Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Dos leyes rechimbas

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1624251365600{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1624251346394{margin-bottom: 0px !important;}»]No fue capaz el Gobierno, tampoco el Congreso, de impulsar una verdadera reforma de la justicia que se ocupara de los temas críticos: seguridad jurídica, precedente judicial vinculante, límites al abuso de la tutela, acceso y descongestión, entre muchos otros.

    Cien artículos de pura carpintería mecánica dedicados a resolver quién nombra el gerente de la Rama, quién maneja el presupuesto, cómo se suplen las vacantes. Un lavado de manos descomunal. Sorprende escuchar al minjusticia afirmando que esta reforma era la que el país estaba esperando. Qué descaro. De lo que sí se ocupó en extenso, y por eso fue aprobada, fue de la creación de más burocracia y de “garantizar recursos” por la vía de crear un porcentaje fijo del presupuesto nacional para la justicia, a todas luces inconstitucional. Pierde, además, con esta ley la Contraloría su capacidad para inhabilitar a los funcionarios fiscalmente responsables, hasta que sus decisiones no sean confirmadas por autoridad judicial. Aplauden los corruptos.

    Miles de nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de 700.000 millones en una nómina de 5.700 empleados. Ahora en cada municipio se creará una oficina permanente de la Defensoría. ¿Cuánto va a costar? ¿No existen ya los personeros municipales? La ley también crea nuevas plazas de magistrados y jueces itinerantes. El minhacienda dio concepto negativo a este nuevo gasto, pero al minjusticia le importó cinco y archivó la carta. ¿Y las promesas de austeridad? ¿Con qué cara nos van a presentar la nueva reforma tributaria?

    ¿Y qué tal la reforma de la Procuraduría? Con la excusa de incorporar a nuestra legislación interna las recomendaciones de la Corte Interamericana, que prohibió sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, inició su trámite este proyecto. Lo primero sea decir que discrepo sobre la obligatoriedad del país de aceptar que esta corte esté facultada para reformar o interpretar con carácter vinculante nuestra Constitución. Yo creo que al igual que lo han hecho Estados Unidos y Canadá, deberíamos sustraernos de esta jurisdicción. Pero si decidimos acatar el fallo del caso Petro, pues bastaría con pasar a los jueces de la República el conocimiento de los procesos contra aquellos elegidos popularmente. Me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple en nada el fallo, al crear en la PGN una sala investida de funciones jurisdiccionales con un remedo de magistrados que fallarán procesos instruidos por la misma entidad. Y si los fallos se pueden apelar ante la jurisdicción, ¿para qué inventar todo este costoso e inconstitucional andamiaje? Todo mal. La Corte terminará tumbando esta ley.

    A todas estas, están por prescribir más de 10.000 procesos acumulados en los últimos años. Se prendieron las alarmas, pero el país debe saber que esto no es nuevo. Anualmente prescriben 1.700 procesos. En estudio del BID se encontró que, para 2019, de 79.731 quejas, solo se profirieron 921 fallos sancionatorios.

    Pero la pregunta de fondo es para qué sirve la Procuraduría. Hay consenso en que desde la adopción del sistema acusatorio, en materia penal no se justifica la presencia de la PGN y sus agentes en los procesos, pues, entre otras razones, sus conceptos no obligan y sí violan el principio de igualdad. Además, todas las conductas graves y gravísimas hoy son investigadas por la Fiscalía, por estar tipificadas en el Código Penal. La PGN y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones, que sumados a los gastos de Fiscalía, Contraloría y Defensoría llegan a 7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año.

    Mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia. Con excepción de México, ningún país en el mundo tiene semejante engendro. Eliminar la PGN ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación. Mientras tanto, bien haría el Gobierno en objetar ambas leyes, primero por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno. Hagan sus apuestas.
    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1624251314941{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    20 de Junio 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/dos-leyes-rechimbas-columna-de-german-vargas-lleras-597306[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El libreto de Castillo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1623105086414{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Son clarísimas normas que no admiten interpretación ni debates doctrinales o jurisprudenciales.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1624251065774{margin-bottom: 0px !important;}»]El resultado de las elecciones en Perú tiene profundas implicaciones para Latinoamérica, y en particular para Colombia, por razones políticas, estratégicas y económico-comerciales.

    No parece haber duda sobre la elección del líder campesino, profesor y declarado seguidor de la doctrina marxista leninista Pedro Castillo. Su plataforma política busca abandonar la economía de mercado, mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como el minero, el energético, el de los servicios básicos y muchos otros que seguramente están en sus planes. Por este camino Perú se incorporará, junto con Venezuela, Bolivia y Nicaragua, al llamado socialismo del siglo XXI, cuyos ‘logros’ son ampliamente conocidos en el continente.

    Veamos algunos de los planteamientos de Castillo: ha dicho que se renegociarán los contratos con las empresas mineras y que si no están de acuerdo, se tendrán que ir del país y el pueblo las asumirá o, mejor dicho, se nacionalizarán. “Nosotros queremos nacionalizar los recursos energéticos y ponerlos al servicio de la población”, dijo la electa vicepresidenta, Dina Boluarte. También afirmó que se renegociarán todos los tratados de libre comercio. Seguramente abandonarán la Alianza del Pacífico y Prosur.

    El nuevo nombre del juego es la ‘economía popular’, comenzando por el “rescate de los recursos estratégicos del Perú”. El turismo se hará sin fines de lucro. Curiosa propuesta, cuando ese país es uno de los líderes en turismo receptivo del continente. Castillo ha dicho: “Bienvenida la empresa privada nacional”. ¿Por este camino será que las inversiones extranjeras ya no son bienvenidas? ¿Y qué futuro les espera a las existentes?

    El Gobierno Nacional tiene que estar muy atento para proteger las inversiones que por décadas ha hecho nuestro país precisamente en el sector minero-energético peruano, y que hoy podrían estar amenazadas. Se estima que dichas inversiones en el país vecino ascienden a algo más de 18.000 millones de dólares. Empresas como ISA, Grupo Energía de Bogotá, Promigás, Eléctricas de Medellín y Grupo Unión, para citar algunas del sector eléctrico y del gas. Tenemos las del grupo GHL y de Estelar, en el sector hotelero. Y muchísimas otras en sectores como el de infraestructura vial, financiero, agroindustrial y de servicios.

    Para implantar el nuevo modelo, ha dicho Castillo que se hará una asamblea constituyente, para lo cual se convocará de inmediato un referendo. Este camino ya lo conocemos. Es idéntico al que se ha seguido en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, ahora en Chile y también en el Ecuador de Correa. Aquí no vale el argumento de que Castillo no disponga de mayorías en el Parlamento, pues no las necesita. De hecho, lo primero que hará es consultar al pueblo la revocatoria del Congreso recién elegido.

    ¿Qué puede pasar? Pues que será revocado, ya que no hay nada más impopular en el mundo que los congresos. Tras el cambio de Constitución vendrá la toma del Poder Legislativo, el Judicial y el regional y, claro, de las Fuerzas Armadas. Simultáneamente se silenciará y perseguirá a las fuerzas de oposición y a los medios de comunicación. El libreto está escrito. Se legitima en el populismo, que todo lo convierte en subsidios financiados con emisión pura y dura, inflación desbordada y pobreza extrema. Es la misma receta que en el país se promueve cuando se advierte que en menos de 12 años es imposible pensar en una transformación como la que requiere Colombia.

    A todas estas, un juez ha pedido la detención preventiva de la candidata Fujimori. En Nicaragua, el dictador Ortega ha retenido y hecho encarcelar a todos los candidatos opositores; en Venezuela, persecución y cárcel para la oposición. Esta es la estrategia en lo político para quedarse 14 años en el poder, como Ortega; 13, como Evo Morales, o como los hasta ahora 22 de la dupla Chávez-Maduro.

    En Colombia tenemos la responsabilidad de abrir los ojos ante lo que está ocurriendo en la región, identificar los patrones de actuación, conectar los distintos hechos políticos, como la protesta y los paros y bloqueos, con la campaña electoral que se avecina, y entender la dimensión internacional de la estrategia. ¿O será que a alguien le cabe en la cabeza que todo lo que estamos viviendo sean meras coincidencias?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1624251108044{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    13 de Junio 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-libreto-de-castillo-columna-de-german-vargas-lleras-595624[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Simplemente cumplir la ley

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1623105086414{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Son clarísimas normas que no admiten interpretación ni debates doctrinales o jurisprudenciales.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1623105034870{margin-bottom: 0px !important;}»]Celebro las recientes acciones del Gobierno, de las Fuerzas Militares y de Policía que han permitido levantar más de mil bloqueos en el país y retomar el camino no negociable del cumplimiento de la Constitución Nacional.

    Es pertinente recordar en estos momentos el contenido de artículos como el 95, que señala entre los deberes de las personas el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; o el del 189, que entre las funciones del Presidente señala aquella de dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como comandante supremo, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado; o el 135, que señala que los alcaldes están obligados a conservar el orden público en sus municipios, acatando las leyes y particularmente las instrucciones que reciban del Presidente y del gobernador. También el art. 213 relativo a la conmoción interior, que con algún propósito se incluyó en la carta de 1991. Todas estas son clarísimas normas que no admiten interpretación ni debates doctrinales o jurisprudenciales.

    Esta normativa ha debido cumplirse desde el primer día para proteger los derechos de millones de colombianos, que han sido vulnerados por causa de bloqueos, saqueos y violencia que no pueden legitimarse como manifestaciones de la protesta. Sobre los bloqueos, va quedando claro, además, a qué verdaderos intereses obedecen. No creo que sea casual que estos estén hoy concentrados en los departamentos del Huila, Cauca y Putumayo ni que tengan como objetivo impedir la erradicación manual de cultivos ilícitos, la no realización de operaciones aéreas y la desmilitarización de las zonas. Es evidente la presencia del narcotráfico en la organización y el financiamiento de estos bloqueos, cuyo punto emblemático es precisamente el de Altamira, en el Huila.

    También celebro la actuación de la Fiscalía, que ha procedido a imputar a más de 200 personas por terrorismo, obstrucción de vías públicas, incendio y violencia contra servidor público. Ha dictado ya 59 medidas de aseguramiento y, muy importante, ha logrado ubicar a 319 personas de las mal llamadas desaparecidas. Coincido en que el Fiscal no puede sentarse en ninguna mesa de negociación, como se ha pretendido por el Cric en el Cauca, pues la Fiscalía no puede ni negociar el cumplimiento de la ley ni condicionar en nada sus actuaciones como ente investigador.

    En cuanto a los alcaldes, pienso que el Gobierno está en mora de derogar el decreto 575 de mayo 28. En esto coincido con la mesa del paro, pero, en mi caso, porque las facultades de conservación del orden público las tiene que ejercer el Presidente, sin tener que pedirle permiso a ningún mandatario regional o local, y mucho menos en el marco de inconvenientes protocolos, en mala hora implementados. Cómo no reconocer que en varios casos han sido los alcaldes los instigadores de los paros y bloqueos y en otros han retardado la acción de la Fuerza Pública mientras se lavan las manos en conversaciones estériles para quedar bien con todos. Con alcaldes cómplices o acobardados no se puede ejercer autoridad ni hacer cumplir la ley.

    Y urge que se ponga orden y se fijen claros criterios a la hora de firmar acuerdos regionales o sectoriales. Lo digo en referencia al acuerdo firmado entre el Ministerio de Transporte y un sector de los camioneros. Este acuerdo compromete la política nacional de concesiones viales, al aceptar que los transportadores puedan determinar la existencia de peajes actuales o futuros y participar en la revisión de las tarifas. Invito a leerlo con cuidado, particularmente los puntos 8, 9 y 10, y formarse su propia opinión. Lo encuentran en mi cuenta de Twitter @German_Vargas. Bien haría el Gobierno en desautorizar la firma de este convenio, como hizo con el de Buenaventura.

    Mientras se mantengan los bloqueos y las exigencias sobre desmilitarización y mantenimiento de protocolos con alcaldes y gobernadores, el Gobierno no puede iniciar la discusión de ningún pliego, ni de emergencia ni de nada. Y menos aún cuando los acontecimientos están revelando por fin a los verdaderos actores que desde la oscuridad han financiado y promovido todo lo que lamentablemente ha ocurrido.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1623105063163{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    6 de Junio 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/simplemente-cumplir-la-ley-columna-de-german-vargas-lleras-593958[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Pésimo arranque

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1623104626211{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Qué tanto reflejan estas peticiones de emergencia el sentir y querer del movimiento de protesta?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1623104842735{margin-bottom: 0px !important;}»]A la hora de escribir esta nota no se ha suscrito el acuerdo de garantías para el inicio de negociaciones con la Mesa del Paro. No me extraña, pues aún los líderes de la protesta se niegan a condenar los bloqueos y los numerosos y gravísimos actos de violencia ocurridos esta semana: incendio del Palacio de Justicia en Tuluá y otros 12 despachos judiciales vandalizados, amenazas a Ecopetrol, bloqueos en el Huila y en todo el país; Soacha, sitiada por peajes urbanos, 26 policías quemados, todo paralizado. ¿Cómo entender que los negociadores le sigan exigiendo al Presidente la renuncia a su facultad constitucional de declarar el estado de conmoción interior y se resistan a condenar estas acciones violentas y catastróficas?

    Es cierto que ya no piden la disolución del Esmad ni la renuncia del mindefensa, pero qué dificultad para llamar las cosas por su nombre. ¿Qué es eso de “cortes temporales e intermitentes de vías”? Pues, bloqueos. ¿Y cómo llevarlos a cabo sin afectar la vida, la salud, el empleo y la provisión de alimentos, entre otros? Imposible. La cruda realidad está ilustrada por la muerte de niños en las carreteras, que fue el trágico detonante que los obligó a encarar las conversaciones. ¿Entonces es legítimo que mueran más niños en las vías porque el ejercicio de la protesta “genera traumatismos en el funcionamiento general de la sociedad”? Sin ese “traumatismo” no se puede llamar la atención, dicen los líderes de la protesta. Creo que a todos, en especial a las víctimas, nos queda claro el mensaje.

    Pero hablemos del famoso pliego de emergencia que se entrará a discutir si aterrizan el pliego de garantías. En su punto primero solicita la intervención del Estado para garantizar la atención a la pandemia y la formalización laboral para los trabajadores de la salud. Qué curioso resulta que sea este mismo movimiento el que haya pedido hundir la reforma de la salud, que precisamente prohibía la tercerización del empleo en el sector salud, y que sean las marchas promovidas por ellos las principales causantes de contagios y muertes en el país. ¿Quién entiende semejante contradicción?

    El pliego continúa pidiendo la renta básica de un salario mínimo o más para al menos 30 millones de personas, la moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo y en los servicios públicos. ¿Alguien ha pensado en el costo de estas exigencias? Pueden ser más de 100 billones de pesos. ¿Cómo se van a pagar si, además, paralizan el país, la producción, el empleo y los ingresos de la nación? En el punto 3 se pide la defensa de la producción nacional. Vaya curiosidad, cuando ellos mismos, con sus paros y bloqueos, están acabando con la producción nacional.

    Y en el punto 4 se pide la matrícula 0 en universidades públicas y subsidio en las privadas, pero a renglón seguido, el no retorno a clases. En lo que tenemos que pensar más es en la calidad y pertinencia de la educación y en una reforma total del sistema, que fue privatizado y capturado desde hace años por Fecode.

    El pliego plantea también geniales soluciones como la emisión monetaria, el uso de las reservas internacionales, la renegociación de la deuda externa y una moratoria temporal. ¿Qué opinarán nuestros economistas criollos de estas propuestas?

    Yo me pregunto: ¿qué tanto reflejan estas peticiones de emergencia el sentir y querer del movimiento de protesta? ¿Y qué tanto representan estos negociadores al movimiento ciudadano y en particular a los estudiantes?

    La verdad es que el paro tiene a la gran mayoría de la gente indignada y afectada. Las encuestas indican que un 70 % de los colombianos están en desacuerdo con los bloqueos y con que el paro continúe. Además, les atribuyen a extranjeros y a bandas criminales y guerrilla la autoría de los desmanes. El daño al país ha sido colosal y, por supuesto, ya empieza a pasar factura a sus promotores.

    P. D. Con la firma del acuerdo del “corredor humanitario por la vida y la paz” en Buenaventura, el Gobierno legalizó el bloqueo y entregó la soberanía sobre el territorio nacional. Ahora es el comité del paro el que decide qué transita y qué no por las carreteras y a qué horas, se prohibieron las exportaciones y se perdió cualquier asomo de autoridad del Estado. Con este arranque, ¿qué podemos esperar?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1623104763026{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    30 de Mayo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pesimo-arranque-columna-de-german-vargas-lleras-592254[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Anuncios y resultados

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1623104403979{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    No se trata de dialogar o de hacer cumplir la ley. No son dos caminos.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1623104426942{margin-bottom: 0px !important;}»]Celebro el anuncio del Presidente de no permitir más bloqueos, aplicar la ley y restablecer la movilidad en el territorio nacional y el suministro de bienes y servicios esenciales para la población. En este tema no nos podemos equivocar. Aquí no hay ningún dilema. No se trata de dialogar o de hacer cumplir la ley. No son dos caminos. La Constitución y la ley deben cumplirse, y los diálogos deben adelantarse, pero no sobre la base de tolerar que se vulneren los derechos de toda la ciudadanía.

    Lo que el país demanda, ante todo, son resultados de los anuncios presidenciales. Y aún no los vemos. Las pérdidas materiales ya superan los 15 billones de pesos, y continúan los saqueos, los incendios y las amenazas a quienes se resisten a parar. De continuar esto así, el Gobierno debería contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender alcaldes y gobernadores. Cuando observo los desmanes cometidos en Cali y Popayán o lo que sigue pasando en Buenaventura, por citar algunos ejemplos, me pregunto si la vida en estas ciudades y en casi todas no se ha perturbado lo suficiente como para justificar tal declaratoria.

    Y qué tal la actitud de algunos gobernadores y alcaldes que, amparados en mal entendidos protocolos, dilatan la intervención de la Fuerza Pública y permiten que sus jurisdicciones se vuelvan territorios de nadie. Muchos de ellos utilizan el paro para mover sus propias agendas políticas de cara a las próximas elecciones. El alcalde de Zipaquirá, por ejemplo, ha pasado incluso a incitar a los bloqueos. La procuradora Cabello ha hecho advertencias enérgicas que esperamos no se queden en anuncios, y proceda con todo rigor a investigar y sancionar a aquellos que mantienen actitud cómplice con los violentos.

    Es urgente que el Gobierno presente las evidencias de la infiltración de actores ilegales en las marchas y los bloqueos, como el caso del Eln y la disidencia de ‘Gentil Duarte’ en Cali, y de la presencia de bandas de microtráfico disputándose el control territorial de las ciudades, como empieza a ocurrir también en Medellín y el Eje Cafetero.

    Debería aclararse la posición del presidente de la CGT cuando afirma que la propia ONU reconoce los bloqueos como forma de protesta legítima, y recordarle que el Convenio 87 de la OIT, ratificado por Colombia en 1976, en su art. 9 reconoce el derecho a la manifestación pacífica, pero no permite afectar las garantías que el Estado debe brindar, tanto a los miembros de la Fuerza Pública como a toda la ciudadanía.

    A juzgar por las pretensiones preliminares del comité del paro, no puedo augurar un buen desenlace a las negociaciones con el Gobierno. ¿Cómo pretender que para solo empezar a hablar se exija un llamado “acuerdo de garantías” en el cual se pide, de entrada, el desmonte inmediato del Esmad y el retiro de la Fuerza Pública de las calles y la suspensión de cualquier actividad de control? Y ahora también la renuncia del ministro de Defensa. Fácil comienzo. ¿Qué es esto de exigir que se habiliten corredores humanitarios? ¿Acaso piensan mantener los bloqueos indefinidamente? Al parecer, sí, puesto que a la fecha el comité del paro no ha hecho la primera condena de los devastadores e ilegales bloqueos ni de los hechos de violencia.

    También piden que el Presidente condene ‘a priori’ y sin el debido proceso a los miembros de la Fuerza Pública investigados por presuntos excesos y se los retire del servicio. Que, incluso, el Gobierno no vuelva a hablar de vandalismo ni de bloqueos. Todo esto, aun antes de iniciar la negociación del pliego de emergencia y, por supuesto, del pliego definitivo, los cuales comentaré posteriormente, que más bien parecen un programa de gobierno que a falta de haberse impuesto en unas elecciones legítimas, ahora se le quiere imponer al país a sangre y fuego.

    P. D. Lamentable el hundimiento, sin haber discutido un solo artículo, de la reforma de la salud. Poderosos intereses, que incluso infiltraron el paro, se movieron para impedir su trámite. Una oportunidad que se ha perdido para solucionar los grandes problemas del sector.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1623104453290{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    23 de Mayo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/anuncios-y-resultados-columna-de-german-vargas-lleras-590389[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • De paros y bloqueos

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1621273416041{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Las condiciones no podían ser más propicias para conseguir el efecto buscado: la ruina total.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1621273626732{margin-bottom: 0px !important;}»]Tras un año largo de pandemia, con cerca de 500 personas fallecidas todos los días, con las UCI a reventar y cuando aún no levantamos cabeza, regresó el paro nacional.

    Las condiciones no podían ser más propicias para conseguir el efecto buscado, que no es otro que conducir al país a la ruina total. Y lo están logrando con una agenda cargada de odio y propósitos políticos. En estos 15 días, el sector productivo ha perdido billones de pesos. En el sector agrícola (1,7), el industrial (2,2), y en el comercio, la construcción y el minero-energético, mucho más. Por lo menos medio billón se pierde cada día por causa de los bloqueos. En el Valle del Cauca, las pérdidas superan ya los dos billones. En Buenaventura, nada entra y nada sale, las navieras están advertidas de que no pueden llegar, y los contratos de concesión del puerto tendrán que ser suspendidos.

    Basta ver las declaraciones de algunos promotores del paro para saber que también estimulan y respaldan los ilegales bloqueos. Algunos, como César Arias, de la CUT, sostienen que el objetivo es paralizar la producción. Muy pocos condenan estos hechos y todos están eufóricos por la duración e impacto de estos. Éxtasis total.

    Los medios de comunicación iniciaron una campaña para respetar el derecho a la protesta a través del paro, pero sin los bloqueos que están asfixiando a la población por falta de alimentos, servicios y, literalmente, a los enfermos en las UCI por falta de oxígeno. Pero poco éxito han tenido estos llamados. El jueves pasado se reportaron 140 bloqueos, y cada día escalan más. Incluso el propio Acueducto de Bogotá advierte de la posible afectación del servicio de no recibir con prontitud los insumos.

    Llevamos 1.950 marchas y 1.501 bloqueos y retenes ilegales en los que extorsionan para permitir el paso, 716 civiles y 849 uniformados lesionados, centenares de establecimientos comerciales afectados, infraestructuras destruidas, personal de la salud agredido, ataques a camiones que transportaban insumos médicos y vacunas, sectores residenciales amenazados, pánico generalizado. BASTA YA. Hace días todo esto se salió de madre, se sobrepasaron todos los límites. Yo me pregunto: ¿qué están esperando el Gobierno y las autoridades para hacer cumplir la ley?

    Como ministro del Interior y de Justicia presenté al Congreso la ley de seguridad ciudadana, hoy vigente, una norma que me permito recordar al Gobierno y a todas las autoridades, comenzando por los alcaldes y gobernadores. El art. 44 de ese estatuto tipificó como delito con pena de prisión, multa y pérdida de derechos y funciones públicas a quien incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte público y las obstruya temporal o permanente, de manera selectiva o general cuando afecten la vida, el orden público, la salud, la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo. Se excluyen las movilizaciones con permiso de la autoridad competente. En cumplimiento de este mandato legal hay que detener de inmediato a quienes bloquean, vandalizan y cometen otros delitos como el daño en bien ajeno, el incendio y la violencia contra servidor público.

    Estas normas pasaron el control de constitucionalidad en sentencia C-742/2012, al indicar la Corte que la norma era precisa y clara: que el sujeto pasivo es la comunidad, cuyos derechos citados se ven perjudicados por la conducta tipificada. Y agregó que el bien jurídico protegido es la seguridad pública.

    ¿Cuál es la excusa para no atender el cumplimiento estricto de normas tan claras y que permitirían hacer respetar los derechos vitales de 50 millones de colombianos? ¿Qué hace falta para que en este país se cumpla la ley sin esguinces, sin disculpas, sin temores? ¿Cuál es el concepto de autoridad que se maneja?

    Y a todas estas, ¿cuántos de los líderes del paro estarán tramitando desde ahora sus propias aspiraciones electorales? ¿En qué quedó el paro papero en Boyacá, distinto a la llegada a la cámara de su líder César Pachón o del actual alcalde de Buenaventura, cabeza también del paro en el puerto? Sorprende el silencio cómplice de los candidatos presidenciales sobre esta gravísima situación. Más temprano que tarde, el país les pasará factura.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1621273667584{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    16 de Mayo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-paros-y-bloqueos-columna-de-german-vargas-lleras-588769[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Mentiras y Verdades

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1621272721432{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Los promotores del paro la han enfilado ahora contra la reforma de la salud.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1621273018437{margin-bottom: 0px !important;}»]Los promotores del paro la han enfilado ahora contra la reforma de la salud. Aprovechan la tensa situación creada por ellos para mentir sobre una reforma que mucho bien les haría al país y, lo más importante, a los más vulnerables.

    Mentira: afirman que se va a privatizar la salud y entregar su manejo a las EPS.

    Verdad: es todo lo contrario, se amplía y se fortalece la capacidad del Estado sobre todos los actores del sistema. Se habilitan herramientas para intervenir y liquidar aquellas empresas que hoy incumplen los criterios de habilitación técnica y financiera, demoran la atención, los procedimientos y no entregan medicamentos. En adelante las EPS deberán competir por calidad y no por el número de pacientes. Las que no sean eficientes o que se prestan para malos manejos, politiquería o corrupción desaparecen, y no son pocas.

    Y claro, del proyecto les molestan los criterios de evaluación del aseguramiento que permitiría depurar el sistema. También les incomodan las restricciones en la gestión de recursos, pues se establece un tope en los gastos administrativos. Y ni qué decir de la posibilidad de los giros directos a los hospitales, que acaba con la intermediación en el manejo de recursos. La salud dejará de ser el gran negocio en que algunas empresas la han convertido.

    Mentira: que se acaba el Instituto Cancerológico para privilegiar al nuevo centro oncológico de Luis Carlos Sarmiento.

    Verdad: el Instituto se fortalece y conserva su naturaleza estatal, y se transforma en una entidad especial con funciones de prestador, formador e investigador. El nuevo centro oncológico, con una donación superior a un billón de pesos por parte del grupo, será el más moderno de Latinoamérica, funcionará como fundación sin ánimo de lucro, y sus excedentes se destinarán exclusivamente a investigación y actualización de equipos.

    Mentira: que se van a cerrar los hospitales públicos.

    Verdad: el proyecto fortalece la red hospitalaria pública y garantiza la prestación de servicios en mejores condiciones para los pacientes. Es muy importante señalar que propone un subsidio de oferta para aquellos que tienen que operar en circunstancias de desventaja.

    Mentira: que se reducen los salarios de los trabajadores de la salud.

    Verdad: este proyecto busca mejorar la remuneración de los trabajadores de la salud, formalizar su vínculo laboral, prohíbe la tercerización en la contratación y garantiza condiciones dignas, respetando horarios y descansos. Por ejemplo, el personal vinculado a hospitales públicos será categorizado como servidores públicos con un régimen especial.

    Mentira: que limita la formación médica.

    Verdad: es injusto que al terminar sus estudios de pregrado los médicos no puedan especializarse por el restringido y privilegiado club donde solo se admiten 2 estudiantes al año en cada especialidad. Con el proyecto se multiplican, con recursos de regalías, de manera significativa los cupos para acceder a una especialización. Se establece el examen único para egresados y, además, los estudiantes recibirán por ley remuneración por el tiempo de la residencia.

    Es tal el cúmulo de falacias que se han difundido que requeriría toda la edición del periódico para refutarlas. La iniciativa garantiza en condiciones de igualdad todos los beneficios del plan obligatorio de salud. No toca en absoluto los regímenes especiales. Amplía la licencia de maternidad remunerada a las mujeres del régimen subsidiado, que hoy no lo tienen. Acaba con el ‘paseo de la muerte’ y prohíbe la negación de servicios. La unidad de pago por capitación será suficiente para brindar una adecuada protección a todos los pacientes. No se establecen pagos; y menos, pólizas. Cada persona tendrá un médico que le brindará prevención y atención, poniéndoles fin a las interminables remisiones que hoy son la regla general.

    Detrás de este expediente de mentiras hay intereses muy poderosos de quienes se verían afectados, empezando por muchas EPS y por los grupos de cabilderos que tramitan intereses particulares y, últimamente, de los promotores del paro, que se equivocan al ponerse al servicio de esos oscuros propósitos.

    P. D. Pasada la página de la inconveniente reforma tributaria es el momento de cerrar filas en defensa de nuestro país, tristemente sitiado por el vandalismo, los paros y las agendas políticas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1621273258003{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    9 de Mayo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/mentiras-y-verdades-columna-de-german-vargas-lleras-587075[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Salud

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1619975057434{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Como van las cosas, yo del ministro de Salud reconsideraría lo de la renuncia.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1619975149004{margin-bottom: 0px !important;}»]Para no mortificarlos más con la insepulta reforma tributaria, hoy me ocuparé de otro asunto que también anda mal, muy mal: la salud.

    Comienzo por la esperada reforma integral del sistema de salud, que sigue sin mostrar señales de vida. Esta iniciativa se ha presentado en tres oportunidades, pero en esta ocasión fue suscrita por el propio Gobierno y con mensaje de urgencia para su trámite. ¿Cómo explicar que, en medio de esta crisis sanitaria, la reforma más urgente siga estancada y que la ponencia ni siquiera se haya comenzado a votar?

    Esta reforma sí que contribuiría a optimizar los más de $ 40 billones que anualmente gastamos en salud. Con ella se garantizan un mayor acceso a la salud y servicios con mejor calidad y oportunidad, a través del modelo básico del médico de familia, con capacidad resolutiva de los casos. También permitirá evitar la tercerización en las relaciones laborales, el justo auxilio de maternidad para las mujeres del régimen subsidiado que hoy no lo tienen, y unificar los beneficios del Plan de Beneficios en Salud para los regímenes contributivo y subsidiado.

    Con esta ley se pondrán en marcha el examen único nacional de ingreso y las alianzas público-privadas que, aunque existentes hoy, no funcionan y permitirían canalizar importantísimos ingresos para el sector; también se reglamentan los conglomerados, se depuran las EPS y se establece un tope máximo a sus gastos administrativos y, como si fuera poco, se crea el saneamiento financiero del sistema.

    Pues resulta que cuando finalmente se iba a iniciar la discusión del proyecto, el viceministro de Hacienda, doctor Zárate, envió a la Comisión una carta en la que cuestiona todo el alcance del proyecto. En su calidad de experto, prácticamente vetó todo su contenido. ¿El doctor Zárate consultó el texto de este torpedo con su jefe directo, el ministro Carrasquilla? A quien con seguridad no le consultó su opinión fue al ministro de Salud, autor del proyecto. Por eso, y con sobrada razón, se especuló que el Dr. Ruiz pensó en renunciar a su cargo, y ojalá lo hubiera hecho, pues la motivación principal de su ingreso al Gobierno, así como la de Cambio Radical al haberlo postulado, fue precisamente la de materializar esta trascendental reforma.

    En el frente de la vacunación, el avance no va mejor que en el de la paralizada reforma. Estamos viviendo el resultado de un gobierno que no tomó decisiones a tiempo para comprar las vacunas que el país necesitaba. Cualquier inversión en estas hubiera resultado barata. En términos fiscales, yo diría que la mejor reforma tributaria es acelerar la vacunación. Pero como vamos, vamos mal, muy mal. A estas alturas llevamos 1’440.000 vacunados con dos dosis y 4,6 millones con una dosis. Al ritmo de 90.000 vacunas diarias, cuando las hay, no terminaremos de vacunar a los 35 millones de colombianos ni a mediados del próximo año. Como no reservaron las segundas dosis, estas semanas no se pudo vacunar a quienes tenían cita, con todas las implicaciones que ello tiene. Y si resulta cierto que la inmunidad de la vacuna vence a los 10 meses, sencillamente nos llevó el demonio.

    No es de extrañar, entonces, que esta semana Colombia haya tenido, después de India y Brasil, el mayor número de personas fallecidas a nivel mundial y el número 12 en casos confirmados con el virus, según la Universidad Johns Hopkins. El jueves, por primera vez se superó la cifra de 500 fallecidos en un día.

    Finalmente, el Gobierno accedió a permitir la participación de privados en la vacunación. Pero lo hizo tan mal, a través del decreto 507, que mejor no lo hubiera hecho. Los requisitos impuestos, comenzando por tener que asumir las empresas toda la responsabilidad por los posibles efectos adversos de la vacuna o régimen excepcional de indemnidad, harán que pocos se atrevan a participar. A ello se suma que solo podrán iniciar tareas bien avanzada la 3.ª etapa, que nadie sabe cuándo será, y además, la obligación de compra directa al laboratorio fabricante, prácticamente imposible de cumplir. Si el Gobierno no quería que los privados ayudaran en la campaña de vacunación, acertó.

    Como van las cosas, yo del ministro de Salud reconsideraría lo de la renuncia, lo cual personalmente recomiendo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1619975111133{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    2 de Mayo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/salud-columna-de-german-vargas-lleras-585336[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El pelotón suicida

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1619976174096{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Celebro que la bancada del partido al cual pertenezco decidiera no votar la reforma tributaria.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1619976280015{margin-bottom: 0px !important;}»]Celebro que la bancada del partido al cual pertenezco, resistiendo halagos y ofrecimientos, decidiera no votar la reforma tributaria y no entrar al lodazal de la tradicional negociación de artículos y comas. Entendieron las repercusiones que traería para el país aprobar una reforma en el momento más inoportuno para la reactivación económica y el empleo.

    Categóricamente expresaron un NO a los incrementos superiores al 300 % en la tributación de los asalariados con ingresos mensuales de entre 2,5 y 7,5 millones. Dijeron NO al gravamen a las pensiones. NO al nuevo impuesto denominado solidario del 10 % mensual a salarios e ingresos. NO a la insensatez de obligar a declarar renta a toda persona con ingresos anuales inferiores a 25 millones, cuyo recaudo sería casi nulo pero que con razón enfurecería a millones de colombianos. NO al desmonte de las deducciones para el ahorro privado, las cesantías, los intereses de vivienda, las pensiones y las cuentas de ahorro para el fomento de la vivienda. NO al desmonte de las deducciones para la construcción de vivienda de interés prioritario, sin las cuales no se volvería a construir una vivienda y se perderían 400.000 empleos. NO al IVA del 19 % a los servicios públicos, cuyas tarifas ya se han vuelto impagables. NO a revivir el impuesto a la riqueza, expropiatorio de los patrimonios. NO a las facultades extraordinarias para adelantar una reforma del Estado, que nadie ha explicado. NO al incremento al impuesto a las sociedades, dizque transitorio. Y no sigo, pues me haría interminable.

    Cuando pasemos este calvario llegará el momento de pensar en los temas de la tributación, pero no en medio de la pandemia con la gente enferma, pobre y sin empleo y, lo peor, superresentida. Un suicidio político colectivo, agregaría yo. Con la decisión que esta semana tomará el Partido Liberal, el Gobierno no tendrá mayorías para sacar adelante este proyecto. Lo razonable es que retiren este adefesio que no deja títere con cabeza, acojan las recomendaciones de la comisión de expertos que el propio Gobierno convocó, instalen una mesa técnica para explorar opciones y elaboren una propuesta menos ambiciosa pero más realista y aterrizada.

    Sorprenden las declaraciones del Presidente del Banco de la República cuando manifiesta que hay que resolver el problema fiscal porque las calificadoras de riesgo nos pueden bajar el grado de inversión. Insólito. Todos los países del mundo en esta pandemia han aumentado el déficit fiscal, pues su principal preocupación es cómo van a reactivar la economía y el empleo. El último de sus problemas es el déficit fiscal. Así lo entendieron la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro en EE. UU., el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, en donde, sin excepción, se han ocupado de dar liquidez a las economías. Los tuvo sin cuidado lo que opinaran las calificadoras de riesgo. Pero aquí no. Nuestro flamante banco central, solo preocupado por lo que opinen las calificadoras de riesgo.

    La reforma tributaria y la lentitud en la vacunación empiezan a pasar su cuenta de cobro en términos de opinión pública. La encuesta de Gallup de esta semana da a Petro como indiscutible ganador en una vuelta y seguro presidente en 2022. El Gobierno sigue perdiendo apoyo, y esta reforma, de aprobarse, será la gota que rebose la copa. Qué torpeza, qué equivocación.

    La solución para pasar este periodo de pandemia y recuperación económica la ha dado el propio ministro Carrasquilla: plan de austeridad que representa, según él, 15 billones, venta de ISA; otros 15 billones, venta de una nueva participación en Ecopetrol; liquidación rápida de activos de la SAE, que tanto se ha anunciado, y una acción contundente contra el contrabando y la evasión. Con solo algunas de estas propuestas, no tendríamos que hacer reforma tributaria este año.

    Y qué se habrán hecho los candidatos presidenciales: Ni una palabra de Peñalosa, Fico, Galán, De la Calle, la ‘Vice’, ni de Fajardo, por supuesto. ¿Van a pasar de agache? ¿Y Dilian Francisca y el partido de ‘la U’ estarán pensando también en suicidarse? De ser así, es mejor que se apresuren porque los servicios funerarios también los van a gravar con IVA.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1619976211486{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    25 de abril 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-peloton-suicida-columna-de-german-vargas-lleras-583587[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • No quedó títere con cabeza

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1619976822341{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El Gobierno no atendió las recomendaciones y radicó una reforma confiscatoria e inconveniente.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1619976885402{margin-bottom: 0px !important;}»]Se confirmaron plenamente los presagios de lo que he venido mencionando en estas notas. El Gobierno no atendió las recomendaciones que desde diferentes sectores hemos manifestado muchos colombianos y procedió a radicar una reforma tributaria confiscatoria, discriminatoria e inconveniente en el momento más inoportuno de la crisis generada por la pandemia.

    Veamos las principales perlas de este proyecto de ley, sobre el cual el Gobierno sostiene que no es una reforma tributaria, pero que tiene 14 artículos sobre como disfrazar el déficit fiscal, 17 artículos que crean gastos que lo aumentan, solo 2 artículos de risa sobre austeridad en el gasto y 129 artículos con normas tributarias.

    Impuesto al patrimonio: el Gobierno revive este antitécnico impuesto a una tasa que fluctúa entre el 1 y el 2 %, que se aplicaría por 2 años, pero que de aprobarse, seguramente el próximo gobierno prorrogaría. Aquí es necesario reiterar que una economía que tiene una tasa de interés del 2 % no puede esperar que sus ahorradores tengan que destinar el 100 % de sus rendimientos al pago de un tributo. Con esta tasa impositiva, el impuesto se convierte en una simple expropiación a las personas naturales, pagadera en cuotas anuales. Nadie discute que el que gane pague impuestos y que si gana más pague más, pero no tiene justificación que quien no gane o, inclusive, quien pierda tenga que transferir su patrimonio al fisco.

    IVA: el Gobierno insiste en hacer que los productores nacionales de los bienes exentos tengan que asumir el IVA de los insumos requeridos para su producción, al paso que libera completamente de esa carga a los productos importados. Esta propuesta es equivalente a establecer un arancel a los productos nacionales, que no se aplica a los extranjeros. Si el Gobierno considera que el régimen actual de exención es inapropiado, lo que debe hacer es gravar con IVA estos productos, de tal suerte que los productos nacionales al menos puedan competir en condiciones de igualdad. Trae la reforma, entre sus curiosidades, un IVA a los servicios públicos del 19 %. Crea el impuesto a vehículos y el de gasolina. Nos tiraron a matar por todos lados.

    Impuesto sobre la renta de personas naturales: se plantea la eliminación de la mayoría de rentas exentas y deducciones (ahorro en fondos de pensiones, cesantías, intereses de vivienda, personas a cargo, pensiones, cuentas AFC), al tiempo que se incrementa la tasa impositiva, lo que implica incrementos en la tributación de las personas naturales de ingresos medios, superiores al 300 %. Una persona, por ejemplo, de un ingreso mensual de $ 7,5 millones al mes, que hoy tributa $ 1,8 millones al año, pasará a tributar $ 7,8 millones, lo que significa un incremento del 333 %. Igualmente se confirmó un nuevo impuesto solidario del 10 % mensual a partir del próximo semestre a los ingresos y salarios.

    En materia de pensiones, se propone que tributen las que excedan de $ 4.900.000 al mes, al tiempo que se grava el ahorro voluntario a los fondos de pensiones, lo que implicará en el futuro un doble impuesto a la pensión. Es decir, resolvemos un problema de baja tributación con otro problema de exceso de tributación. ¿Por qué será que no podemos resolver nada bien?

    Impuesto sobre la renta de las sociedades: se eleva al 33 % la tarifa de las personas jurídicas sobre la renta que exceda de 500 millones y al 15 % la tarifa del impuesto a los dividendos, lo cual arroja una tributación total sociedad-socio del 43,05 %. Una de las más altas de la Ocde. Reconozco, sí, el esfuerzo para empresas con utilidades menores, cuya tarifa será del 27 %. Ese es el camino.

    En Colombia se está volviendo un pecado mortal prepararse y esforzarse para ser un profesional, comerciante, empresario, industrial exitoso o simple ahorrador.

    Es este momento en que el país está postrado por el covid, cuando los partidos políticos deben salir a precisar sus responsabilidades frente a esta reforma y de cara a las próximas elecciones, atajando esta iniciativa que no ha dejado títere con cabeza, pero a estas alturas me temo que las denuncias del expresidente Gaviria pueden ser ciertas y que este proyecto se está cocinando a fuego lento y con bastante ‘mermelada’.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1619976859505{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    25 de abril 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/no-quedo-titere-con-cabeza-columna-de-german-vargas-lleras-581742[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]