Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • La corrupción, el tema de campaña

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1655764991592{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Si en verdad quiere extirparse este cáncer de la corrupción, debe cortase de raíz esta práctica.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1655765017236{margin-bottom: 0px !important;}»]Concuerdo con destacados analistas y en particular con el Dr. Alfonso Gómez en que nuestra legislación tiene todo el arsenal de instrumentos suficientes para enfrentar la corrupción. Baste señalar la figura de la extinción de dominio, de la cual fui ponente en el Senado, que no solo se aplica a los bienes del narcotráfico sino también a los dineros originados en delitos contra la administración pública.

    Disponemos, además, de todos los tipos penales, incluido el de enriquecimiento ilícito con penas severísimas; consagramos conductas para perseguir los más sofisticados delitos, como el uso de información privilegiada, y establecimos inhabilidades políticas como la pérdida de investidura y la silla vacía, para mencionar solo algunas. Año tras año hemos fortalecido las competencias de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría e incrementado sus abultados presupuestos. Aun así, los resultados dejan mucho que desear.

    Hace dos semanas, y a propósito de las elecciones, me referí a la que creo es hoy la principal fuente de corrupción: se trata de la práctica de comprar gobernabilidad en donde las entidades del Gobierno Nacional renuncian a ejecutar sus presupuestos para asignarlos, previa sugerencia de los parlamentarios, a las gobernaciones y alcaldías a través de contratos interadministrativos, a fin de que las inversiones sean licitadas y contratadas a nivel territorial.

    Ya en esta órbita, los pliegos se confeccionan a la medida del único contratista que generalmente se presenta y, por supuesto, raro es que se respete el pliego tipo que valora las propuestas de manera objetiva. Para continuar con esa práctica es que se modificó, precisamente, la ley de garantías.

    Estos contratos, en mayores cuantías y cada día en más entidades, se han convertido en la regla general. Así proceden usualmente el Fondo de Adaptación, la Unidad de Gestión del Riesgo, los ministerios de Agricultura y del Deporte, el Invías, Fontur, el DNP y el DPS, el Fonade y, cómo no, el Ministerio del Interior, entre otros.

    Baste decir que el publicitado atraco al Mintic por cuenta de Centros Poblados por 70.000 millones resulta irrisorio si se lo compara con las cifras de billones que son contratadas a través de este mecanismo, donde evidentemente reciben tajada el parlamentario que señala la obra y su valor, el alcalde, el contratista y el interventor, cuando no los funcionarios de los organismos de control. Si en verdad quiere extirparse este cáncer de la corrupción, debe cortase de raíz esta práctica.

    Esta semana el Contralor anunció investigaciones en curso por 6,5 billones a contratos interadministrativos suscritos bajo la ley de garantías y así ganados en licitaciones con oferente único. Buena noticia, pero la tarea es descomunal, comoquiera que toca revisar más de 600.000 contratos.

    También registro como positivo que la Corte Suprema le metió el diente al tema, dictando medida de aseguramiento por la presunta intervención del senador Mario Castaño en la contratación de vías a través de contratos en la unidad de riesgo y para la construcción de canchas sintéticas con el Mindeportes y varios contratos en el programa Sacúdete del Mininterior.

    Son miles los contratos adelantados en igual forma. En el solo programa Sacúdete, el Fonsecom del Mininterior ha suscrito 330 en 2021 y 203 en 2022, de un presupuesto para este año de medio billón de pesos. Me tomé el trabajo de seleccionar 20 contratos y en 18 se presentó un único oferente, el otro está en proceso de licitación y en el restante se presentaron dos propuestas. Por eso es evidente que el caso del senador no es aislado. Vale la pena indagar con qué criterios, por ejemplo, se seleccionaron los municipios de Toledo, Hato Nuevo, Rovira, Linares, Yaguará, Piojó y los demás municipios beneficiados, quiénes mediaron en la asignación de estos recursos y también qué responsabilidad cabe a ministros y funcionarios que los suscribieron.

    Propongo que se haga un ejercicio muy sencillo de cotejar la relación de estos contratos interadministrativos, especialmente los suscritos en época preelectoral, con votaciones atípicas registradas en los municipios beneficiados.

    Y a todas estas, ¿en qué irá la liquidación de los contratos ordenada por la Corte Constitucional?

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1655764929764{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    12 de junio 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-la-corrupcion-el-tema-de-campana-679495[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Preocupación más allá del debate

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1654560536200{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Nos quedan dos semanas intensas, muy agresivas y de gran incertidumbre.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1654560625996{margin-bottom: 0px !important;}»]Mucho se puede especular sobre los verdaderos vencedores y derrotados de la jornada electoral del pasado domingo. Que ganó el cambio. Que perdieron la clase política y los partidos tradicionales. Que se castigó al Gobierno. El fin de la era Uribe. Yo interpreto que el país se pronunció de forma contundente por un cambio, pero de las costumbres políticas y de la forma como tradicionalmente se ha hecho la política en Colombia.

    Ya hace dos años habíamos sido notificados de ese sentimiento popular con motivo de las elecciones regionales. Así ocurrió en las principales ciudades, incluyendo a Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y muchas otras intermedias, en donde se concentra el 75 % del electorado. Los alcaldes elegidos provinieron de movimientos ciudadanos y agrupaciones alternativas, y en muchos casos se trató de personas muy poco conocidas, verdaderos recién llegados al escenario electoral.

    Las redes sociales han posibilitado la exitosa irrupción de estos candidatos. Con mensajes muy sencillos, concretos, la mayoría en contra de “los políticos” y los partidos y de la corrupción y la politiquería. En muchos casos también con propuestas populistas, muchas de ellas irrealizables. En esto último, no muy distintas de lo que tradicionalmente han sido las promesas de los políticos de siempre.

    Apenas empezando a superar los gravísimos impactos de la pandemia en materia de salud, empleo, ingreso y empobrecimiento general de la población, el ambiente no podía ser más propicio para que se manifestaran de nuevo y con mayor fuerza estas naturales expresiones de protesta. No podía ser de otra manera.

    Lo que además se ha evidenciado es que los colombianos no creen y, por lo tanto, no aprecian sus instituciones. Ni del Gobierno ni del sector privado. Pocas pasan raspando el examen crítico de la ciudadanía. Ni la justicia, ni la Policía y las Fuerzas Armadas, ni los empresarios, ni los medios de comunicación ni siquiera la Iglesia. Hasta ya me pregunto si los colombianos aprecian y están comprometidos con la defensa de su democracia y su Constitución. No lo sé.

    Muy poco interés han despertado los programas y propuestas. Los debates que ahora se reclaman en nada han influido ni, de realizarse, lo conseguirán. Ambos candidatos se han esforzado por difundir y defender sus propuestas, algunas muy polémicas, pero eso no ha importado en absoluto. Incluso lo referido a pensiones, tributos, hidrocarburos y gasto público, que han suscitado mayor interés y controversia, tampoco han ocupado su esperado espacio en el debate electoral. Ha pesado más la frase ocurrente y efectista, no importa que esté vacía de contenido.

    Y es que en esto no hay que engañarse: los quince millones de personas que votaron por Petro y por el ingeniero Hernández lo hicieron, más que por sus ideas, como una expresión de protesta y rebeldía. Aquí la gente votó contra todo. Con rabia, con odio, con resentimiento. Y me temo que así volverá a ocurrir en la segunda vuelta.

    En este escenario, Fico terminó pagando un alto precio al ser el candidato del continuismo. Sus propuestas no animaron y terminó recogiendo todo el descontento del apoyo de los partidos políticos que una vez más poco contribuyeron a su resultado electoral. Sergio Fajardo, como lo vaticiné al día siguiente de las consultas, padeció un calvario hasta el último día. La “remontada” nunca ocurrió, pero celebro sinceramente que haya alcanzado el umbral y no sume a su precario resultado electoral las preocupaciones por las deudas contraídas.

    Nos quedan dos semanas intensas, muy agresivas y de gran incertidumbre que van a contribuir, muy a mi pesar, a profundizar la polarización, los odios y la rabia generalizada que se extenderán al próximo cuatrienio. Un tema para pensar en serio. No solo frente al debate sino también en términos de gobernabilidad y del estado de nuestra sociedad.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1654560668225{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    5 de junio 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-preocupacion-mas-alla-del-debate-677686[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Un gran legado

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1654560118754{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La Clínica Oncológica es de lejos la más importante de su género en América Latina.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1654560143530{margin-bottom: 0px !important;}»]El cáncer es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares, pero en el tratamiento de estas todo pareciera ya inventado. Con el cáncer sucede algo muy distinto. De 115.000 nuevos casos anuales, 50.000 personas fallecen en Colombia. Y este número crece cada año. Con esta enfermedad, lo clave es el diagnóstico oportuno, lo cual difícilmente ocurre en nuestro sistema de salud, en donde los exámenes y los tratamientos, y ni qué decir las cirugías, se programan a meses vista. Por supuesto, los colombianos más pobres esperan demasiado tiempo para tener un primer diagnóstico y es usual que la primera cita para el tratamiento se programe tardíamente, cuando ya no hay mucho que hacer.

    Esta crítica situación fue la que motivó al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo a emprender el proyecto de la Clínica Oncológica, cuya preinauguración pasó algo inadvertida, y que muy pronto entrará en servicio. Todo estuvo a cargo del Ingeniero, como lo llaman respetuosamente sus colaboradores. Desde la selección y compra de los terrenos, la búsqueda de las firmas más reconocidas mundialmente en diseño y construcción de infraestructuras hospitalarias y especializadas en el tratamiento del cáncer hasta la construcción misma de las instalaciones y sus equipamientos. Este proyecto es una realidad gracias a la generosísima donación de la familia Sarmiento, que ya supera los 1,3 billones de pesos, a lo que se sumarán los recursos necesarios para su sostenimiento hasta que alcance su punto de equilibrio.

    El proyecto, además de ser el más moderno hospital oncológico, también integra un centro de investigación, prevención y educación sobre el cáncer, concebido para prestar un servicio integral a pacientes y familiares y también para contribuir a la investigación global sobre esta enfermedad.

    En su fase inicial, la clínica cuenta ya con más de 100.000 metros cuadrados de instalaciones, en donde se ofrecerán todos los servicios de hospitalización, cuidados intensivos, búnkeres para radioterapia, servicios de hematología y trasplante de médula ósea, medicina nuclear y todo lo relacionado con imágenes diagnósticas, quirófanos, laboratorios, servicios de genética, biología molecular y un centro de investigación dotado con los equipos más sofisticados.

    Clave resaltar que en este centro funcionarán 12 clínicas en una sola, cada una dedicada a una especialidad de cáncer. Cito como ejemplos: gastrointestinal, mama, neuroendocrino, para mencionar los de mayor ocurrencia en Colombia.

    Capítulo aparte merecen los equipos seleccionados. Dispone la clínica de los mismos que hoy tienen el MD Anderson o el Memorial Sloan. Todos de última tecnología, pero aquí en Bogotá. Por ejemplo, para radioterapia se cuenta con el ‘cyberknife’, que fue el que se utilizó en mi tratamiento en Estados Unidos. Como algo aprendí en carne propia, resalto que en todos los frentes se contará igualmente con lo mejor de lo mejor. No se escatimó un peso. Para los diagnósticos, la clínica dispondrá del reputado tomógrafo con emisión de protones, equipos de resonancia nuclear magnética y un equipo de mamografía 3D para biopsias de precisión. Igual ocurre con los laboratorios, que cuentan con lo más avanzado en genómica.

    A los que ya pasamos por esto nos da enorme alegría poder disponer en nuestro país de servicios y equipos de calidad mundial, y a quienes en el futuro requerirán de ellos, mucha tranquilidad el saber que no tendrán que viajar para sus diagnósticos y tratamientos, pues estarán disponibles no solo para quien pueda sufragarlos, sino para cualquier paciente, bien del régimen contributivo o del subsidiado, o sea, de quienes jamás accederían a ellos.

    Ojalá la clínica entre pronto en servicio y que la burocrática Secretaría de Salud de Bogotá no demore los trámites de habilitación que ya se iniciaron. Cada día cuenta.

    La Clínica Oncológica es de lejos la más importante de su género en América Latina. No tengo duda de que hasta el presente es el legado más importante que una persona u organización hayan hecho al país. Por ello, todo nuestro reconocimiento a Luis Carlos Sarmiento Angulo, su familia y el equipo de profesionales que hicieron posible esta maravilla, incluido el doctor Luis Felipe Henao, gerente del proyecto.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1654560199625{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    22 de mayo 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-un-gran-legado-674226[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A devolver la plata

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1654560497132{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Quiénes solicitaron que se destinaran estos montos a estos municipios y para qué obras?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1654559892688{margin-bottom: 0px !important;}»]Al igual que el Código Electoral, y como lo advertí hace semanas, la Corte sepultó la trampa incluida en la ley de presupuesto, que modificó la ley de garantías. Un intento burdo de modificar una ley estatutaria mediante una ley ordinaria. Burdo, ilegal y costoso, pues por causa de este mico se suscribieron 645.000 contratos interadministrativos, pura ‘mermelada’; el costo de la gobernabilidad, dirán algunos. Es esta la peor forma de corrupción, por las cifras descomunales que se comprometen y por las comisiones que se pagan. También, por el resultado final de las inversiones.

    Es claro que obras a las que les meten la mano los congresistas, los alcaldes y los interventores no pueden ejecutarse a no ser que el presupuesto de estas se haya inflado. Esto explica que más del 90 % de estas licitaciones solo tengan proponente único, que los pliegos tipo no se respeten y que los porcentajes de ejecución no se cumplan en las fechas previstas o que, incluso, jamás se inicien. Pregunto con qué criterio se seleccionaron estas inversiones. Me temo que ninguno diferente a la sugerencia de cada parlamentario hecha dentro del cupo que le fue asignado. ¿Y cómo se escogen los proyectos y municipios beneficiados? ¿Existen estudios y diseños previos? ¿Y presupuestos elaborados con rigor? Pues claro que no.

    Sorprende la creatividad de los candidatos en esta campaña para proponer estrategias y acciones contundentes contra la corrupción. Mencionan nuevas leyes, aumento de penas, un sinfín de controles, cuando bastaría que prohibieran esta práctica convertida en el verdadero desangre de los presupuestos estatales. Hay que poner fin a esta forma de gobernar y obligar a cada entidad nacional a ejecutar su presupuesto.

    Que se necesita reactivar la economía, dicen unos; que luchar contra la pandemia, dicen otros, que el desarrollo local y los compromisos preelectorales lo justifican todo. Pura carreta, digo yo. La verdad es que cada contrato tiene un dueño. ¿No es esto un claro prevaricato? ¿Con qué nombre bautizamos esta práctica? ¿Por qué los organismos de control guardan silencio? Son centenares de miles de contratos suscritos bajo esta modalidad. ¿Por qué no averiguan algo? ¿Por qué no llaman a declarar particularmente a los ministros y directores de entidades que, como dicen coloquialmente, ‘bajaron’ esos recursos?

    Difícil promover un pacto de silencio que involucre a decenas de funcionarios, congresistas, alcaldes y contratistas. Podrían empezar por preguntarles: ¿quiénes solicitaron que se destinaran estos montos a estos municipios y para qué obras? No creo que asuman la responsabilidad de negarlo todo e incurrir en perjurio, cuya pena va de 6 a 12 años.

    Y como el Presidente en su momento señaló que toda esta contratación estaría blindada porque en todo el proceso estaría presente la Contraloría, sería muy útil conocer el informe de esa entidad sobre las modalidades de contratación empleadas, el número de participantes, los montos comprometidos y en qué va la ejecución de las obras.

    La Corte señaló que las reglas establecidas en el fallo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y administrativa que pueda derivarse del uso indebido de la contratación estatal. Con base en esta decisión, ¿cuándo se van a abrir las investigaciones?

    A esta decisión no se le puede poner conejo. El Gobierno tiene que proceder de inmediato a liquidar los contratos y por ningún motivo desembolsar anticipos en los ya suscritos, pues la sentencia ordena terminar todos los que estén pendientes de ejecución y proceder a las restituciones mutuas que se derivan de la liquidación de estos a partir del 5 de mayo.

    La ley que asignó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría correrá la misma suerte, pero ya la frondosa nómina estará designada, pues el Gobierno se apresuró a expedir el decreto 1851, que creó 1.200 nuevos cargos en la entidad. Y, por supuesto, la reforma de la justicia del Dr. Wilson Ruiz también se caerá por ser estatutaria y haberse tramitado virtualmente, en contravención de lo ordenado por la Corte en fallos anteriores.

    P. D. Mi reconocimiento a los doctores David Luna y José Daniel López, quienes en buena hora presentaron la demanda sobre la ley de garantías y demostraron su inconstitucionalidad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1654559854674{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    15 de mayo 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-a-devolver-la-plata-672372[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Alerta Bogotá

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1652151667153{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Desde el inicio de la Administración, la alcaldesa ha tenido una pésima relación con la Policía.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1652151772644{margin-bottom: 0px !important;}»]Forzoso retomar el tema de seguridad en Bogotá, ya que cada día empeora. La última encuesta del Dane revela que la gran mayoría de la gente se siente insegura o muy insegura y que más del 23 % ya tomó la decisión de no volver a salir a la calle en la noche. La percepción de inseguridad, que ya había pasado de 60 a 76 %, se elevó en abril a 88 %, algo nunca antes visto.

    La extorsión y sus indicadores también han crecido, pese a que frente a este delito la gente es temerosa de denunciar. Estamos viendo situaciones alarmantes como que en zonas de la ciudad o se paga o no se puede ir a trabajar, comerciar, circular, o aun pasear al perro.

    Llevamos 311 desapariciones misteriosas. Algunas pocas ya han aparecido sin vida, pero de la mayoría aún no se sabe nada. Los indicadores de lesiones personales, hurto a personas, hurtos violentos han crecido en un 27 %, y los robos de carros, celulares, motos y las agresiones sexuales también aumentan sin control.

    Los denominados puntos calientes de microtráfico y hurtos se dispararon en 153 % en los últimos dos años, y se informa de 190 bandas criminales, 19 dedicadas a cometer homicidios. El horror. La ciudad ha sido testigo de nuevos actos terroristas. Esta es la hora en que el portal Américas no se recupera, y llevamos 7 meses con el parque Nacional invadido, en perjuicio de los vecinos de estos sectores que han soportado esta situación ya por demasiado tiempo. Qué falta de autoridad.

    Y qué tal los nuevos anuncios: pondremos en marcha un escudo de seguridad a cargo de la Brigada 13. Solicitaremos a Maduro que capture y extradite a miembros de las disidencias del grupo 33 de las Farc. ¿Ya les respondió? Trasladaremos a peligrosos delincuentes a otras cárceles del país. ¿Ya se hizo?

    Desde el inicio de la Administración, la alcaldesa ha tenido una pésima relación personal con la Policía, una relación desprovista de confianza y credibilidad. La Policía no se siente ni acompañada ni mucho menos respaldada. Se siente sola y sin interlocución. Un día, la alcaldesa abraza al general Camacho y lo condecora, y al día siguiente anuncia que no hay confianza en la institución. La seguridad no ha sido nunca un tema prioritario de esta alcaldía. Es claro que su plan distrital de seguridad, comenzando por el presupuesto y su destinación, no corresponde a la gravísima situación que se vive.

    Por causa de esa desarticulada relación se han perdido 2 años largos para adecuar tecnologías como la del reconocimiento facial, la conectividad de la Policía con los centros de despacho y asuntos como la geolocalización. También han sufrido la movilidad y la capacidad de respuesta de la Policía, pues no se volvieron a comprar vehículos ni motos y es la hora en que no han entregado el nuevo comando de la policía de Bogotá, en donde confluirá todo el sistema de seguridad.

    Algunos avances se perciben en asuntos como la nueva ley de seguridad para enfrentar la reincidencia, los nuevos protocolos de la Policía en atención al ciudadano y uso de la fuerza, entre otros. También es pertinente destacar el cambio del plan de vigilancia a cuadrantes móviles y la optimización de las investigaciones criminales. Lástima que estas mejoras choquen contra la ineficacia del minjusticia, doctor Ruiz, y sus anuncios sobre habilitación de nuevos cupos carcelarios. Un absoluto fiasco, si se considera que hoy tenemos a 22.000 reclusos en las URI y las estaciones de policía de manera permanente, y que ello demanda 2.500 agentes para su custodia. Difícil así.

    El de seguridad no es el único tema que preocupa en la ciudad. Las obras que pagamos por valorización no avanzan, 12 de estas obras con ejecución inferior al 5 %. Muchas otras suspendidas y que terminarán constando el doble. Hay irregularidades en la contracción de los fondos de desarrollo local y ya vemos a 16 alcaldes locales citados a interrogatorio por la Fiscalía. La Secretaría de Gobierno contrató a 1.338 funcionarios, el 97 % de forma directa. Parece que el programa se denominara ‘palanca, no talento’. Hasta pagar los impuestos en Bogotá se volvió imposible.

    Por esto, no es extraño el derrumbe de Fajardo en Bogotá. La gente desesperada, viendo semejante fracaso, bien recuerda que la alcaldesa fue su fórmula vicepresidencial hace cuatro años y está pasando la factura.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1652151722711{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    9 de mayo 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-alerta-bogota-670656[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Algo toca hacer

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1652151834003{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Por fortuna la Corte Constitucional puso fin a la tragicomedia del Código Electoral.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1652151543007{margin-bottom: 0px !important;}»]En buena hora la Corte terminó de enterrar el Código Electoral, tramitado de manera inconstitucional, a las carreras y con la complicidad del Gobierno.

    Desde noviembre de 2020 advertí sobre la inconveniencia del entonces proyecto de ley que creaba una descomunal estructura burocrática en la Registraduría, vulneraba la carrera administrativa, permitía al registrador seleccionar su propia auditoría y, lo más grave, introducía las modalidades de voto remoto, anticipado, mixto y domiciliario. También critiqué su impacto fiscal en plena pandemia.

    Pero ocurrió justo lo que advertí. La ley estatutaria se tramitó sin el debate necesario, en comisiones primeras bien aceitadas por la designación de nuevos registradores y promesas sobre la nómina adicional que se creaba. De nada valieron las advertencias sobre la inconstitucionalidad en el trámite del proyecto, que fue despachado a toda prisa, con mensaje de urgencia del Gobierno y con la intervención del Mininterior, que se empleó a fondo en su aprobación.

    Por fortuna la Corte Constitucional, en sentencia C 133 de la semana pasada, puso fin a esta tragicomedia al declarar la inconstitucionalidad de todo el proyecto. Sostuvo la Corte que hubo en el trámite vicios de procedimiento ya advertidos, tan graves que no pueden ser subsanados. Lo dicho, todo tramitado a las carreras y a pupitrazo limpio. Y al Gobierno le cabe gran responsabilidad por la convocatoria a sesiones extras para terminar el trámite, cuando era claro que una ley estatutaria solo puede aprobarse en una legislatura, o sea, en los dos periodos ordinarios de esta.

    ¿Cuándo los parlamentarios responderán por la aprobación de leyes, a sabiendas de su inconstitucionalidad y con violación de procedimientos sobre los cuales no cabe alegar ignorancia? ¿Cuándo será que quienes componen las mesas directivas, los parlamentarios ponentes y también quienes no lo son y los funcionarios del Gobierno van a responder por las graves consecuencias de estas conductas?

    El del Código Electoral no es un caso aislado. Basta recordar los fallos de inconstitucionalidad sobre la reforma tributaria, o el de rendición de cuentas de congresistas, también el del régimen para liquidación de honorarios a concejales o el de las curules para las víctimas. Todos se cayeron por ausencia total de deliberación, falta de análisis de los costos fiscales o por fallas protuberantes de procedimiento.

    Mientras nadie responda, todo esto seguirá ocurriendo. Para la muestra, el botón de la modificación de la ley de garantías, que es una norma estatutaria y como tal no podía ser modificada por una ley ordinaria como la del presupuesto. Bajo la presunción de legalidad de esta se han hecho miles de contratos interadministrativos por billones de pesos, que fueron a aceitar las campañas políticas, tal como lo advertí varias veces.

    La Corte seguramente tumbará la ley, pero esa platica ya se gastó y mucho influyó en el debate electoral. Igual suerte, estoy seguro, correrá la ley que otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, y es el mismo caso de la última reforma de la justicia, del doctor Wilson Ruiz, que siendo estatutaria fue votada de manera virtual, contrariando lo dicho por la Corte. Además, esta ley tampoco tuvo el necesario aval fiscal.

    El fuero parlamentario no puede seguir liberando de responsabilidad a quienes tramitan y aprueban leyes con manifiesta violación de la Constitución y desconociendo fallos y doctrina de la Corte. Pero en el caso del nuevo Código Electoral y de la reforma que habilitó la contratación en pleno proceso electoral, la situación no puede ser más grave, pues podemos estar frente ya no a una falla de procedimiento, sino, francamente, a un prevaricato. Pronto me referiré a este delicado tema para que se conozca la identidad de quienes intermediaron esa contratación, sus montos y beneficiarios.

    Por lo pronto, sugiero revivir la tesis del exmagistrado Gil Botero cuando sostuvo que la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador puede llevar a la acción de repetición contra los parlamentarios y los funcionarios. Otra opción sería aplicar la pérdida de la investidura por manifiesta violación del ordenamiento jurídico.

    Lo que es claro es que algo toca hacer, y de inmediato.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1652151485534{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    1 de mayo 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-algo-toca-hacer-668982[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Perder no es ganar un poco

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1650901299929{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Los doctores Arrieta y Cepeda engañan al país cuando dicen estar muy satisfechos con el fallo.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1650901330687{margin-bottom: 0px !important;}»]Como estaba anunciado, el jueves pasado la Corte Internacional de Justicia de La Haya dio a conocer su fallo sobre el segundo contencioso entre Colombia y Nicaragua. Sorprende cómo todo lo registrado por los medios internacionales y lo dicho por los expertos en la materia en nada coincide con las declaraciones de los agentes y el Gobierno Nacional. Parece que se estuviera hablando de dos decisiones. La verdad, y haríamos bien en comenzar por reconocerla, es que todo salió muy mal para Colombia, incluso peor de lo esperado. Qué cinismo exhiben aquellos que afirman estar muy satisfechos con el contenido del fallo “porque nos hubiera podido ir peor”.

    Pongamos las cosas claras. La demanda de Nicaragua tenía 5 pretensiones. Que se declarara que Colombia había incumplido el fallo de 2012. Lo lograron. Que se declarara que Colombia violó los derechos de Nicaragua por la presencia de la Armada Nacional en la zona. Lo lograron. Que se declarara que Colombia incumplió el fallo al expedir permisos de pesca en la zona. Lo lograron. Y que se declarara una última violación de Colombia por ofrecer esta zona para explotación petrolera. Lo lograron. Perdieron, sí, la pretensión de compensaciones económicas, pues no las sustentaron.

    En la contrademanda de Colombia se había alegado la ilegalidad de Nicaragua al fijar puntos y líneas de base recta para delimitar las áreas en disputa. Esto se aceptó, pero me temo que serán más los problemas que esta decisión nos traerá en el futuro, pues cualquier país podrá atacar también las nuestras con los mismos argumentos. Perdimos, además, todas nuestras pretensiones en lo relacionado con los derechos de pesca, aun la de subsistencia.

    Por si fuera poco, la Corte destroza la tesis muy colombiana de la zona contigua integral, señalando que es contraria al derecho internacional, y ordena que ajustemos nuestra normativa interna al fallo de 2012.

    Y en el entretanto, el fallo ordena cesar todas las acciones violatorias mencionadas, lo que en la práctica equivale a que ya no podremos continuar pescando en la zona, ya no podremos patrullar bajo el argumento de la conservación ambiental y no podremos seguir ofreciendo áreas para la explotación de hidrocarburos.

    ¿Qué viene ahora? Si seguimos como hasta hoy, desconociendo los fallos, lo más seguro es que Nicaragua acuda al Consejo de Seguridad en virtud del art. 94 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que todos los Estados que son parte del sistema de NU se comprometen a cumplir las decisiones de La Haya y que el Consejo podrá dictar medidas para hacer cumplir los fallos. Sería esta la primera vez en la histórica en que el Consejo se vea abocado a imponer una medida o sanción a un país para asegurar el cumplimiento de un fallo de la Corte.

    Mala decisión seguir acomodando los fallos a las necesidades del debate político interno y por causa de esta estrategia terminar de deteriorar la relación con la Corte, cuando está de por medio el caso de la plataforma continental extendida y la nueva pretensión de Nicaragua sobre 80.000 km de suelo y subsuelo.

    No creo que podamos seguir insistiendo en que el fallo no es aplicable, pues esta posición solo dejaría la opción de acudir al Consejo de Seguridad. Y tampoco creo que deba el Gobierno seguir diciendo que la estrategia del país ha sido en todos estos años rigurosa y coherente, cuando lo que ha sido es equivocada, inoportuna, politiquera y costosa. ¿No va siendo ya hora de delimitar responsabilidades? ¿No digamos de los expresidentes, que sería mucho pedir, pero al menos de los excancilleres ligados a este asunto?

    Después de todo lo ocurrido, llegó el momento de cambiar la estrategia y a los responsables de su ejecución. Los doctores Arrieta y Cepeda engañan al país cuando dicen estar muy satisfechos con este fallo que nos es absolutamente adverso. ¿Cómo pueden interpretar que cuando la Corte afirma que “Colombia ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en la zona económica exclusiva” esto no pasa de ser un simple llamado de atención? De lo que seguramente sí están y muy satisfechos es de sus jugosos contratos por más de 18.000 millones de pesos que seguirán vigentes hasta que no perdamos, por su pobre, terca y fracasada argumentación, hasta la última de nuestras legítimas pretensiones en este trascendental litigio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1650901372889{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    24 de abril 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-perder-no-es-ganar-un-poco-667254[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Fallo a la vista

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1650649316691{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    No nos va a quedar otro camino que acatar el fallo. Tremenda despedida para este gobierno.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1650649305461{margin-bottom: 0px !important;}»]La Corte Internacional de La Haya se pronunciará, este 21 de abril, sobre una de las 3 demandas interpuestas por Nicaragua contra Colombia. Mala noticia para el Gobierno, que hizo hasta lo imposible para retrasar este pronunciamiento, tratando de dejarle este problemita al gobierno entrante y con el argumento de que este tema podría tener incidencia en las elecciones presidenciales. ¿Se imaginan cómo recibió la Corte semejante tesis?

    Para claridad, es prudente recordar que se trata de tres demandas. La primera ya se falló en 2012 con consecuencias adversas para el país, pues perdimos 70.000 kilómetros de zona económica exclusiva. En este fallo la Corte aceptó el argumento nicaragüense de la proporcionalidad de costas y desechó nuestra defensa a este respecto. En la segunda, Nicaragua pidió 80.000 kilómetros de plataforma continental extendida, entre otras pretensiones, y en la tercera, la que se fallará esta semana, que se condene al país por el incumplimiento del primer fallo.

    En notas anteriores recordé que todo esto se hubiera podido evitar si desde 1994, año en que tuvimos conocimiento de que Nicaragua pretendía presentar la 1.ª demanda, el gobierno de entonces hubiera tomado la decisión de que Colombia abandonara esa jurisdicción. Pastrana lo hizo en 2001, pero ya habíamos sido notificados de su presentación y omitieron en ese momento salirnos del Pacto de Bogotá, que nos mantenía ligados a esa misma jurisdicción. El gobierno Santos lo haría, pero también tardíamente, después de conocer el primer fallo, y esa demora permitió que se presentaran las demandas 2 y 3, dentro del año siguiente. Nadie puede alegar que estos fallos nos tomaron por sorpresa, pues desde 2007 la Corte había señalado que el tratado de 1928 se limitó a una asignación de tierras, pero no de límites marinos, anunciando que procedería a hacerlo, como en efecto ocurrió en 2012.

    El 21 conoceremos el fallo que versa sobre el incumplimiento del país al primer fallo de 2012. Nicaragua alega violación de sus derechos soberanos reconocidos en este fallo y añade que tanto Santos como Duque y sus cancilleres han rechazado públicamente la sentencia, con el argumento de que no es aplicable.

    Creo que nuestra defensa en las audiencias de fondo, de finales del año pasado, fue muy pobre. ¿Cómo pretender que la declaración de un presidente en ejercicio no comprometa la responsabilidad del Estado? ¿Entonces quién puede hacerlo? Como si fuera poco, atacaron la expedición en Nicaragua de las líneas de base cuando Colombia había hecho lo propio.

    Por eso no creo que podamos esperar un buen resultado. De los 15 magistrados, 8 ya se habían pronunciado en contra nuestra en el fallo de 2012. Además, hay que recordar que la delimitación marítima que tanto nos afectó se había votado por la unanimidad de los 15 jueces. Por nosotros no votó ni el propio juez ‘ad hoc’ designado por Colombia.

    A estas alturas se puede anticipar que el fallo será adverso a Colombia. En primer lugar, porque seguramente declarará que hemos incumplido el fallo de 2012 y que hemos violado las zonas marítimas de Nicaragua. Es probable que se nos ordene revisar el decreto 1946, referente a la zona contigua integral, que se revoquen permisos y licencias a buques colombianos que faenan en aguas nicaragüenses y que en definitiva se ordene nuevamente el cumplimiento de la sentencia.

    No nos va a quedar otro camino que acatar el fallo. Tremenda despedida para este gobierno y su Canciller. Por supuesto, queda la tentación de no acatarlo. Seguir diciendo que no es aplicable o decir que no es posible antes de que se cumplan las obligaciones de Convemar, o sea, sobre los acuerdos de pesca, contaminación y medio ambiente. Pero no recomendaría este camino porque ello podría seguir indisponiendo a la Corte contra el país en momentos en que se debe decidir la última demanda, que podría suponer la pérdida de otros 80.000 kilómetros.

    Y a todas estas, ¿la ‘Vice’ asistirá a la lectura del fallo? ¿Aprovechará el escenario para insistir en su llamado urgente a proteger los océanos del mundo? ¿Y los candidatos? Ya vi sus declaraciones esta semana en EL TIEMPO. Los fallos se acatan, dijo Petro; los fallos se cumplen, dijo Hernández; “no cederemos un centímetro del territorio”, dijo Fico. Fajardo, no obstante tener la información en casa, prefirió guardar silencio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1650649339201{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    17 de abril 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/fallo-a-la-vista-columna-de-german-vargas-lleras-665590[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • De túneles y congresos

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css_animation=»» el_id=»»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text title=»» disable_pattern=»» align=»» margin_bottom=»» animation=»» visibility=»» css=».vc_custom_1650648976409{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Cómo no reaccionar a la entrevista de Juan Esteban Gil. Todo un sartal de mentiras.

    [/vc_column_text][vc_column_text title=»» disable_pattern=»» align=»» margin_bottom=»» animation=»» visibility=»» css=».vc_custom_1650649004652{margin-bottom: 0px !important;}»]Me había propuesto no volver a mencionar al polémico director del Invías. Pero, cómo no reaccionar ante su reciente entrevista de despedida y balance en este diario. Todo un sartal de mentiras y contradicciones. No desaprovechó la oportunidad para referirse a las críticas que he hecho a su lánguida y lamentable gestión.

    Afirma el señor Gil que Colombia es una potencia mundial en la construcción de túneles. ¿Estará pensando en el túnel de La Línea? El mismo que terminó costando 5 veces más de lo presupuestado y cuya construcción duró 8 años más que los tiempos del contrato original. ¿Por qué no nos cuenta que esto ocurrió por la muy mala estructuración del proyecto hecha por él mismo? Ojalá algún día responda por su decisión de disolver el tribunal de arbitramento, donde la nación reclamaba al contratista 1,2 billones por incumplimientos y perjuicios. Y qué tal la última teoría según la cual en la construcción de túneles no se puede hablar de sobrecostos, pues la metodología es observacional. No era eso lo que pensaba cuando suscribieron el contrato del túnel de La Línea a precio global fijo.

    También dijo que el Gobierno había hecho inversiones históricas en vías por 25 billones, cuando estas no llegan a la mitad en obras ejecutadas. En el gobierno anterior sí se hizo una inversión histórica por 21 billones en el Invías, entre otras, para contratar todos los túneles que ahora exhibe como resultado de su gestión.

    Y qué tal cuando dice: “Nosotros implementamos el pliego tipo” y que las licitaciones tipo sastre eran la práctica en el gobierno anterior. Qué falsedad. Desde 2015, por recomendación mía, todas las licitaciones tenían pliego tipo, mucho antes de que –también en el anterior gobierno– se expidiera la Ley 1882 de enero 2018. Tampoco reconoce que en ese entonces se tomaron medidas como la creación de las salas seguras para la recepción, revisión, evaluación y calificación de las propuestas. Y, adicionalmente, se instituyó la prueba de polígrafo para todos los funcionarios que participaban en el proceso, incluidos los directivos del Invías. Me pregunto si alguna vez el señor Gil se ha sometido a alguna prueba.

    Deliberadamente omite mencionar el programa Colombia Rural, donde se suscribieron 1.219 convenios interadministrativos con alcaldías y gobernaciones. Me temo que la casi totalidad de ellos se adjudicó con proponente único. ¿Quiénes serán los intermediarios de esos contratos? Pura ‘mermelada’. ¿Por qué no nos explica el señor Gil, en este alarde de transparencia, cómo fue que la empresa Meco ganó 6 convocatorias por valor de 1,2 billones estando su propietario privado de la libertad en Costa Rica?

    Y dice que no conoce de ninguna irregularidad en el Invías. ¿Qué llamará él irregularidad?

    En la Contraloría cursan decenas de investigaciones a esta entidad y sus directivos; 54 alertas tempranas por atrasos sustanciales en contratos por valor de 2,5 billones y varias intervenciones de la unidad de reacción inmediata por otros 690.000 millones.

    Recientes informes públicos de la Contraloría exponen hallazgos fiscales por otros 50.000 millones en obras como el puente Pumarejo y el puente Hisgaura, mejor conocido como acordeón, en donde el Invías fue el asesor técnico que lo dio recibido a satisfacción.

    No podíamos esperar otra cosa. Todo en el sector va al ritmo de los anuncios de la ‘Vice’ y su ministra. En estos cuatro años, la vía Pamplona-Bucaramanga presenta un avance del 12 % (grupo Solarte); la de Popayán-Santander de Quilichao (grupo Solarte), avance del 0 % y, claro, ningún proceso sancionatorio o de caducidad. Igual suerte tendrá la promesa de entregar el km 58 de la vía a Villavicencio. ¿Y en qué terminará el compromiso sobre la entrega de 20 concesiones 4G el 7 de agosto? Me temo que en nada.

    La ‘Vice’ también anunció la apertura de la licitación para el canal del Dique en diciembre. Pero la abrió en marzo y dice que la cerrará el 24 de junio y la adjudicará el 3 de agosto. Todo esto me recuerda mucho la contratación de la Ruta del Sol. Y ya sabemos en qué terminó.

    Si Colombia tiene la osadía de celebrar un congreso mundial de túneles, propongo que convoquemos también uno de seguridad vial y, por qué no, uno de justicia y, para rematar, uno de cárceles.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text title=»» disable_pattern=»» align=»» margin_bottom=»» animation=»» visibility=»» css=».vc_custom_1650649025102{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    10 de abril 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-tuneles-y-congresos-columna-de-german-vargas-lleras-664287[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • De la que nos salvamos

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1649045770918{margin-bottom: 0px !important;}»]

    Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    No tenemos un sistema electoral confiable, hay un enorme desgaste reputacional e institucional.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1649045848905{margin-bottom: 0px !important;}»]Semanas antes de las elecciones de Congreso se prendieron muchas alarmas sobre el proceso electoral. En foro promovido por este diario se hicieron serios señalamientos sobre la organización de los comicios y sus responsables. Las respuestas fueron contundentes: estamos blindados, tenemos planes concretos de contingencia y suficiente capacidad institucional para afrontarlos. Cómo no. Tenía razón Andrés Pastrana cuando formuló reparos a la Registraduría y a sus contratistas. Nadie le paró bolas.

    Lo cierto es que todo salió mal: el registrador había anticipado, para curarse en salud, que en esta ocasión los resultados se demorarían más de lo previsto, pero que todo se justificaba por una mayor seguridad y confiabilidad. Pero ni lo uno ni lo otro se consiguió. En la lista de temas para revisar habrá que comenzar por el mal diseño de los formularios E-14, que recogen la información de los votos en las mesas. Este problema jamás se había presentado.

    Luego vinieron la selección y designación de jurados, donde fueron reemplazados sin explicación alguna quienes venían desempeñándose por años en este servicio. El proceso de capacitación tampoco funcionó.

    De allí en adelante todo resultó peor. El ‘software’, el proceso de digitalización, la transmisión de la información del preconteo, su transparencia y confiabilidad.

    Ni qué decir de la idoneidad de los funcionarios de la Registraduría. Nunca se había visto una politiquería igual en la designación de decenas de delegados departamentales, municipales y auxiliares encargados de vigilar las votaciones.

    ¿Cómo es posible que de 112.000 mesas electorales se hubieran presentado problemas en 23.000? Y podrían ser muchas más, por el número sin precedentes de reclamaciones.

    ¿Qué pasó con la auditoría integral? ¿Cuándo se conocerá un informe confiable?

    Al contrario de lo que sostiene el Gobierno, quedó en evidencia que no tenemos un sistema electoral confiable. En lo que sí coincido con el Presidente es en el enorme desgaste reputacional e institucional. ¿Cómo pudimos llegar a esta situación cuando estábamos advertidos?

    Y lo que faltaba, el desconocimiento de la ley cuando el Gobierno y la Registraduría ofrecieron un ilegal reconteo total para realizarse 7 días después de las elecciones. Deberían saber que esta instancia no está consagrada en la ley, que prevé pasos preclusivos en todas las etapas del proceso. ¿Se imaginan en qué estaríamos? Qué tal el país en vilo durante un mes o más mientras quién sabe quiénes y de qué forma recontaban 112.000 mesas. Sorpresas permanentes, todos los días una nueva composición del Congreso. Bueno, seguimos en esas. Algo jamás visto.

    Todo lo ocurrido me lleva a una necesaria reflexión sobre el nuevo Código Electoral. Lo primero sea decir que en buena hora la Corte Constitucional se abstuvo de validarlo. Un Código tramitado a las carreras, de manera inconstitucional y que ha sido objeto de numerosas críticas, todas válidas y que espero la Corte atienda para dar sepultura a esta muy inconveniente ley.

    Qué cinismo el del registrador cuando en la mesa de garantías electorales advirtió que nada de lo ocurrido hubiera sucedido de haber entrado en vigencia la reforma.

    Yo me pregunto si a todo lo acontecido se hubiera sumado en estas elecciones la entrada en vigor de las normas del proyecto original, e incluso del aprobado de reforma del Código Electoral. Por ejemplo: ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera podido ejercer el derecho al voto sin presentar la cédula de ciudadanía en aquellos lugares donde se hubiera habilitado el sistema biométrico? ¿Se imaginan las modalidades de voto no presencial, voto remoto por internet o voto electrónico mixto? ¿O la de voto anticipado? ¿O sin concurrir a ningún puesto electoral? ¿Y la del voto anticipado electrónico y la del voto a domicilio? No quiero ni pensarlo.

    En este tema se equivocó el Gobierno avalando lo que en su momento llamé “el adefesio”, y además enviando mensaje de urgencia para su trámite. De la que nos salvamos. Rescato de positivo que ahora la Corte podrá tener mejores elementos de juicio para declarar la inconstitucionalidad del referido Código.

    La pregunta que queda es si tenemos las suficientes garantías y seguridad para la elección presidencial, y más ante un resultado que se pronostica muy estrecho.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1649045911361{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    03 de abril 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-la-que-nos-salvamos-columna-de-german-vargas-lleras-662705

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]