año su director. Porque el del año anterior ‘Infraestructura: el camino a la paz total’ no parece que haya motivado en nada al actual gobierno.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1690820355764{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    30 de julio 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-nada-de-nada-791133[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Inicio legislativo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1690820095482{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El Pacto Histórico tratará de imponer su agenda en esta legislatura. Una que viene recargada.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1690820126954{margin-bottom: 0px !important;}»]Después de recibir una llamada muy motivante del expresidente César Gaviria en la que me propuso conformar una nueva coalición de Congreso para la elección de mesas directivas el 20 julio, me animé a extender esa invitación a los partidos Conservador y de ‘la U’. Qué tranquilidad le hubiéramos transmitido al país si esta idea hubiera prosperado con ellos y con los parlamentarios del Centro Democrático. Qué distinto sería todo si desde este jueves esta nueva coalición hubiera asumido el control de las mesas directivas de ambas cámaras y de todas las comisiones constitucionales.

    Lamentablemente, la iniciativa no prosperó. Pudieron más otros intereses ya bien conocidos, comenzando por el deseo inocultable de estos partidos de regresar a la mesa de negociación con el Gobierno, pero ahora más valorizados. Ya se escuchan los anuncios de cambios en el gabinete y en entidades importantes, que es posible reflejen los nuevos acuerdos.

    El Pacto Histórico tratará de imponer su agenda en esta segunda legislatura. Una que viene recargada. Empezando por el muy inconveniente proyecto de reforma de la salud aprobado en primer debate en la Comisión 7.ª de Cámara y que ahora avanzará a la plenaria para luego surtir su trámite en Senado.

    El Gobierno se propone, a toda costa, presionar el trámite de sus reformas laboral y pensional, haciendo caso omiso de todas las alertas expresadas en todos los sectores. Y por supuesto volverán a insistir en la presentación del proyecto de humanización y descongestión de cárceles y aquel del sometimiento de estructuras criminales. Poco importa que el objetivo sea soltar a miles de delincuentes, cuando las ciudades viven el peor momento en materia de seguridad. Es bueno recordar que esa nefasta iniciativa limita el accionar de los jueces al prohibir que se valoren la reincidencia y la peligrosidad de los detenidos a la hora de dictar detención intramural.

    Esta semana se conoció la alarmante información de que del total de detenidos en el último año, el 85 % fueron puestos en libertad. Supongo que también insistirán en la reforma constitucional que autoriza el uso recreativo de drogas.

    Y como si esto no fuera suficiente, desde ahora anuncian que llevarán la modificación a la ley de servicios públicos que, siguiendo la línea ideológica del Gobierno, buscará promover la estatización en la prestación de los servicios y en la propiedad de las empresas.

    Y como si lo anterior fuera menor, van con el proyecto para modificar la Ley 30 o estatuto general del sistema educativo. Es de suponer, como en el caso de la reforma laboral, que esta iniciativa fue elaborada por Fecode para así terminar de “privatizar” la educación en manos de ese sindicato. Y de sobremesa, un Código minero cuyo anuncio no hizo más que generar las mayores preocupaciones, pues incorpora el principio de precaución como norma general, restringiendo toda actividad en el sector. Con este instrumento las reservas temporales se convertirán en permanentes.

    Todo bien delicado. Habrá que estar muy alerta. Pero se presagia lo peor. En los próximos días veremos en qué termina la ronda de negociaciones con los partidos bisagra y cuáles serán los compromisos adquiridos. Pero no me cansaré de advertir que todas estas maromas pasarán su factura de cobro a las colectividades que así procedan, especialmente en las elecciones regionales de octubre.

    Adenda. Finalmente se eligieron las mesas directivas del Congreso, antesala de los acuerdos partidistas. Los acuerdos celebrados hace un año se cumplieron y, como lo anuncié, no fue posible conformar una nueva coalición. En la Cámara el Gobierno impuso al liberal Andrés Calle, que no era el candidato de César Gaviria, asumiendo el control de dicha corporación. En el Senado todo fue diferente. Iván Name derrotó por 4 votos a Angélica Lozano, quién lo creyera, candidata del Pacto Histórico. Ojalá Name honre lo prometido en su campaña: independencia del Gobierno, garantías a la oposición, espíritu crítico frente a las reformas, y no termine negociando la confianza de los 54 senadores de la oposición y los independientes, que en su mayoría votaron contra el Gobierno para quebrar la coalición, objetivo que se consiguió. Porque con todos los anuncios reformadores de Petro, en esta legislatura el país se la juega toda.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1690820144630{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    23 de julio 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-inicio-legislativo-788890[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La otra estrategia

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1689524220731{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    No se puede dejar de administrar y financiar adecuadamente la salud de los colombianos.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1689524261865{margin-bottom: 0px !important;}»]Se ha hecho evidente que la estrategia de aprobación de la reforma de la salud de Petro en el Congreso incluía, en paralelo, la decisión de asfixiar el sistema. Prueba de ello es que existiendo los recursos en el 2022, deliberadamente no los hubieran girado.

    Para garantizar este año el cierre financiero del sistema de salud se necesitaba una adición presupuestal de 10,4 billones de pesos, distribuidos así: 3,1 billones para gastos en salud, 3,4 para cubrir deudas atrasadas y 3,9 para los llamados presupuestos máximos. Esto es, tratamientos y medicamentos que no están en el Plan de Beneficios. De aquí que la adición presupuestal aprobada por un monto de 2 billones de pesos sea absolutamente insuficiente.

    Quedaron faltando 8,4 billones, que de no cubrirse conducirán al marchitamiento del sistema. Ante esta situación el ministro Bonilla solo atina a decir que las EPS exageran. Por favor, ministro. Usted y el Gobierno saben muy bien que el problema es de una gravedad extrema. Hasta la saciedad se ha advertido que el problema parte de un cálculo insuficiente del valor que se reconoce por cada afiliado al sistema o unidad de pago por capitación, pues este se calculó bajo unos supuestos hoy desbordados por la realidad. Por causa de la reforma las personas, con fundado temor, han acudido masivamente al sistema a realizar sus tratamientos o intervenciones. También ha influido el incremento de gastos por lo que se ha denominado el poscovid y, finalmente, la liquidación de varias EPS que ha determinado el traslado de 5 millones de afiliados, cuya atención venía represada. En conclusión, lo que gira el Gobierno es muy inferior a los costos de operación y en consecuencia todas las EPS pierden dinero en su operación. Y además no se les paga oportunamente.

    Como las EPS no reciben los pagos mencionados, a su turno adeudan 23 billones a los prestadores de servicios. Solo a las clínicas, el monto asciende a 14 billones, entre cartera corriente y vencida. ¿Cuándo se atenderá esta deuda? Y más grave aún: ¿quién va a responder por 7 billones de aquellas EPS que con razón se liquidaron?

    Lo que vemos es un desfinancimiento estructural del sistema que ya afecta la viabilidad financiera de las EPS. Tan solo en 2022 acumularon pérdidas por 2,1 billones, lo que conlleva el aumento progresivo de la deuda con los prestadores de este y de estos con los proveedores y el personal. Por eso resulta urgente buscar un nuevo flujo de recursos que no se consiguió incorporar en el presupuesto ni en la adición por falta de voluntad política para buscar una solución.

    Independientemente del modelo que se adopte, ya estamos viendo severas restricciones en la prestación de servicios para la población. Este año todas las EPS seguirán acumulando pérdidas, y finalizado el año me temo que todos los indicadores financieros las colocarán en causal de intervención o liquidación. Se habrá cumplido lo que vaticinaron en tono amenazante, tanto Petro como su ministra Corcho. Y es justo advertir a estas alturas que el ‘Marco fiscal de mediano plazo’, conocido esta semana, inexplicablemente no involucra los recursos que sería necesario adicionar si se aprueba la reforma. Una millonada.

    Está claro que buena parte de la situación es creada por el propio Gobierno. Salta a la vista que están promoviendo la crisis para seguramente decretar una emergencia que les permita implementar a la brava sus reformas y asfixiar el sistema. Si así seguimos, y el Gobierno lo sabe, el sistema de salud del país colapsará este año, con consecuencias impredecibles para el conjunto de la población.

    Las alarmas están puestas, presidente Petro. Estas no son jugarretas de la oposición ni temas planteados por un grupo de arribistas, como usted los llama, que han salido a marchar a las calles. Son las cifras reales de la salud en Colombia. Pero al margen de los debates sobre la reforma, que como en cualquier otra son bienvenidos, no se puede dejar de administrar y financiar adecuadamente la salud de los colombianos. Me gustaría creer que la situación actual no obedece a una decisión deliberada del Gobierno para imponer un sistema totalmente estatista, pero francamente cuesta creer que tanta incompetencia e irresponsabilidad puedan darse sin el propósito de destruir el actual.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1689524357215{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    16 de julio 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-otra-estrategia-786788[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Emergencia Guajira

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1687201036814{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Seamos claros. Este gobierno no tenía ni tiene ningún plan para La Guajira.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1689281151290{margin-bottom: 0px !important;}»]Una cosa tengo clara al término de la improvisada semana del gobierno del cambio en La Guajira: a juzgar por los anuncios y las medidas tomadas, no se necesitaba de ninguna declaratoria de emergencia social y económica. Seamos claros. Este gobierno no tenía ni tiene ningún plan para La Guajira. más de 100.000 familias en estas condiciones lo que confirmaba el éxito del programa.

    Fue tal la improvisación que el decreto de emergencia no se conoció sino al término de la semana y, por supuesto, ninguna norma se expidió al amparo de este, cómo era de esperarse. 33 páginas de endebles motivaciones que, anticipo, no pasarán el examen de la Corte Constitucional. Porque para hacer frente a un fenómeno climático como el de El Niño, que en nuestro país nada tiene de impredecible, no se necesita ninguna declaratoria de emergencia, sino que se pongan a trabajar con los instrumentos con que cuenta todo gobierno. Y como el decreto es similar al expedido en la pandemia, resulta útil precisar que cosa bien distinta fue lo del covid, situación que sí exigió tomar medidas extremas y urgentes, para la que nadie estaba preparado, como bien lo exige el artículo 215 de la Constitución Nacional.

    Pero para adecuar unas fuentes de agua, entregar unas becas, enviar unas cuadrillas de personal sanitario, construir algunas obras de infraestructura o la de capitalizar empresas como Salinas de Manaure o Termoguajira no se necesita una emergencia. Lo que se requería era haber incluido todo este programa en el recién aprobado Plan de Desarrollo e incluir estos recursos en la adición aprobada hace menos de 10 días. Con seguridad la Corte, en su sabiduría, analizará esta inexplicable situación.

    ¿Y qué tal la despachada de Petro contra El Cerrejón? Un proyecto que genera 12.000 empleos, donde el 60 % son guajiros. Que transfirió 3,7 billones en impuestos y regalías en 2022, más inversiones por otros 130.000 millones en proyectos voluntarios. Solo falta que también quieran frenar la iniciativa de siembra de 580.000 árboles ubicados entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada. Nadie los entiende.

    Cómo no preguntarse por qué no se declaró la emergencia a nivel nacional. ¿Será que estos mismos problemas no los tenemos, y peores, en el Chocó, Nariño o el Cauca, para citar algunos ejemplos? ¿O será que la idea es darnos la misma dosis al granel, en medio de esta campaña, en todos los departamentos, y este de La Guajira era el piloto? ¿Será que la Corte va a comprar la peregrina idea de que con la emergencia se va a solucionar el problema del cambio climático en la región y que, al decir de Petro, con estas medidas hasta ahora desconocidas se podrá salvar, ya no al pueblo guajiro sino a la humanidad toda?

    Si el problema de fondo es la falta del recurso agua, se debería aprovechar la emergencia para crear la Agencia Nacional del Agua, como lo propuse en su momento. Pero ¿por qué un instituto y de alcance regional? Que nos expliquen.

    ¿Y qué tal el famoso pacto para la transición energética justa? Ahí también se les fueron las luces. Al amparo de ese documento igualmente improvisado no se instalará ni un kilovatio de energía renovable en La Guajira. Por el contrario, mucho me temo que las empresas con proyectos asignados ahora sí terminarán de empacar y abandonar la región para buscar otros territorios en donde su desarrollo sea posible. Después de los anuncios presidenciales sobre la nueva asociatividad obligatoria con las comunidades wayús, nadie, excepto el propio Estado, como le gusta a Petro, se aventurará a hacer inversiones en la zona. Tal vez eso sea precisamente lo que quiere este gobierno. Todo estatal, todo público. Desde ahora invito a hacer seguimiento al proyecto Colectora, que dizque se “destrabó” en el marco de la visita. El proceso de licenciamiento apenas ahora comienza, y nadie sabe a ciencia cierta si culminará algún día. Tengo muchas reservas.

    La Corte Constitucional tendrá que preguntarse cuáles son, en realidad, los hechos sobrevinientes cuando desde octubre del año pasado se viene advirtiendo de la llegada del fenómeno de El Niño y nada se había hecho, ni siquiera en la adición presupuestal de final de junio. Yo creo que la Corte no puede cambiar, ante semejante despliegue de improvisación y politiquería, su jurisprudencia frente a estos regímenes de excepción.

    Porque es previsible que esta no sea la última emergencia y que se adopte esta modalidad de gobierno como permanente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1687201074178{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    09 de julio 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-emergencia-guajira-784539[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Oídos sordos

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1687201036814{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Le recuerdo al Gobierno que el déficit de vivienda asciende a más 5,2 millones de soluciones.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1689281151290{margin-bottom: 0px !important;}»]Muchas veces, desde este espacio, he advertido sobre la crisis en el sector de la construcción y particularmente en los temas de vivienda. Preocupado, le comenté personalmente a la actual ministra sobre la conveniencia de revivir el programa de vivienda gratuita para atender a ese segmento de la población por debajo de la línea de pobreza absoluta sin ningún ingreso ni capacidad de asumir obligaciones de crédito. En otras palabras, aquellas familias que jamás en su vida podrían soñar tener una vivienda. Le recordé que en el pasado habíamos sido capaces de dar vivienda gratuita a más de 100.000 familias en estas condiciones lo que confirmaba el éxito del programa.

    También le insistí a la ministra que no dieran por terminado el subsidio a la tasa de interés para los créditos de vivienda del segmento de ingresos de la clase media. Tampoco me hizo caso, y lo desmontaron desde septiembre. Pero principalmente abogué por el programa Mi Casa Ya, que permite que familias con ingresos entre uno y cuatros salarios mínimos obtengan un subsidio directo para la compra de su casa.

    Hoy, el sector enfrenta una profunda crisis, la mayor que yo recuerde y con efectos desastrosos no solo para la vivienda, sino para el empleo y el ingreso de las familias más vulnerables. Veamos: las ventas de vivienda se han reducido en un 70 %, y las de vivienda de interés social, en un 80 %. Solo entre enero y mayo de este año 64.000 hogares han dejado de comprar vivienda en Colombia. Es como si todo el mercado de Bogotá hubiera desaparecido. En Medellín, Cali, Cartagena y Montería se registran caídas de las ventas superiores al 90 %. A la caída de las ventas se suman los desistimientos, es decir, las personas que renuncian a la compra de su vivienda dado que ya no cuentan con las condiciones para finalizar el negocio porque no recibieron el subsidio, y también porque cuando compraron la tasa del crédito hipotecario era del 8 % y hoy está en el 18 %. En lo corrido de 2023, las renuncias de hogares que compraron viviendas de interés social crecieron un 157 %, en solo 5 meses.

    Lo más grave, a mi modo de ver, es que el Gobierno parece no entender la dimensión ni la complejidad del problema, que va mucho más allá de las ventas. Entre enero y mayo, por ejemplo, Camacol registró que se perdieron 44.000 empleos. En lo corrido del año se han cancelado 55 proyectos VIS y el porcentaje de proyectos abortados ha crecido en un 57 %. A esto se suman cerca de 40.000 viviendas de interés social que han venido aplazando la fecha de inicio de obra porque, hay que decirlo, los empresarios ya no le creen al Gobierno Nacional.

    Las cuentas son muy simples: al programa Mi Casa Ya dejaron de asignarse subsidios desde octubre de 2022, y a partir de esa fecha se vienen acumulando hogares que habían realizado el proceso comercial para la compra de su vivienda y estaban contando con el subsidio para lograr el cierre del negocio. Estos hogares necesitan de los dos subsidios que componen Mi Casa Ya. El subsidio a la cuota inicial, que puede ser de hasta $ 34’800.000, y el subsidio a la tasa de interés, que permite reducir el valor mensual de la cuota del crédito en hasta un 30 %. Con corte a mayo, un total de 52.000 hogares, que tenían expectativa legítima de acceso, siguen esperando el desembolso de los recursos para poder escriturar.

    No se puede negar que en la adición presupuestal se hizo un esfuerzo importante por adicionar recursos al programa por valor de un billón de pesos. Sin embargo, este compromiso solo servirá para cubrir la cola de hogares que esperan un subsidio desde hace cerca de 10 meses y a lo sumo servirán para cubrir lo que ya está terminado o en obra, pero no van a permitir que se emprendan nuevos proyectos y todo se frenará. Está claro que el Ministerio hizo mal las cuentas o que no tuvieron la voluntad política de dotar el programa de los recursos necesarios para reactivar el sector.

    Le recuerdo al Gobierno que el déficit de vivienda urbana y rural asciende a más 5,2 millones de soluciones, que este sector genera 1,65 millones de empleos, o sea, más del 7 % del empleo nacional, y registra ventas superiores a los 45 billones. Si en algo debieran concentrase es en este sector que como ningún otro contribuye a superar los niveles de pobreza, a generar bienestar, empleo y dinamizar el crecimiento.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1687201074178{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    02 de julio 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-oidos-sordos-782656[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A marchar

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1687201036814{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    No se puede desfallecer en acudir a este mecanismo democrático.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1689281151290{margin-bottom: 0px !important;}»]Terminó el primer año de la legislatura este 20 de junio, en medio de multitudinarias marchas con miles y miles de ciudadanos que salieron a las calles a expresar su rechazo al paquete de reformas del gobierno del cambio. A manifestar su preocupación por el camino incierto que hemos tomado, por las políticas públicas del Presidente y por sus permanentes y desafiantes anuncios en momentos en que el país sufre los impactos de la recesión, la inflación, el desempleo y la parálisis del sector productivo.

    El pasado 20 no marcharon ni la CUT, ni Fecode, ni la USO ni la dirigencia sindical experta en protestar y movilizar a sus afiliados en pro de sus reivindicaciones y demandas desmedidas. Tampoco vimos a funcionarios públicos, a profesores y estudiantes del Sena. Los que sí caminaron fueron centenares de miles de personas que en forma libre y espontánea salieron a confirmar lo que ya indicaban las encuestas: que la gran mayoría de colombianos desaprueban la gestión de este gobierno y no comparten el rumbo que está tomando el país.

    Miles de ciudadanos salieron a expresar que no creen que la reforma de la salud vaya a mejorar nada, que no quieren que se acaben las EPS, ni el sistema de aseguramiento ni la libre elección del paciente. Que son conscientes de que esta reforma constituye un retroceso de 30 años y que no quieren someterse a un sistema totalmente estatizado y politizado.

    Salieron también a decir que la reforma laboral solo privilegia a menos del 5 % de trabajadores sindicalizados, que esa propuesta no les sirve a los más de 10 millones de colombianos que trabajan en la informalidad y a los 4 millones que se encuentran desempleados. Y también a oponerse a los cambios propuestos al régimen de pensiones, pues aparte de ser insostenibles convertirán sus ahorros de toda una vida en plata de bolsillo del Gobierno.

    También salieron a manifestar su rechazo al proyecto de ley de sometimiento y al de política criminal y penitenciaria que pondrá en la calle a miles de delincuentes, comenzando por los de la temible primera línea, que ahora reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la campaña electoral.

    Se movilizaron en contra de la aprobación del consumo de drogas recreativas que rechaza el 90 % de las familias colombianas. Gracias a esta manifestación ciudadana se hundió en último debate este proyecto en la noche del mismo día 20. De tal forma que el proyecto del “cacho” le vino a hacer compañía al también hundido, en buena hora, de la reforma política, con la cual pretendían cooptar a los partidos de oposición. Era tan vergonzosa la iniciativa que al final todos negaron la paternidad de esta.

    También se cayó la creación de una nueva sala en la Corte Suprema en la cual el Gobierno pretendía designar a todos los nuevos magistrados con el propósito último de alterar las mayorías dentro de esta. Igualmente, se negó la creación de una nueva corte rural y agraria.

    ¿Que si las marchas tienen consecuencias políticas? Claro, y muy importantes. Todo indica que pesaron mucho en el hundimiento de todos estos nefastos proyectos. Los congresistas no fueron indiferentes ante esta expresión ciudadana, sobre todo ‘ad portas’ de unas elecciones. Por eso no se puede desfallecer en acudir a este mecanismo democrático. Nos alienta saber que las marchas cada día serán más concurridas y más informadas, y ojalá así ocurra por el bien de nuestra democracia, de la independencia de poderes y del Estado de derecho. Aquí nadie puede ser un testigo indiferente.

    Como ya es natural, el Gobierno salió a desconocerlas y minimizarlas, por no decir despreciarlas. Pero ya veremos en las elecciones de octubre si seguirán pensando lo mismo cuando este rechazo masivo se exprese ya no en las calles, sino en las urnas.

    Por lo pronto, la prueba de que las marchas sí les preocuparon es que prefirieron limitar la convocatoria a extras a la adición presupuestal y a un tema de asambleas departamentales. El ambiente político, lo sabe Petro muy bien, no está para volver a exponer ahora sus impopulares reformas a una derrota anunciada. Presentarán nuevamente el paquetazo en julio. Su soberbia les impide escuchar el clamor ciudadano. Pero se van a encontrar cada vez más solos, mucho más de lo que imaginan. Y como cada día trae su afán, ya veremos en qué quedan todas estas amenazas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1687201074178{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    25 de junio 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-a-marchar-780601[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Eln 1 – Colombia 0

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1687201036814{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Con este grupo la consigna es que cada acuerdo, desde que esté firmado, adquiere fuerza vinculante.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1687201134774{margin-bottom: 0px !important;}»]Me aparto de aquellos que han pretendido hacer motivo de alegres festejos la firma del cese del fuego con el Eln. No es mucho lo que se puede decir, aparte de que esta agrupación guerrillera sale muy fortalecida de este. El Gobierno se ha comprometido una vez más a no perseguirlos en cualquier parte del territorio nacional, incluidas las grandes ciudades, e incluso a suspender cualquier labor de inteligencia.

    Y por el lado del Eln, nada de nada. Se acordó un cese del fuego a la medida de sus necesidades, es decir, muy distinto al cese improvisado y fallido del mes de diciembre. En todo caso, no un cese de hostilidades como el país hubiera esperado. Por lo tanto, continuarán las agresiones a la sociedad civil, los secuestros, las extorsiones, los atentados a la infraestructura y, por supuesto, todas las actividades relativas al negocio del narcotráfico. En todo esto podrán seguir actuando a sus anchas, como lo hicieron esta semana al secuestrar a Jenifer Arboleda, esposa de un teniente, y al conductor del vehículo en Arauquita. Porque está claro que nada se ha pactado en relación con el financiamiento de las actividades del grupo insurgente, como bien lo ha advertido ‘Pablo Beltrán’ en su calidad de negociador.

    Y como a las cosas hay que llamarlas por su nombre, lo que creo es que al Eln le tiene sin cuidado esto del cese del fuego y sobre todo la amenaza de ser perseguidos por la Fuerza Pública. Al respecto vale la pena recordar las palabras de Petro cuando amenazó con pedir a Venezuela una mayor coordinación para enfrentarlos, porque la realidad es que en el país vecino se encuentran muy bien protegidos sus mandos y cuadros principales.

    De lo verdaderamente relevante nada se ha dicho, y son muchos los interrogantes que van quedando en el camino. Comencemos por decir que, a diferencia del proceso con las Farc, aquí nadie sabe qué es lo que se va a negociar. Lo que sí se sabe es que este grupo no tiene pretensión de integrarse a la vida civil, ni hacerse elegir con sus propuestas de cambio en el escenario democrático, ni siquiera hacer entrega de las armas.

    Entonces los cambios estructurales en lo político, económico y social, en los que no tengo duda coinciden Petro y la dirigencia del Eln, tendrán que ser discutidos y aprobados en otros escenarios de participación de la sociedad civil. ¿Serán esos los que Petro llama Asambleas Populares? ¿Será el Gran Consejo Nacional? ¿Una especie de asamblea nacional constituyente espuria? ¿Se convocará un plebiscito o estará prevista la participación del Congreso de la República a través de una ley o acto legislativo? Nada se sabe, pero la preocupación es enorme sobre el mecanismo para refrendarlos.

    ¿Será que el Gobierno está pensando, ante el fracaso de su agenda legislativa, que los diálogos con el Eln se pueden convertir en el camino para hacer aprobar su paquete de reformas? No me extrañaría, pues con este grupo la consigna es que cada acuerdo, desde que esté firmado por las partes, ya adquiere fuerza vinculante y, me imagino, no solo entre las comisiones negociadoras sino frente al país. Es pertinente recordar que en los pasados diálogos con el Eln, en Quito, este grupo insistió en que las consultas con la sociedad civil son vinculantes. Esta idea también la ha usado Petro con ocasión de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y en sus dos provocadores balconazos.

    Tengo la convicción de que con el Eln no se adelantará ninguna negociación de fondo. Lo que se intentará pactar será el sometimiento de la nación colombiana a la voluntad coincidente de este grupo armado y del Pacto Histórico sobre el futuro del país. Por eso Petro anunció en campaña que esta negociación duraría dos meses, pero, no satisfecho con este primer fracaso, ahora vuelve a decir que en 2025 todo estará concluido. Más tardó en decirlo que ‘Antonio García’ en desmentirlo, al afirmar que en 2025 la guerra no habrá terminado y que el fin del conflicto ni siquiera se ha abordado en la mesa.

    La sola imagen del presidente Petro junto a su colega Antonio García decidiendo por sí y ante sí la suerte de 50 millones de colombianos bajo la mirada cómplice del señor Díaz-Canel tiene que ser suficiente para que exijamos claridad y transparencia en todo este proceso y ante todo que cualquier reforma sea aprobada en democracia, como lo ordena la Constitución Nacional.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1687201074178{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    18 de junio 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-eln-1-colombia-0-778674[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]