Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Qué decepción

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1642742172690{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El gobierno actual compromete vigencias futuras para la ejecución de obras, una muy mala práctica.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1642742331913{margin-bottom: 0px !important;}»]La semana pasada, a propósito de la situación de orden público en Arauca, me referí al proyecto vial Bicentenario en su tramo Lejía-Saravena, en donde se adjudicó la construcción de 47 km de un total de 150 y con entrega en el año 2030. Me llamó la atención este contrato no solo por el reducido alcance de las obras, menos del 30 %, y por el larguísimo plazo de entrega, 8 años, sino por su financiación, todo con vigencias futuras.

    Cuál sería mi sorpresa al constatar que no se trata de un caso aislado, sino de un programa del actual gobierno llamado pomposamente ‘Vías para la legalidad’, propuesto en el marco de la reactivación económica. Un plan totalmente maquillado, cuyas modestas obras fueran contratadas con plazos absurdos de entrega que vencen en 2030 y que, como lo anuncié, no traerá más que frustración a las comunidades que pretende beneficiar.

    Pude detectar al menos 15 proyectos licitados bajo la misma modalidad. En el Putumayo, la variante San Francisco-Mocoa tramo 2, se contrataron 13 km y en su tramo 3, 12,5 km. ¿Cómo es posible que tan solo 25 km se construirán en 8 años y todavía faltará el 67 % para terminar la vía?

    En la alta Guajira, en el corredor Uribia-Puerto Bolívar-Cabo de la Vela, se contrataron 39 km de un total de 230 en esta carretera estratégica que compromete nuestra soberanía, y también para entregar en 2030. Y, por supuesto, su pago recaerá en los 2 siguientes gobiernos. En Santander y Boyacá se contrató la vía Duitama-Charalá-San Gil, pero solo 41 km de un total de 137.

    De la tan soñada vía que conectará Puerto Arimena, en el Meta, con Puerto Carreño, en el Vichada, se adjudicaron solo 34 km de un total de 623. Esta es la carretera que conectaría toda la altillanura y la Orinoquia. Pero a este paso nunca la veremos. En el tramo Neiva-San Vicente-Florencia solo se intervendrán 47 km de los 343 km, por supuesto, también en 8 años.

    Y entre Cundinamarca y Santander, en el tramo Zipaquirá- Barbosa-Bucaramanga, de un total de 344 km, solo se contrataron 63 km hasta 2030. Y en el trayecto Puerto Boyacá-Otanche-Zipaquirá, solo 43 km de 290, con iguales plazos. Todos estos contratos decepcionan. Ninguno será funcional ni se terminará ningún corredor vial, y todo sin el menor sentido de la eficiencia. Solo el afán mediático, la necesidad del anuncio al precio que sea. Y advierto que, al contrario de lo que piensa el Invías, nada garantiza que los tramos no intervenidos estén o vayan a estar en buenas condiciones en 2030.

    Los que he mencionado son los casos más emblemáticos. En este reparcheo disfrazado nos vamos a gastar 5,6 billones de pesos que nada solucionarán. El gobierno actual muy pocos recursos aportará, pues para su ejecución comprometió vigencias futuras extraordinarias de los próximos dos gobiernos. Es esta una muy mala práctica. En contraste con el anterior gobierno, que de 59 proyectos estratégicos en obra pública solo en 7 casos se pidieron vigencias hasta 2019 y en 2 –Medellín y Pereira-Quibdó– hasta 2021. Sobran las explicaciones.

    Es importante resaltar que con un plazo de ejecución tan largo –8 años– el alcance de las obras se verá seguramente reducido, y como los contratos incluyen la revisión de los diseños entregados, es seguro que las obras se reducirán en su alcance y todo esto terminará en un incremento de los presupuestos asignados, cuando no en reclamaciones y adiciones millonarias.

    Este programa me recuerda el fallido plan de los 2.500 km del exministro Andrés Uriel Gallego, mentor y guía del doctor Gil, actual director del Invías. Seguramente sea este genio quien embaucó a la ‘madrina’ de la infraestructura para que se embarcara en un programa ineficiente, costosísimo y que no dejará más que frustración y pérdida de recursos. Ninguna de estas obras se verá antes de 2030, pues esos son los plazos contractuales, y posiblemente tampoco después de ese año. Pero ¿a quién le importa? Ya van de salida y en modalidad campaña.

    P. D. Esta semana se cerró la licitación para el contrato del Runt, después de más de tres años de gestiones infructuosas y de dos prórrogas, más una modificación del pliego el 30 de diciembre, posiblemente extemporánea. Mala planeación, falta de transparencia, improvisación. Ya veremos el 23 de febrero en qué termina todo esto.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1642742282645{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    16 de enero 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/que-decepcion-columna-de-german-vargas-lleras-645157[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Arauca: actuar en todos los frentes

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1642741910152{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    En el departamento se libra una lucha por el control territorial y el dominio del narcotráfico.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1642742003268{margin-bottom: 0px !important;}»]Iniciamos el año con nuevos enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el departamento de Arauca. Nada de esto es nuevo ni sorpresivo. ¿Cuántos consejos de seguridad y anuncios han tenido lugar para analizar y tomar acciones frente a esta situación? Varios. Recuerdo, en particular, el convocado a raíz del atentado a la unidad militar, en septiembre pasado.

    Son bien conocidas las disputas entre el Eln, frente oriental bajo el mando de alias Pablito, cabeza del nuevo frente ‘Manuel Vásquez’ y el frente 10 ‘Martín Villa’ de las antiguas Farc, al mando de ‘Gentil Duarte’. El diagnóstico es muy claro: en el departamento se libra una lucha por el control territorial y el dominio de las múltiples fuentes de una economía ilegal cuya base es, por supuesto, el narcotráfico. La guerra es por el dominio de los corredores de tránsito de las drogas, por el tráfico de armas, por el contrabando de gasolina y por los recursos estatales para la inversión pública, entre otros.

    Es inexplicable que de 1’600.000 galones de gasolina mensuales que subsidiamos, el 50 % se vaya para Venezuela, a donde es vendida a quince mil pesos el galón, casi el doble de lo que cuesta en Arauca. Un negocio de 150.000 millones anuales. Una verdad inocultable, pero ante la cual nadie hace nada. Una de las medidas más urgentes es atacar este contrabando que antes venía del país vecino y ahora se ha invertido.

    Y qué tal la extorsión a los mandatarios locales. El monto de los recursos de inversión nacional para este año asciende a 450.000 millones de pesos. En su mayoría orientada a municipios Pdet como Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, precisamente en donde se concentran los enfrentamientos. No es una casualidad. Por eso es esencial reconocer que no hay condiciones para que mandatarios y contratistas puedan actuar libres de amenazas y presiones. Una solución temporal podría ser que todos estos recursos destinados a vías, acueductos y escuelas sean ejecutados directamente por las Fuerzas Armadas a través de sus ingenieros militares.

    Por supuesto que otra medida urgente es la anunciada por el Gobierno en cuanto al envío de dos batallones, cerca de 600 hombres, al departamento. Sin embargo, este esfuerzo parece insuficiente para cubrir un territorio en donde ya tenemos 6.800 hombres. Y algo urgente es copar militarmente los pasos de frontera y aumentar la presencia de la autoridad en el río Arauca, en donde al parecer los patrullajes son muy esporádicos, lo que permite el libre accionar de la delincuencia.

    En época electoral, otro frente de preocupación es la seguridad de que estos grupos presionarán los resultados y, en especial, que se apropien de las curules de paz, pues está claro que la disputa territorial ya se ha trasladado al escenario político. Importante que la Fiscalía tome cartas en el asunto y desmantele el lavado de dinero que se mueve en la hotelería, la construcción, la ganadería y muchas de las actividades comerciales.

    Yo tengo claro que nada de esto estaría ocurriendo sin la absoluta complacencia y colaboración del Gobierno venezolano, como se concluye de observar lo que está pasando al otro lado del río, en el estado Apure, en donde con el mayor descaro y a plena luz del día las disidencias de las Farc patrullan las calles en las narices de la guardia venezolana.

    A esta situación contribuye la tradicional ausencia del Estado en todos los frentes, en especial en la conexión vial del departamento. Cómo es posible que la tan anunciada conexión Pacto Bicentenario (La Lejía-Saravena) tan solo se haya ejecutado en un 0,63 %. Increíble. Y, peor aún, de los 150 km del tramo solo se contrataron 47 y no serán entregados, óigase bien, hasta el 2030. Dos gobiernos más para ver un tramo de esta vía.

    Ojalá la respuesta del Gobierno sea pronta y contundente en todos los frentes señalados. Y pensar que similar situación se presenta en Nariño, Cauca, Guaviare, Putumayo, el Catatumbo y en el Urabá. Todo por el lucrativo negocio del narcotráfico, y nosotros como respuesta llevamos ya tres años y medio perfeccionando el protocolo de aspersión.

    P. D. Cada vez me gusta más el presidente Macron. Sin ningún cálculo electoral, esta semana les notificó: “Vamos a joder a los que no se quieren vacunar”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1642742054489{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    9 de enero 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/arauca-actuar-en-todos-los-frentes-columna-de-german-vargas-lleras-643838[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Buena, Nico

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1641351606332{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El gobernador de Cundinamarca anunció que con recursos del departamento terminará importante vía.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1641351682525{margin-bottom: 0px !important;}»]Cerramos el año con una muy buena noticia, y el mejor regalo navideño, para quienes transitan regularmente por la vía que de Bogotá conduce a La Mesa y Anapoima o van a Girardot por este corredor alterno.

    En varias ocasiones he reclamado del actual gobierno una explicación de por qué se dio por terminado intempestivamente el contrato de la obra para construir un tercer carril a lo largo de esta. Recordemos que por esta carretera transitan 13.000 vehículos diarios, casi el doble del parámetro que hace necesaria la construcción de doble calzada.

    Cerramos el año con una muy buena noticia, y el mejor regalo navideño, para quienes transitan regularmente por la vía que de Bogotá conduce a La Mesa y Anapoima o van a Girardot por este corredor alterno.

    En varias ocasiones he reclamado del actual gobierno una explicación de por qué se dio por terminado intempestivamente el contrato de la obra para construir un tercer carril a lo largo de esta. Recordemos que por esta carretera transitan 13.000 vehículos diarios, casi el doble del parámetro que hace necesaria la construcción de doble calzada.Inicialmente, los trabajos de ampliación solo contemplaban la construcción de los llamados carriles de adelantamiento discontinuos en apenas 15 km. El anterior gobierno, por conducto del Invías, le adicionó $ 631.000 millones para completar los 40,79 km de todo el trayecto y el tramo de doble calzada con los puentes de la salida del municipio de Mosquera.

    Faltaban solo 12 km en diferentes tramos de la vía cuando la amargura y los rencores condujeron a dar por terminado el contrato sin dar una explicación. Así fue como se dejó inconclusa esta vía, contrariando el propio lema gubernamental de terminar las obras.

    Pero en buena hora ha anunciado el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que la obra será terminada con recursos propios del departamento. Con la actual concesión ya se suscribió el nuevo contrato para intervenir y terminar los 11,2 km faltantes con una inversión de $ 168.000 millones, que incluyen la gestión ambiental, la construcción y también la interventoría. Las obras se iniciarán en febrero y en 16 meses deberán concluir, para completar todo el tercer carril y los empalmes y mejorar la seguridad en la vía y, por supuesto, reduciendo notablemente los tiempos de desplazamiento.

    Pero en este estratégico sector no todas son buenas noticias. Cerramos el año y se confirmó lo vaticinado hace meses en estas notas. De los 14 proyectos anunciados y ofrecidos en enero por valor de $ 22 billones se cierra el año con tan solo dos adjudicados: la Nueva Malla Vial del Valle y la ALO Sur. Estas obras, por supuesto, no se iniciarán ya en este gobierno.

    Y ahora salen a informar que el 25 de enero abrirán la licitación del proyecto del canal del Dique con sus 15 unidades funcionales y por un valor de $ 3,4 billones, con el objetivo de adjudicarlo en el mes de julio. Anuncios de fin de año que, aseguro, no se cumplirán porque están pendientes 5 consultas previas de las 16 previstas a un costo de $ 350 millones cada una. Además, tendrán que resolver otros problemas como los cuestionamientos que consideran que este canal es un cementerio de víctimas del conflicto. Adicionalmente habrá que resolver el enredo de por qué a este proyecto no se le exige licencia ambiental y los líos de las afectaciones prediales en 756 hectáreas a lo largo de los márgenes desde Calamar hasta la bahía de Cartagena. El Gobierno conoce bien estas dificultades, sabe que no cuenta con el tiempo para resolverlas, pero aun así sigue haciendo anuncios que solo contribuyen a generar más frustración en las comunidades beneficiarias. Esa lección ya no se aprendió.

    P. D. Termina el año con muy buenas noticias en el frente económico. Todos los indicadores presentan comportamientos positivos. Los ingresos fiscales, contra todo pronóstico, han crecido a tasas del 18 % y frente al recaudo neto, al 23,2 %; también crecen nuestros ingresos por exportaciones, gracias a los buenos precios del petróleo, carbón y café, entre otros. El empleo también se recuperó en un 85 % del perdido en la pandemia, y se espera que en 2022 se hayan recuperado todos los empleos.

    Empieza también a mejorar el turismo, tanto nacional como internacional. Incluso la prestigiosa revista ‘The Economist’ ha reconocido a nuestro país como el más destacado a nivel global en materia de crecimiento y recuperación de sus principales indicadores. Y, como ya es tradicional, seguimos ocupando uno de los primeros lugares en la recientemente publicada escala de los países más felices del mundo. Así empezaremos el 2022. Con buenos pronósticos, pero con muchísima incertidumbre en lo político y electoral. Un año que luce muy agitado. Un año de cuidado.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1641351751736{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    2 de enero 2022

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/buena-nico-columna-de-german-vargas-lleras-642500[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Un freno al desarrollo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1640615195463{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Perder nuestra autosuficiencia energética nos obligaría a importar gas y petróleo.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1640615168629{margin-bottom: 0px !important;}»]Terminó el año y aún seguimos pendientes de la urgente e indispensable reglamentación de las consultas previas. No es un tema caprichoso, el desarrollo del país en la mayoría de sus sectores, pero especialmente en el de infraestructura y energía, depende de la expedición de estas normas y de la seguridad jurídica que ellas otorguen a empresarios e inversionistas.

    Todos los ministros del Interior se han comprometido con este tema. Recuerdo bien a Nancy Patricia Gutiérrez fijar en dos oportunidades fechas concretas para su aprobación. Lo hizo, además, frente a toda la bancada en el Palacio de Nariño como parte del compromiso del gobierno frente a la agenda legislativa. Lo mismo sucedió con la ministra Alicia Arango y con el actual ministro Daniel Palacios, quien personalmente me expuso el plan por seguir para asegurar su aprobación.

    Nada ocurrió. Jamás se presentó el proyecto y, como si fuera poco, ni siquiera apoyaron el de nuestra autoría. Tampoco sacaron adelante la consulta del proyecto de consultas que creían necesario, en mi criterio equivocadamente. Terminará el Gobierno sin avanzar en este frente, como tantos otros que quedarán sin resolver.

    La llamada consulta previa y todo lo que la rodea ha derivado, entre otras por falta de su reglamentación, en procesos francamente extorsivos que siguen frenando el desarrollo nacional. Tiene paralizados centenares de proyectos claves en sectores estratégicos como el de las carreteras que he denunciado tantas veces y amenaza otros, como el del gas y el eléctrico, con gravísimas consecuencias económicas y sociales.

    En los últimos 30 años Colombia ha experimentado una verdadera y muy positiva revolución gasífera. 37 millones de colombianos se benefician hoy con cobertura de gas natural. Enormes avances se han conseguido también en la masificación del gas vehicular. En 2020 ya completamos 622.000 vehículos en todo el país.

    Este combustible ofrece enormes ventajas en cuanto al costo para las familias, también en la seguridad (cómo olvidar el peligroso cocinol) y por su contribución al medioambiente se lo ha considerado como el combustible de la transición energética.

    Pues bien, tenemos en este momento 127 proyectos gasíferos estratégicos por valor de 2,9 billones de dólares “emproblemados” o en riesgo de nunca realizarse. Algunos se encuentran en ejecución, la gran mayoría en estructuración o pendientes de iniciar exploración. Y muchos cuellos de botella por solucionar en materia de transporte como los gasoductos Pavia-Jobo y el de Mariquita-Gualanday. También está sin resolver la bidireccionalidad Barranca -Ballena y la ampliación de la capacidad de los gasoductos Jamundí -Valle y el de Yumbo -Mariquita, y también las conexiones Costa-Interior.

    En este estratégico tema del gas, así como en el petrolero y el eléctrico, son muchísimas las inversiones que no despegan. Una de las más críticas es aquella de la línea de transmisión y subestación Colectora en La Guajira, de la cual depende buena parte de los proyectos de generación renovable del país, y que ya se anuncia no entrará antes de 2024 en operación por causa de las famosas consultas.

    Inversiones estimadas en 473 millones de dólares en contratos de exploración y producción de petróleo y gas están suspendidas por esta razón. Esto sin contar con los contratos ya suscritos y que no han podido ejecutarse.

    Perder nuestra autosuficiencia energética nos obligaría a importar gas y en un futuro no muy lejano también petróleo, con incalculables impactos en materia fiscal por efectos de pérdida de ingresos por regalías, impuestos y dividendos. ¿Cómo permitir que estas amenazas se concreten con los enormes recursos con que cuenta el país?

    Les recuerdo que suspender cualquier actividad extractiva tendría impacto en el 50 % de todas las exportaciones y un poco más del 40 % de las inversiones directas en Colombia. Estos sectores aportan 28 billones de pesos, equivalentes al 18 % de todos los ingresos de la nación. Si se llegase a perder la autosuficiencia energética no solo dejaríamos de percibir los recursos ya señalados sino que, además, tocaría cubrir un hueco de entre 20 y 30 billones para poder suplir la demanda energética del país. Una catástrofe por cuenta del populismo irresponsable.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1640615028481{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    26 de Diciembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/un-freno-al-desarrollo-columna-de-german-vargas-lleras-641287[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A la brava NO

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1640283402347{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Lo más probable es que una vez más la ciudad se quede sin Plan de Ordenamiento Territorial.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1640283442299{margin-bottom: 0px !important;}»]Muy tortuosos han sido el trámite y la aprobación del POT en el Concejo de la ciudad. Pasaron casi 2 años de la actual administración para que se radicara el proyecto, y los 90 días que la ley establece para su aprobación se fueron prácticamente en la discusión de los más de 150 impedimentos y recusaciones presentadas para dilatar la discusión.

    A ello habría que sumar varias tutelas e, incluso, la muy sonada denuncia por clientelismo originada en la propia bancada de gobierno, y que el secretario de Gobierno de esta laya equivocadamente contradenunció, terminando de enlodar las discusiones. Y, como si todo esto fuera poco, la disciplina para perros que la bancada de los ‘verdes’, quién lo creyera, intentó imponer a sus propios concejales. En este trámite todo se salió de madre. Qué incapacidad política para conducir estos debates.

    A estas alturas, la Administración hace esfuerzos desesperados por ‘salvar’ a como dé lugar la iniciativa y, como van las cosas, lo más probable es que una vez más, como ya ocurrió con Petro y Peñalosa, la ciudad se quede sin Plan de Ordenamiento Territorial. Ahora puede pasar cualquier cosa. Cuatro opciones tiene la alcaldesa:

    La primera, expedir el POT original por decreto. Sería el peor escenario, porque entrarían en vigor las muy inconvenientes normas que traía inicialmente el proyecto. Menciono, entre otras:

    En materia de vivienda, las cargas urbanísticas desproporcionadas que multiplicaban por 3 los parámetros actuales y la de reducir el suelo urbano, cuando es claro que Bogotá requerirá más de 1 millón de viviendas y no resulta conveniente seguir presionando a los municipios vecinos. Y qué tal la propuesta de entrar a definir los índices de construcción, alturas, aislamientos y todo tipo de exigencias que harían inviable cualquier programa de vivienda.

    En cuanto a la propuesta de renovación urbana, por sus exigencias, solo se entiende si el propósito es expulsar a las clases populares de estas zonas. El proyecto deja a Bogotá sin zona de expansión y lo ya aprobado de más de 120.000 viviendas en Lagos de Torca. Todo el norte se conservaría como zona agropecuaria, desconociendo la realidad de la ciudad, hoy conurbada con los municipios vecinos. ¿Cómo explicar que se desechara el parque de 1.400 hectáreas en la reserva Van der Hamen?

    Y qué tal la modificación de los perfiles viales de todas las principales arterias y vías secundarias para crear bicicarriles y afectar gravemente la movilidad de vehículos, sin ofrecer alternativas. Vale la pena recordar que 26 proyectos viales del POT expedido en el 2000 jamás se ejecutaron y que las obras viales que todos pagamos por valorización aún no arrancan. Como si fuera poco, el proyecto pretende bloquear la avenida Ciudad de Cali en sentido norte y la conexión de la Boyacá con Chía. Desecha los nuevos proyectos de TransMilenio, como el de avenida del Ferrocarril del Sur o el de la avenida Gaitán, y elimina la ALO Centro y la ALO Norte, obra planeada hace 60 años y en donde ya se han comprado 600 predios.

    Una segunda opción sería expedir el POT por decreto, pero incorporando modificaciones que fueron concertadas en las discusiones. Pero el riesgo jurídico es aún mayor, al pretender elevar a norma simples deliberaciones o el contenido de las ponencias que nunca fueron aprobadas. Algo similar ya ocurrió en el caso del POT de Petro, que se cayó por inconstitucionalidad.

    Una tercera opción sería volverlo a presentar el próximo trimestre, recogiendo en el texto todos los temas en los que se lograron consensos que en buena parte corrigen errores como los ya señalados. Podría avanzarse en un acuerdo político muy deseable y facilitar su trámite, que le daría al proyecto enorme seguridad jurídica.

    Y de lograrse un compromiso de bancadas, una última opción, poco probable pero igualmente conveniente, sería reconocer que el plazo de los 90 días no está agotado, pues operó la suspensión de términos prevista en el reglamento del Concejo, que establece que la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento hasta cuando se decida, con lo cual el término de 90 días no estaría vencido.

    En todo caso, ojalá no cometan la equivocación y la ilegalidad de expedir este esperpento de proyecto de POT a la brava, porque probablemente correrá la misma suerte de los anteriores.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1640283343441{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    19 de Diciembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/a-la-brava-no-columna-de-german-vargas-lleras-639979[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Tomen la delantera

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1638206801798{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Resulta imperdonable que ahora el director del Invías venga a ponerse medallitas.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1639366167128{margin-bottom: 0px !important;}»]Comenzaron esta semana las negociaciones anuales del salario mínimo. Gobierno, sindicatos y empresarios, reunidos en la mesa de concertación de política salarial, tendrán que hacer especiales balances de la situación social y económica de un país todavía convaleciente de la pandemia. Por eso, no se trata en esta ocasión del tradicional tire y afloje con propuestas desmesuradas de todos los actores.

    Ojalá se pudiera llegar a un consenso tras un análisis ponderado no solo de las principales variables, como el alza del costo de vida o el incremento de la productividad, sino también de otras como el impacto positivo que pueda tener este ajuste en la reactivación económica vía el aumento de la demanda de bienes y servicios, asociado al mayor ingreso o la preocupante desmejora de los niveles de calidad de vida de múltiples sectores de la población.

    Nos toma, además, esta negociación en medio del debate electoral. Creo haber escuchado propuestas de la mayoría de los sectores y candidatos y hasta ahora, para mi sorpresa, ninguna de corte populista.

    Creo que en esta oportunidad todas las condiciones están dadas para que el incremento que finalmente se establezca sea menos tímido. Veamos: la inflación ya va por el 5,84 % para los estratos populares y en 4,99 % para la clase media. Lo más preocupante es el nivel de inflación del 15,34 % para los alimentos, entre ellos la carne de res (30,62 %), la carne de aves (26,11 %), los aceites (45,78 %) y las frutas frescas (21,98 %).

    Otro factor por analizar es la productividad, que alcanza ya niveles del 3 %. Por el lado de la recuperación del empleo, otra de las preocupaciones principales, aún faltan 665.000 para llegar a niveles prepadémicos. Pero el dato más positivo, la economía creciendo en el tercer trimestre al 13,2 %.

    Aun con estos datos en la mano, incrementar el salario mínimo en un 10 % podría ser visto en algunos sectores como elevado, sobre todo si se compara con los aumentos de los últimos años, en especial el de 2021, que fue de 3,5 %. Pero la inflación en 2020 fue del 1,61 y la economía no daba señales de reactivación. La principal preocupación de adoptar un incremento de esta naturaleza tiene que ver con el desestímulo a la creación de más empleos, que es, sin duda, uno de los primordiales objetivos de la política económica e industrial de un país. Pero esta amenaza ha sido puesta en entredicho por el premio Nobel de economía de 2021, David Card, que ha desafiado con sus laureados trabajos esta hipótesis. Hoy sabemos que la destrucción o creación de empleo no está directamente asociada al monto del salario mínimo.

    Un incremento del 10 % en el mínimo actual, que es de 908.526 pesos, acercaría el monto principal del salario al millón de pesos. Ya en este punto, creo que no vale la pena enredarse más con porcentajes y decimales, qué importante sería enviar un buen mensaje aumentando el salario mínimo a un millón de pesos. A este monto habría, por supuesto, que adicionar el subsidio de transporte o de conectividad.

    Hay que considerar también en la discusión que un aumento muy alto, como el que seguramente estarán por exigir las centrales obreras, generará presiones inflacionarias que, a la larga, afectarán más a las personas de menores ingresos, como ya se ha señalado. Y como faltan algunos candidatos por lanzar sus propuestas, también habrá que estar atentos a rechazar populismos, vinieren de donde vinieren.

    Un incremento mayor del salario mínimo crearía un círculo virtuoso, pues las familias con dinero en el bolsillo consumen más, lo que a su vez motivaría a los empresarios a subir la oferta de productos y servicios y, por consiguiente, a requerir más mano de obra y ojalá empleos formales.

    La realidad es que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, es decir, el riesgo de que el aumento salarial no logre compensar los incrementos del costo de vida actual, no sería conveniente para nadie.

    El Gobierno tiene que ser audaz, proceder sin timidez y tomar la delantera intentando construir consenso alrededor de una propuesta como la indicada. Pero si ello no fuera posible, imponerla con la autoridad y la seguridad de que contribuirá a aliviar la situación de millones de familias y también a la anhelada reactivación económica.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1639366135269{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    12 de Diciembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/tomen-la-delantera-columna-de-german-vargas-lleras-638415[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • En buena hora

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1638206801798{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Sin un nuevo jugador que promueva un cambio será difícil mejorar la situación del GEA.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1639365861798{margin-bottom: 0px !important;}»]El pasado 10 de noviembre, el Grupo Nugil, de la familia Gilinski, junto con el Fondo de Inversiones de los Emiratos Árabes, lanzó una oferta pública de compra de acciones (opa) sobre Nutresa, y esta semana, sobre Sura, dos de las joyas de la corona del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Desde esa fecha, día tras día, la operación se ha convertido en el centro de todos los análisis, y también especulaciones, sobre las motivaciones de esta, la conveniencia de vender o no y las eventuales reacciones del conglomerado antioqueño.

    Sea lo primero decir que las empresas del GEA, Sura, Argos, Bancolombia, Celsia y Nutresa, entre otras, cuentan con una reputación en el país, gracias, entre otras razones, a su compromiso en materia social, ambiental y de gobierno corporativo. Pero es forzoso concluir que este desempeño, uno de sus principales activos, paradójicamente no se ha visto reflejado adecuadamente en el valor de mercado de sus acciones, lo que al final explica que haya podido presentarse una opa que reconoce una prima que está un 40 % por encima del valor último de la acción en el caso de Nutresa y de un 50 % en el de Sura.

    Para comprender qué ha podido motivar esta operación, vale la pena mirar el resultado para el accionista. Comencemos por Nutresa. La acción de esta compañía pasó de 25.000 pesos hace más de 10 años a 21.000 antes de la opa. Una pérdida enorme en pesos, y ni se diga en dólares. La acción de Nutresa no cayó a causa de la pandemia, llevaba ya más de 10 años cayendo. Llama la atención que compañías del mismo sector alimentos como Nestlé, General Mills, JBS de Brasil, Tyson Foods, entre muchas otras, hayan más que doblado su valor en este periodo en Estados Unidos.

    En el caso de Sura, el valor de su acción en 2011 era de 42.000 pesos, hoy está por la mitad. Si se suma la devaluación del peso, el resultado combinado es una pérdida descomunal para el accionista de más del 80 %. Parte de este lánguido resultado puede deberse a las operaciones de compra de compañías en el exterior como ING Pensiones América Latina, por la cual se pagaron 3,9 billones de dólares, cuando a hoy, todo el Grupo Sura no vale más de 3 billones. ¿Cómo es esto posible?

    Se trata de una constante en el GEA. En lo que hace a Bancolombia, su ADR en Nueva York se cotiza al mismo valor que en 2006, lo que significada una pérdida de valor del 55 % en estos 15 años. En el caso de Argos, su acción valía 22.000 pesos hace 10 años y hoy vale 11.700. Las inversiones de Argos en EE. UU. contabilizaron más de 3 billones de dólares en su momento, pero hoy todo el grupo no vale más de 2 billones. Destrucción de valor enorme para los accionistas.

    Algunos analistas indican que el comportamiento de estas acciones está fuertemente impulsado a la baja por la estructura corporativa y de control del GEA y la mezcla de actividades, que disminuye el interés de los inversionistas por estos papeles. Pero la realidad es que las compañías del GEA no han resultado ser buenas inversiones para sus accionistas, en especial para los fondos de pensiones, al menos en los últimos 10 años, lo cual contrasta con los beneficios de que han gozado los directivos y accionistas controladores de este selecto club.

    Y esta situación será muy difícil de cambiar sin la llegada de un nuevo jugador que promueva un cambio necesario a la hora de generar valor para los accionistas. Qué importante que esto ocurra.

    Al margen de lo dicho, esta operación representa una bocanada de confianza en el país y en la región, en momentos de gran incertidumbre política y económica; representa también una dinamización del mercado de valores y la llegada al país de más de 14 billones de pesos en inversión fresca. Y, lo más importante, la oportunidad para que miles de pequeños accionistas puedan obtener, finalmente, una rentabilidad adecuada a sus inversiones. Solo una leguleyada de los organismos de regulación podría interponerse a la operación. Esperemos que no.

    Y ahora se confirma que vendrá una tercera opa, esta vez sobre Argos. Las participaciones cruzadas, que parecían ser la fortaleza del grupo, hoy se han convertido en su talón de Aquiles. Y ahora resulta que, en palabras del presidente de Sura, el GEA les pertenece a los latinoamericanos y por eso habría que rechazar la oferta. Vaya argumento.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1639365893849{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    05 de Noviembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/en-buena-hora-columna-de-german-vargas-lleras-636978[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Y se despidieron con risotadas

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1638206801798{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Resulta imperdonable que ahora el director del Invías venga a ponerse medallitas.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1638206836097{margin-bottom: 0px !important;}»]El viernes pasado terminó el congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Como se trata del último al que concurre el presente gobierno, es pertinente hacer un balance de lo anunciado en él desde el 2018 hasta hoy, y de lo efectivamente realizado, o por lo menos contratado.

    Repasemos: en 2018, la Madrina y coordinadora del sector, Dra. Marta Lucía Ramírez, anunció que pondría en marcha la intermodalidad, que se ajustaría el plan Aeropuertos 2030 para movilizar a 100 millones de pasajeros y que el nuevo reto eran los pasos de frontera. Tanto lo ajustaron que nada de lo dicho ocurrió ni en las fronteras, ni en los aeropuertos ni en ninguna parte, pues no se construyó ni uno solo de los puertos anunciados, ni las obras del canal del Dique ni la navegación por el río Magdalena. Nada de lo anunciado.

    En 2019, la Madrina anunció de nuevo su plan intermodal, a lo que añadió, óigase bien, el famoso Plan Ferrocarrilero, que comprendía el mejoramiento de 1.021 km de la red férrea del Atlántico y de los 498 km de la red del Pacífico, y el de Chiriguaná-Dibulla, en La Guajira. En lo aeroportuario, anunció la 3.ª pista del aeropuerto El Dorado y el proyecto Dorado 2; así mismo, el nuevo aeropuerto de Cartagena, entre muchos otros. ¿Qué se ha hecho de todo esto? Nada de nada.

    En 2020 anunciaron que por fin se expediría la ley de consultas previas. Ahora sabemos que el proyecto jamás fue radicado y eso explica lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el estratégico corredor Mulaló-Loboguerrero. Que yo recuerde, es el primer caso en donde un contratista presenta demanda arbitral para devolver un contrato por valor de 1,9 billones, ante la incapacidad del Estado para solucionar una controversia con una comunidad.

    Y con el mayor descaro, en ese mismo congreso, anunció el pliego tipo para las licitaciones del sector transporte, olvidando que este se implementó en 2015 en todo el sector transporte y que había sido aprobado en el gobierno anterior mediante la Ley 1882 de 2018. Pero en vez de darle cumplimiento, el Invías procedió a contratar, vía convenios interadministrativos, la friolera de 529 obras por más de medio billón de pesos. De manera directa. Una burla.

    Tampoco se cumplió nada de lo anunciado en financiamiento, puesto que en ninguna obra se ha implementado el pago por valorización ni la titularización de peajes. En agosto de 2021, y como antesala al congreso de la CCI, la Madrina señaló que las inversiones del sector llegarían a 130 billones en 540 proyectos y se generarían 2 millones de empleos. Pero ella sabe bien que esto ya no ocurrió en el presente gobierno.

    Los dos grandes ausentes del evento fueron el señor Marshall, el mismo del plan Marshall criollo y del que nada se ejecutó. Y el segundo, el propietario de la firma Meco, distinguido como miembro de honor de la Cámara de la Infraestructura, quien se excusó por estar preso en Costa Rica por corrupción. Cómo no recordar que este mismo congreso premió hace unos años a Odebrecht con el Premio Nacional a la Excelencia. Vivir para ver.

    Esta semana inauguró el Gobierno los accesos al túnel de La Línea. Excelente noticia para el país. Pero olvidan el Gobierno y el editorial de este diario que tantos años de demoras y sobrecostos son responsabilidad del hoy director del Invías, en su momento quien ideó y proyectó el contrato inicial, el cual tuvimos que dar por terminado y proceder a decretar la caducidad para luego volverlo a licitar. El anterior gobierno no solo debió hacer la operación de rescate sino, además, aportar el 60 % de los nuevos recursos de toda la obra. Resulta imperdonable que ahora este señor Gil venga a ponerse medallitas cuando además, vaya uno a saber con qué motivación, disolvió el tribunal donde cursaba la demanda de reconvención del Estado por 1,2 billones, que en parte hubiera aliviado tamaño estropicio.

    Y como revelador epílogo de estos 4 congresos, la cifra de ejecución del sector infraestructura medida en términos de las obligaciones efectivamente contraídas llegó a un 24 %, ni una cuarta parte de lo presupuestado, lo cual puede explicar por qué en 2021 el indicador de obras civiles dentro del PIB fue negativo en un 13 %, cuando tanto se esperaba de este sector en materia de crecimiento y empleo. Y todos tan risueños.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1638206856300{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    28 de Noviembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/y-se-despidieron-con-risotadas-columna-de-german-vargas-lleras-635351[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Un Acierto

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1638202993122{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Si las nuevas medidas de seguridad resultan exitosas, aumentará el número de detenidos y condenados.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1638203152856{margin-bottom: 0px !important;}»]El Gobierno ha radicado su anunciado proyecto de seguridad ciudadana. Es de esperar que su trámite sea expedito, pues la situación de indefensión de la gente e impunidad ya ha traspasado cualquier límite imaginable. No hay tal que las cifras de criminalidad se estén reduciendo. A septiembre, los homicidios han crecido en 18,3 %; las lesiones personales, en un 18,7 %, y ya van, en lo corrido del año, cerca de 90.000 casos de violencia intrafamiliar.

    El proyecto de ley se ocupa de manera muy positiva de problemas que he venido señalando en esta columna y que son en buena medida la causa del incremento de la criminalidad y también del fracaso de muchas de las acciones emprendidas por las autoridades. Comencemos por el gravísimo tema de la reincidencia. El proyecto contempla el agravamiento de la pena para aquellos que en los últimos 5 años tengan condena proferida en su contra por delito doloso. Y, más importante, para aquellos reincidentes capturados muchas veces pero nunca condenados. Establece nuevos parámetros para los jueces en el momento de definir la detención preventiva, lo que permitirá que se los pueda privar de la libertad cuando tengan registros de anteriores capturas.

    Al respecto, vale la pena recordar que en el reciente Plan de intervención se capturaron 7.007 individuos; de ellos, 6.139 en flagrancia, y el 86 % de todos ellos quedó en libertad a las pocas horas. Así es imposible. Ojalá jueces y fiscales den correcta aplicación a la nueva norma, que de ser aprobada será una herramienta verdaderamente útil, entre otras, para levantar la moral de la autoridad.

    Otro tema es el relacionado con la legítima defensa, cuya normativa actual se ha prestado para tantas injusticias. El proyecto establece claras presunciones a favor de las víctimas, quienes ya no tendrán que probar que la defensa fue proporcional cuando la agresión se ha presentado en su casa, oficina o vehículo. Muy buen avance.

    Se ocupa también el proyecto de la penalización del porte de armas blancas y de las llamadas armas traumáticas cuando sean llevadas en transporte público, protestas o eventos públicos, y convierte en delito lo que antes era tentativa, el solo hecho de amenazar e intimidar a una persona.

    También eleva la pena para robos de menor cuantía para evitar que los autores de robos de menos de 4 salarios mínimos, celulares y bicicletas, por ejemplo, queden automáticamente en libertad. Igualmente se eleva la pena cuando los delincuentes utilicen máscaras o a menores de edad. Esto, en clara respuesta a los desmanes y excesos en las recientes protestas sociales.

    En cuanto a los bienes objeto de extinción de dominio, el proyecto agiliza la comercialización de estos, lo que permitirá hacer más eficaz este instrumento vital en la lucha contra la criminalidad organizada. En buena hora faculta a los alcaldes para construir equipamientos destinados a la seguridad en el lugar que determinen, sin tener que adelantar cambios en los POT. Esta exigencia ha hecho casi imposible la construcción de centros penitenciarios, sin los cuales toda la política de seguridad está condenada al fracaso.

    Lo digo porque las nuevas medidas, de resultar exitosas, seguramente incrementarán el número de detenidos y condenados, lo cual sin una respuesta por el lado de la oferta de nuevos centros carcelarios conducirá a empeorar los índices de hacinamiento, cuya solución lamentablemente siempre ha sido la expedición de medidas de descongestión que regresan a la calle a los delincuentes.

    Se necesitan urgentemente al menos 50.000 cupos penitenciarios adicionales para asegurar el éxito de esta importante iniciativa. El Gobierno, en cabeza del ministro de Justicia y también del minhacienda, debería asegurarse de destinar los recursos necesarios para este programa de infraestructura carcelaria, pilar de la nueva política de respuesta a la criminalidad.

    Es tiempo de incorporar al proyecto otros temas como el tratamiento a menores infractores, que en algunos casos son verdaderos y muy peligrosos delincuentes, o la judicialización de los detenidos en las primeras 24 horas. Pero, ojo, ninguna norma es suficiente por sí sola. Se requieren una perfecta coordinación y compromiso de policías, fiscales y jueces y, por supuesto, de la ciudadanía que, atemorizada, no denuncia ni siquiera uno de cada tres delitos cometidos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1638203039891{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    21 de Noviembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/un-acierto-columna-de-german-vargas-lleras-633665[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El ordeño

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1636946290170{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Ojalá esta inoportuna y populista reforma tributaria se hunda en la plenaria de Cámara.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1636946322447{margin-bottom: 0px !important;}»]Avanza en el Congreso el trámite de la tercera reforma tributaria de este año, incluyendo la fallida del Dr. Carrasquilla. Es, además, la quinta en lo que va de este gobierno. Independientemente de su contenido, que me anticipo en calificar de populista y engañoso, la sola presentación de esta iniciativa contribuye a deteriorar aún más, si es posible, el clima de inseguridad jurídica para empresas y también para personas naturales.
    Es una situación inédita en el mundo y muy perjudicial por la zozobra que crea. ¿Qué empresa puede trabajar, planear su futuro, hacer presupuestos con esta incertidumbre? ¿Qué inversionista puede calcular el retorno de su emprendimiento y los riegos que asumirá? Ni qué decir de los fondos de inversión. Cómo vamos a retomar la senda del crecimiento con estas señales a los mercados nacional e internacional. Imposible.

    Aun así, esta quinta iniciativa avanza con paso firme por los pasillos del Congreso. Casi inadvertida, llegará a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes esta semana. Apenas ahora empieza a conocerse el proyecto, que en definitiva lo que busca es eliminar el famoso y antitécnico impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras. Personalmente he insistido desde el año 2010 en su desmonte, porque es un impuesto que no grava la utilidad de los negocios sino la propia actividad, que desincentiva la bancarización de personas naturales y jurídicas, que favorece la informalidad y la evasión, impidiendo mayores recaudos tributarios. Todos los expertos en materia tributaria critican este impuesto y aconsejan su inmediata eliminación.

    Pero este proyecto nos viene con la genialidad de desmontarlo a partir del año 2023, a sabiendas de que el gobierno que llegue seguramente lo primero que hará es tramitar otra reforma para mantenerlo. En cambio, sí propone aumentar el impuesto de renta para asalariados hasta un 44 %, o sea, otra vez los mismos paganinis de siempre. La propia Comisión de Expertos contratada por el Gobierno dijo sobre este particular que “las tarifas de impuesto sobre la renta para personas naturales aplicables a asalariados son altas”. Qué poco estudian y qué poca imaginación la de estos ‘preocupados’ padres de la patria.

    Advertí que el proyecto era engañoso porque al final aumentarán las tasas efectivas de tributación y, además, porque los autores, ponentes y quienes la apoyan deberían saber que este impuesto del 4 por mil no se puede eliminar en esta coyuntura fiscal, que no hay peor momento que este para prescindir de los 8 billones que genera este tributo y que el propio proyecto no cubrirá ni una ínfima parte del hueco que abrirá en las finanzas públicas.

    Apoyamos la última reforma porque encontramos positivo que el Gobierno no avalara el restablecimiento del impuesto confiscatorio al patrimonio ni la también confiscatoria y antitécnica renta presuntiva. La defendimos porque el Gobierno atendió nuestra demanda de no incrementar el impuesto a los dividendos y mantener el descuento del ICA, y, contra lo que opinaron nuestros desconectados economistas criollos con la reforma de 2019, el recaudo se elevó en 10 billones y la tasa de tributación al 19,85 % del PIB, el cual sigue siendo insuficiente, pero que tendremos que elevar no gravando más a los de siempre ni restando competitividad a nuestras empresas, sino desmontando beneficios que carecen de toda justificación económica y cuestan 92 billones y, por supuesto, luchando contra el contrabando y la evasión, que suman otro tanto.

    Una reflexión final. Las reformas tributarias se han convertido en instrumento de extorsión y chantaje al empresariado colombiano. Con la sola presentación de los proyectos empieza el desfile de gremios y empresas en el alto Gobierno y las oficinas del Capitolio. Una vez al año era la dosis, pero ahora, ojalá me equivoque, le tocará al sector productivo prepararse para dos jornadas anuales de genuflexiones e intrigas y, claro, en época electoral también para asumir compromisos en la financiación del proceso electoral.

    Ojalá esta inoportuna y populista reforma se hunda en la plenaria de Cámara, pero parte del daño ya estará hecho. Inexplicablemente, el Gobierno se demoró en advertir que no la consideraba conveniente ni la avalaría legalmente. Habrá que creerle.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1636946258920{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    14 de Noviembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-ordeno-columna-de-german-vargas-lleras-632165[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]