Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Nos Cree Giles

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1636945578741{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Todos sabemos que los contratos interadministrativos son la verdadera ‘mermelada’.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1636945705604{margin-bottom: 0px !important;}»]Para ir ambientando las discusiones del congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura mencioné hace un par de semanas los bajísimos porcentajes de ejecución en todas las entidades del sector transporte. Una inocultable parálisis que contrasta con los innumerables anuncios que las autoridades hacen, en especial en esta cita anual del sector y que se asemeja al programa de los cuentachistes.

    La mayor atracción del encuentro será, sin duda, el Dr. Gil y la entidad a su cargo, el Invías. Hace algunos años, él fue asesor del entonces ministro Andrés Uriel Gallego, luego pasó a la gerencia de proyectos en el Invías, donde fue responsable de la malograda estructuración y contratación del túnel de La Línea, que conllevó, dados sus sobrecostos y plazos incumplidos, a que debiera darse por terminado y nuevamente licitado. Sorpresivamente, el Dr. Gil regresó como director de la entidad y procedió, inexplicablemente, a disolver el tribunal de arbitramento que habría de fallar una demanda de reconvención del Estado por una suma superior al billón de pesos. Sostuvo el Dr. Gil que para la entidad, la justicia ordinaria era el mecanismo idóneo para resolver este pleito, pero hizo todo lo contrario en el caso del puente Pumarejo, en donde, y aun sin existir cláusula arbitral, habilitó a la firma contratista para que procediera a reclamar por vía arbitral $ 133.000 millones de manera expedita.

    La semana pasada, como preámbulo del congreso, el señor Gil la sacó del estadio, como se dice, con la adjudicación del contrato de recaudo de peajes por diez años, por un valor de $ 950.000 millones. Todo aquí es sospechoso: los pliegos fueron ajustados a la carrera, en audiencia extraordinaria; se ‘equivocaron’ en algo tan elemental como calificar mal la naturaleza del contrato, al que, siendo de servicios, calificaron de obra; suspendieron los términos para no dar respuesta de fondo a las numerosas observaciones técnicas, y tan solo se hizo obligatorio instalar el recaudo electrónico en 5 estaciones de las 35 concesionadas.

    El 28 de septiembre se adjudicó, contra todas las advertencias, el viaducto del km 58 en la vía a Villavicencio al consorcio del que hace parte la controvertida firma OHL, famosa por sus incumplimientos y reclamaciones. La obra deberá terminarse dentro del actual periodo presidencial, es decir que cuenta con 2 meses de preconstrucción y 7 de construcción. Pronostico que esta obra no se entregará en los plazos contractuales ni por el valor adjudicado. Una nueva frustración para los metenses.

    En materia de contratos interadministrativos, el Invías es un titán. Todos sabemos que estos contratos son la verdadera ‘mermelada’, pues es la forma de enviar recursos a las regiones para que la contratación se traslade a gobernaciones y alcaldías, en donde licitan las obras sin pliego tipo y usualmente con un único proponente. Pues, entre 2020 y 2021, el Dr. Gil ha suscrito 529 convenios interadministrativos por valor superior al medio billón de pesos. Con la modificación de la ley de garantías, la bacanal continuará hasta final de gobierno. Música para el congreso de la CCI.

    El gran ausente del congreso será el propietario de la empresa Meco, adjudicataria de más de 6 contratos en el Invías por valor superior a $ 1,5 billones. Se excusa por estar detenido y sindicado de corrupción en Costa Rica y después de haber pagado en Panamá US$ 10 millones en el proceso que contra esta firma se adelantaba. ¿Cómo y con quiénes habrá obtenido esos contratos en Colombia este célebre empresario? Por algo será que nadie en el Invías ni en la Aerocivil toma acciones legales distintas a apresurar y permitir rápidamente la cesión de estos contratos, que, como sabemos, siempre conlleva una jugosa comisión para el cesionante. Y todos tan campantes.

    En la Contraloría cursan decenas de investigaciones y 54 alertas por valor de $ 2,5 billones, al igual que varias intervenciones de la unidad de reacción inmediata en 6 proyectos más por valor de $ 690.000 millones. Me pregunto qué van a hacer con el contrato de obra adjudicado a ICM e Intec de la Costa, las mismas firmas de Centros Poblados en el sonoro caso de Mintic. De la Procuraduría y la Fiscalía poco se sabe. Entre tanto, en el complaciente foro de la CCI no se oirán sino aplausos… y risas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1636945805639{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    7 de noviembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/nos-cree-giles-columna-de-german-vargas-lleras-630532[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Hidroituango

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1636054631734{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Tiene que primar es el pragmatismo y la sensatez. El objetivo único es culminar el megaproyecto.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1636054753484{margin-bottom: 0px !important;}»]En su momento levanté mi voz para denunciar todo lo que estaba ocurriendo con el proyecto de Hidroituango. Dije que desde su adjudicación, rodeada de graves denuncias, hasta la aprobación del nefasto plan de aceleración de las obras, todo allí estaba lleno de secretismo, sin que nadie diera explicaciones satisfactorias. También advertí sobre la responsabilidad de los contratistas y las relaciones que por décadas han mantenido con EPM, caracterizadas por conflictos de intereses y puertas giratorias muy controvertidas. No voy a volver sobre ello ahora, pero sí espero que en su momento los organismos de control se pronuncien.

    Ante el inminente vencimiento de los contratos y las inamovibles posiciones de las partes involucradas, se han prendido esta semana todas las alarmas y con ellas se ha desatado una guerra de reclamaciones, demandas judiciales, acusaciones políticas y personales que en nada benefician la búsqueda de una solución de un problema que trasciende las fronteras de Antioquia para convertirse en un grave problema que involucra a toda la Nación.

    Aquí lo que tiene que primar es el pragmatismo y la sensatez, que indican que el objetivo único en este momento es culminar el megaproyecto hidroeléctrico. En primer lugar, porque está en juego la vida de miles de habitantes de las riberas del río Cauca. Los municipios de Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia, para citar solo algunos de los 17 en mayor riesgo que podrían desaparecer de fallar la estructura del vertedero de la presa, que fue diseñado para permitir descargas ocasionales y no para operar en forma permanente e irregular. Sin duda, la mayor urgencia es la vida misma de estas comunidades.

    En segundo lugar está la seguridad eléctrica del país. Aun cuando en la actualidad las intensas lluvias tienen a tope los embalses y por lo tanto se cuenta con importante energía disponible y un posible apagón está en principio descartado, también es factible que la falla de alguna central o línea de transmisión pueda jugarnos una mala pasada, como ocurrió en 2015 con las principales centrales antioqueñas.

    De la mano de la seguridad eléctrica va el tema de los precios de la energía. La no entrada de Hidroituango en los meses previstos conllevará un aumento de las tarifas que tendremos que pagar los colombianos.

    Por el lado de EPM, la situación puede convertirse en catástrofe empresarial. Se estima que el incumplimiento de las obligaciones de energía firme, más las sanciones y exigencias de garantías y las pérdidas por energía no suministrada al sistema podrían ascender a más de 1.200 millones de dólares. Además, podría ocurrir la aceleración de los créditos de las entidades bancarias como el BID, que ya no solo impactarían el proyecto, sino a la empresa misma por su incapacidad de atender en el corto plazo esos compromisos financieros.

    De tal manera que es obligación de todos los involucrados aportar soluciones. Ya lo señaló el presidente Duque cuando afirmó que no se puede poner en riesgo la ejecución del proyecto y que no se puede seguir improvisando, añado yo, por ninguna de las partes.

    Yo creo que de ninguna manera se puede a estas alturas iniciar un proceso licitatorio para la búsqueda de un nuevo contratista. Ello implicaría por lo menos un retraso adicional de un año, con los riesgos y las consecuencias ya comentados. Si a 31 de diciembre el fallo de la Contraloría no hubiera quedado en firme, lo que corresponde al gerente de EPM es prorrogar por una vez más los contratos actuales y asegurarse de que las obras civiles terminen en junio y diciembre de 2022 para las dos primeras unidades. Y si ese fallo estuviera en firme, la solución sería permitir que el contrato sea cedido a una compañía que, aunque relacionada con el consorcio, no esté involucrada directamente en el fallo de responsabilidad fiscal.

    Para tranquilidad de la Contraloría General están las aseguradoras, que han venido, y esperamos sigan, respondiendo hasta por 2.500 millones de dólares, suma suficiente para cubrir cualquier posible pérdida. Entrado en operación el proyecto, llegará el momento de establecer todas las responsabilidades, en especial las de los contratistas, que cobijados ahora por la ley de reorganización empresarial han puesto al país contra la pared, en actitud que en nada los enaltece.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1636054727891{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    31 de octubre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/hidroituango-columna-de-german-vargas-lleras-629048[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Vacuna Obligatoria

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1635269428363{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Podríamos comenzar por darle fuerza al certificado sanitario y reglamentar su exigencia.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1635269502087{margin-bottom: 0px !important;}»]Con el anuncio de nuevos picos de contagio para final de año y la llegada inminente de algunas variantes del virus, más agresivas y contagiosas, las autoridades de salud deberían actuar sobre esquemas que nos permitan avanzar más rápidamente con la campaña nacional de vacunación.

    Terminando el año contamos con un 40 por ciento de la población vacunada con esquema completo, cifra que esconde enormes diferencias regionales y de edad. Claramente, quienes no se están vacunando son los jóvenes de entre 12 y 25 años y es a este grupo al que deben orientarse todos los esfuerzos de la campaña, considerando, además, su alto nivel de interacciones sociales, combinado con un bajo nivel de autocuidado. Desde la perspectiva regional, el foco debería ponerse en departamentos como Vichada, Putumayo, Magdalena, La Guajira, Chocó, Cauca y Caquetá, donde los porcentajes de población vacunada apenas llegan al 30 por ciento.

    Con este panorama y los nuevos riesgos, el Ministerio de Salud insiste en descartar la obligatoriedad de la vacuna, al tiempo que no toma acciones concretas en materia de exigencia de certificado. Por supuesto, en contravía de lo que se observa en muchos países, comenzando por Francia, en donde se comenzó exigiendo que todo el personal sanitario estuviera vacunado, el que no lo hiciera no podía asistir a su lugar de trabajo ni cobrar sueldo. Luego se estableció el certificado para entrar a lugares públicos como cines, teatros, bares, restaurantes y, finalmente, para abordar el metro o cualquier sistema de transporte. Los resultados están a la vista: en un solo día se vacunaron cerca de un millón de personas y en la semana siguiente más de tres millones de jóvenes que se habían mostrado renuentes.

    Grecia, Italia, Reino Unido y muchos otros países han seguido este camino. Indonesia ha ido mucho más allá al ordenar cortar los servicios públicos a quienes se resistan a vacunarse. Y qué tal el propio Vaticano, donde el Papa dispuso el despido de los trabajadores que no se vacunaran. Biden también ha tomado medidas drásticas en Estados Unidos al exigir a los empleadores que todos sus trabajadores estén vacunados, igual para todos los empleados y contratistas federales y los 17 millones de personas que laboran en el sector de la salud. Se fijaron términos para la vacunación de todos los empleados del sector escolar y se autorizarán despidos de los renuentes.

    Yo me pregunto qué estamos esperando en Colombia para adoptar prácticas similares, que han demostrado tanta efectividad. Nada se ha visto hasta ahora, pero podríamos comenzar por darle fuerza a un instrumento como el certificado sanitario y reglamentar su exigencia para ingresar a restaurantes, cines, centros comerciales y también para utilizar servicios de transporte como taxis, buses, aviones, entre otros, y así otorgarles a las personas la tranquilidad de un ambiente protegido. Este es el camino correcto para respetar la libertad de cada uno a decidir si se vacuna y no la libertad de cada quien a contagiar a los demás.

    Como diría el presidente Emmanuel Macron, que los que no se quieran vacunar se queden en sus casas. A ningún joven lo podemos llevar de las mechas a vacunarse ni quitarle el derecho a enfermarse o morirse, pero que no pongan en peligro a los demás. “Que se queden ellos en casa, no nosotros”, afirmó Macron. Estoy totalmente de acuerdo. En esta línea propongo una campaña para no regresar sino a aquellos lugares que implementen esta medida y exijan certificado de vacunación.

    P. D. En el propósito de modificar la ley estatutaria de garantías, el Gobierno perdió ya toda vergüenza. Avaló la aprobación de un mico en la ley ordinaria de presupuesto que, en flagrante violación de la Constitución Nacional, modifica le ley de garantías que, como su nombre lo indica, es fundamental para darle transparencia al proceso electoral.

    El Gobierno sabe bien que una norma estatutaria no puede ser modificada por una norma ordinaria, ni ser tramitada en comisiones distintas a la Primeras, pero es claro que ya nada les importa y que confían en que el principio de legalidad les ampare este despropósito y que para cuando la Corte Constitucional se pronuncie ya el proceso electoral haya terminado. Pero la Corte podría evitar esta burla decretando la suspensión provisional de la medida desde la presentación de la demanda.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1635269544950{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    24 de octubre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/vacuna-obligatoria-columna-de-german-vargas-lleras-627377[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El Plan Marshall Criollo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1632777221730{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    He sostenido que debemos renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1635269324614{margin-bottom: 0px !important;}»]Pena debería darnos con el famoso secretario de Estado norteamericano George Marshall, padre de la recuperación económica europea de la posguerra, al haber tomado abusivamente su nombre para hacer un paralelo con el siniestrado plan de infraestructura nacional.

    Ya es hora de admitir que ninguno de los proyectos del programa de concesiones rebautizado como 5G iniciará obras en este gobierno. La reactivación asociada a este programa se frustró y se limitó a supervisar lo contratado por el anterior gobierno, 24 concesiones que ya estaban rodando. Al próximo le corresponderá ocuparse de las 22 iniciativas de la 5G, pues del actual solo quedarán los anuncios. Como dirían, mucho tilín tilín y cero paletas de la Vicepresidente y ahora canciller, de su ministra de Transporte y de su flamante equipo de Ani, Invías y Aerocivil.

    El Congreso Anual de Infraestructura será el escenario propicio para seguir haciendo anuncios de proyectos y obras que jamás se realizarán, a solo 10 meses de terminar el Gobierno. Sin el menor rubor, la ministra había anunciado inversiones por 111 billones de pesos, luego propuso otras por 75 billones para 82 proyectos, que solo cabían en su imaginación. Añade el Invías que en su entidad se ejecutarán, de aquí a agosto, 50 grandes proyectos por 11,4 billones, que se sumarán a los 25 billones del también frustrado pero bien publicitado Compromiso por Colombia. ¿En qué van, señor Gil, los cacareados 132 proyectos para 1.900 km, 510 de red primaria, los 365 de secundaria y los 750 de red terciaria? Nada, solo anuncios. Ya va siendo hora de que les pongan la cara al Presidente y, sobre todo, al país por tanta desfachatez.

    Y qué tal el plan maestro ferrocarrilero de la Vice, que incluía el Ferrocarril del Pacífico, la Dorada-Chiriguaná, el tren de Medellín al mar y la Red de ferrocarriles de Antioquia, entre muchos otros. O del proyecto de ley ferrocarrilero. Pues nada. Ni un durmiente, o mejor dicho, solo durmientes.

    La cruda realidad es que no quedará nada distinto al modesto proyecto de Malla vial del Valle, que este gobierno tampoco tendrá oportunidad de ver arrancar y la firma del contrato de la APP privada de Caribe 2, que estaba listo hace 3 años, en la que el Estado no debe poner ni un peso y que casi sucumbe bajo la coordinación de la Vicepresidenta.

    Para ser más precisos, a corte de septiembre de este año, la ejecución presupuestal de inversión por obligaciones acumuladas de todo el sector infraestructura es del 22 %. Este indicador me gusta, pues refleja con exactitud lo realmente ejecutado en obras. La campeona es la ANI, con un 4 %; la Aerocivil, con un 21 %; la Agencia de Seguridad Vial, con un 8 %; el Invías, con un 40 %; el propio ministerio, el 26 % y, ojo, la Unidad de Planeación de Infraestructura (Upit) ha ejecutado el 0 % de su presupuesto. Dramático, hace rato todos estos ‘gestores’ habrían debido renunciar.

    Si en algo todavía quieren avanzar, propongo que alguien con mayor experiencia asuma la coordinación del sector de inmediato. A su sucesor o sucesora les recuerdo que el proceso licitatorio de la ALO sur no se ha abierto aún; la licitación de los accesos Autonorte, tramo Bogotá, tampoco; la vía Buga-Loboguerrero y Loboguerrero-Buenaventura sigue inexplicablemente en estructuración; no han contratado los 18 km de la ruta del Sol entre Villeta y Guaduas. El espacio no me permite citar los más de 50 proyectos paralizados por toda la geografía nacional. Para cerrar, el caso del tercer carril Girardot-Bogotá, contrato suscrito en octubre de 2016 y que presenta un avance de 3,18 %, bajo la responsabilidad de Conconcreto, que esta semana entró a proceso de reorganización empresarial. Me temo que en este caso, sin liquidez y de confirmarse la multa en el caso Hidroituango, no habrá tercer carril. A la fecha ni un apremio, ni una multa. ¡Qué descaro! ¡Qué coordinación!

    Y qué tal la miserableza de dejar a medias y no adicionar para su terminación el contrato del tercer carril Anapoima-Bogotá, después de una inversión del concesionario y un aporte del Invías superior a 650.000 millones. Esta obra por la que transitan a diario más de 13.000 vehículos quedará inconclusa, quién lo creyera, dizque por ser la “carretera de la finca de Santos”. Así es todo. Qué mezquindad. Nuestro Plan Marshall criollo: una vergüenza.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1635269256658{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    17 de octubre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-plan-marshall-criollo-columna-de-german-vargas-lleras-625859[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • POT

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1635269014861{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Equivocarse en la decisión más importante que tomará la ciudad tendrá consecuencias irreversibles.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1635269122986{margin-bottom: 0px !important;}»]Más de 10 años completa Bogotá sin su Plan de Ordenamiento Territorial. Ni Petro ni Peñalosa consiguieron aprobarlo porque convirtieron este vital instrumento en un campo de batalla para imponer a la brava su particular visión, por cierto bastante ideologizada, de la ciudad y la vida urbana. Podríamos ahora estar frente a una situación similar con un nuevo proyecto que plantea serios interrogantes sobre aspectos cruciales de nuestro futuro desarrollo y que la alcaldesa López quiere también imponer, desoyendo las fundadas preocupaciones de múltiples sectores de la ciudad.

    Comienzo por advertir que hay muchos aspectos del POT que me atraen. Mis preocupaciones principales frente al proyecto giran en torno a la construcción de viviendas, a la gestión del suelo, a la movilidad, a la competitividad y a nuestras relaciones con la región.

    En cuanto a la vivienda, el POT plantea la construcción de 589.000 unidades formales en 12 años, meta no solo insuficiente sino imposible de cumplir con las mismas restricciones que impone el proyecto de acuerdo. De todos los estudios y proyecciones del Dane se estima que se requerirán en este periodo más de un millón de unidades, con lo cual la mitad de los nuevos hogares no encontrará solución de vivienda en la ciudad. Esas viviendas, por supuesto, terminarán construyéndose pero por la vía de invasiones en zonas de peligro o ambientalmente protegidas y de la mano de los llamados urbanizadores piratas o, lo que es más probable, en los municipios vecinos.

    Por el lado de la movilidad, la situación es igual de preocupante. Según el estudio de INRIX, Bogotá tiene el peor tráfico vehicular del mundo. Perdemos más de 191 horas al año atrapados en trancones. Francamente es imposible movilizarse en Bogotá y ni qué decir de entrar o salir de la ciudad. Pero en vez de proponer soluciones, este POT nos hará retroceder. Comencemos por preguntarnos por los grandes proyectos. ¿En qué va la primera línea del metro? ¿Ya presenta retrasos? ¿Y la segunda? Por ahora solo una idea. Del tren de cercanías no se ha puesto el primer ladrillo y del tren norte, ni hablar. Con esta cruda realidad, cómo explicar que el nuevo POT plantee reducir o eliminar las pocas alternativas que tiene o que había planificado la ciudad. Comienza por eliminar la ALO norte y toda la malla arterial de la calle 80 hacia el norte. También reduce carriles disponibles en la autopista, que pasa de 5 a 4, por sentido, y lo mismo en la av. de las Américas, la Ciudad de Cali y la avenida El Dorado. En otras, como la calle 63, la avenida 68, la Primero de Mayo se reducen a la mitad los carriles y otras, como La Esperanza, la 50, la 19, quedarán con apenas un carril por sentido. ¿Quién entiende esto? Y siguen sin aprobarse los proyectos de entradas y salidas de Bogotá: ALO Sur y ALO Centro, calle 13, Autonorte tramo Bogotá, conexión con el valle de Sopo y av. Boyacá hacia el norte.

    En cuanto al suelo, el POT dispone, como ya advertí, nuevas áreas de expansión totalmente insuficientes frente a las necesidades, e impone unas cargas excesivas que harán inviables los proyectos de desarrollo, comenzando por los propios de la renovación urbana esperada. Al imponer la mezcla de actividades industriales, comerciales y de servicios con las residencias se pueden no solo destruir muchos barrios sino impactar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

    Solo los tres temas mencionados tendrán un impacto muy significativo en la ya muy baja competitividad de la ciudad. Expertos afirman que muchas empresas podrán optar por relocalizarse fuera de la ciudad, con la consiguiente pérdida en generación de empleos y crecimiento. Pero lo que me parece más contradictorio es un POT que aísla la ciudad de la sabana y los municipios vecinos y que va en franca contravía de los anuncios y proyectos como el de la propia ciudad región.

    Equivocarse en la decisión más importante que tomará la ciudad para los próximos 12 años tendrá consecuencias irreversibles. Por ello, los bogotanos debemos exigir que Concejo y alcaldesa busquen, a través del nuevo POT, resolver los grandes desafíos de la ciudad y que este acuerdo se convierta en instrumento de progreso y convivencia, y no para eternizar rivalidades políticas y personales.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1635269106463{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    10 de octubre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pot-columna-de-german-vargas-lleras-624192[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • La Pirueta

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1635268742591{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Solo uno de cada tres colombianos en edad de pensión tiene esta protección.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1635268861824{margin-bottom: 0px !important;}»]Recuerdo que uno de los temas obligados en todos los debates de la campaña de 2018 fue el de la llamada reforma pensional. Varias veces sostuve que el gobierno Duque ha debido presentarla desde el inicio, pues hace ya mucho tiempo esta dejó de ser una opción para convertirse en una obligación inaplazable.

    Lamentablemente, en este frente, como en las anunciadas reformas laboral, de la salud, de la justicia y tantas otras, el tiempo se agotó, al igual que el capital político para tramitarlas. Resolvieron patear el balón hacia adelante. En materia de avances legislativos y de las “impostergables” reformas, ya no va quedando nada que mostrar. Todas las energías se malgastaron en asuntos menores y, claro, en las 4 reformas tributarias.

    Pues ahora resulta que, en el colmo del cinismo y a falta de reforma pensional, el Gobierno pretende, desoyendo a amplios sectores empresariales y gremiales, introducir un mico a la ley de presupuesto para hacer caja este semestre de la manera más irresponsable. La iniciativa no es nada distinto a lo intentado varias veces, como es seguir financiando el déficit fiscal con el ahorro de los colombianos.

    Ya en la emergencia económica lo habían propuesto en dos ocasiones, cuando sugirieron trasladar a Colpensiones a todos los pensionados de un salario mínimo, recibiendo el Gobierno 5 billones, pero asumiendo el pago de 20.000 pensionados. Esto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Y después, con un proyecto de decreto ley de traslado exprés a Colpensiones de todos aquellos a quienes les faltara menos de 10 años para pensionarse, con un costo para el Estado superior a 35 billones de pesos.

    Con medidas como estas se profundizan los tres problemas estructurales del sistema pensional colombiano, cuales son los de ser inequitativo, de baja cobertura y, además, insostenible.

    Inequitativo porque mientras en Colombia todos los que ganan menos de un salario mínimo están excluidos del sistema, y el 12 % de los adultos mayores de 65 años en condiciones de pobreza no reciben subsidio alguno para la vejez, el 69 % de los recursos se emplean en cubrir las pensiones de los llamados regímenes especiales.

    Una persona que se pensiona en el régimen de prima media con 25 salarios mínimos no ha ahorrado, a lo largo de su vida laboral ni la mitad de los recursos necesarios para cubrir su pensión. Los 700 millones faltantes los tenemos que poner todos nosotros.

    Es de baja cobertura porque los privilegiados que en este país gozan de una pensión son dos millones cien mil personas. Solo uno de cada tres colombianos en edad de pensión tiene esta protección, y se estima que 17 millones, con el actual régimen, jamás gozarán de una.

    Y ha sido insostenible desde hace muchos años. Recordemos que desde 2004 se agotaron las reservas del entonces ISS y nunca se reconstituyeron. La bomba pensional es una realidad. Los pasivos pensionales ascienden a más de 900 billones de pesos. Este año, del presupuesto nacional se destinarán 42 billones para atender el pago de pensiones, y el año entrante la cifra será de 52 billones. A este ritmo, y con el paso de los años, la totalidad del recaudo tributario podría tener que destinarse a este propósito.

    Y ahora el ministro de Hacienda, contra todo lo expresado por él durante el trámite de la reforma tributaria y también cuando objetó el proyecto que pretendía aprobar el traslado exprés a Colpensiones, inexplicablemente resuelve, al día siguiente, avalar en el presupuesto la llamada ventana pensional, facilitando que cerca de 19.000 colombianos de los más altos ingresos y que se pensionarán en pocos años se trasladen a Colpensiones. Va a conseguir 3,4 billones de inmediato, pero el costo fiscal de esta pirueta será descomunal. Es la operación de financiamiento más absurda y costosa posible.

    Hago un llamado a la sensatez del Gobierno y el Congreso para que no procedan así. El Presidente sostuvo en el encuentro de empresarios en Nueva York que no compartía tamaño despropósito. ¿Se habrá enterado el minhacienda?

    Si de verdad quieren ocuparse del tema, pues presenten una reforma responsable que elimine la inequidad y los subsidios regresivos, que no siga jugando con las finanzas públicas y le garantice sostenibilidad en el mediano y largo plazo al sistema.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1635268889313{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    03 de octubre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/la-pirueta-columna-de-german-vargas-lleras-622570[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Nicaragua (II)

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1632777221730{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    He sostenido que debemos renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1632777183132{margin-bottom: 0px !important;}»]Semana muy movida en la Corte de La Haya, y oportuno momento para recordar que en su primera demanda, de 2001, Nicaragua hizo tres solicitudes: que se declarara que San Andrés, Providencia y Santa Catalina le pertenecían; la nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas y que se procediera a una delimitación de aguas marinas y submarinas.

    En 2007, la Corte se pronuncia sobre las excepciones interpuestas por Colombia, y si bien nos dio la razón en cuanto a que el tratado es válido y produce efectos jurídicos y por lo tanto San Andrés, Providencia y Santa Catalina son del Estado colombiano, agrega que el tratado se limitó a una asignación de tierras y no fue un tratado de delimitación marítima. Y anunció que procedería a hacer la delimitación. Con esa decisión, el famoso meridiano 82 en la práctica dejó de ser frontera. En 2012, la Corte hace la delimitación aceptando la tesis de la proporcionalidad de las costas y Nicaragua se gana 70.000 km de zona económica exclusiva. Colombia, 15 días después del fallo, resuelve finalmente denunciar, tardíamente, el Pacto de Bogotá.

    Y aunque tardía, esta denuncia fue importante para evitar en el futuro demandas de Panamá y Jamaica, ya que todo el sistema de límites con esos países estaba fundamentado en el tratado de 1928. Pero, como esa denuncia no producía efectos sino transcurrido un año, Nicaragua se tomó el cuidado de interponer dos demandas adicionales. La primera, por el no acatamiento del fallo de 2012, y la segunda, la más preocupante, para solicitar que se declarara la existencia de una plataforma continental extendida que le representaría obtener 80.000 km adicionales, y cuyas audiencias se surtirán en los próximos meses.

    Nuevamente cabe preguntarse: ¿por qué no nos fuimos de esta jurisdicción en 1994, cuando el Gobierno fue informado de la certeza de la demanda de Nicaragua? ¿Por qué el gobierno de Pastrana solo la abandonó después de haber sido notificado de la demanda en 2001, pero permaneció en la del Pacto de Bogotá, que permitió las siguientes 2 demandas? Y ¿por qué continuamos en ella durante los 10 años siguientes? Pienso que nadie quiso asumir la responsabilidad de negociar con Nicaragua, reconociendo que el meridiano 82 ya no era nuestra frontera. Grave error que, en mi concepto, seguimos cometiendo.

    Otro aspecto no menor es la responsabilidad que cabe a nuestra particular política de relaciones exteriores y de carrera diplomática. Mientras Carlos Argüello ha sido embajador de Nicaragua en La Haya desde 1983, es decir, por más de 38 años, y ha tenido el tiempo suficiente para conocer y adueñarse de la plaza y ejercer un sofisticado cabildeo entre magistrados, diplomáticos y académicos, nosotros hemos tenido, en ese mismo periodo, 18 embajadores. La mayoría, con menos de dos años de permanencia y muchos, con solo un año. Qué manejo tan folclórico, politiquero y costoso del tema.

    Yo creo que la argumentación de Colombia en este litigio está agotada y superada por los avances de la legislación y la jurisprudencia internacional. Si no cambiamos los argumentos de la defensa y seguimos confiados en el ‘arsenal’ del Dr. Cepeda, deberemos prepararnos para un fallo adverso que implicará la pérdida para nuestro país de nuevas y mayores extensiones de aguas marítimas y plataforma económica. Será el costo de una estrategia diplomática y jurídica equivocada, de la cual deberíamos extraer lecciones para otros instrumentos internacionales ya suscritos por nuestro país.

    Desde hace tiempo he sostenido que debemos renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia. Tampoco lo hicimos cuando estábamos a tiempo, y hoy ya tenemos 1.150 procesos contra el país en la Comisión. Ya nos notificaron 760, y con seguridad vendrán muchos más. Tiene razón el Dr. Camilo Gómez cuando de frente les dijo: “Ustedes no están siendo ni objetivos, ni imparciales ni justos”. Cómo mantenernos en una jurisdicción que se cree con derecho a cambiar nuestra Constitución, como vimos recientemente en el caso Petro. Los tribunales internacionales no están establecidos para sustituir las jurisdicciones ordinarias. Ya va siendo momento de reaccionar en la misma línea de otros países que están revisando su pertenencia a la jurisdicción de cortes regionales como la Corte Europea de Derechos Humanos. Por algo será.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1632777204292{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    26 de septiembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/nicaragua-ii-columna-de-german-vargas-lleras-620923[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Nicaragua (I)

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1632776918036{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Inician en La Haya las audiencias de la tercera demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1632776943566{margin-bottom: 0px !important;}»]Este lunes se inician en La Haya las audiencias relativas a la tercera demanda interpuesta por Nicaragua en contra de Colombia en el marco del diferendo limítrofe entre las dos naciones. Esta se refiere al supuesto no acatamiento por nuestro país del nefasto fallo proferido por la Corte Internacional en 2012. Con ocasión de estas audiencias fue que el Gobierno Nacional intentó reunir a los expresidentes en la Comisión de Relaciones Exteriores. Las diferencias personales lamentablemente frustraron el encuentro.

    Este problema limítrofe no es nuevo. Ya desde 1969 Nicaragua había sostenido que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 no era válido porque se había celebrado cuando Nicaragua estaba invadida por Estados Unidos y que en esas circunstancias no podría un tratado producir efectos jurídicos. Tesis difícil de aceptar, pero que representaba un primer campanazo de alerta.

    Colombia sostuvo entonces, y sigue haciéndolo cincuenta años después, que el tratado es válido y que este fijó como límite entre las dos naciones el famoso meridiano 82. Lo anterior por cuanto Colombia siempre ha interpretado que el mencionado tratado no solo fijaba una asignación de territorio (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), sino que fijaba límites marinos. Lo cierto es que para la época, el derecho del mar era muy incipiente y solo establecía un mar territorial de 3 millas, y no existía el concepto de delimitación marítima.

    Pero el derecho internacional siguió avanzando hasta llegar a la Convención del Derecho del Mar de 1958 y las complementarias de Ginebra y de Jamaica de 1982, en las que aparecieron figuras nuevas como la del mar territorial de 12 millas y también aquella de las zonas económicas exclusivas, que involucran la plataforma marina que establece derechos sobre las aguas y el subsuelo dentro de las 200 millas. Colombia firmó la Convención pero nunca la ratificó, pensando no en Nicaragua, sino seguramente en una eventual demanda contra Venezuela, que nunca llegó a interponerse.

    En 1948, en medio de las revueltas capitalinas, suscribimos el llamado Pacto de Bogotá sobre solución de controversias pacíficas. Uno de los mecanismos acordados fue el de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Quedamos entonces con dos instrumentos que nos obligaban a aceptar este tribunal: el voluntario de Naciones Unidas y el del Pacto de Bogotá, cuyo nombre según algunos analistas fue el responsable de que, muy a la colombiana por ‘pena’, no lo hubiéramos denunciado a tiempo.

    Con la evolución del derecho del mar nos vinimos a dar cuenta de que el Tratado Esguerra-Bárcenas realmente era un tratado sobre territorio, pero no decía nada sobre delimitación de aguas marinas y surgió el problema de qué hacer cuando hay costas opuestas a distancias inferiores a 400 millas, como en el caso de Nicaragua y otros países vecinos. Pero seguimos insistiendo en la tesis del ‘pacta sunt servanda’ o de ‘lo pactado obliga a las partes’, aun cuando creo que ya habíamos advertido la fragilidad de esta.

    Lamentablemente, en los años 80 nadie le paró bolas al internacionalista Enrique Gaviria Liévano con su tesis del archipiélago de Estado, que Colombia habría podido aplicar a San Andrés como lo hicieron exitosamente Ecuador con las islas Galápagos y España y Portugal con las islas Baleares y las islas Azores, respectivamente.

    En 1994, el embajador Carlos Gustavo Arrieta fue informado por el colombiano Eduardo Valencia, secretario general del Tribunal de La Haya, con total certeza, que Nicaragua estaba contratando abogados para promover la demanda. Curioso que, informado, el gobierno de Samper no tomara la decisión de renunciar a la jurisdicción. Y como se esperaba, en 2001 se presentó la demanda y entonces sí el gobierno de Pastrana resolvió renunciar a la jurisdicción, pero lo hizo tardíamente y, lo que es más grave, no denunció el Pacto de Bogotá, como no lo hizo Uribe en sus dos periodos, que, como vimos, también nos obligaba a acudir a la Corte de La Haya. De haberse hecho, nos hubiéramos evitado la segunda y la tercera demanda, con consecuencias aún impredecibles para Colombia.

    Me propongo en la próxima nota poner sobre el tapete varias preguntas y poner la lupa sobre realidades que no por incómodas deberían seguir ocultándose a la opinión pública.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1632776962044{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    19 de septiembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/nicaragua-i-columna-de-german-vargas-lleras-619169[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Ciudad gótica

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1632776536003{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    En Bogotá, da pánico salir de la casa, y aun quedarse en esta. Todo se salió de madre.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1632776635037{margin-bottom: 0px !important;}»]Los delincuentes se vacunaron y terminaron su cuarentena. En los últimos días ya no se puede salir ni a comer, pues la nueva modalidad delictiva es tomarse los restaurantes y despojar a los comensales de sus pertenencias. Todo esto, en sitios bien conocidos como La Taquería, en el parque de la 93. El hasta hace poco tranquilo parque de El Virrey se convirtió en el nuevo Bronx de la ciudad. Da pánico salir de la casa, y aun quedarse en esta.

    En Bogotá se han formulado 40.000 denuncias por atraco y robo solo en el primer semestre. Por supuesto, son muchísimas más, ya que solo el 30 % de las víctimas suelen denunciar estos delitos. Mucho más grave aún, los 658 asesinatos, un 14 % más. El atraco con asesinato se incrementó en un 32 %, y el seguido de lesiones personales, en un 45 %. En la capital mundial de la bici aumentó en un 600 % el robo de bicicletas con arma de fuego. A ello se suman decenas de policías agredidos, asesinados y quemados con ácido. Todo se salió de madre.

    Ante esta situación, las autoridades responden no con acciones contundentes, sino con declaraciones. Todos los días, sin falta, escuchamos al director de la Policía Nacional y al director de la Metropolitana haciendo pronunciamientos sobre la llegada de 1.500 nuevos efectivos, 5 generales con responsabilidades concretas, innovadores esquemas de coordinación institucional. Estos anuncios podrán ser ciertos, pero ya no son creíbles.

    El mindefensa tampoco se queda corto. Que llevará al Congreso un nuevo paquete de medidas y una nueva ley de seguridad ciudadana que, por cierto, no conocemos. ¿Será la misma que ya había anunciado contra el vandalismo? Ya se radicaron dos proyectos: el de carrera y profesionalización de la Policía y el Estatuto Disciplinario de la misma institución. Es probable que ambos sirvan para resolver otros problemas, no lo dudo, pero no para contener el avance de la delincuencia, menos en el corto plazo. No creo que creando el cargo para un nuevo viceministro de la Seguridad Ciudadana o el observatorio de derechos humanos, o cambiando la imagen institucional o, incluso, la puesta en marcha de la campaña ‘Soy joven y estoy contigo’ o el nuevo ‘look’ de los uniformados mejore la capacidad para enfrentar a poderosas organizaciones criminales que se tomaron las ciudades.

    La alcaldesa no se queda atrás. Pero aquí todo el mundo se pregunta en qué quedaron sus promesas de convertirse en la jefa de policía que haría temblar a los delincuentes. Por lo visto, a los que tiene temblando es a todos los ciudadanos, que vivimos bajo el programa ‘Juntos cuidemos a Bogotá’, del cual no se conoce ningún resultado distinto al enorme presupuesto asignado de $ 728.000 millones para seguridad. Ya no sabe uno qué pensar del secretario de Seguridad de Bogotá, a quien, parece broma, le robaron una camioneta esta semana. Pero el campeón es, sin duda, el secretario de Gobierno, cuyas estrategias en seguridad se enmarcan en programas de diálogo social como el consejo de la juventud, el barrismo social y los pactos de acción colectiva. ¿Con quiénes cree que está tratando? Y ahora la alcaldesa propone un empadronamiento y un comando élite especial para perseguir y judicializar venezolanos. Sugiero que fichen a Rambo para esta misión.

    Aquí todos se tiran la pelota. La Policía Judicial falla en las investigaciones, en la solidez probatoria y la judicialización. La Fiscalía alega no poder acusar correctamente y descarga la responsabilidad en los jueces, y estos, aferrados a las garantías procesales, pusieron en libertad en menos de 48 horas a más del 80 % de los 20.000 detenidos este año. Y el minjusticia solo vive preocupado por excarcelar. Soltó a 30.000 detenidos. ¿La mayoría de estos no regresaron a delinquir? Ni siquiera se ocupó, en la ley estatutaria de justicia, de los temas de reincidencia, del cúmulo de subrogados y beneficios penales, ni del porte de armas ni de nada.

    Llegó la hora de que el propio Presidente se apersone del asunto, ponga en orden la casa y asuma el reto de implementar una política de seguridad efectiva, con el beneplácito o no de los mandatarios locales. No necesitamos oír más anuncios, necesitamos que pasen cosas, y más cuando se vienen los meses en que se dispara la comisión de delitos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1632776677695{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    12 de septiembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/cuidad-gotica-columna-de-german-vargas-lleras-617424[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Y ahora 4-72

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1632776339928{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Qué nos puede comentar de esta telaraña la ministra Abudinen?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1632776382517{margin-bottom: 0px !important;}»]Ya que los organismos de control le están metiendo el diente al sector del Mintic, recomiendo destapar otra madriguera que pinta muy mal. Me refiero a 4-72, empresa pública encargada de los correos nacionales e internacionales y servicios postales, vinculada al Ministerio y, claro, bajo la supervisión de Karen Abudinen.

    En 2017 se practicó una auditoría que arrojó 13 hallazgos relacionados con presuntas irregularidades de sobrefacturaciones de servicios, que fueron denunciadas penalmente. Se ordenó parar los pagos a la empresa Macroservicios Express de Colombia, cuyo representante legal es Delio Arturo Henao, para la época contratista de la regional occidente.

    En 2021, cuando se abrieron de nuevo las licitaciones de las 8 regionales y una de la ruta nacional para celebrar los contratos de transporte, llamó la atención la denuncia de una presunta colusión, formulada por la Veeduría de Control, a la que no le pararon bolas en el Ministerio.

    Traigo a colación estos antecedentes, pues en los meses de marzo a mayo de 2021, 4-72 adjudicó 5 contratos: uno mediante licitación y 4 con invitación abreviada a empresas presuntamente en colusión, es decir que se amangualaron para influir fraudulentamente en estas.

    Las empresas beneficiadas en los procesos fueron Macroservicios Express, Megatransportes, Transportes Occidental, Transportes especializados del norte, E cargo, Serfletar y Camarca.

    Viendo todo este entramado de sociedades, la pregunta que surge y que habrá que aclarar es si el señor Arturo Henao influyó en 4 o, incluso, en 5 de los contratos adjudicados, cuando se había advertido que una misma firma no podía tener varios contratos.

    Muy curiosas y sospechosas coincidencias podrían confirmar las colusiones que tendrá que investigar la Superitendencia de Industria y Comercio en una primera fase, y también la Fiscalía. Van algunas:

    ¿Por qué Transportes Occidental y Megatransportes tienen igual dirección en Tuluá (calle 27 n.º 43-15)? ¿Por qué Macroservicios Express pagó las pólizas de seriedad de oferta de Transportes Occidental? ¿Por qué el revisor fiscal de Macroservicios le arrienda instalaciones a Transportes Occidental? ¿Por qué la representante legal suplente de Macroservicios, quien es la esposa de Delio Arturo Henao, adquiere las pólizas que luego presenta Transportes Occidental? ¿Cómo puede ser que las certificaciones de experiencia de Transportes Occidental las acredita Macroservicios?

    Curioso que los mismos vehículos con las mismas placas se ofertaran en Transportes Occidental y Macroservicios.

    Curioso, también, que Macroservicios y Megatransportes se constituyen el mismo día en la Cámara de Comercio de Tuluá.

    Una buena pista. El documento de cierre del proceso para Megatransportes lo suscribe María Teresa Henao Sierra, hermana de Arturo Henao, cuando el 100 % de las acciones figuran a nombre de Rubén Darío Marín.

    Y ojo porque una de las empresas ganadoras, Transportes Especializados del Norte, demoró la entrega de documentos, con lo que habría que adjudicarle al segundo. ¿Y quién fue el segundo? Pues, nuevamente, Macroservicios.

    Hay mucha evidencia de que Arturo Henao no solo es el propietario de Transportes Occidental, sino que tiene intereses en Macroservicios Express y Megatransportes y, posiblemente, en Transportes Especializados del Norte.

    ¿Qué nos pueden comentar de esta telaraña la ministra Abudinen y en particular el enigmático doctor Víctor Muñoz, secretario de la Presidencia de la República y promotor de Luis Humberto Jiménez, su antiguo compañero de trabajo en Carvajal y luego gerente de 4-72 en la época de adjudicación de los contratos? Lo que es claro es que la empresa va pésimo. Las pérdidas de 2020 superaron los 26.000 millones para el Estado y, de no haberse dado un cambio en la política contable, llegarían a 36.000 millones.

    Por cierto, el nuevo gerente presentó una vez más denuncia de estos hechos a la Fiscalía y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Las anteriores reposan desde 2017 en la fiscalía 503 local de Bogotá, y las nuevas, a la fecha, no han tenido reparto. Esperaremos pronto conocer de las indagaciones. Y como las cosas avanzan lento se me ocurre pensar en un nuevo reto para la periodista Paola Herrera en La W, quien ya conoce bastante bien el entramado de este sector.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1632776467737{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    5 de septiembre 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/y-ahora-4-72-columna-de-german-vargas-lleras-615714[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]