Fundación Carlos Lleras Restrepo

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    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1668371667718{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Una reforma tributaria que profundizará la crisis, ahuyentará toda inversión local y foránea.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1668371468412{margin-bottom: 0px !important;}»]Los partidos de la coalición de gobierno, Liberal, Conservador y ‘la U’, han mostrado los colmillos al Gobierno esta semana, con el anuncio de las llamadas líneas rojas en la reforma tributaria. A las 12 iniciales del Partido Liberal, que compartimos, se han sumado otras más: ‘la U’ ahora anuncia su apoyo a no gravar a las iglesias, y los conservadores tomaron la bandera del petróleo y el carbón. Veo mucha gente entusiasmada con la posibilidad de que la reforma naufrague. No quiero ser aguafiestas con ellos, pero qué ingenuidad. Toda esta escaramuza se resolverá con el cumplimiento de los compromisos burocráticos y los favores prometidos y no cumplidos.

    orque los partidos mencionados saben que es esta la mejor oportunidad de apretar tuercas y como los gobiernos son pragmáticos, puedo apostar doble contra sencillo que la reforma pasará intacta, con los ajustes menores anunciados en la tributación de Ecopetrol y la decisión de no gravar las pensiones y las iglesias. Como resultado inicial de esta refriega, y en medio de la natural y creciente desconfianza, ya se conoce la entrega del Fondo Nacional del Ahorro y de Positiva Compañía de Seguros y está pendiente la Aeronáutica Civil, entre otras. Así las cosas, esta semana veremos la aprobación aplastante de la reforma, al igual que ocurrió en comisiones terceras con el apoyo de estas colectividades. Todo un teatro. Las consabidas explicaciones vendrán luego. Pero ojalá desde ahora vayan asumiendo la responsabilidad de lo que ocurrirá de cara al próximo debate electoral.

    Para nada les importa a estos padres de la patria que cuando el mundo se apresta a entrar en la temida recesión global, se apruebe una reforma tributaria que profundizará la crisis, ahuyentará toda inversión local y foránea, destruirá empleo y nos ocasionará no pocos problemas en el frente externo. Pero no, la inmediatez de los puestos y la contratación lo justifican todo.

    A esta actitud de los partidos se une la gestión del flamante ministro Ocampo y el conjunto del gabinete ministerial. ¿A qué se referirá Ocampo cuando afirma que el dólar a $ 5.000 es una sobrerreacción del mercado? ¿O cuando dijeron que toda la culpa la tiene la Fed y que la reforma tributaria no tiene nada que ver? Por lo menos reconoce que las declaraciones de algunos colegas de gabinete y del Presidente sí han tenido impacto muy negativo.

    Sobre la colocación de bonos en el exterior, sorprenden también sus anuncios al término de la ronda en Nueva York: “Hay enorme apetito por invertir en Colombia”, “la solidez para los inversionistas es total”. Lo cierto y muy preocupante es que tocó suspender la emisión, pese a la tasa de interés descomunal que se estaba ofreciendo. Que yo recuerde, es la primera vez que esto ocurre. O sea que nadie, a ningún precio, tomó el riesgo país. ¿Utilizarán las reservas para cancelar los vencimientos de una deuda que supera los US$ 100.000 millones o estarán pensando en renegociarla? No me sorprendería cuando veo alusiones al control cambiario.

    Yo creo que lo que es urgente es reversar el anuncio de suspender la exploración de hidrocarburos, y hacerlo de manera contundente. En segundo lugar, destinar el producido de una reforma tributaria menos ambiciosa a reducir el déficit fiscal y ser disciplinado en el cumplimiento de la regla fiscal. Y, por último, cerrar la tronera del fondo de subsidio a los combustibles, que este año costará 31 billones, una vez y media el producido de la reforma. Eso sería lo que esperaríamos de un ministro y de un gobierno responsables.

    Celebro la decisión de la oposición y los sectores independientes de votar negativamente toda la reforma fiscal. De oponerse a reimplantar el impuesto al patrimonio, a doblar el impuesto a los dividendos, a la tributación mínima para sociedades, al desmonte de la deducibilidad del ICA, a revivir la presuntiva ahora disfrazada, al aumento de las tasas impositivas al sector petrolero y a la tributación sobre las regalías, entre otras propuestas. Estas líneas rojas tienen que ser auténticas preocupaciones respecto a los efectos muy inconvenientes de esta reforma sobre el crecimiento económico, el manejo de una recesión anunciada y el impacto en el bolsillo de los asalariados y de todos los colombianos, y no moneda de cambio en negociaciones repudiables.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1668371603162{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    30 de octubre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-grotesco-713661[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Justicia burlada

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1668371775102{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    En dos meses se celebraron 14 contratos con sobrecostos, muy parecido a Emcali.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1668371827831{margin-bottom: 0px !important;}»]El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, inscrito por Cambio Radical, es un fiel exponente de las trapisondas que en muchas ocasiones han convertido a la justicia en rey de burlas.

    Alias el Buey y su equipo de abogados no han ahorrado recursos y leguleyadas para demorar e impedir el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su elección y ordenó su salida del cargo.

    El increíble recorrido, que todavía no termina, se inició en 2020 y ha sido el siguiente: el pasado febrero se presentó apelación del fallo del tribunal ante el Consejo de Estado y en junio se decretó la nulidad de la elección. El mismo mes, el alcalde pidió aclarar la sentencia, que por cierto era muy clara y precisa, por lo que el Consejo de Estado negó la solicitud. De allí en adelante ha ocurrido lo inimaginable: solicitud de aclaración, que se negó; de adición, que también se negó; varias tutelas por vulneración de sus derechos al debido proceso, a la participación política, al acceso a la administración de justicia; recursos de reposición y de súplica, y luego recusación contra toda la sección 5.ª del Consejo, y después impugnación contra toda la sección segunda.

    Ahora la sección 1.ª declara que fue infundada la recusación contra la 5.ª. Esta semana también resolvieron negando el recurso de súplica. Supongo pretenderá ahora que el asunto vaya a sala plena y con seguridad se recusará a todos los magistrados, a los conjueces y luego todo pasará a la Corte Constitucional vía tutela. Si aun en esa corte se confirmara el fallo, con seguridad acudirán a instancias internacionales. Para entonces ya habrá terminado el período en cabeza propia o mediante un encargado de su cuerda.

    Lo importante es que cada día, cada minuto que el alcalde siga en su cargo cuenta. En tan solo estos meses en que han dilatado la ejecución de la sentencia han ocurrido hechos gravísimos. La contratación en solo el mes de julio aumentó en un 180 %. Entre junio y octubre se adelantaron 876 contratos por 29.000 millones, y el 91 % por contratación directa con empresas y personas con requerimientos y en varios casos con antecedentes de órdenes de captura por irregularidades en la ejecución de obras.

    En estos dos meses también se celebraron 14 contratos de compraventa y suministros con sobrecostos, muy parecido a Emcali, y en donde todas las ofertas de menor precio fueron descartadas, entre otras razones, por no tener domicilio en Sincelejo. A ello se suman múltiples contratos de trabajo y de asesoría con personas que ni residen siquiera en el municipio y por supuesto jamás han ido a trabajar.

    La perla que no podía faltar es el contrato de suministro de alimentos PAE. Después de 100 días en que los niños no recibieron alimentos, el nuevo contrato lo ganó el consorcio Por Una Niñez Feliz, con puntaje perfecto, pero en manos de alguien que nunca había prestado el servicio. El resultado fue la suspensión de pagos, raciones no adecuadas y múltiples requerimientos de los órganos de control.

    La Procuraduría adelanta varias investigaciones contra el alcalde por ser el padrino de una red de contratistas, por fraude en cambio de destinación económica de predios, otra por irregularidades en la ejecución del acueducto y otras por la gallera y el estadio y las vías de San Carlos y Argelia.

    La Contraloría también investiga contratos de infraestructura educativa, de conectividad, del sistema de transporte y el Acueducto. Todo lo que contrata esta administración es escandaloso y es objeto de investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.

    Este es un ejemplo alarmante de cómo se puede permanecer 4 años burlando a todo el mundo: a los electores, a la justicia y a los organismos de control, sin que nada ocurra. Y saber que esto mismo pasa en muchos municipios del país.

    Y así anda, o mejor, no anda, la cuidad. La delincuencia disparada, el primer puesto nacional en informalidad, la ciudad no cuenta ni siquiera con un sistema de movilidad. Todas las obras inconclusas. ¿Cuál será el legado que deja el alcalde? Me temo que ninguno. Más pobreza y desesperanza. Pero como cada día y cada minuto de permanencia en el cargo valen oro, la pregunta es si se saldrá con la suya. Como vamos, parece que sí.

    Y todavía hay quienes se preguntan si en verdad se requiere una reforma de la justicia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1668371866743{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    23 de octubre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-justicia-burlada-711815[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Dictadura en el Congreso

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1668372311314{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Ante los que no están en el Gobierno las mayorías ahora practican lo que por años criticaron.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1668372285123{margin-bottom: 0px !important;}»]Sin mayor debate, a pupitrazo y votando decenas de artículos en bloque, como ocurrió con la reforma tributaria en Comisiones conjuntas, pretende el Gobierno del llamado cambio en tan solo dos semanas evacuar el Presupuesto Nacional, la compleja ley de orden público o marco legal para la Paz Total, el acto legislativo de reforma política, la Corte Agraria, el consumo recreativo del cannabis, el Código Electoral y, por supuesto, la mencionada reforma tributaria. Ante la mirada atónita de las menguadas fuerzas de quienes no están en el Gobierno y abusando del mensaje de urgencia para no perder un minuto en debates para ellos estériles, las mayorías ahora practican lo que por años criticaron.

    Sorprende que partidos como el Liberal y ‘la U’, pero particularmente el Conservador, en el cumplimiento de sus “compromisos” como partidos de gobierno, en tan solo pocas semanas hayan cambiado totalmente su posición frente a temas muy sensibles y, diría yo, hasta ahora inamovibles de sus plataformas ideológicas.

    El paquetazo legislativo ha incluido nuevamente la aprobación del Tratado de Escazú, al que muchos parlamentarios se habían opuesto anteriormente e incluso bloqueado su debate cuando el Gobierno Duque lo presentó con mensaje de urgencia. No sobra advertir, entonces, que tendremos tratado vigente aun antes de reglamentar las consultas previas.

    Muchos hemos señalado desde el principio la inconveniencia de la ratificación de este tratado, y muy en particular los sectores productivos, que han advertido que los tropiezos en la aprobación de miles de proyectos hoy en trámite de consultas previas y licenciamientos ambientales se harán francamente imposibles con la incorporación de las nuevas obligaciones del tratado a nuestra legislación interna.

    Hay que reconocer que los defensores del mismo hicieron bien su trabajo mediático. Sus argumentos calaron en la opinión pública, en el propio Congreso y, cómo no decirlo, en los medios de comunicación que abanderaron la iniciativa. Pero claro, ¿cómo oponerse al argumento de que con su ratificación se salvarán vidas de los líderes ambientales? Se señala el asesinato de 322. Una cifra cuyo origen no es claro, pero que exige que las autoridades investiguen y sancionen. ¿Cuántos de los responsables de estos crímenes están procesados y cuántos condenados?

    Ojalá fuera distinto, pero tengo la convicción de que el tratado poco contribuirá a proteger a los líderes ambientales amenazados o en peligro, quienes deben contar con toda la protección del Estado y con el compromiso de las autoridades de Policía y de la Unidad de Protección.

    ¿Y cómo oponerse también a la lucha contra la desigualdad, la discriminación y el derecho a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible? Imposible. Pero avanzar en esos loables propósitos poco depende de la aprobación de este tratado y sí mucho de la voluntad de los gobiernos.

    Pero en cambio este tratado, para decirlo sin eufemismos, hará inviable cualquier proyecto de desarrollo en el país, aumentará la inseguridad jurídica y multiplicará los tiempos y la incertidumbre en los procesos de licenciamiento.

    Algunos dirán que no importa, pues el Gobierno ya ha informado que no se otorgarán más licencias para explorar ni explotar petróleo, ni gas ni carbón, tampoco en minería, ni hablar de proyectos de transporte e infraestructura, solo red terciaria; tampoco nada de proyectos agroindustriales, y aun los turísticos también caerán en el negacionismo anunciado de la Anla y demás agencias estatales.

    Lo único rescatable es que el Tratado de Escazú, en palabras de la activista ministra de Ambiente, terminó de sepultar el fantasioso proyecto bandera del Gobierno: el tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla.

    El mundo se encuentra ad portas de entrar en una recesión económica. En Colombia se pronostica decrecimiento en 2023, así lo anuncian el Fondo Monetario Internacional y el propio presidente Petro. Pero el Gobierno hace oídos sordos y lejos de impulsar proyectos de desarrollo e infraestructura generadores de crecimiento, riqueza y empleo se empeña en impedirlo, con pésimas señales para los inversionistas, como lo son esta de Escazú y, por supuesto, la tributaria, sobre cuyos muy negativos efectos es imposible profundizar más.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1668372223085{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    16 de octubre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-dictadura-en-el-congreso-710176[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Qué desfachatez

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1665452971469{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    En el 2000 el Gobierno Nacional tuvo que intervenir a Emcali por un cúmulo de deudas financieras.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1665453034581{margin-bottom: 0px !important;}»]No paran los escándalos de corrupción en el país. Ahora el turno es nuevamente para las empresas municipales de Cali –Emcali–, convertidas en un fortín político del alcalde Jorge Ospina y sus aliados, quién lo creyera, los adalides de la moral y la transparencia. Lo cierto es que la corrupción no tiene color político ni ideología. Baste con recordar lo ocurrido en Bogotá y lo que sigue pasando en gobernaciones y alcaldías que se bautizaron como independientes.

    Recuerdo cómo en el año 2000 el Gobierno Nacional tuvo que intervenir a Emcali por un cúmulo de deudas financieras, incumplimiento de créditos internacionales, incluido uno con el BID, y otros con el sector eléctrico y pasivos pensionales sin reservas por 2 billones de pesos, entre otras curiosidades.

    Pero ahora son dos escandalosos contratos por más de 450.000 millones, al parecer la punta del iceberg de una contratación de más 75.000 contratos directos, es decir, hecha a dedo, y que asciende a más de 2,8 billones de pesos, según la Procuraduría. Aquí, el nombre del juego es la misma contratación interadministrativa que he denunciado tantas veces y que permite eludir el estatuto contractual a través de pliegos sastre, invitaciones cerradas y usualmente con único proponente.

    El primer contrato tenía por objeto la modernización del sistema de medición del consumo de energía domiciliario. Incluía el cambio de los medidores y la construcción de un centro de control por 215.000 millones. Todo contratado por invitación privada y con base en un estudio de mercado que sirvió para referenciar los precios que ahora la misma Administración cuestiona. Se recibieron 2 propuestas.

    El ganador, la Unión Temporal AMI Concordiados, que pactó la compra, a precios exorbitantes, de muchos componentes que ya la opinión pública conoce. Lo más grave, pero típico en estos casos, es que la invitación exigía una particular tecnología que solo podían ofrecer los adjudicatarios. El contrato está suspendido por las partes ante la gravedad de las denuncias, pero en cualquier momento puede recibir orden de inicio y giro de anticipos. Por ello es importante que se tomen medidas cautelares que impidan una nueva maniobra fraudulenta.

    El segundo tenía como propósito la construcción de una granja solar, con una inversión de 225.000 millones en un contrato que más parece de concesión, y en el cual el adjudicatario debía aportar 127.000 millones que por supuesto nunca aportó. ¿Quién es el adjudicatario Klarzen Green? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuál es su verdadera capacidad financiera y de contratación?

    Todo en esta compañía parece diseñado para participar en esta contratación, desde la modificación de su objeto social el año pasado. El otro proponente es como para no creerlo. Baste decir que el representante legal de UT 20 Solar es Andrés Alberto Pérez Valera, beneficiario de subsidio familiar y que acredita ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Todo un montaje.

    Este par de escándalos no han sido los únicos en Emcali. Recordemos que esta entidad contrató con Centros Poblados, también con pólizas falsas y tras haber modificado unos meses antes su manual de contratación para introducir la modalidad de invitación cerrada.

    Son muchos los temas de la Alcaldía de Cali en investigación: la adjudicación del PAE, la feria virtual, el alumbrado navideño, el convenio con la ERT, el tema de las cámaras, el plan bicentenario, la reactivación de Caligen, para mencionar algunos.

    El Contralor se estrena en este caso, como es lógico, por tratarse de su tierra, y ya anunció que los sobrecostos oscilan entre el 350 y el 1.000 %, y que muy pronto habrá resultados de las investigaciones. Esperemos que la Fiscalía y la Procuraduría también se apersonen del asunto en contraste con el silencio, ojalá no cómplice, de la Superintendencia de Servicios Públicos.

    El alcalde Ospina no puede seguir negando su responsabilidad en estos escándalos. Fue él quien designó a la junta directiva de Emcali, que él mismo preside, y a Juan Diego Flórez, viejo aliado político suyo, como gerente de la entidad. Quién va a creerle cuando afirma que se trata de un matoneo y persecución política por su cercanía con Petro. Qué desfachatez. Pero bien haría el Presidente en condenar enérgicamente estos actos por provenir, precisamente, de sectores políticos afines al Gobierno.
    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1665453067254{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    9 de octubre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-que-desfachatez-708410[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Reforma política

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]


    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1665452355935{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    No se trata de una medida anticorrupción o para profundizar la democracia, sino que es clientelista.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1665452433271{margin-bottom: 0px !important;}»]Dentro del paquete de proyectos del Gobierno destaca la reforma política aprobada esta semana en el Senado y cuyo propósito es garantizar la aprobación de todas las demás propuestas legislativas, como la reforma tributaria, la pensional, la de la salud, la laboral, etc. En otras palabras, la reforma política está llamada a asegurar la plena gobernabilidad del régimen: cero disentimientos, mucho garrote y también engañosas zanahorias. Para quienes ‘pupitreen’ sin chistar vendrán nombramientos, apoyos en inversiones y la posibilidad para ellos de ser ministros y embajadores. Para los demás, el riesgo de ver mermadas sus bancadas y reducidas sus posibilidades electorales en los próximos comicios.

    Comencemos con el voto obligatorio. No es una figura popular ni muy extendida en el mundo, solo el 13 % de los países la tienen consagrada. Entre ellos, Argentina y Perú, para no mencionar muchas dictaduras. La consecuencia de obligar a la población a votar ha dado como resultado un altísimo número de votos inválidos y en blanco y un creciente sentimiento de protesta y rechazo al régimen de sanciones, que en el caso de Colombia aún no se conocen, pero que seguramente consagrará multas y muchas otras penalidades, como se estableció en otros países.

    En Colombia, el derecho al voto libre tiene un carácter fundamental en la Constitución y dicha variación no puede, en ningún caso, implicar una sustitución de un pilar fundamental de esta.

    El proyecto consagra también el llamado transfuguismo, que autoriza a los congresistas a cambiar de partido cuando sea aprobada la reforma. No solo es una burla al elector que había votado por una determinada ideología o programa de un partido, sino que está llamada a convenirse en instrumento de presión indebida y chantaje a los partidos de oposición. Así le ocurrió a Cambio Radical cuando no acompañó la segunda reelección de Uribe y por causa de una norma igual perdió la mitad de su bancada.

    ¿No les basta haber montado la aplanadora actual en el Congreso? ¿Pretenden seguir debilitando a quienes están en la oposición o la independencia? No veo a nadie del Pacto Histórico pensando en transfuguismo, pero sí veo al Gobierno seduciendo, cuando no sobornando, a parlamentarios de otras colectividades para abandonarlas e ingresar a la coalición de gobierno o mantener atados a quienes hoy se declararon partidos de la coalición. ¿Qué se pretende en últimas? ¿Avanzar hacia un partido único de gobierno? No me sorprendería.

    El proyecto consagra –quién lo creyera, viniendo de quienes lo han objetado siempre– la posibilidad para los congresistas de renunciar de inmediato para entrar al Gobierno. Otro instrumento para garantizar gobernabilidad y capturar más al Congreso. No se trata, como se ha presentado, de una medida anticorrupción o para profundizar la democracia, sino, por el contrario, de una medida clientelista que generará indeseables desequilibrios entre los poderes públicos.

    También incluye la prohibición para desempeñarse como congresista, diputado y concejal por más de dos periodos. Es esta otra medida que puede parecer popular, pero yo me pregunto en qué país del mundo existe algo similar. ¿No es esta una violación del derecho constitucional de elegir y ser elegido? Yo creo que es una propuesta discriminatoria que conllevaría acabar con la responsabilidad política, generar elecciones por interpuesta persona, convirtiéndose, sin duda, en una medida mentirosa que coarta al elector, acaba con los liderazgos regionales y con la experiencia en el manejo legislativo.

    Otros temas también muy polémicos incluidos en el proyecto son los relacionados con la financiación de campañas, donde me temo que la idea es volverla totalmente pública; los requisitos para la creación de movimientos electorales y los plazos de militancia mínima para obtener avales, y ya se menciona que este semestre también irán por habilitar a todos los funcionarios públicos a intervenir directamente en política y a suprimir la ley de garantías que ellos mismos prohijaron. El paquete completo. Todas estas reformas tienen un propósito fundamental: asegurar el unanimismo y la total gobernabilidad y liquidar políticamente a los contrarios. Mucho perderán el país y su democracia. Todavía es tiempo de corregir el rumbo y sepultar esta propuesta totalitaria.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1665452478589{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    02 de octubre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-reforma-politica-706730[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La consigna

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1665452836068{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Un despropósito: acabar con las EPS será el plan de la ministra de Salud Carolina Corcho.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1665452891261{margin-bottom: 0px !important;}»]Arrancó en firme esta semana lo que para muchos constituye la crónica de una muerte anunciada del sistema de prestación de servicios de salud en el país. Su protagonista, la ministra Carolina Corcho, activista y tuitera profesional; los actores de reparto, el cuestionado superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, y el director de la Adres.

    Borrar del mapa a las EPS es la consigna: desfinanciarlas, desprestigiarlas y quebrarlas. El desfinanciamiento ya comenzó con la triste e inédita intervención de la ministra en el Congreso, donde abogó por una disminución del presupuesto para su sector. Jamás había ocurrido en Colombia tal despropósito, cuando está claro que incluso lo solicitado originalmente sería insuficiente para cubrir el incremento estimado de la unidad de pago por capitación, o sea, el dinero que el Estado destina para la atención de cada afiliado.

    Por este camino las EPS recibirán menos recursos, se agravarán los problemas de cartera y, por supuesto, se afectará a los usuarios y al personal médico. Coinciden los expertos en afirmar que una consecuencia será el incremento de las llamadas barreras de acceso, con especial afectación de los afiliados al régimen subsidiado.

    Una explicación, y dudo que exista otra, es que reducir el presupuesto del sector puede tener como objetivo deseado deteriorar los niveles de acceso, atención y servicio. Ello obligaría a poner los reflectores sobre las EPS y el sistema en general para erosionar las bases de su legitimidad, existencia y operación. Qué maquiavélica nos resultó la ministra Corcho. Ya conocíamos su animadversión enfermiza con el sistema creado por la Ley 100. La vimos actuar, o más bien fracasar, con estas mismas ideas en Bogotá y, claro, también en la campaña presidencial, donde no ocultó para nada sus intenciones de hacer trizas el sistema de salud existente.

    ¿Será porque el sistema funciona tan mal? No parece, según estudios y estándares internacionales en los que, por el contrario, se destaca como uno de los más eficaces por su cubrimiento, calidad y contención de costos. ¿Que puede mejorar? Por supuesto que sí. De eso se trataba la iniciativa que presentamos el año pasado, liderada por el exministro Ruiz, que nunca la defendió siendo su autor, y que de haberse aprobado no estaríamos en estas. En todo caso, hay que reconocer que en estos 30 años todo ha ido mejorando, y mucho.

    Pero, según la ministra, a las EPS hay que culparlas de todo. Que son unos meros intermediarios, que encarecen los servicios, que sobran, cuando en realidad son las entidades que gestionan la totalidad del riesgo en salud. Desde la prevención hasta la paliación, son las que articulan todos los servicios para garantizar el acceso y la calidad y, muy importante, el control del gasto. Ahora resulta que el Gobierno quiere reemplazarlas por un sistema que aún no han revelado, pero que ha trascendido se pondrá en manos estatales y apoyado en entes regionales.

    Eso ya lo vivimos con el antiguo y tristemente recordado Seguro Social. Corrupción, politiquería, quiebra y pésima atención. Buen ejemplo es el de Cundinamarca, les autorizan capitalizar a Convida en 40.000 millones y a los 20 días los intervienen y liquidan. Francamente un atraco. No hay que ser un adivino para ver a dónde vamos a parar por este camino.

    Pero el Gobierno está actuando como si la pretendida reforma ya hubiera sido aprobada, sin haberla presentado. Todo en el Ministerio, desde la planeación, ya se está orientando hacia este modelo estatal territorializado. Quizás estén apostando a que no se requiera reforma de la ley, pues el sistema colapsará pronto y podrán actuar con medidas de emergencia. Se rumora, por ejemplo, la modificación del decreto 441 de 2022 para cambiar los mecanismos de contratación de la red. Esto por sí solo sería una bomba. Es solo ver la robadera en un programa elemental como el PAE, de alimentación escolar, administrado por los entes territoriales.

    Hay que generar una crisis explícita del sector, afirma la ministra. Por esta sola afirmación debería responder disciplinaria y fiscalmente, y con las primeras fallas de los servicios de salud, convertidas en ciudadanos fallecidos, también en lo penal. Es lo que pasa cuando se le quiere meter ideología a todo. Basta de revanchismos y odios represados. La campaña ya terminó, señora ministra.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1665452860093{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    25 de Septiembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-consigna-704978[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Pésimo precedente

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1665431787585{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Claramente es insostenible el nivel del subsidio al combustible que hoy tenemos.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1665452077135{margin-bottom: 0px !important;}»]Retomando mis preocupaciones de la semana pasada con las invasiones de la propiedad privada a lo largo y ancho del país ante la mirada inactiva y, ojalá no complaciente, de las autoridades, ahora resulta que también un grupo de no más de 15 manifestantes con un pliego de peticiones desmesurado puede poner en jaque la generación de energía eléctrica nacional, bloqueando la entrada a la principal generadora de energía en el Guavio.

    Con el bloqueo lograron una intervención inmediata en la vía, el envío de maquinaria, la autorización de la ANM para extraer materiales, que la generadora pague estudios y que el Gobierno financie por 300.000 millones la recuperación de una vía terciaria. Por supuesto, cada semana sin arreglo causó enormes perjuicios en este mes que duró la barricada. Con la generadora al 20 por ciento de su capacidad instalada, el riesgo para 2 millones de personas de sufrir cortes y la presión mediática, finalmente se levantó el paro.

    No es un tema menor, pues estos bloqueos amenazan la atención de la demanda eléctrica y también pueden conllevar alzas en las tarifas que afectan a todos. Lo de El Guavio se ha repetido en Meriléctrica, Termocandelaria y La Miel, pues la regla general es que las autoridades no intervienen hasta no agotar el diálogo. En todos los casos, la Policía manifiesta no estar autorizada para actuar. El ejemplo y precedente no pueden ser peores.

    Por este camino se paralizarán los aeropuertos, los puertos, las refinerías, las vías y otras infraestructuras críticas para la economía nacional, y también cualquier empresa privada. Todos legitimados por la política gubernamental de dialogar, concertar, charlar y no actuar.

    A las vías de hecho se ha sumado ahora la amenaza de intervenir el mercado eléctrico. Pésimo mensaje también. Creo que es imperativo para el Gobierno Nacional, el Congreso y las autoridades regionales y locales abordar el debate de las tarifas eléctricas con responsabilidad, sin protagonismos mediáticos y sobre todo sin populismo. Mejor dicho, sin meterle politiquería.

    En mi opinión, el tema de las tarifas hay que mirarlo en dos dimensiones. Por un lado, la respuesta de coyuntura que permita bajarlas ya. La propuesta presentada por la Creg se está abriendo paso con el apoyo de todos los actores de la cadena. La respuesta tiene que ser urgente, pues el incremento de las tarifas está impactando terriblemente el bolsillo de los hogares y las empresas en el país. Pero la culpa no puede atribuirse a los agentes, ya que obedece a múltiples factores, algunos de ellos ni siquiera controlables, como la inflación, la devaluación de nuestra moneda y las tasas de interés locales e internacionales.

    Además de lo inmediato, en el mediano y largo plazo también deben adoptarse otras medidas como cambiar la fórmula de indexación de la tarifa, hoy el índice de precios al productor (IPP), para pasar a un índice sectorial que se acomode más a la realidad de los costos del sector e impida que estos se disparen por razones ajenas a él.

    Pero estos ajustes deben verse como naturales en cualquier sistema. La propia regulación ha previsto cómo deben realizarse, siempre dentro de la institucionalidad y la legalidad. Reconozco que la ministra Vélez ha abordado el tema adecuadamente, con oportunidad, apertura y ánimo de escuchar a los agentes. Y en respuesta observo que las empresas de toda la cadena, también preocupadas por la situación coyuntural, pondrán de su parte.

    Pero otra cosa es cuestionar un modelo de prestación que ha sido exitoso en los últimos 30 años, es reconocido en el mundo entero y ha permitido aumentar las coberturas a más de un 98,5 por ciento en el país, llevar la calidad del servicio a los mejores estándares latinoamericanos y a precios que, salvo por momentos de coyuntura, han sido competitivos.

    Finalmente, celebro la sensatez que se ha dado al manejo del incremento del precio de los combustibles, en donde parece primó la responsabilidad fiscal por encima de consideraciones políticas, por cierto no menores. Claramente es insostenible el nivel del subsidio al combustible que hoy tenemos. Esta muy impopular decisión, que espero se adopte pronto, hay que apoyarla y no hacer populismo barato contra el Gobierno por hacer lo que es serio y necesario frente a semejante problema.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1665452571773{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    18 de Septiembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-pesimo-precedente-703248[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A la brava

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1662394002910{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La hoy cabeza de Sura devenga en salarios, bonos y beneficios cerca de 4.000 millones al año.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1663005478528{margin-bottom: 0px !important;}»]El 23 de agosto 700 familias invadieron el predio El Guácimo, en jurisdicción de Neiva. Los invasores han dicho que no se retiran hasta que les den vivienda digna. Y como pasaron 48 horas desde la toma sin que la Policía inexplicablemente hubiera desalojado, lo que viene ahora es la mesa de diálogo con alcalde a bordo.

    En Lorica, 1.300 personas se tomaron la finca del Instituto Técnico Agrícola. Talaron los árboles, montaron cambuches y empezaron a delinear las vías de la futura urbanización. Por supuesto, paralizaron todas las actividades del Instituto. Marco Palau dice: “Pedimos tierras, y estas que ocupamos nos parece perdieron su vocación agrícola”.

    En La Jagua, Copey, La Gloria, Tamalameque, Astrea, San Martín y en Chimichagua, en el Cesar, se produjeron invasiones en 14 predios. Todos están pendientes de que se programen fechas para dar cumplimiento a las órdenes de desalojo. Ya veremos qué pasa.

    Y en Valledupar, en Patillal, se tomaron 12 hectáreas con el argumento de que necesitan construir sus viviendas. Rodolfo Mejía, representante, dice: “Vimos esta oportunidad de coger un lotecito”.

    Lo más grave está ocurriendo en el norte del Cauca. Allí se han afectado 71 predios en extensión superior a las 5.000 hectáreas, lo que ya ha ocasionado pérdidas por más de 40.000 millones de pesos. En Corinto, invasores encapuchados argumentan que las poblaciones han crecido pero la tierra no, y se enfrentan a trabajadores cañeros que intentan defender sus puestos de trabajo.

    Cientos de casos se registran en Riohacha; en Santa Marta en lote destinado a la construcción de un colegio; en Atlántico, en Barú, Bayunca y Playa Blanca en Bolívar; en Dagua, en el Valle; en Pereira, Manizales, Popayán, Montería y Soacha, para citar solo algunos. En todos, los afectados y las alcaldías han manifestado no contar con el respaldo de la Policía para intervenir oportunamente dentro de las 48 horas. Es también el caso de Bogotá, donde ya llegamos a 2.187 ocupaciones de esta naturaleza. Y nadie sabe en qué van las 630 denuncias interpuestas en la Fiscalía por invasión de tierras y predios.

    El art. 81 del Código de Policía, referido a la ‘Acción preventiva por perturbación’, que indica que la policía impedirá la perturbación o expulsará a los responsables dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación, se volvió letra muerta, así como el art. 79, que establece la posibilidad de instaurar querella ante el inspector de policía, quien debe ordenar el desalojo y ejecutarlo dentro de las 24 horas siguientes a la ocupación.

    El art. 263 del Código Penal establece penas de entre 48 y 90 meses de prisión para el delito de perturbación. El propietario también puede iniciar la acción reivindicatoria mediante procedimiento civil. Como se ve, no es que no haya normas y procedimientos claros en el país. El problema es que nadie las está cumpliendo. Tampoco se da curso a las querellas y no queda más camino que las acciones penales, que tampoco se investigan. ¿Hay alguien multado o siquiera detenido por incurrir en estos delitos? Me temo que no. Aquí, paradójicamente, a los que se protege es a los invasores, para quienes las autoridades han habilitado toda suerte de mecanismos de diálogo y concertación.

    Es muy grave que estos hechos contra la propiedad privada, y también la pública, no tengan consecuencias porque el mal ejemplo se riega como pólvora. Los casos se están multiplicando en todo el territorio y es natural que así sea, pues la gente percibe que dejaron de regir las leyes y la autoridad no interviene y en todos los casos la solución es la concertación mediante diálogos estériles e interminables. Me temo que no falta mucho para que empiecen a tomarse viviendas, apartamentos, locales y oficinas en las ciudades. ¿Por qué no? Una vía moderna de expropiación.

    El Gobierno debe impartir instrucciones perentorias a las autoridades para evitar que estas conductas se propaguen y que cada quien o grupos ilegales asuman la defensa de los bienes por la fuerza, fenómeno que ya empieza a observarse. Porque en este como en muchos otros frentes no puede haber mensajes equívocos. Si en la campaña electoral, aun sin quererlo, se pudieron animar estas conductas, es hora de que el Gobierno actúe con toda contundencia para disipar cualquier duda que lo comprometa y, como es su deber, hacer cumplir la ley.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1663005502901{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    11 de Septiembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-a-la-brava-701507[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Las cuentas del Sindicato

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1662394002910{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La hoy cabeza de Sura devenga en salarios, bonos y beneficios cerca de 4.000 millones al año.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1662394035611{margin-bottom: 0px !important;}»]El pasado 24 de agosto se llevó a cabo la asamblea de accionistas del Grupo Sura. Como reportaron los medios de comunicación, no fue una reunión pacífica, pues lo que ha salido a la luz pública es el abuso del grupo controlador, el ocultamiento de contingencias y, por supuesto, la descomunal pérdida de valor de la acción en la última década.

    En la mencionada reunión, los revisores fiscales de la reconocida firma internacional Ernst & Young presentaron salvedades a los estados financieros y en concreto pidieron revisar las políticas contables de la entidad, ya que podría haber pasivos contables ocultos, en virtud de la suscripción de contratos de recompra de acciones con opciones ‘put’, que de hacerse efectivos pudieren obligar a pagos por montos de entre 3 y 4 billones de pesos. Tres contratos: uno con el Grupo Bolívar, otro con un fondo de pensiones canadiense y un último con Múnich Re, que no son ilegales pero cuyo pecado fue y es el de no haberse revelado.

    Con el 51,8 por ciento de los votos, los representantes de Argos y Nutresa se opusieron a la contratación de la auditoría especial solicitada por los demás accionistas. Los que votaron en la asamblea fueron miembros de la propia junta de Sura hasta hace dos meses, lo que es posible dado el ya tradicional enroque con que han operado por años estas compañías y sus directores y gerentes.

    Bien harían la Supersociedades y la Superfinanciera en indagar qué es lo que ocultan y por qué se negó una auditoría en una empresa que como Sura es la ‘holding’ del Banco de Colombia.

    Los gestores de estas empresas han conseguido algo que parecía imposible: diluir a los accionistas originales de las empresas, familias antioqueñas que hoy no poseen más del 4 por ciento de las acciones de Sura, el 9 por ciento en Nutresa y el 7 por ciento en Argos. Pero en contraprestación se han convertido, algunas de ellas, en los grandes proveedores de bienes y servicios del GEA. Así las cosas, poco les ha importado el dividendo ni sus derechos como accionistas. Y fue por esta vía como los administradores se convirtieron en los verdaderos amos y señores de las empresas del Sindicato.

    Administradores que para nada escatiman en lujos y gastos por cuenta de los accionistas y los pensionados. Cuatro aviones a disposición del personal directivo, entre ellos un Challenger 300, cuyo costo fue de 25 millones de dólares. Toda esta flotilla tampoco se puede apreciar en los balances de las compañías, pues se creó una sociedad, Interejecutiva de Aviación, con este propósito o, más bien, despropósito.
    Cómo es posible que la bonificación de salida del señor Bojanini hubiera alcanzado la estrafalaria suma de 10 millones de dólares. Vaya premio para una gestión durante la cual la acción tuvo una pérdida de más del 80 por ciento en dólares y de 55 por ciento los administradores se convirtieron en los verdaderos amos y señores de las empresas del Sindicato. en pesos entre 2011 y 2020. En plata blanca, las tres ‘holdings’ del Sindicato, es decir, Sura, Argos y Nutresa, valían en 2011 27.000 millones de dólares y llegaron a valer 7.000. ¿Quién va a responder, por ejemplo, por la inversión de Cementos Argos en los Estados Unidos por 3.000 millones de dólares en los últimos 15 años, cuando hoy todo Cementos Argos, incluidas sus inversiones en Colombia, vale 1.200 millones de dólares?

    La hoy cabeza de Sura devenga en salarios, bonos y beneficios cerca de 4.000 millones al año. Me imagino que estará esperando igual tratamiento de retiro que se le otorgó al Dr. Bojanini. Todos se cubren con la misma cobija, como se dice coloquialmente. Todo esto ocurre porque los controladores, que no los accionistas, definen sus propios salarios y beneficios. En Sura, por ejemplo, existía el famoso comité de salarios y bonificaciones compuesto por el gerente de Argos y el de Nutresa. Linda cosa.

    Una nota final. Los accionistas de Argos, aconsejados por los administradores, pudieron vender sus acciones en la última opa a un valor de 19.000 pesos. Hoy vale menos de 10.000. Ya sabemos quiénes pagan las cuentas del Sindicato.

    P. D. Olvida deliberadamente en su nota el entonces experto en seguridad Francisco Lloreda que los recursos de inversión del Mininterior a mi cargo fueron trasladados y ejecutados por la Policía Nacional bajo los criterios del general Óscar Naranjo y no atendiendo los compromisos del Consejero. Reitero que hace bien el Gobierno en acabar con las consejerías y sus permanentes intrigas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1662394070764{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    4 de Septiembre 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-las-cuentas-del-sindicato-699699[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • ¿Austeridad en el gasto?

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1662393739868{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Muy conveniente será dar ejemplo en ministerios y entidades que se desbordaron en nóminas paralelas.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1662393790337{margin-bottom: 0px !important;}»]Celebro mucho el anuncio del Gobierno en materia de austeridad y de reducción del gasto en burocracia, particularmente en las nóminas paralelas. Hacen bien en empezar cortando con los centenares de jugosos contratos en las consejerías presidenciales, que, como bien se señaló, no tienen función distinta a interferir e incluso conspirar contra los titulares de las carteras ministeriales.

    Quienes hemos ocupado cargos somos testigos de esta inconveniente práctica. Recuerdo al consejero para la seguridad Francisco Lloreda, que pretendió disponer de las funciones de los ministerios del Interior, de Defensa y de la Policía Nacional y de los alcaldes, dictar las políticas y ordenar el gasto de estas carteras. Recordará el consejero lo mal que terminó este intento de desinstitucionalización.

    Muy conveniente también será dar ejemplo en ministerios y entidades que se desbordaron en las nóminas paralelas. Miles y miles de contratos cuyo valor es incalculable, como en el Ministerio de Vivienda, que hoy tiene 760 contratos de prestación de servicios, a través de los cuales se burlan las disposiciones de la función pública. Además, en no pocas ocasiones permiten ajustar en cabeza de una sola persona varios contratos en diferentes entidades, con remuneraciones millonarias y sin que se sepa siquiera qué tareas cumplen.

    Práctica muy común en los organismos de control y en la Defensoría, en donde no obstante el incremento billonario en sus plantas de personal se siguen celebrando centenares de contratos, me temo que solo para atender compromisos ajenos a la misión de estas dependencias. Merecería todos los aplausos acabar con esta feria de contratos, así haya en algunos casos excepcionales que incrementar las nóminas de las entidades.

    Otro frente que conviene revisar es el uso de los recursos públicos para campañas publicitarias alusivas a las “exitosas” gestiones de las entidades públicas y sus funcionarios. ¿Cuánto costaron las agobiantes cuñas de televisión del gobierno saliente, motivo despedida? ¿Qué necesidad hay de que entidades que no compiten con nadie, como Ecopetrol, las corporaciones regionales y tantas otras como las alcaldías y sus dependencias, sigan derrochando millones de millones para posicionar política y mediáticamente a los alcaldes y sus directivos?

    Si la austeridad interesa de verdad al gobierno entrante no entiendo cómo, y además en paralelo con el proyecto de reforma tributaria, le dieron aval de gasto para tramitar el llamado adefesio. Me refiero al mismo código electoral del Dr. Álex Vega, al que la Corte Constitucional dio sepultura y que ahora revive cual zombi, por lo visto más inmune, para atender las cuentas de su trámite anterior, más las nuevas que supondrá su aprobación. El proyecto, como lo he denunciado, además de inconveniente, representa gastos adicionales y permanentes por más de 204.000 millones que se deben sumar al ya asignado para 2022 de 2,1 billones a la Registraduría. ¿Qué podrá haber detrás de esto?

    El proyecto crea nuevas seccionales departamentales, registradores especiales, cada uno con su propia sede y su nueva planta de personal, registradores municipales, más la ampliación en Bogotá de las registradurías auxiliares, y se modifican todos los grados de la carrera administrativa, incrementando los salarios. Además, se consagra la absoluta discrecionalidad para crear y suprimir cargos.

    Me preocupa que la Registraduría establezca un empadronamiento de toda la población y la posibilidad de establecer sanciones económicas a discreción del Dr. Vega. Y además vuelva a introducir peligrosas modalidades de votación, como el voto electrónico mixto y el voto anticipado, bastante inseguro y fácilmente manipulable. Y todo presentado sin unidad de materia, comoquiera que toca temas del estatuto de identificación y registro civil, los tipos penales y modifica el estatuto de participación juvenil.

    Si se va a exigir al país el sacrificio de pagar nuevos tributos por más de 25 billones de pesos, cómo entender que no se tomen medidas reales en materia de austeridad como sepultar esta costosísima e inconveniente iniciativa del Código Electoral. Indispensable, además, abrir ya la discusión pública sobre el destino de los recursos para gasto e inversión de la reforma tributaria.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1662393809995{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    28 de Agosto 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-austeridad-en-el-gasto-697942[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]