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  • Y ahora, pensiones

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1680557482374{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    En aras de avanzar en la discusión, propongo 5 modificaciones a la propuesta gubernamental.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1680557549445{margin-bottom: 0px !important;}»]Desde hace muchos años he expresado públicamente mi preocupación por establecer en el país un sistema de pensiones que cubra al universo de nuestra población, al tiempo que sea sostenible en términos de su financiamiento, tanto público como privado. Yo creo que un sistema con estas características es posible, pero al revisar la propuesta del Gobierno observo que por razones ideológicas y por necesidades fiscales de corto plazo podría estar engendrando un monstruo cuyas consecuencias en el mediano y largo plazo serían devastadoras para las finanzas públicas y para los propios pensionados.

    Sea lo primero decir que la reforma propuesta acabará con el mercado de capitales, pues al transferir el 80 % de las cotizaciones al Estado, el régimen de ahorro individual queda privado de manera grave de recursos frescos para invertir, hasta el punto de que pueda llegar a no ser atractivo para los actuales administradores. Vamos a borrar 30 años de fortalecimiento de un mercado que ha permitido hacer el cierre financiero de proyectos de infraestructura, financiar los sistemas de transporte masivo y a muchas empresas del sector privado. El mercado de capitales ha aportado entre 10 y 12 billones por año a la financiación de la economía, cifra que se perdería con esta reforma.

    Se afectarán de manera grave el ahorro nacional y la inversión del país, pues se reemplazará un sistema que ahorra por uno que gasta, pues, entre otras razones, se permite pagar los subsidios del pilar semicontributivo con estos recursos. Aun si el Gobierno ahorrara todo el dinero que recibe en exceso, que no lo creo, surge la pregunta de cómo se van a gestionar e invertir estos recursos. Nada de esto está claro en el proyecto de ley, pero es inocultable el riesgo de politización y corrupción asociado a la gestión de un portafolio de este tamaño en cabeza del Estado.

    Lo más preocupante es que aumentarán la deuda del Estado y las contingencias asumidas por este, pues por definición los sistemas pensionales de reparto están desequilibrados y son insostenibles ante la transición demográfica, ya que cada día hay menos cotizantes por pensionado. A ello se suma el agravante del componente de subsidio, que se multiplica por tres en la reforma y desde el primer año habrá que disponer de 42 billones adicionales, más de dos reformas tributarias, para un total de 90,6 billones anuales.

    Pero no todo es malo. Lo mejor, la ampliación y formalización del pilar solidario que remplazaría el programa Colombia Mayor y otorga un derecho a las personas mayores de 65 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, por valor de 230.000 pesos mensuales. En estricto sentido, este no es un elemento del sistema pensional sino un programa de política pública y que, de hecho, se propone financiar con recursos del Presupuesto General de la Nación y no con recursos del sistema pensional, lo cual es correcto.

    También es positivo que se unifique el sistema. Esto permitirá que todas las personas en igualdad de condiciones tengan una pensión igual y es mucho más sencillo para el usuario, pues no tiene que entender cuál sistema le conviene más. Y también, muy positivo, que se eliminen los subsidios a las pensiones altas.

    En aras de avanzar en la discusión, propongo 5 modificaciones a la propuesta gubernamental, que en mi opinión permitirían aprobar una reforma pensional responsable, posible y que le sirva al país.

    1. El pilar de reparto se debe limitar a las contribuciones que arrojen una pensión garantizada de 1 s. m. l. v. y eliminar los subsidios a las pensiones que superen ese umbral.

    2. Unificar en 1.300 semanas el tiempo para acceder al subsidio de pensión de 1 s. m. l. v.

    3. Mantener la libertad de elección para todos los afiliados entre las AFP y Colpensiones en su componente del primer pilar contributivo. Dado que el subsidio de pensión mínima se podría preservar en ambos.

    4. Las contribuciones de los nuevos afiliados que escojan a Colpensiones deben ahorrarse en su totalidad, y los recursos se deben invertir con reglas de juego claras.

    5. Adoptar los pilares solidario y semicontributivo, pero con cargo al Presupuesto General de la Nación y no financiarlos con las contribuciones de los afiliados al sistema de pensiones.

    Sin estos cambios sería preferible establecer el pilar solidario acordado y desechar el resto de la irresponsable reforma.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1680557591116{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    2 de abril 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-y-ahora-pensiones-755803[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Una luz de esperanza

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1680290520811{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Ojalá las plenarias nieguen también la facultad de ampliar subsidios y dar trasferencias sin límite.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1680290544854{margin-bottom: 0px !important;}»]Dos noticias muy positivas para nuestra institucionalidad y nuestra democracia recibimos esta semana por cuenta del Congreso de la República: el vergonzante entierro de la pretendida reforma política del Gobierno y la no aprobación en comisiones conjuntas de las 14 facultades extraordinarias contenidas en el proyecto del Plan de Desarrollo.

    Comienzo por decir sobre estas últimas que jamás gobierno alguno se había atrevido a presentar al Congreso tal cúmulo de solicitud de facultades para legislar por decreto. Qué cinismo y, sobre todo, qué confianza la que creyó tener en sus capacidades para arrodillar al Congreso. Habrá que estar atento a lo que ocurra en plenarias, pues con seguridad el Gobierno insistirá en lo que para muchos constituye el verdadero corazón del plan, pues de ser aprobada esta grosera e inédita propuesta, el Ejecutivo no tendría que regresar al Congreso con ninguna iniciativa a partir de junio ni en todo el periodo para el cual fue elegido.

    Lo cierto es que a este gobierno no le gusta debatir, y mucho menos concertar sus propuestas. A toda iniciativa le envían mensaje de urgencia, abusando de este excepcional recurso e impidiendo el análisis ponderado que debe darse a todo proyecto. Su intención es tramitar todo a las carreras. Es el estilo de esta dirigencia del Pacto Histórico que se impone desde las Mesas Directivas del Congreso. Todo lo pretenden aprobar en el primer año, pues saben que a partir de julio, como van las cosas en todos los frentes, el clima de opinión les será muy desfavorable y los frágiles acuerdos con la coalición se habrán hecho pedazos, como ya se evidencia.

    En el caso particular del Plan de Desarrollo, el miércoles se votaron 300 artículos en bloque sin un solo minuto de discusión. Las proposiciones que pretendían abrir el debate sobre muchos temas delicados y polémicos no fueron acogidas, y sus autores tuvieron que conformarse con dejarlas como constancias. Cuando todo lo dábamos por perdido, sorprendentemente el jueves las cosas cambiaron y para sorpresa del Gobierno las comisiones decidieron negar las facultades solicitadas para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Especiales, una especie de CIA criolla que se pretendía poner en cabeza del enigmático señor Saúl Kattan, a quien se lo vio en el Congreso tratando de salvar a última hora la iniciativa. También se negaron las facultades para crear la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, la que autorizaba estructurar el grupo empresarial del sector eléctrico, la que permitía reorganizar todos los fondos estatales y crear uno nuevo, el fondo de la igualdad, un fondo sin fondo para la Vicepresidenta y, la más importante, la que daba facultades para reorganizar toda la rama del Poder Ejecutivo sin limitación alguna.

    Ojalá las plenarias nieguen también la facultad de ampliar subsidios y dar trasferencias sin límite a vastos sectores de la población, ya que esta herramienta no puede otorgarse a un gobierno populista, derrochón e irresponsable. Hay que tener mucho cuidado con esta peligrosa práctica, pues el Gobierno también ha solicitado facultades extraordinarias para hacer lo que le venga en gana en los proyectos de reforma de la salud, laboral-sindical, pensional, paz total, desmantelamiento de estructuras armadas y sistema carcelario, y lo propio hará con seguridad en cada proyecto que presente.

    Fui el primero en advertir sobre la inconveniencia de la reforma política que ahora el Gobierno pretende desconocer, habiendo hecho hasta lo imposible por salvarla. Hay que celebrar que los parlamentarios no vayan a ocupar ministerios y embajadas a partir de junio, que no hayan podido debilitar a los partidos de oposición mediante la pretendida institucionalización del transfuguismo, que no se haya establecido el voto obligatorio y que no hayamos quedado dependiendo exclusivamente de la financiación estatal de las campañas. Todas estas propuestas no tenían un fin distinto de arrodillar a la oposición y a sus aliados de ocasión y por este camino contribuir al fortalecimiento del Pacto Histórico y su aspiración inocultable de jamás abandonar el poder.

    Con estos dos actos, el Congreso ha dado la primera muestra de sensatez e independencia, que el país aplaude y espera sea de ahora en adelante la conducta que impere en el trámite de todas las demás reformas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1680290581753{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    26 de marzo 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-una-luz-de-esperanza-753565[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Monopolio sindical

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1680290324509{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    De aprobarse la reforma planteada se profundizará la informalidad laboral en el país.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1680290459113{margin-bottom: 0px !important;}»]Y le llegó el turno a la reforma laboral. Lejos de lo que uno se imaginaría de un gobierno que se dice progresista, esta reforma no está inspirada en la creación de más y mejores empleos sino, quién lo creyera, en la defensa de los intereses de menos del 5 % de los trabajadores, los trabajadores sindicalizados y, en especial, sus élites.

    De aprobarse la reforma planteada se profundizará la informalidad laboral en el país, se perderán cientos de miles de empleos, especialmente de mujeres y jóvenes, también competitividad y se afectarán los ingresos de las familias en momentos en que se prevé un crecimiento casi nulo de la economía. En síntesis, no podía llegar en peor momento esta desafortunada reforma.

    Al igual que con la reforma de la salud, se equivoca el Gobierno al pretender tramitarla como ordinaria, cuando está claro que en razón a modificar derechos fundamentales y reformar el Código Sustantivo del Trabajo debería tramitarse como estatutaria.

    Como he dicho, esta reforma satisface los intereses del sindicalismo. Es decir, de 1,2 millones de privilegiados sobre 23 millones de personas activas, empleadas, informales y también desempleadas que deberían ser el foco de atención del Gobierno si queremos avanzar en la superación de la pobreza y las desigualdades. Aquí también primó la ideología, pero la de la dirigencia sindical. Peor escenario, imposible.

    El proyecto desestimula abiertamente la creación de empleos formales y de calidad. En primer lugar, porque encarece la contratación a través de los incrementos en el costo de la hora laboral por efecto de la reducción de la jornada de 48, en la práctica, a 42 horas semanales. A esto se suma el también incremento en el pago de horas nocturnas, dominicales e indemnizaciones, como bien lo establece el juicioso estudio de la Andi, que me imagino ni siquiera ha sido consultado por el Gobierno, y Fenalco cuantifica el incremento en los costos laborales en un 35 %.

    Si bien de la versión final salió la consagración de la estabilidad laboral absoluta, me imagino por estrategia de presentación, nada impide que en el trámite se vuelva a introducir. Ni qué decir de la llamada tercerización. En Colombia más de un millón de trabajadores formales están vinculados a empresas de servicios de esta naturaleza. El proyecto pretende condenarlos al despido, también por un tema ideológico y mal fundamentado. La verdad es que estas empresas cumplen a cabalidad con sus obligaciones legales, pero por alguna razón los sindicatos les han declarado la guerra. En esta misma línea perderán sus trabajos las personas vinculadas a plataformas tecnológicas de entregas y mensajería. Se estima que serán más de 300.000. En solo la empresa Rappi 55.000 quedarán sin ingresos, pues el proyecto obliga a vincular mediante contrato de trabajo a todos sus repartidores.

    Pero el plato fuerte, la verdadera justificación de la mal llamada reforma laboral está en las conquistas sindicales incluidas a lo largo y ancho de la propuesta.

    Lo primero es el nuevo alcance que ahora se imprime a la consagración de la huelga. Así, se levanta la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, con lo cual se ponen por encima de los derechos de todos los ciudadanos aquellos de los trabajadores sindicalizados. Me imagino ver a las familias sin agua y sin energía por cuenta del derecho a la huelga de unos privilegiados. Por supuesto, se reducen al mínimo las causales para declarar la ilegalidad de una huelga, se prohíbe la celebración de acuerdos entre patrones y trabajadores no sindicalizados y los llamados contratos sindicales.

    Como si fuera poco, se criminaliza cualquier conducta que pueda entenderse como atentatoria contra los derechos de los sindicatos. Ya veremos las cárceles llenas de responsables de las áreas de recursos humanos de las empresas. Entrarán a ocupar las celdas que dejen los responsables de delitos de lesa humanidad, asesinos y terroristas que con el nuevo proyecto de humanización de cárceles y de sometimiento quedarán muy pronto en libertad.

    Esta reforma no resiste ningún análisis. Destruirá empleo formal, generará más pobreza y desigualdad, no resolverá en nada la precaria situación de informales y desempleados, ni para las mujeres y los jóvenes. Es la reforma de una dirigencia sindical egoísta y de espaldas al país.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1680290443466{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    19 de marzo 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-monopolio-sindical-751599[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Ahora quieren acabar con la vivienda

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]


    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1678896108580{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    No parece adecuado innovar con la utilización del Sisbén como instrumento de focalización.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1678896096569{margin-bottom: 0px !important;}»]La economía colombiana tendrá una muy fuerte desaceleración en el presente año. El Banco de la República prevé que caeremos de tasas de crecimiento del 7,5 % en 2022 a menos del 0,5 % en 2023. El comportamiento de los principales indicadores, no obstante las apuestas del Minhacienda, no hace más que generar preocupación. Una inflación del 13,28 % que no da señales de ceder, volatilidad y altas tasas de devaluación, tasas de interés por las nubes, caída de la inversión, nula generación de empleo, por citar los más relevantes. El riesgo país se incrementa, al tiempo que la confianza inversionista se desploma ante la incontinencia de anuncios de reformas a la brava de todos los sectores económicos y sociales.

    Frente a este panorama desolador, el sector de la vivienda ha venido contribuyendo no solo a solucionar una de las necesidades sociales más sentidas, sino aportando al crecimiento de la demanda interna y del empleo. Pero también a este sector comienza a tocarlo la larga y dañina mano del Gobierno.

    Útil recordar que el sector genera 1,65 millones de empleos directos, es decir, el 7,7 % del empleo nacional, y si se incluyen los indirectos alcanza un 10 %, y representa el 4,5 % del PIB. En 2022 fue el gran jalonador de la economía, registrando ventas por 45 billones de pesos, de las cuales la mitad en el mercado de vivienda de interés social y en gran parte, gracias al programa Mi Casa Ya. El 82 % de los insumos de la construcción se originan en la industria manufacturera local y un 11 % en servicios financieros, inmobiliarios, de telecomunicaciones, etc.

    Por todo esto preocupa la parálisis que empieza a avizorarse en el inmediato futuro. Solo en enero del presente año, las ventas han caído en un 50 % con respecto a las de enero del año pasado, y para este ya se estima que habrá una caída del 40 % en nuevos proyectos. Preocupante esta situación, pues se podrían perder más de 1,1 millones de empleos en la cadena y una demanda de insumos, motor de la industria, por valor de 16,5 billones.

    De no incrementarse los recursos para subsidios previstos en el plan de desarrollo y la adición presupuestal, pasaríamos de 82.000 viviendas de interés social proyectadas a 50.000, pero descontando los 23.000 inscritos el año pasado llegaríamos a la triste realidad de que solo habría 27.000 cupos adicionales. Solo 1 de cada tres hogares con expectativas podría adquirir su vivienda. 55.000 hogares se quedarían sin cierre financiero y tendrían que desistir de su compra. Por esto es urgente destinar al menos 1,7 billones de pesos adicionales para mantener los subsidios, el ritmo de construcción y las entregas.

    Además, no parece adecuado innovar a estas alturas con la utilización del Sisbén como instrumento de focalización, pues se desarticula el proceso de asignación del subsidio, afecta el modelo de preventa y puede generar cuellos de botella insuperables. También hay que revisar la idea consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo de indexar el precio de la vivienda a UVT cuando el indicador de salarios mínimos refleja mucho mejor los costos del sector.

    Ya hay alarmas que el Gobierno no debe desatender. 458 empresas de construcción están en proceso de insolvencia. La disposición a comprar vivienda medida por Fedesarrollo ha caído en un 51 %, los desistimientos de negocios como proporción de las ventas se ubicaron en un 22 % (el más alto de la década), los desembolsos de los créditos hipotecarios se contrajeron en un 28 % en el último año, las tasas de interés pasaron del 11 al 20 %, reduciendo la capacidad de endeudamiento de los hogares, y el valor de los insumos de la construcción creció a tasas a superiores al 40 %. Todas son pésimas noticias para el sector.

    Mi Casa Ya es posiblemente el programa más exitoso en la historia de la política de vivienda en el país. Más de 250.000 hogares se han visto beneficiados con una solución estructurada en donde Gobierno, constructores, financiadores y familias operan a la perfección. Pero resolvieron acabarlo, como también acabaron el subsidio a la tasa. Desde septiembre no volvieron a desembolsar ni un peso, haciendo imposible que 23.000 viviendas sean escrituradas. Nuevamente hago un llamado a que valoremos lo que funciona y no marchitemos un sector que ha demostrado ser un importante dinamizador de la economía nacional y del empleo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1678896177809{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    12 de marzo 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-ahora-quieren-acabar-con-la-vivienda-749433[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Líneas rojas, azules y verdes

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1678467236626{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Colombia necesita un sistema sensible, eficiente y sostenible, ágil en la tramitación de citas.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1678491916112{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana radicamos en el Congreso el proyecto de ley estatutaria de reforma de la salud. Tengo la convicción de que si hace dos años se hubiera dado trámite a este propuesta no estaríamos en estas discusiones, pero los paros de ese entonces ni siquiera permitieron el debate. Del proyecto se desprende la necesidad de reformar el sistema e introducirle trascendentales mejoras, pero sobre el principio de mantener los importantes avances alcanzados en los últimos 30 años.

    Varias coincidencias existen entre nuestro proyecto y el presentado por el Gobierno. La primera, el fortalecimiento de la atención primaria y los servicios básicos del primer nivel. En segundo lugar, la prevención como eje del sistema mediante la habilitación de la figura del médico de familia, con capacidad resolutiva y que se convierte en la puerta de entrada al sistema. También coincidimos en la necesidad de ordenar la integración vertical y en la posibilidad de avanzar en la territorialización a través de redes mixtas que presten los servicios. Otra preocupación que ambos proyectos atienden es terminar con la intermediación laboral de médicos, enfermeras y auxiliares para impedir que sus derechos laborales se vean afectados, como ocurre hoy en día.

    Igualmente nos preocupa la capacitación de especialistas. Hay que formar pronto no menos de 5.000 y ponerle fin a ese selecto club al cual solo ingresan dos alumnos por especialidad y hospital cada semestre. Y, por supuesto, el fortalecimiento de la red pública de hospitales en 600 municipios que carecen de adecuados servicios. En todos estos temas encontramos coincidencias y aproximaciones con el Gobierno.

    En estos años hemos aprendido que muchas EPS jamás debieron autorizarse, pues no tenían ni la solvencia financiera ni las capacidades operativas mínimas para prestar los servicios de salud en forma adecuada. Muchas de estas fueron presas de la corrupción y la politiquería, y sus propietarios y gestores se robaron las cápitas y los recursos públicos.

    Gran responsabilidad le cabe al Estado en haberlas autorizado y en no haberlas intervenido y liquidado a tiempo.

    Pero otra cosa muy distinta es acabar con el régimen de aseguramiento, que hoy cubre al 98 % de los colombianos. Acabar con la gestión del riesgo en lo financiero y operativo, con el control del gasto y su racionalidad y con las redes potentes y extendidas de servicios que hoy tienen. Tampoco podemos eliminar el derecho de cada colombiano a elegir y vincularse a la entidad que quiera, a la que le preste el mejor servicio. Ni acabar con la medicina prepagada, los planes complementarios y los copagos, pues además el sistema dejaría de recibir más de 1,5 billones al año.

    Nuestro proyecto tiene líneas sobre las cuales no cabe ningún tipo de negociación ni acuerdo. Ellas son: No a la estatización absoluta del sistema y de los servicios de salud. No al regreso del ISS, como lo ha anunciado el director de la Adres. No a alcaldes y gobernadores manejando los recursos de la salud, contratando redes, comprando medicamentos y tramitando cuentas de cobro. No a la captura política y personal de la población, utilizando la salud como instrumento de control electoral.

    Lo que Colombia necesita es un sistema sensible, eficiente y sostenible, ágil en la tramitación de citas, tratamientos y medicamentos. Una Adres que sea el banco de la salud, que audite y que pague oportunamente las cuentas, que maneje sistemas confiables de información y ejerza un estricto control de los recursos públicos. Y una Superintendencia fortalecida que asuma el saneamiento del sistema e impida que se repitan prácticas corruptas en el conjunto del sistema.

    Todo esto se puede conseguir sin liquidar un sistema que es ejemplo en el mundo y sin saltar al vacío asumiendo riesgos innecesarios y hasta ahora no bien calculados.

    Albergo la esperanza de que las líneas rojas, azules y verdes de los partidos socios de la coalición no se vayan diluyendo en el trámite, como ocurrió con la reforma tributaria, y que los anuncios de los jefes a lo menos en esta ocasión sean creíbles. El remezón ministerial a escasos minutos de concluida la reunión de Palacio constituye un mal presagio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1678491962844{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    05 de marzo 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vagas-lleras-lineas-rojas-azules-y-verdes-747254[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Y cayó el baloto

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1677517825143{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La solución es construir nuevas cárceles, modernas, dignas, con capacidad para resocializar.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1677517806400{margin-bottom: 0px !important;}»]Recuerdo la primera declaración del ministro de Justicia al posesionarse de su cargo, en el sentido de que no se construiría una sola cárcel durante los próximos cuatro años y que ante la alarmante situación de hacinamiento la solución sería la reducción al máximo de la detención intramural mediante detenciones domiciliarias, régimen de entradas y salidas por trabajo y fines de semana, reducción de penas, etc. El hacinamiento, que asciende a 17.500 reclusos, se enfrentaría sacando a los delincuentes de las cárceles. Fácil camino, pero peligroso y con consecuencias impredecibles en materia de seguridad, de justicia, de orden y de comportamiento ciudadano.

    Los anuncios se concretaron en el denominado proyecto de humanización de la política criminal y penitenciaria, cuyo trámite se inició ya en el Congreso, por supuesto en sesiones extras para que poco se discuta y se apruebe en el menor tiempo posible.

    Veamos las principales perlas del proyecto: las penas máximas se reducen para todas las condenas; la posibilidad de recibir detención domiciliaria se aumenta a condenas hasta de doce años (hoy 8), cuando es evidente que el Inpec jamás ha cumplido cabalmente con su obligación de adelantar una inspección efectiva a quienes gozan de ese beneficio. De 64.000 personas en detención domiciliaria, tan solo 5.800 tienen dispositivo electrónico, y lo grave es que el porcentaje de reincidencia probado de quienes salen de sus residencias a delinquir es de 23.220 delincuentes. ¡Qué tal!

    También se gozará del beneficio de domiciliaria aun frente a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, delitos dolosos contra la administración pública, cuando se haya cumplido el 60 % de la pena.

    Para ser claros, alguien condenado por peculado, a quien se le imponga la pena máxima de 17 años, podrá regresar a su casa con rebajas y estudio en 7 años. Baste recordar que hoy está prohibido que los actores de estos delitos reciban cualquier beneficio.

    Y alguien condenado por acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, que debería purgar una pena de 19,5 años, podrá recuperar su libertad en 7 años y seis meses. Buen mensaje para estos violadores y para la sociedad en su conjunto. La libertad condicional procederá en estos mismos casos cumpliendo las 3/5 partes de la pena. La reincidencia dejará de ser un factor para tener en cuenta en la fijación de la pena, al igual que se suprime el concepto de flagrancia, ya que esta última se iguala a la aceptación de cargos, que en el proyecto recibe todos los beneficios penales.

    También para descongestionar, y como se había anunciado, se suprimen varios tipos penales. Se elimina el capítulo de injuria y calumnia y los tipos penales de incesto, inasistencia alimentaria, donde baste recordar que el año anterior se lograron conciliar 143.000 denuncias, que me temo, si se destipifica como delito, jamás se podrían lograr. También se eliminan la elección ilícita de candidatos, el abigeato y, cumpliendo compromisos, seguramente adquiridos con la llamada primera línea, el terrorismo y el concurso no se podrán predicar cuando las conductas se realicen en el marco de las protestas sociales.

    En este proyecto de ley el único criterio que se impone es el de la descongestión. Se olvida deliberadamente a las víctimas de delitos de gran impacto social. ¿Qué pensarán estas ante el anuncio de esta feria de beneficios y rebajas sin que medie un solo acto de resarcimiento del daño causado? ¿Y qué mensajes estamos enviando como sociedad a la delincuencia? Y me pregunto también qué mensajes a jueces, fiscales, policías y miembros de la Fuerza Pública.

    La solución es, sin duda alguna, construir nuevas cárceles, modernas, dignas, con capacidad para resocializar a los detenidos, pero en el plan de desarrollo no hay contemplados recursos para este propósito. Solo se habla de justicia restaurativa, alternatividad penal, sanciones no privativas de la libertad, beneficios administrativos y medidas sustitutivas de la pena de prisión y tratamiento penal diferenciado. Todo, todo en función de los delincuentes y nada en función de las víctimas.

    Imposible así contener una criminalidad que está desbordada. A esta iniciativa se suma el proyecto de sometimiento, el cual habrá tiempo de comentar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1677517770088{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    26 de febrero 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-y-cayo-el-baloto-745254[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La potencia mundial de la vida

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1676853747621{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Es un distractivo del objetivo de la reforma: la estatización de los servicios de salud.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1676853857483{margin-bottom: 0px !important;}»]El 24 de diciembre la ministra de Salud advirtió que la reforma no estaba escrita en piedra. Resultó que sí lo estaba y quien finalmente tenía razón era el Dr. Pedro Santana, quien en el mes de enero, con total claridad, nos advirtió del contenido de esta.

    Nunca, en mis 40 años de vida dedicados a la actividad política, había visto yo tal desprecio por el disenso y por la institucionalidad.

    El turno le correspondió ahora al sector de la salud, pero vendrán luego las demás reformas, que, según los anuncios, serán igual de pugnaces.

    Tengo la íntima convicción de que todo este mamotreto no pasa de ser un distractivo del verdadero objetivo de la reforma: la estatización absoluta de los servicios de salud en el país. Así que en nada hay que detenerse en analizar las políticas propuestas sobre prevención o los sistemas de información o la dignificación del personal de la salud. Todo eso se podría obtener sin necesidad de una ley.

    Por años he propuesto mejoras al sistema. Que no es perfecto. Nadie duda de que es urgente fortalecer los servicios de salud en los lugares más apartados. También hay que multiplicar la inversión en los hospitales públicos y convertir a la Superintendencia de Salud en la más técnica y estricta agencia del Estado para garantizar que las EPS, y en general todo el sistema, cumplan y hagan la mejor utilización de los billonarios recursos de que disponen.

    Pero aquí lo único relevante es la desaparición, la muerte anunciada, del aseguramiento en salud y de sus agentes principales, las EPS. Que las quieran cambiar ahora de naturaleza, que las pongan a hacer auditorías, que jamás han hecho, o administrar unos ‘call centers’ o cualquier otro oficio no justifica su existencia. Si dejan de gestionar los riesgos financieros y operativos, se liquidan las EPS y desaparecen sus redes de servicio. Igual ocurrirá con la medicina prepagada, ya que la iniciativa bien señala que no tendrá prelación alguna. Se acaban también los planes complementarios y los copagos.

    La cabeza rectora del sistema estará integrada por 40 personas, diluyéndose todas las responsabilidades, y en cada región se crea un Consejo Regional de Salud.

    La famosa Adres, entidad que jamás pudo cumplir con su función de auditar cuentas, asumirá la totalidad de las funciones del sistema sin tener las capacidades para administrar y mucho menos para contener el gasto. En cada departamento se constituirá una nueva Adres, que quedará a merced de gobernadores y alcaldes. La feria de la alegría, la politiquería y la corrupción. Todos contratando medicamentos, sus propias auditorías, fijando tarifas, los tratamientos y quiénes los prestarán. Toda la población capturada política y personalmente. ¿Se pueden imaginar en lo que se convertirá el pago de cada cuenta?

    Curioso que acabándose las EPS para todos los colombianos, el magisterio, las Fuerzas Militares, Ecopetrol y los indígenas conservarán las suyas.

    Refundar el sistema de salud colombiano después de 30 años de aprendizaje y desarrollo implica unos riesgos que el país no puede ni debe asumir. Esta reforma burocratiza el sistema. Se crean más de 10 instancias administrativas a nivel nacional, regional y local.

    Las finanzas de la salud colapsarán. Se aumentará el gasto y no habrá incentivos para utilizar de manera eficiente los recursos, regresaremos a un modelo de presupuestos públicos, el riesgo fiscal se calcula equivalente a 2 % del PIB anual y su costo inmediato se estima en 51,8 billones de pesos.

    La pérdida de las capacidades de la gestión del riesgo en salud y su reconstrucción se pagará en vidas, en el deterioro de los servicios y en el aumento del gasto en las familias más pobres, que serán, sin duda, las más afectadas.

    Y como todas las iniciativas de este gobierno, se solicitan facultades extraordinarias en 6 casos, sin ser específicas y sin el debido soporte y argumentación.

    Y ojalá, como lo anunciaron, persistan en darle trámite ordinario y con mensaje de urgencia para que la Corte Constitucional no tenga más remedio que tumbarla.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1676853882685{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    19 de febrero 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-potencia-mundial-de-la-vida-743307[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Esperpentos y chambonadas

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1676573244992{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Bogotá pagaría los costos incalculables de convertirse en trampolín de aspiraciones presidenciales.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1676573382794{margin-bottom: 0px !important;}»]Y ahora el turno fue para la primera línea del metro de Bogotá. Omitiendo los conductos regulares, el Gobierno solicitó a la empresa constructora de la megaobra alternativas para subterranizar la totalidad o algunos trayectos del trazado actual.

    La respuesta no se hizo esperar y el consorcio presentó 5 alternativas que involucran todas ellas incrementos sustanciales en los plazos de construcción y, por supuesto, en el valor de la obra. Cualquiera de las 5 conllevaría un cambio fundamental, pues se estaría modificando el objeto del contrato, su plazo, su valor, la tecnología por emplear y muy seguramente el propio contratista, pues el actual parece no tener la experiencia en diseño y construcción de túneles. Con razón el gerente de la Empresa Metro ha manifestado sus preocupaciones por posibles detrimentos patrimoniales relacionados con la pérdida de millonarios recursos públicos ya invertidos en compra de predios, traslado de redes y estudios, para solo mencionar algunos.

    Pero ante la negativa de la alcaldesa Claudia López a aceptar este cambio fundamental, la reacción del Presidente y su ministro de Transporte no se hizo esperar. Voy a citar a este último para no perder de vista el tamaño de su desconcertante declaración. “Si no aceptan las modificaciones, el Gobierno en la medida en que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos se van a tener que parar”. “Si el tema no es haciéndonos por las buenas, pues también el Gobierno Nacional tiene que hacer con su chequera. Cada uno sabe qué hace con su plata”.

    En apoyo de esta declaración chantajista e ilegal salió Petro a calificar la obra como un esperpento, una chambonada que él no estaba dispuesto a patrocinar. Pero en realidad aquí lo que es un esperpento y una chambonada es lo que pretende hacer el Gobierno pasando por encima de la ley, desconociendo el valor de los contratos, creando enormes riesgos jurídicos y de potenciales demandadas al Distrito y a la Nación, y afectando gravemente la armónica relación que debe existir entre el Gobierno Nacional y Bogotá. Una nueva muestra de desprecio por la institucionalidad y la legalidad, que más temprano que tarde nos pasará su cuenta de cobro.

    En buena hora el Congreso, por iniciativa del senador David Luna, promovió un debate con el ministro Reyes para dimensionar el alcance de las pretensiones del Gobierno no solo en materia de la construcción del metro, sino del ‘castigo’ a la ciudad anunciado y de la parálisis consecuente de los planes y programas de inversión en proyectos como el Regiotram del Norte, los tres metrocables, los accesos a la ciudad por calle 13 y autopista Norte y la segunda línea del metro a Suba y Engativá, entre otros. Pero nos tenía el ministro reservada una sorpresa que en términos coloquiales calificaríamos de ‘reversazo’: “Los recursos sí están garantizados, no estamos condicionando nada. Vamos a cumplir los compromisos hechos y vamos a girar cerca de 2,3 billones, previa solicitud del gerente del metro”, a lo que añadió que no entendía el revuelo que se había generado en el país. Qué cinismo, pero hay que abonarle que corrigió la plana y, como a la gente hay que creerle, esperemos que este episodio se haya superado. Advierto que hay que mantener las alarmas encendidas, pues Petro jamás ha renunciado a una ‘causa’, su terquedad es proverbial y el anunciado adelanto de su visita a China solo puede generar nuevas preocupaciones.

    Prueba de lo dicho es el ahora conocido pacto de la Orinoquía, según el cual, a solicitud de Petro, se reabre toda la discusión técnica y jurídica. Un acuerdo que no puede conducir a nada positivo, pues la discusión ni es técnica ni es jurídica, sino política.

    Ya veremos si la alcaldesa, que se ha mostrado hasta ahora tan firme en la defensa de los intereses de Bogotá, que ha recibido al apoyo y el aplauso de su ciudad en lo que entendimos era una legítima exigencia de respeto a las decisiones y autonomía distrital, termina anteponiendo sus cálculos electorales en asunto tan sensible para los bogotanos. Si esto fuera así, me temo, y muy a mi pesar, que el sueño de los bogotanos de contar con un metro quedaría enterrado para siempre. Como ya ha ocurrido varías veces, nuevamente Bogotá pagaría los costos incalculables de haberse convertido en trampolín de aspiraciones presidenciales.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1676573411475{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    12 de febrero 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-esperpentos-y-chambonadas-741360[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Corto circuito presidencial

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1676572991836{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Frotándose las manos estarán el superintendente de Servicios y el enigmático señor Ferrari.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1676573113216{margin-bottom: 0px !important;}»]Qué irresponsabilidad con la que el Gobierno ha abordado su pretendida reforma del régimen de los servicios públicos y su regulación. Por más de 30 años el país ha visto cómo las coberturas en los servicios de electricidad, gas natural, agua, alcantarillado, aseo y también comunicaciones han aumentado hasta llegar a niveles de países desarrollados, y en el caso particular de la energía eléctrica, al 97 %. La demanda en este sector se ha atendido plenamente, y los niveles de calidad del servicio ya superan los mejores estándares regionales.

    Nada de esto se hubiera alcanzado sin la existencia de un régimen que nació de la Constitución de 1991 y que a través de las leyes 142 y 143 de 1994 permitió la participación de particulares en la prestación de los servicios y creó una institucionalidad que ha sido modelo en muchos países. Habría que añadir que en estos años se han invertido en el sector eléctrico más de 140 billones de pesos de recursos privados, permitiendo al Estado colombiano emplear sus ingresos en otras apremiantes necesidades sociales.

    Pero nada de esto cuenta. Aquí lo único que vale es la ideología que indica que tampoco en la actividad de los servicios públicos puede generarse ningún lucro. Que no es bienvenida la participación privada en su prestación. ¿Qué tal? Dónde estaríamos si hubiéramos continuado por ese camino. Seguiríamos en apagones y en coberturas y calidad lamentables. Millones de personas sin servicios. También, como en el Seguro Social de principios de los 90, hay que reconocer que el Estado fracasó rotundamente como prestador de servicios públicos.

    Recuerdo cómo, siendo concejal de Bogotá, asistimos a la quiebra de la entonces Empresa de Energía de Bogotá. La politiquería, los malos manejos, la corrupción en el emblemático proyecto del Guavio y, de manera muy relevante, la negativa por razones electorales a incrementar las tarifas del servicio llevaron a la inviabilidad financiera y administrativa de lo que hoy, después de 30 años, es la llamada joya de la corona del Distrito y que le ha aportado a la ciudad enormes beneficios en el frente financiero (1,5 billones tan solo en 2022) y en calidad de vida para los bogotanos. Bueno es recordar también lo que ocurría en Corelca, y sigue ocurriendo en Emcali y en aquellas electrificadoras del país manejadas como botines burocráticos.

    Los anuncios del Presidente amenazando con retomar las facultades que la Ley 143 pone en cabeza de la Creg solo pueden conducir a generar el peor ambiente para las necesarísimas inversiones en la infraestructura del sector. Solamente este año están previstos más de 6 billones en proyectos de expansión y más de 10 billones en generación en los próximos 5 años, la mayoría renovable, para atender la creciente demanda y acompañar la transición energética impulsada por el propio Gobierno.

    Qué empresa se le va a medir a esto cuando se anuncia ya la reforma de las leyes mencionadas y por ese camino una posible expropiación de los activos de las empresas y también la ya utilizada en Argentina y Venezuela asfixia tarifaria. Esa ruta es bien conocida para llegar a la anhelada prestación de los servicios por empresas estatales, ojalá una sola de orden nacional. En este no hay que engañarse.

    ¿Qué estarán pensando la ministra de Minas y Energía y el de Hacienda y el director de Planeación Nacional al verse descalificados por el Presidente como miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas? Frotándose las manos estarán el superintendente de Servicios y el enigmático señor Ferrari, autores del estropicio institucional.

    En Colombia lo que necesitamos es preservar un sistema que garantice la cobertura, continuidad y calidad de los servicios públicos. Que nos permita continuar invirtiendo billones de pesos en infraestructura para la seguridad eléctrica y el desarrollo regional, que tribute, como en el año 2022, más de 7 billones y no distraiga recursos públicos indispensables para cerrar brechas sociales. Y, por supuesto, que despeje para siempre la incertidumbre de un racionamiento. Todo esto se consigue preservando y construyendo mejor institucionalidad, trabajando en unión con las empresas privadas y mixtas y no arrasando lo que ha demostrado por décadas ser un sistema que ha beneficiado a millones de colombianos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1676573037031{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    05 de febrero 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-corto-circuito-presidencial-739454[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La salud es lo de menos

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1675175210268{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Lo que tendremos que reconocer es que nuevamente esta reforma está contagiada de ideología.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1675175340604{margin-bottom: 0px !important;}»]Se prendieron esta semana todas las alarmas en torno al aún desconocido proyecto de ley de reforma de la salud. No podía ser de otra manera, pues, a diferencia de otros proyectos de altísimo impacto para la economía, la industria o la política, lo que está en juego ahora es nada menos que la vida de los colombianos. Por eso mismo uno esperaría que este proyecto se tramitara con todo rigor, con toda profundidad en sus análisis económicos, técnicos y administrativos y, sobre todo, en lo referido a su impacto en la prestación oportuna y con calidad de los servicios de salud.

    Por desgracia, todo apunta a que no será así. Ya el Gobierno ha anunciado que este proyecto se defenderá, léase “tramitará”, en las calles, o sea, suplantando o, en el mejor de los casos, en paralelo al escenario del Congreso, en clara demostración de desconfianza hacia la institución que tiene la responsabilidad constitucional de estudiar temas trascendentes para el país y aprobar sus regímenes y reformas. Sobre el proyecto, cuyo texto aún no se conoce, ya hay, por ejemplo, un llamado a las enfermeras para salir en su defensa este 14 de febrero.

    Qué falta de respeto con las personas pedirles que salgan en defensa de lo desconocido. El anunciado proyecto se presentará en la plaza pública, en medio de arengas, tal vez el lugar menos adecuado para un estudio objetivo de las propuestas. Y como si fuera poco, este, como los otros proyectos de la agenda, se tramitará con mensaje de urgencia, es decir, a las carreras, evitando en lo posible los espacios y tiempo para la discusión y análisis.

    Desde su posesión en agosto, la ministra Corcho no ha hecho cosa diferente a recorrer el país agitando y ambientando su reforma. Aseveró que tocaba acabar con el sistema actual. Para precisión, lo refiero textualmente: “Acabar con este sistema de salud y construir otro en el que la vida y la salud de quienes tienen dinero no valga más que la vida y la salud de quienes no lo tienen”. En el marco de esa estrategia ha difundido información falsa, como aquella relacionada con el fallecimiento de millones de colombianos por mortalidades evitables, o cifras amañadas sobre las deudas y situación financiera del sector. Incluso dijo que nuestro sistema era uno de los peores del mundo, en contravía de todos los estudios y mediciones de prestigiosos centros mundiales que señalan el nuestro como uno de los buenos sistemas de salud del mundo.

    No me referiré en esta oportunidad al contenido del proyecto de reforma, pues no sería serio opinar sobre un borrador que está circulando. Pero sí considero pertinente recordar que he sido uno de los principales impulsores de una reforma del sector. Después de 30 años de operación, es mucho lo que hemos aprendido, y muy claras las mejoras por introducir al régimen. En proyecto presentado planteé, por ejemplo, la generación de un sistema único donde todos los colombianos tengan acceso a los mismos servicios de salud, instaurar el modelo de medicina familiar, implementar un modelo integral de atención, fortalecer la red pública en el nivel básico en más de 600 municipios y asegurar y dignificar el recurso humano en salud, entre muchas otras estrategias y objetivos. En todos estos aspectos se debe y se puede avanzar, pero sin hacer trizas un sistema que ha mostrado enormes bondades que son hoy en día reconocidas por 7 de cada 10 usuarios del sistema.

    Puestas las cartas sobre la mesa, lo que tendremos que reconocer es que nuevamente esta reforma, como todo lo de este gobierno, está contagiada de ideología. Lo que no gusta es que haya empresas privadas involucradas en la prestación de servicios de salud; lo que no les gusta es que pueda derivarse alguna utilidad económica de esta actividad; lo que no gusta, en últimas, es que no sea el Estado el único administrador, gestor y responsable de la salud en el país.

    A los colombianos no nos pueden ocultar que el Estado ya fracasó, y de manera protuberante, como prestador y administrador del sector. A volver al antiguo Instituto de Seguro Social con toda su corrupción, politiquería, pésima administración, y ese sí responsable de millones de muertes evitables, es a lo que el país le tiene pavor. Yo los invito a que lo digan de frente y dejen de engañar en materia tan grave y reconozcan que al final aquí la salud es lo de menos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1675175315700{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    29 de enero 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-salud-es-lo-de-menos-737618[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]