Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Populismo en infraestructura

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1674483106210{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Este decreto promete ser el generador de muchos pleitos de la ANI e Invías con sus contratistas.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1674483173831{margin-bottom: 0px !important;}»]Desde el Cauca, y flanqueado por su ministro de Transporte, la semana pasada el presidente Petro se quejó de que los gobiernos anteriores no hicieron nada para construir una doble calzada entre Pasto y Popayán y anunció que el gobierno del cambio sí la haría para beneficiar a todas las comunidades pobres de ese corredor y para conectar a Colombia con Suramérica.

    Bueno es recordarle al Presidente que su propuesta de construir una doble calzada entre Pasto y Popayán no es ninguna novedad. Su estructuración y diseños vienen desde el año 2015, cuando el gobierno Santos la incluyó dentro de los nueve (9) proyectos viales de la ola 3 del Programa de Concesiones 4G.

    Infortunadamente, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dictaminó que de esa ola 3 solo autorizaban recursos públicos para los corredores Bucaramanga-Pamplona y Pamplona-Cúcuta, dejando por fuera esta importante vía Pasto-Popayán y también otras como Ocaña-Cúcuta, Chinchiná-Manizales-Mariquita, Zipaquirá-Barbosa-Bucaramanga, Duitama-Pamplona y Sogamoso-Aguazul-Maní.

    La ANI del gobierno Duque en agosto de 2018 recibió este proyecto estructurado, con sus estudios, diseños, presupuesto y demás. Casi 2 años después, en abril de 2020, anunció que esta vía, Pasto-Popayán, era su prioridad y que la estaría contratando antes de terminar su mandato en agosto de 2022. Pues ni fue prioridad ni tampoco la licitó.

    Como todo lo de la ANI del gobierno Duque, era tan ‘prioritaria’ la doble calzada Pasto-Popayán que increíblemente no la incluyó en la ola 1 de su lento Programa APP 5G y la postergó para la hoy muy lejana ola 2, junto con proyectos viales tan urgentes e indispensables como Villeta-Guaduas y Calarcá-La Paila.

    Por eso, y después de 8 años de haber estado listo este proyecto para ser licitado y de haber invertido la ANI casi 7.000 millones de pesos adicionales en la consultoría e interventoría, lo que sigue es proceder de inmediato con la licitación de esta concesión, para que no pasen otros 4 años de promesas fallidas a las comunidades de Nariño y Cauca, que, por cierto, votaron mayoritariamente por el Pacto Histórico.

    El Presidente debe, con toda franqueza, informar a la opinión pública que si bien avanzarán en la solución de tan grave problema, dicha doble calzada entre Pasto y Popayán solo podrá ser terminada al finalizar el gobierno de su sucesor (agosto de 2030). Si es que se logra contratar, pues me temo que la inseguridad jurídica en los contratos de concesiones hará muy poco interesante que alguien vuelva a participar después de la decisión populista e irresponsable de intervenir por decreto contratos vigentes al no autorizar incrementos en los peajes a cargo de la ANI (112) e Invías (31) en el año 2023.

    Y si bien el decreto ordena que gestionen lo contractualmente necesario para compensar a los contratistas mediante los recursos del Fondo de Contingencias que tiene cada contrato, lo cierto es que estos en la actualidad están totalmente desfinanciados por el atraso del Minhacienda en los aportes de los recursos pactados y además, hay que decirlo, los anunciados recursos de valorización previstos en la Ley 1819 de 2016 tardarán mucho en llegar, puesto que los pagos se pueden hacer en 20 años y también en especie.

    Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda, tan sagaz como siempre, en el artículo 4 del citado decreto advirtió que la entrega de estos recursos estará supeditada a la disponibilidad presupuestal y a lo contemplado en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo del sector de transporte, ninguno de los cuales tenían ni tienen hoy previstas estas erogaciones. Para calmar las aguas anuncia el ministro una adición presupuestal superior a medio billón de pesos para cubrir este hueco. Ya veremos.

    Así las cosas, este decreto promete ser el generador de muchos pleitos de la ANI e Invías con sus contratistas, puesto que no será raro que, dada la estrechez fiscal del país, el Minhacienda no logre aportar oportunamente los recursos suficientes para efectuar estas compensaciones y que los avezados contratistas aprovechen este papayazo para intentar mejorar la rentabilidad de sus contratos, como bien lo han empezado a anunciar esta semana a través de la CCI.

    La improvisación, la falta de rigor y el populismo se apoderan también del sector de transporte e infraestructura.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1674483197870{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    22 de enero 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-populismo-en-infraestructura-735750[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La mala hora de la Policía

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1674010947709{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Este proyecto de descongestión carcelaria equivale a una nueva modalidad de amnistía.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1674011062571{margin-bottom: 0px !important;}»]El martes 27 de diciembre, en el aeropuerto de Santa Marta un grupo de personas organizadas en cadena humana resolvió, a la fuerza, impedir el acceso de viajeros a la zona de abordaje. “Si nosotros no viajamos, no viaja nadie” fue la consigna.

    Mi hija Clemencia se atrevió a traspasar la barrera y fue objeto de toda suerte de improperios y agresiones físicas; su novio, Julián, corrió peor suerte. Lo tiraron al piso, lo cogieron a patadas y sufrió lesiones de consideración. ¿No había nadie allí para imponer el orden y controlar estos desmanes? Claro que sí. Dos agentes de policía que no solo se negaron a intervenir, sino que, en señal de rendición, levantaron los brazos, seguramente para no ser luego sancionados por atentar contra el derecho sagrado a la protesta, que en nuestro país ya no conoce límite alguno.

    Yo me pregunto qué instrucciones del mando están recibiendo los agentes de policía para actuar de esta manera. ¿A qué sanciones se exponen por cumplir con su deber? ¿Cómo hemos podido llegar a la completa indefensión ciudadana?

    Un mes antes, en la tarde del 28 de noviembre, a pocos pasos de mi residencia, escuché voces que pedían auxilio. El personal asignado a mi seguridad acudió al llamado. Una señora embarazada estaba siendo agredida por dos sujetos con un cuchillo. Robaron su celular y emprendieron la fuga. Los agentes capturaron a uno de los delincuentes, a quien le encontraron el cuchillo y el teléfono. Empieza a gritar que era colombiano. El otro también es detenido dos cuadras adelante. La víctima los reconoció plenamente, por lo que fueron trasladados a la URI de Usaquén para proceder a la judicialización (noticia criminal 0148), asignado al fiscal 312. Ese mismo día se realiza la audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento ante el juzgado 64 penal municipal.

    Terminada la audiencia se declara legal la captura, pero de inmediato la juez niega a la Fiscalía la detención preventiva intramural. Las razones expuestas por la juez son que los capturados no son oriundos de la capital, trabajan como ayudantes en construcción y no son un peligro para la sociedad. Se van, con la obligación de presentarse cuando algún día la fiscalía lo solicite. Este caso, que me correspondió conocer, es muy ilustrativo de lo que está ocurriendo a diario en la ciudad y el país y que también termina explicando la actitud de la policía frente al delito.

    En varias notas he reclamado acciones para hacer frente a esta situación: ‘Alerta Bogotá’, ‘Una cuidad atemorizada’, ‘Sitiados por el hampa’, ‘Ciudad Gótica’, siempre reclamando lo mismo. Y es que nada parece dar resultados. Ni las recompensas, ni la incorporación de 3.000 policías en los últimos dos años.

    Si el problema de fondo es la impunidad, lo que necesitamos de verdad es que el Congreso legisle y que la Corte Constitucional consulte la realidad de lo que está sucediendo y ajuste su jurisprudencia, en particular sobre la reincidencia.

    Pero mientras todo esto ocurre, circula un borrador de proyecto de reforma de la justicia propuesto por el ministro y denominado ‘Menos cárcel’, que contiene, entre otras perlas, la eliminación del criterio de peligrosidad a la hora de definir la detención preventiva, el aumento de los casos en que puede concederse la detención domiciliaria y la eliminación de cualquier criterio sobre la reincidencia a la hora de valorar la conducta y peligrosidad del capturado.

    El proyecto contempla, además, prisión domiciliaria para numerosos tipos penales y garantiza que quienes sean detenidos puedan quedar en libertad mientras se adelantan los juicios, desconociendo que si el Inpec no controla a quienes están en los centros de reclusión, mucho menos puede hacerles seguimiento a quienes se favorecen de esas medidas, como lo ha reconocido el propio director.

    Recuerdo que el primer anuncio del ministro al asumir el cargo fue que no se construiría en el país ni una sola cárcel. Lo está cumpliendo. Pero este proyecto de descongestión carcelaria, que solo busca liberar a como dé lugar a los delincuentes, sin importar qué tan peligrosos sean, equivale a una nueva modalidad de amnistía y a una invitación para que sigan actuando a sus anchas, con la seguridad de que no recibirán ninguna sanción.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1674011082310{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    15 de enero 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-mala-hora-de-la-policia-733769[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La paz total

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1674010729114{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Se desconoció la regla elemental de cualquier cese del fuego bilateral: que este haya sido pactado.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1674010800267{margin-bottom: 0px !important;}»]Ha dado el Gobierno la más clara y contundente muestra de improvisación, falta de conocimiento, experiencia y rigor en el manejo del tema de mayor trascendencia para el futuro del país, la llamada Paz total, que constituye, además, el epicentro de la propuesta política que Gustavo Petro ofreció a los colombianos y con la cual llegó a la Presidencia de la República.

    El anuncio del cese del fuego bilateral por el Presidente el 31 de diciembre con el Eln, la ‘Segunda Marquetalia’ –al mando de ‘Iván Márquez’–, el ‘Estado Mayor Central’ (disidencias de las antiguas Farc), el ‘clan del Golfo’ y el grupo ‘Sierra Nevada’ (antiguos miembros de las Auc) denota impaciencia, debilidad, afán mediático y protagónico y constituye el peor punto de partida para cualquier negociación con organizaciones armadas que, como el Eln o las antiguas Farc, han demostrado estar más que curtidas en estos procesos.

    Ha advertido el comisionado para la Paz que cada negociación será independiente, iniciando con una concertación para avanzar en un posterior diálogo, para lo cual se ha convenido por seis meses una suspensión bilateral de hostilidades. Ya sabemos que nada había sido convenido, al menos con el Eln, por lo que necesariamente habrá que derogar el decreto y esperar de rodillas a que esta organización decida aceptar la tregua implorada por el Gobierno. En todo hasta ahora se ha desconocido la regla elemental de cualquier cese del fuego bilateral y es que este haya sido pactado y rodeado de serios protocolos de cumplimiento y verificación.

    Y falta ver si con los demás grupos hubo algo más que una charla informal muy al estilo del Gobierno. Todo indica que las exigencias de estos serán mayores, incluida la del despeje de amplias zonas del territorio. Resulta evidente que durante esta tregua todos seguirán dedicados al narcotráfico, actividad que seguirá creciendo aún más que el 43 % registrado el último año, a la minería ilegal, a atentar contra los derechos de las poblaciones de estos territorios y a reclutar y reagruparse para fortalecerse, como ocurrió en el Caguán. Pero peor, pues se extenderá a numerosos lugares como Arauca, Chocó, Putumayo, Cauca, Nariño, Urabá, Nordeste antioqueño, sur de Córdoba y Catatumbo, entre muchos otros, en donde seguirán ejerciendo estos grupos un control total sin ninguna cortapisa. De avanzar por este camino, anticipo que, como en el Caguán, será la tolerancia con la ilegalidad y el narcotráfico el fin del proceso de la Paz total.

    Es muy grave para el proceso que la ley tramitada el año pasado no provea el marco legal suficiente para avanzar con varias de estas organizaciones. Consciente de esta situación, el Gobierno anuncia un nuevo proyecto de ley para ofrecer sometimiento al ‘clan del Golfo’, la ‘Segunda Marquetalia’ y el grupo ‘Sierra Nevada’. Sin sustento legal ¿cómo ha podido el Gobierno iniciar negociaciones con estas organizaciones criminales? ¿De dónde ha sacado entonces facultades para proponer suspender órdenes de captura con fines de extradición, o para suspender acciones militares o para intervenir en procesos judiciales o simplemente para designar voceros?

    Hasta ahora, el único que se ha comprometido en algo es el Estado colombiano, a no realizar acciones armadas esperando una no confirmada reciprocidad. ¿Bastará esto? Claro que no. Debería haber como mínimo un compromiso con respecto al negocio de las drogas, al reclutamiento y al respeto a las comunidades en los territorios. De lo contrario, estamos es frente a una invitación para que otros grupos –al parecer ya hay 19 identificados– copen estos espacios y se apropien del negocio, los corredores y las rutas.

    A la fecha, nada se conoce con respecto a la estructura de la negociación. Nada sobre la nueva política pública de seguridad si la hay, ni sobre la política de paz ni sobre la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. Nada. Solo anuncios deshilvanados e improvisación.

    Arranca muy mal este 2023 con este lamentable episodio que no hace más que poner en evidencia la forma en que Petro está gobernando el país. Con la Paz total está pasando lo mismo que con los irresponsables anuncios en materia de reformas laboral, de la salud, de las pensiones y del sector minero-energético. Todo indica que aquí lo importante es mantener la narrativa, sin importar para nada las consecuencias.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1674010825271{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    8 de enero 2023

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-el-decretazo-726800[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El decretazo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1674010510455{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Temíamos que en algún momento este gobierno se llevaría de calle el Estado de derecho.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1674010481168{margin-bottom: 0px !important;}»]Solo confusión ha creado la expedición del anunciado decreto 2422 con el cual el Gobierno pretende viabilizar la liberación de la llamada primera línea. Una genialidad jurídica la creación de esta “Comisión intersectorial de la reconciliación y la participación ciudadana” para justificar la más indebida intromisión de la Rama Ejecutiva del poder público en la Rama Judicial.
    Todo en esta comisión y sus procedimientos es oscuro, al punto de que ni siquiera hay consenso entre los integrantes de la misma en cuanto a su aplicación, destinatarios, efectos y, sobre todo, intervención o no de jueces y fiscales en las decisiones de liberación.

    El numeral 2 del art. 3 del decreto establece que una de las funciones de la comisión es recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad como voceros para promover la paz y la reconciliación en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022. Bonito enunciado sobre el cual lo primero es preguntarse si la llamada primera línea es una organización social o humanitaria. Por lo visto ya abandonaron la idea de calificarlos como integrantes de una organización armada al margen de la ley.

    En segundo lugar, también hay que preguntarse a quién se dirige la “recomendación” de admisión o exclusión de los beneficiarios. ¿A los jueces y fiscales que llevan los procesos y a cuya orden se encuentran los investigados o condenados o, como lo presiento, al mismísimo presidente Petro? Clave aclarar este aspecto.

    Nada dice la norma, pero el ministro del Interior explicó que los casos elegidos serán enviados a Petro, quien después de evaluarlos emitirá una resolución a la Fiscalía, si el ciudadano es procesado; o a los jueces, si el ciudadano ya está condenado. Sobre este aspecto también se han pronunciado los ministros de Defensa y de Justicia; en particular este último insistió en que la palabra final la tendrán los jueces y señaló: “La decisión del Presidente sobre liberar a una persona se remitirá al juez de ejecución de penas o quien tenga a cargo su privación de la libertad, y si después de eso hay controversias judiciales, pues los jueces tienen la última palabra”. Ojalá así sea, en bien del Estado de derecho y del respeto a la Constitución Nacional y a las decisiones de los jueces y fiscales. No vaya a ser que todo termine en una rectificación del Presidente con la consecuente descalificación ministerial.

    Esta comisión que recomendará la admisión o exclusión de los ciudadanos detenidos en el marco de las protestas lo que crea es un tribunal paralelo de justicia. Así este tenga nombre de comité, está llamado a hacer concesiones en materia penal, lo que lo convierte en un paratribunal, que si bien en principio no absuelve al procesado, sí le genera un beneficio judicial como lo es la excarcelación, lo que resulta en una intromisión indebida a la justicia.

    Yo creo que este decretazo contraría las normas dispuestas en el Título VIII (de la Rama Judicial) de la Constitución Política por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 4 constitucional, los jueces no estarían obligados a aplicarlo acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad.

    Por si fuera poco, la Constitución ordena que una norma que le atribuye una facultad judicial a un organismo que no la tiene, en este caso, al Ejecutivo, tiene necesariamente que surtir el procedimiento de una ley estatutaria y, por lo tanto, pasar un examen de constitucionalidad automático, que deberá surtirse antes de su entrada en vigor.

    El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, el Fiscal General y la Procuradora General han expresado sus preocupaciones y advertencias frente a estas medidas. ¿Hará oídos sordos el Gobierno?

    Todos temíamos que en algún momento este gobierno caería en la tentación de llevarse de calle el Estado de derecho y las instituciones. ¿Será este decretazo ilegal y politiquero el inicio de esa ruptura?

    P. D. Anuncia el Presidente pagos millonarios a cien mil jóvenes a quienes convertirán en militantes y activistas de la causa. Muy mal ejemplo para quienes se esfuerzan en estudiar, trabajar y construirse un futuro en la legalidad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1674010437936{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    18 de diciembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-el-decretazo-726800[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Navidad en primera línea

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1674010308615{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Gobierno cumplirá su compromiso con esta horda de delincuentes que contribuyó a su campaña.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1674010339125{margin-bottom: 0px !important;}»]Ha anunciado el presidente Petro que los integrantes de la llamada primera línea pasarán Navidad en sus casas en compañía de sus seres queridos. Sin importar a qué maroma jurídica tenga que acudirse, el Gobierno cumplirá su compromiso con esta horda de delincuentes que mucho contribuyó al posterior éxito de su campaña.

    El tema no es para nada menor. Convertir en gestores de paz a estas personas acudiendo a la figura creada por la Ley 418 de 1997 y modificada recientemente por la 2272 del presente año requiere, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas. El primero y más importante de ellos es pertenecer a un grupo armado ilegal con el cual el Gobierno haya firmado un acuerdo en el marco de un proceso de paz. Que sepamos, estos individuos no pertenecen a ninguna organización al margen de la ley, aunque se especule sobre su pertenencia al Eln y eventualmente también a las disidencias de las Farc. En este caso habría que declararlo así y tampoco sería suficiente, pues todavía no se ha suscrito con ellos ningún acuerdo en el marco de un proceso de paz.

    El Gobierno era y es consciente de esta situación y por ello intentó, en el trámite de la ley de perdón social, algunos artículos para permitir una condonación o indulto a personas condenadas por conductas relacionadas con el derecho a la protesta, pero, como sabemos, estas iniciativas fueron negadas por el Legislativo. Ahora bien, aun en el caso de que se otorgaran medidas de excarcelación por conductas relacionadas con las protestas, surgiría la pregunta de cómo hacerlo frente a personas ya condenadas por delitos como el homicidio, el terrorismo y la tortura, que nada tienen que ver con el derecho a la protesta. Como supuestos autores de estas conductas, ya han sido además imputadas más de 168 personas y otras 118 ya tienen escrito de acusación en su contra.

    Fracasado el intento por la vía legal, ahora pretenden hacerlo por decreto, pero violentando la propia figura del gestor de paz, que claramente se fundamenta en el interés de liberar personas que puedan colaborar para el desarrollo de acuerdos humanitarios o a avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo ilegal al que pertenecen.

    Podrían acudir a las figuras de la amnistía y el indulto, pero estas también tienen un alcance determinado y un tratamiento penal especial, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el derecho internacional humanitario. En ambos casos para ser aplicados en el marco de un conflicto armado, como está ocurriendo en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición o en procesos penales relacionados con delitos políticos como la rebelión. Pero aquí no estamos frente a esa figura, pues en los procesos se probó la autoría de estas personas en delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra el patrimonio público. Y, por supuesto, gravísimas afectaciones de la movilidad cuyas víctimas principales fueron los propios ciudadanos. No es pertinente entonces intentar aplicar estas figuras a personas condenadas o investigadas por la comisión de esas conductas que nada tienen que ver con el conflicto armando.

    Otro aspecto para tener en cuenta es que las víctimas, que incluyen tanto a miembros de la fuerza pública como civiles, no han sido consultadas sobre la puesta en marcha de estas figuras, como sí se ha hecho y con mucho celo en la Jurisdicción Especial para La Paz. Me pregunto si en la liberación anunciada algo se ha pensado en relación con los millones de víctimas de estas acciones de la primera línea. Me temo que nada.

    Esta semana también conocimos reacciones de la Judicatura en relación con los anuncios de liberación que equivaldrían a desconocer las decisiones de fiscales y jueces y, de paso, atropellar el principio de la separación de los poderes públicos, fundamento de nuestra arquitectura constitucional y sistema democrático. El Gobierno ha hecho oídos sordos a este llamado.

    El presidente Boric, en Chile, también intentó cumplirles a sus aliados de la primera línea, acudiendo a los mismos mecanismos. Tanto el Congreso como las cortes se lo impidieron. Los delincuentes chilenos pasarán Navidad en las cárceles, que es el lugar que también la Constitución y la ley colombiana reserva a los terroristas y delincuentes locales.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1674010269584{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    11 de diciembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/navidad-en-primera-linea-columna-de-german-vargas-lleras-724874[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Más incertidumbre

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1674009944415{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Fue evidente la total desconexión entre el Presidente y sus ministros de Transporte y Hacienda.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1674009986460{margin-bottom: 0px !important;}»]Muy puntual llegó Petro a la instalación y clausura anticipada del Congreso de la Infraestructura. Mucho se había especulado sobre la poca importancia que concedía el Presidente al desarrollo de las obras de infraestructura. Ese temor ahora se ha podido confirmar. A juzgar por el discurso y los temas abordados, poco será lo que pueda esperarse en este cuatrienio para dar impulso a un sector que es fundamental para la generación de empleo, el desarrollo de las regiones y sobre todo para la competitividad del país.

    Con excepción de la mención a la conexión de las costas Atlántica y Pacífica, toda la intervención giró más en torno a la 4.ª revolución industrial, a la protección del medio ambiente, a la energía, Rifkin y muchos otros temas ajenos al interés del Congreso. Parecería hablándole a otro auditorio, salvo por el jalón de orejas al anfitrión por su oposición al metro subterráneo y por su idea de concesionar la construcción de colegios. No haber designado a estas alturas a los directores de Invías, Aerocivil o Cormagdalena es una buena señal de la poca prioridad que el Gobierno asigna al sector.

    Y eso que Juan Martín Caicedo lo recibió con un discurso bautizado como Infraestructura para la paz y el avance social. Sorprende que no se haya referido en él a las 23 APP actualmente en curso ni al programa de la 5.ª generación de APP que no inició el gobierno anterior y menos a los anuncios de Invías de un programa que aún no arranca. Destaco positivamente que haya mencionado la vía Buenaventura-Puerto Carreño o conexión Pacífico-Orinoquia, corredor para el cual desde 2016 contratamos estudios y diseños y que no le mereció mayor atención al gobierno anterior, el tramo de 18 kilómetros Villeta-Guaduas que da acceso a la ruta del Sol 1 y la carretera Pasto-Popayán que hizo parte de la ola 3.

    Para los asistentes fue evidente la total desconexión entre el Presidente y sus ministros de Transporte y Hacienda, así como también entre estos últimos. Ocampo, más serio, destacó la importancia del sector para el crecimiento económico y las concesiones como vehículo para ejecutar y financiar las obras. El mintransporte lució perdido entre el cambio climático y la transición energética, terminó comprometido con la construcción de 33.000 kilómetros de vías terciarias por 8 billones con el concurso de las comunidades y las juntas de acción comunal y mencionó otras inversiones por 80 billones, pero no explicó cómo se ejecutarán ni cómo se financiarán.

    En abierta contradicción con su jefe, al ministro sí parecen gustarle las concesiones y los peajes, pero su desconocimiento del sector es alarmante en contraste con la viceministra de infraestructura.

    Este Gobierno, al igual que el anterior, tiene todo para ejecutar y gestionar bien la infraestructura de transporte del país. Reciben 24 proyectos APP 4G en construcción y varias obras públicas que hay que destrabar, agilizar y terminar. Sería inadmisible que pasen otros cuatro años sin lograrlo.

    Deberían aprovechar que en el gobierno Santos dejamos un buen Plan Maestro y un completísimo catálogo de proyectos estructurados que pueden prontamente licitar. Ejemplos de ello son los proyectos Zipaquirá-Barbosa, Barbosa-Bucaramanga, Ocaña-Cúcuta; Duitama-Pamplona; Corredor Transversal Cusiana: Sogamoso-Aguazul-Maní; Chinchiná-Mariquita; Pasto-Popayán. Este último sería imperdonable que no se ejecutara viendo la descomunal votación de Petro en todo el suroccidente del país.

    Yo creo que está muy bien que el Gobierno aspire a hacer una inversión histórica en vías terciarias. La invitación es a repensar la forma de hacerlo, para así evitar también una decepción histórica de las comunidades beneficiarias. Para lograr intervenir 33.000 kilómetros en 4 años es indispensable vincular todas las capacidades de las mipymes de ingeniería del país, contratar unas muy buenas interventorías y asociar bien a las comunidades y a las juntas de acción comunal, no como ejecutoras sino como veedoras permanentes. Pero grave sería que este loable propósito paralice los avances en la red primaria y secundaria del país que tanto se requieren.

    Lo cierto es que los asistentes al Congreso entraron y salieron confundidos. No saben qué pensar de lo que ocurrirá en el sector en estos cuatro años ni cuál es el nivel de compromiso del Gobierno. Un frente más de preocupación.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1674010014817{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    04 de diciembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-mas-incertidumbre-723055[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • ¿A quién creerle?

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1669584265350{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Hay que recordar que EPM libremente participó en subastas de energía realizadas por la Creg.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1669584349309{margin-bottom: 0px !important;}»]Este miércoles vence la fecha límite para la entrada en operación de las primeras dos turbinas de la muy controvertida central hidroeléctrica Hidroituango. Me he referido en un par de ocasiones a esta megaobra para expresar mis preocupaciones, y no me cuento entre los que hacen fuerza para que este importante proyecto no pueda ser recuperado y puesto al servicio del país. Ahora puede pasar cualquier cosa.

    Esta semana, en el Congreso el gerente de EPM afirmó que “las condiciones actuales del macizo rocoso, la central subterránea, la presa, el vertedero y obras anexas se encuentran estables, y ante la puesta en marcha de las unidades de generación, no se espera que se generen cambios en los niveles de riesgo”.

    Sin embargo, en la misma sesión, lo contradijo el director de la Unidad Nacional del Riesgo, ingeniero Javier Pava, al afirmar: “(…) En mi concepto de especialista del sistema, ese proyecto (Hidroituango) nunca va a ser estable porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso…”. Vale la pena recordar que el consultor internacional Poyry, contratado por EPM para realizar un dictamen técnico sobre el proyecto solicitado por la Anla, determinó varios riesgos críticos y muy críticos que recomendó mitigar y solucionar satisfactoriamente antes de terminar la totalidad del proyecto.

    Y si todo está tan controlado, ¿por qué el alcalde Quintero solicita más tiempo para realizar otras pruebas? ¿Son indispensables esas pruebas para descartar cualquier riesgo? Yo creo que el alcalde lo que busca es pasarle toda la responsabilidad al Gobierno Nacional. Obligarlo a tomar una decisión que solo compete a EPM y a la junta directiva, que él preside, y poner al Gobierno contra la pared para evitar el pago de multas y sanciones multimillonarias, que son responsabilidad exclusiva de la empresa. Y hay que añadir que, a la fecha, el proyecto ya no cuenta con una póliza todo riesgo de construcción y montaje. Y si no le dan la prórroga sin sanción, hacer también responsable al Gobierno de cualquier afectación. Muy sabroso así, como diría Francia.

    Hay que recordar que EPM, libre y autónomamente, participó en subastas de energía realizadas por la Creg en los años 2008 y 2012, ofreciendo la entrega al sistema interconectado nacional de los 2.400 MWh de energía eléctrica. Primero ofreciendo entregarlo en diciembre de 2018 y luego, por los retrasos y eventos críticos ya conocidos, en noviembre de 2022. Para ello otorgó una garantía de cumplimiento por US$ 207 millones, y si cumplía se aseguraría ingresos por la remuneración del cargo por confiabilidad a razón de US$ 64 millones anuales durante 17 años. Pero si EPM llega a incumplir su compromiso, también la Creg deberá hacerle exigible la garantía de cumplimiento, como lo hizo en los casos de Porce, Miel II, Termosolo y la propia Hidroituango en 2019.

    Otras preguntas que aún no tienen respuesta son: ¿quién va a responder por el mayor valor de 4,6 billones? ¿Quiénes por el lucro cesante? ¿Quiénes por el incumplimiento si esta obra no entra a operar el 30 de noviembre? ¿Cuándo se conocerán resultados de las investigaciones y posibles sanciones a diseñadores, asesores, constructores e interventores? ¿Terminará esto igual que el Guavio, o sea, en nada de nada?

    Quintero ha dicho de todo sobre el proyecto, incluso que los constructores habían “bajado la calidad de los materiales utilizados”; todos sus anuncios han resultado fallidos, y su falta de rigor técnico es proverbial. Durante su gestión, además, se suscribió el acuerdo de transacción con la aseguradora Mapfre, que ha sido fuertemente cuestionado. Sea esta la oportunidad para señalar que si bien apoyé la decisión del alcalde de terminar el contubernio en EPM, para nada comparto su inmadura gestión. Diariamente provoca inútiles enfrentamientos, le gusta hacer ruido al precio que sea y parece que gobernara en modalidad campaña electoral, sin gestionar su ciudad.

    ¿Se atreverá EPM, con Daniel el travieso a la cabeza, a iniciar la generación de energía con las dos primeras turbinas, pese a tener un nivel de riesgo que ella misma califica de alto y, según la UNGRD, sin tener listo e implementado un adecuado y completo plan de contingencias para esta delicada situación? ¿Lo permitirá el Gobierno? Es más, ¿le perdonará, en atención al apoyo político recibido, la multa de no hacerlo?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1669584314823{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    27 de noviembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-a-quien-creerle-721043[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Presos en Bogotá

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1669584507725{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Estaremos vivos para ver la culminación de alguna de estas obras? Muy probable que no.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1669584561278{margin-bottom: 0px !important;}»]Vivimos un infierno al intentar salir o entrar a la ciudad. No importa la ruta que se escoja, los trancones están consiguiendo que las personas se lo piensen muy bien antes de decidirse a tomar carretera. El solo recorrido hasta salir de Bogotá demanda un tiempo mayor que el desplazamiento al lugar de destino.

    Hasta hace poco, llegar al municipio de Madrid tardaba 60 minutos. Hoy es muy difícil hacerlo en menos de dos horas, y la última vez que intenté regresar por esta vía me tomó cerca de 4 horas. La situación no es muy diferente a lo que ocurre en la Autonorte, la calle 80, la 13 o las salidas a Girardot por Soacha, o a Villavicencio. Recientemente se presentó un monumental trancón en la entrada por el municipio de La Calera.

    Menciono este caso porque no se trató solamente del pésimo estado de la vía, sino de la ausencia y luego inacción total de la autoridad para impedir que un grupo de motociclistas atropellaran los derechos de todos. En transitar estos 14 kilómetros tardé cinco horas.

    Por eso vale la pena recordar lo que ha sido la tragedia para encontrar algunas soluciones a los accesos viales a la ciudad.

    En 2015 les presentamos a los entonces candidatos a la alcaldía el paquete de propuestas que cursaban en la ANI para que las evaluaran y se pronunciaran al respecto, ya que forzosamente cualquier obra por ejecutarse en el Distrito requería la aprobación del IDU. Todos señalaron públicamente que las compartían y expresaron su preocupación y compromiso por resolver la problemática.

    Veamos: el proyecto autopista Circunvalar de Bogotá fue rechazado, así como también la prolongación de la avenida La Esperanza, cuyo originador fue Tradeco. Se aprobó por la ANI la prefactibilidad del Corredor perimetral del sur, que nunca llegó a ejecutarse. Los accesos Norte, fase Nación, a partir de la calle 245, se encuentran en ejecución por parte de la ANI y en su fase Distrito, de la calle 190 a la 245, que fue inicialmente rechazada por el Distrito, hoy, cinco años después, no se ha iniciado la construcción.

    En cuanto a la Conexión Florida, vía exprés al occidente, el IDU manifestó no estar interesado. También rechazó el proyecto vial Suba-Cota. La ALO sur no se contrató sino seis años después de radicada la propuesta. El viaducto Soacha fue negado en etapa de factibilidad para priorizar la ALO sur y TransMilenio fase III Soacha, entre muchos otros. Es importante advertir que todas estas iniciativas no requerían el aporte de recursos públicos, pues se proponía contratarlas como IPP de iniciativa privada.

    Con respecto a la conexión Bogotá-Valle de Sopó, se proponían dos carriles por sentido. Iniciaba en la carrera 7.ª con calle 170 y llegaba hasta La Calera, en la vereda Cayetano; tenía una longitud de 11,2 km. Aun teniendo prefactibilidad de la ANI, fue rechazada por el IDU.

    Sobre esta vía se presentó una segunda propuesta de conexión en la carrera 7.ª con calle 153 hasta La Calera, que igualmente fue rechazada por la Alcaldía por no considerarla de interés público.

    Y también hubo una tercera propuesta de conexión, a partir de la carrera 7.ª con calle 100, mediante un túnel de 4,6 km y una vía a cielo abierto de 7,3 km, que corrió la misma suerte.

    La que sí logramos contratar e iniciar fue la Perimetral de Oriente (Sesquilé-Sopó-La Calera-Choachí), con inversiones por 1,57 billones. A estas alturas, 7 años después, solo se ha ejecutado el 43 % de la inversión y se encuentra paralizada por el surgimiento de nuevos requerimientos ambientales.

    Recuerdo bien al alcalde Peñalosa diciendo que no permitiría que el valle de Sopó se convirtiera en un barrio más de Bogotá, cuando para ese entonces ya lo era. Tengo en mis manos su plan de obras y por ninguna parte figura la conexión Bogotá-La Calera.

    Ya completamos 7 días sin abrir paso en este acceso y ahora todos se lavan las manos y se echan unos a otros la culpa.

    Esta es la triste realidad de lo ocurrido. Ahora se anuncia el inicio de obras en la ALO sur; también en la autopista Norte entre las calles 190 y 245 y la terminación de la estructuración del mejoramiento del acceso a Bogotá por la calle 13. ¿Estaremos vivos para ver la culminación de alguna de estas obras? Muy probable que no. Prueba de ello es la reapertura del debate sobre la línea 1 del metro y sobre su segundo tramo, que por el momento no pasa de ser una fantasía.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1669584632042{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    20 de noviembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-presos-en-bogota-719006[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Los socios

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1668360560070{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El pecado está en acudir a los mismos mecanismos que criticaron con vehemencia en el pasado.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1668360596152{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana se votará la conciliación del proyecto tributario. Lo que aún resta por decidir son asuntos menores. Se confirmaron los pronósticos y muy a mi pesar gané la apuesta: liberales, conservadores y ‘la U’ terminaron de sellar sus compromisos y votarán la tributaria como el Gobierno quiso. Qué decepción.

    Ninguna consideración importó. Ni el nulo crecimiento anunciado para el próximo año, tampoco las advertencias de recesión mundiales, ni la inflación galopante, ni el monto de la deuda externa ni el déficit fiscal, tampoco el comportamiento del mercado accionario ni los pronósticos de desinversión local y extranjera. Nada los conmovió.

    ¿Habrán medido las consecuencias? Me temo que sí. ¿Cómo no hacerlo? Pero primó lo que todos sabemos. Del actual Partido Conservador era claro que no podía esperarse nada, tampoco de ‘la U’, pero algunos llegaron a ilusionarse con las publicitadas líneas rojas del Partido Liberal, pero estas naufragaron, algunos dicen que por indisciplina, pero yo creo por la irresistible tenaza del Gobierno. Ya veremos cuál fue el costo, si valió la pena.

    El país sabe con claridad quiénes fueron los socios de esta empresa. No critico al Pacto Histórico, ya que ellos ganaron las elecciones y esta receta tributaria era más que conocida. El pecado está en acudir a los mismos mecanismos que criticaron con vehemencia en el pasado.

    Van estas 9 perlas que nos deja la aplanadora legislativa del Gobierno para el próximo año.

    1. El régimen tributario de las empresas petroleras que soportarán una sobretasa en el impuesto sobre la renta del 15 % y la no deducibilidad de las regalías. Esta reforma conduce a generar unas tasas de tributación del 77 %, que van a terminar reduciendo las inversiones en exploración y, por ende, la futura producción de hidrocarburos.

    2. Las personas naturales con ingreso mensual de entre $ 20 y $ 50 millones tendrán incrementos en su tributación que fluctúan entre el 30 y el 57 %, pero las personas naturales con ingresos mensuales de $ 100 millones o más tendrán incrementos muy bajos. Por ejemplo, una persona con un ingreso mensual de $ 500 millones solamente tendrá un aumento del 2,1 %. Curiosa interpretación de la progresividad.

    3. Para los colombianos de más bajos ingresos, los que sobreviven con el salario mínimo o con una fracción de este, lo que les espera es un alza generalizada de muchos de los productos que consumen, como gaseosas, jugos de paquete o embotellados, salchichas, chocolate de mesa, café, cereales, galletas, condimentos, helados, confitería y muchos más.

    4. El impuesto al patrimonio, que no grava a quienes más ganan, sino a quienes más ahorraron e invirtieron. Para estos contribuyentes, ahora se presentará una doble tributación sobre rentas que en el pasado ya tributaron y que ahora, acumuladas en el patrimonio, se gravarán hasta en el 1,5 % anual.

    5. La tributación de los empresarios y sus negocios, que ahora soportarán 6 impuestos: el ICA, el 4 × 1.000, el impuesto sobre la renta, el impuesto mínimo del 15 %, el impuesto al dividendo y el impuesto al patrimonio, lo que genera una tasa de tributación que fluctúa entre el 60 y el 107 %. Con estas tasas de tributación cada día será más rentable importar en lugar de producir en Colombia.

    6. La tributación mínima para las sociedades, que es una nueva renta presuntiva y elevará la tasa de tributación de muchas utilidades al 50 %, pues cuando se realice el registro contable de la utilidad se pagará un 15 % y cuando se realice el registro de la utilidad fiscal, se pagará un 35 %.

    7. El impuesto de timbre sobre las escrituras de enajenación de inmuebles de más de $ 760 millones, que ahora se gravarán con un impuesto de timbre hasta del 3 %.

    8. La eliminación del descuento del 50 % del ICA pagado, que se había aprobado en la reforma pasada con la finalidad de reducir la carga tributaria excesiva de las empresas con bajo margen y alta rotación de ventas.

    9. La ausencia de un plan de lucha contra el contrabando y la evasión por parte del Ministerio de Hacienda, que nos cuesta 80 billones, y nada en las excepciones al IVA, que suman 60 billones más.

    Poco sirvió la visita de la señora Mazzucato, que le dijo al Gobierno con total claridad que primero hay que crear riqueza para luego redistribuirla. Tal vez a esa reunión el Gobierno también haya llegado tarde y solo escuchó la segunda parte.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1668360701536{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    13 de noviembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-los-socios-717285[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • En tierra derecha

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1668361315488{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Esta labor empieza por cumplir cabalmente el fallo de 2012 en el que se insta a celebrar un tratado.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1668361095900{margin-bottom: 0px !important;}»]Entramos en la recta final de nuestra disputa territorial con Nicaragua. Acierta el Gobierno en su decisión de cambiar los representantes de Colombia para esta última etapa del proceso.

    A primera vista pareciera una apuesta riesgosa, a estas alturas, cambiar a los abogados defensores. A mí no me lo parece, pues creo que el resultado de la dupla Arrieta-Cepeda no podía ser más lamentable para los intereses del país. Así que cualquier gestión, por limitada que sea, con seguridad será mejor que lo realizado hasta ahora, en donde todo ha fallado tanto en lo jurídico como en lo diplomático y en lo político. En este sentido, no sobra recordar que hemos perdido todo: las excepciones preliminares en 2007 y también los dos fallos de 2012 y 2022.

    El nuevo equipo estará conformado por Eduardo Valencia, quien fuera secretario de la Corte Internacional de Justicia por 16 años y elegido en dos ocasiones por Naciones Unidas en la Comisión de Derecho Internacional. Lo acompañará Carolina Olarte, doctora de la Universidad de París, con maestría en derecho internacional, y como coagente Elizabeth Taylor, raizal ampliamente reconocida.

    Convengamos en que ya no será mucho lo que pueda hacerse para rectificar el cúmulo de equivocaciones cometidas, pues los últimos alegatos escritos ya fueron presentados y todo el material probatorio entregado. Solo resta una muy inusual audiencia oral que tiene mucha pinta de salir peor que todo lo anterior. Entiendo que en ella se debatirán solo dos aspectos. Nos preguntarán sobre la Convención del Mar de 1982 y responderemos que ese tratado lo firmamos, pero nunca lo ratificamos. Y querrán conocer nuestra opinión sobre la plataforma continental extendida y el derecho consuetudinario.

    Nicaragua, en contraste, dirá que ellos sí hacen parte de la Convención del Mar y que esta, como lo señalan varios tratadistas internacionales, sí nos es aplicable así no la hayamos ratificado por ser costumbre internacional y fuente de derecho. No estamos en esta materia muy bien parados que digamos, y pensar que Colombia fue la que motivó esta audiencia que tendrá lugar el 5 de diciembre. Esta será la última oportunidad procesal para debatir nuestras pretensiones. El fallo definitivo sobre esta tercera demanda se conocerá en marzo. Y será, me anticipo, muy amargo para el país, y nosotros celebrando hasta la fecha unos triunfos inexistentes.

    El fondo de esta demanda versa sobre si le reconoce a Nicaragua una plataforma continental extendida que iría más allá de las 200 millas de su territorio económico que ya les fue concedido. Si el fallo es en contra de Colombia, perderemos 18.000 km de suelo y subsuelo marino.

    Pero, como ya es tarde para enderezar el camino en lo jurídico, solo nos queda tratar de cambiar políticamente la opinión que hasta la fecha la Corte se ha formado de nuestra defensa y argumentación. Esta labor empieza por cumplir cabalmente el fallo de 2012 en el que se insta a celebrar un tratado. Y por supuesto, cumplir el fallo de 2022 y no seguir toreando a la Corte con más declaraciones provocadoras como aquella de insistir en que por encima de los fallos de la Corte de La Haya prima el art. 101 de nuestra Constitución. Con seguridad la Corte apreciaría que dejáramos de desinformar y hacer politiquería interna, prohibir que la Armada deje de desconocer la sentencia y que nos abstengamos de violar el territorio nicaragüense so pretexto de labores de interdicción, protección del medio ambiente o respeto de los derechos de pesca.

    Y pensar que todo esto se hubiera podido evitar si desde 1994 Samper hubiera renunciado a esa jurisdicción y si Pastrana, que lo hizo, no hubiera olvidado también renunciar al Pacto de Bogotá, que nos remitía a esa misma jurisdicción, o si Uribe, en 8 años, y Santos en su primer año se hubieran anticipado a hacerlo y no después de conocer el fallo de 2012, ya que en los meses siguientes fuimos notificados de la 2.ª y 3.ª demanda o, como lo recordó el Dr. Ramiro Bejarano, le hubiéramos parado bolas en su momento al Dr. Enrique Gaviria en su tesis del archipiélago de Estado como sí lo hicieron Ecuador en Galápagos y España en las islas Baleares.

    Y los 9.500 millones de honorarios invertidos en los doctores Arrieta y Cepeda resultaron ciertos, pese a que ambos lo negaron. Mediante derecho de petición pude confirmarlo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1668361123594{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    6 de noviembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-en-tierra-derecha-715480[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]