Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Naufragó el Barco

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1618422547761{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La reforma tributaria, por su inconveniencia e inoportunidad, constituye un despropósito nacional.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1618422450112{margin-bottom: 0px !important;}»]En las dos semanas anteriores he hecho un detenido análisis sobre las razones por las cuales la reforma tributaria, por su inconveniencia e inoportunidad, constituye el verdadero despropósito nacional. Así lo están denunciando los voceros de los sectores económicos, políticos y sociales. Hasta un paro nacional ha sido convocado para el próximo 28 de abril. Y es que no le falta razón a la gente al sentirse avasallada por un Estado que en lugar de crear las condiciones para que se generen oportunidades de empleo y emprendimiento que le ayuden a salir de la crisis causada por la pandemia, lo que hace es arrinconarla con impuestos adicionales por $ 28 billones al año, de los cuales a las personas naturales les tocará aportar más del 60 %.

    Argumenta el Gobierno que en Colombia las personas naturales contribuyen muy poco frente al estándar internacional y que por ello hay que cargarles la mano. La realidad es que hay dos universos de personas naturales: los que pagan hasta el último centavo de sus impuestos, como son los asalariados, y los que evaden total o parcialmente su carga fiscal, como es el caso de muchos profesionales independientes, comerciantes y personas dedicadas a actividades agropecuarias donde la informalidad es total.

    Pero, en vez de buscar los recaudos en este segundo universo, la reforma se concentra en los asalariados, que serán los únicos que: (I) estarían condenados a pagar el impuesto solidario del 10 % sobre sus ingresos a partir de junio de 2021, (II) verán incrementadas sus bases gravables debido a la eliminación de deducciones y exenciones, (III) se someterán a una tarifa impositiva mucho mayor en el impuesto sobre la renta y (IV) verán afectada su capacidad de compra como resultado de los cambios en el IVA.

    Mientras el país mantenga un nivel de evasión y contrabando que representa entre $ 40 y 60 billones de recaudo perdido al año, el principal esfuerzo debería concentrarse en controlar estos fenómenos. Eso se logra con sanciones ejemplares e inversión en capital humano y en tecnología. Lo que se requiere es decisión política.

    Paralelamente, el control del gasto y del despilfarro debería ser el epicentro de la solución. Pero, claro, no es la vía fácil. La ley debería establecer la reducción obligatoria de los gastos de funcionamiento del Estado para los próximos años, lo cual puede inclusive elevarse a rango constitucional. La insólita y pintoresca visita de los preocupados empresarios Tomás y Jerónimo a Palacio esta semana puso sobre la mesa esta preocupación por la austeridad en el gasto, que por lo visto no es compartida por el Centro Democrático, que ya propuso gastarse por anticipado todo el producido de la futura reforma y más, ni por el Gobierno, que ya reencauchó un decreto de austeridad que no tendrá ningún impacto real.

    El Gobierno debe considerar que la solución a una problemática fiscal que nadie desconoce debe ser de mediano o largo plazo. Las calificadoras de riesgo lo que necesitan ver es una ruta clara, así la solución se demore 30 años. Es preferible una solución gradual que elimine el déficit primario en un período de 5 a 8 años, en lugar de salir con un garrote a perseguir a los asalariados, a las empresas formales y a los ciudadanos de a pie en medio de la pandemia.

    Pero si el Gobierno insiste en tramitar la reforma en este momento tan inoportuno, su aplicación debe ser gradual y no debería comenzar antes de 2024, para que por lo menos existan 3 años para recuperar empleo y crecimiento.

    Pero la cereza del helado es el anuncio del ministro de Hacienda de querer dejar el barco en medio de la tormenta para irse a la CAF. Imposible mejor momento: con caja para seis semanas y alarmas de suspensión de pagos, incluidos los salarios estatales, con la urgencia de colocar 9 billones en TES en el cortísimo plazo y al borde, según él, de perder el grado de inversión, se irá dejando presentado un proyecto que lejos de ser la solución que el país necesita nos terminará de hundir en las profundidades de la recesión, el desempleo y la miseria. El capitán del barco siempre es el último en abandonar la nave. Aquí, en cambio, Carrasquilla será el primero en desembarcar. Buen viaje, ministro.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1618422524147{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    11 de abril 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/naufrago-el-barco-columna-de-german-vargas-lleras-580042[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Despropósito Nacional

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1617381926913{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El propio Gobierno creó grandes expectativas y ahora no sabe cómo explicar que no se acogerá a nada.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1617592248224{margin-bottom: 0px !important;}»]Aún no se radica el texto de la reforma tributaria y ya se especula, con certeza, que el proyecto incluirá aspectos adicionales a los comentados la semana pasada sobre el incremento de los dividendos y que generarán tremenda polémica. He aquí algunas de estas perlas:

    * El impuesto del 3 % anual que se cobraría sobre los patrimonios de más de $ 5.000 millones es inviable. Con este gravamen, en pocos años, la persona verá confiscado el 50 % de su capital en términos reales. Luego no es de extrañar que este ahorrador/inversionista busque otros lugares para trasladar su patrimonio, y otro domicilio tributario. Buena jugada. ¿Será que a esto se refiere el mincomercio cuando afirmó este viernes: “Están dadas las condiciones propicias para atraer inversión al país”?

    * Se menciona la eliminación de los beneficios al ahorro en fondos de pensiones y cuentas AFC y el incremento de las tasas del impuesto sobre la renta de las personas naturales, que irá en algunos casos con tarifas del 40 % y con incrementos superiores al 300 % para las personas con rentas líquidas entre 18 y 40 millones, quienes ahora tendrán que declarar.

    * Así mismo, se afirma que incluirán un nuevo gravamen al impuesto solidario, 10 % del salario, que tumbó la Corte Constitucional, solo que ahora se propondrá para personas naturales del sector público y también del sector privado.

    * Se dice que se gravarían las pensiones de más de $ 7 millones mensuales y se eliminaría la exención para los aportes a los fondos de pensiones. De aprobarse estas 2 medidas, se generaría una doble tributación sobre las pensiones: la primera, cuando el trabajador ahorra, y la segunda, cuando recibe la mesada. ¿Quién volverá a hacer aportes a los fondos voluntarios y cuál será el futuro de uno de los pocos instrumentos canalizadores del ahorro privado? Qué error, por decir lo menos.

    * Se eliminarían todas las exenciones del impuesto sobre la renta que hoy favorecen a las empresas. P. ej., construcción de vivienda VIS, hotelería, agro, venta de energía eólica, forestales, con excepción de las que tienen que ver con la economía naranja, sin que sea claro por qué estas últimas se justifican, al paso que las demás no. Un golpe al corazón de la confianza inversionista.

    * Al tiempo que se incrementan los recaudos con todas estas propuestas, el Gobierno solicitaría facultades extraordinarias para reformar todo el Estado. Curiosamente, estas facultades no se podrían utilizar para reformar los entes de control. También se mantienen las excepciones al salario de magistrados y rectores. Muy política la propuesta, pero asimismo muy injusta.

    Lo que se va a tramitar es, una vez más, una reforma que se aplicará sobre los de siempre, es decir, sobre el grupo de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias: los asalariados y las empresas formales. Poco o nada en cabeza de quienes, por emplear mecanismos de evasión y contrabando, se encuentran al margen de la tributación y dejan de transferir recursos al fisco por cerca de $ 40 billones al año. Y muy poco, también por razones políticas, que no técnicas, en ampliación de la base gravable del IVA, con excepción del equivocado traslado de los bienes exentos a la categoría de excluidos que discrimina y castiga a la industria nacional.

    “Este no es el momento de una reforma tributaria. Ningún país en el mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia”. Esto dijo el presidente Iván Duque, el mismo con cédula de ciudadanía número 79’740.745. ¿Pensará el Presidente que ya Colombia superó la pandemia cuando apenas comenzamos a vacunar, la ocupación en las UCI está disparada, el desempleo en ciudades como Bogotá ya se acerca al 20 % y toda la industria y el comercio siguen postrados? ¿Qué lo habrá hecho cambiar de opinión? Se rumora que las agencias calificadoras de riesgo han dado un ultimátum al Gobierno. ¿Será cierta tanta insensatez? Me temo que sí. Y, para colmo, el riesgo de tramitar una reforma en plena campaña electoral es descomunal. Surgirán toda suerte de propuestas populistas. Esta reforma es el verdadero despropósito nacional. Quién lo creyera, se nos anticipó la reforma Petro.
    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1617592143810{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    4 de abril 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/desproposito-nacional-columna-de-german-vargas-lleras-578104[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Conejazo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1617381926913{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El propio Gobierno creó grandes expectativas y ahora no sabe cómo explicar que no se acogerá a nada.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1617396778647{margin-bottom: 0px !important;}»]No se conoce aún el texto definitivo de la reforma tributaria, pero ya pueden señalarse aspectos que suscitarán amplio debate nacional. El propio Gobierno creó grandes expectativas sobre las conclusiones de la famosa Comisión de Beneficios Tributarios y ahora no sabe qué hacer para explicar que no acogerá ninguna de sus importantes conclusiones. Ya no sirve este grupo de expertos internacionales de primer orden, desprovistos de interés particular, alejados de todo cabildeo y que, además, entregaron su trabajo en tiempo récord de seis meses. ¿Por qué? Pues porque terminaron reconociendo lo que tantas veces hemos defendido en materia de tributación, equidad y competitividad.
    Veamos: el informe empieza por reconocer que los negocios formales en Colombia enfrentan la tasa de tributación más alta entre los países de la Ocde, y señala una serie de impuestos distorsionantes como el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto de industria y comercio, los cuales propone eliminar.

    La comisión también confirma lo que muchas veces hemos dicho acerca de que nuestro sistema impositivo hace que sea más rentable importar que producir en el país, o localizar la producción en el exterior en lugar de hacerlo en Colombia.

    Otro aspecto importante del estudio es que, al contrario de lo que piensan nuestros economistas criollos, avala plenamente las propuestas que llevamos a la pasada reforma tributaria y que fueron acogidas por el Gobierno y el Congreso, como la eliminación de la renta presuntiva, el descuento del IVA de bienes de capital y el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta.

    Sobre el IVA, sostiene la comisión que el país tiene un potencial de recaudo de $ 60 billones, mediante una ampliación de la base gravable, la cual puede ser gradual en el tiempo, con la aplicación de una tarifa creciente.

    No obstante, el Gobierno ha anunciado una reforma que en materia del IVA no incluirá ampliación de la base gravable, pero sí el traslado de los bienes exentos, como la carne, el pollo, la leche, a la categoría de excluidos, lo que significa gravar con IVA los insumos requeridos por el productor nacional, sin posibilidad de recuperación. Es decir, un arancel al producto nacional que no se aplica al importado. Es lo que se conoce como protección negativa de la industria nacional en beneficio de la industria extranjera. Todo lo contrario a la propuesta de la comisión, que aboga por gravar estos bienes, nacionales y extranjeros, o mantenerlos en la categoría de exentos si ello no fuere posible.

    De otra parte, sorprende la propuesta de volver a introducir el impuesto al patrimonio a partir del 2022, pero ahora como gravamen permanente y con una tarifa del 3 % anual, que es simple y sencillamente una expropiación de la renta y del patrimonio de los inversionistas y ahorradores. ¿Qué pensarán ahora las personas que normalizaron sus patrimonios con la promesa de que ese impuesto se eliminaría a partir del 2022?

    En cuanto al impuesto a los dividendos, se propone un incremento del 50 % en la tarifa aplicable. De esta forma, el impuesto sobre la renta sociedad-socio quedaría en el 41,35 %. Si a esto se agregan el gravamen a los movimientos financieros, el ICA y el IVA no descontables y los demás impuestos que afectan los negocios, tendremos nuevamente una tasa efectiva de tributación superior al 70 %.

    No es aceptable asumir una reforma que nos vuelva a poner como el país en que ningún extranjero quiere invertir y al que muchos colombianos quieren abandonar. El Gobierno debería concentrarse en lograr un acuerdo político para ampliar gradualmente la base gravable del IVA, como lo han hecho la mayoría de países latinoamericanos.

    Y ahora el Gobierno bautiza a este gran conejo con el apelativo de ley de solidaridad sostenible. Vaya concepto de sostenibilidad aquel de asfixiar al sector productivo y quitarle toda competitividad, expropiar el ahorro, castigar a la clase media y convertir al Estado, por vía de subsidios multibillonarios y antitécnicos, en responsable de todo, como en Venezuela. Esta reforma es peor por el lado del gasto que por el del recaudo. Nunca el populismo, de ningún origen, ha sido sostenible.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1617382033262{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    28 de marzo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/conejazo-columna-de-german-vargas-lleras-576682[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Sitiados por el hampa

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1617381681937{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Lo que esperamos es más recursos y mayor coordinación institucional, no más peleas en público.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1617381719535{margin-bottom: 0px !important;}»]La situación de inseguridad en Bogotá es insostenible. Cada 4 minutos se registra un hurto, en las últimas semanas hemos tenido 23 casos de sicariato y lamentables asesinatos de policías. Lo que estamos enfrentando son sofisticadas y bien organizadas estructuras criminales dedicadas a robar celulares, bicicletas, apartamentos y vehículos, principalmente, muchas con violencia desmedida.

    a Cámara de Comercio ha informado que la percepción de inseguridad de los bogotanos ha batido un récord histórico al situarse por encima del 76 %, las denuncias han crecido, y 4 de cada 10 personas señalan haber sufrido algún ataque. El hurto con arma de fuego en esa tierra de nadie llamada TransMilenio ha crecido en un 215 % en los casos reportados. Difícil tener que admitir que la única solución es permitir que la gente se arme para defenderse. Mejor pensar, por ahora, en el fortalecimiento de la justicia y de las fuerzas de Policía y de seguridad del Estado.

    Sigo creyendo que el principal problema está en la órbita de la política criminal. De 240.000 capturas, 90.000 registraban antecedentes, y en más de un centenar de casos, la misma persona tenía entre 40 y 70 arrestos. Lo mismo ocurre con los imputados por la Fiscalía, de 85.000 casos reportados, más del 51 % tenía antecedentes. Pero poco puede hacerse, pues una sentencia de la Corte exige que la persona haya sido efectivamente condenada para considerarla reincidente y poder prohibir su excarcelación o la concesión de beneficios.

    El otro problema por resolver está en la política carcelaria y en la capacidad del sistema para recibir en condiciones dignas a los detenidos. Motivo pandemia, cerca de 900 personas salieron de prisión, acogiéndose a los decretos de excarcelación. Pero más de 25.000 recobraron su libertad por medidas de detención alternativa o libertades condicionales. ¿Cuántos de estos estarán delinquiendo nuevamente? No pocos, seguramente. Las normas han sido inclusive utilizadas para que peligrosos criminales ya condenados por masacres, narcotráfico y homicidios obtuvieran prisión domiciliaria, aduciendo enfermedades o su condición de cabeza de familia. En otros casos salieron por vencimiento de términos.

    Resolver el hacinamiento carcelario con estas medidas facilistas se ha vuelto costumbre. Cuando se dispara la delincuencia se regresa a la sobreocupación y nuevamente a las medidas de descongestión. Un círculo nefasto que solo se romperá mediante la construcción de nuevos centros carcelarios.

    En los terrenos de la cárcel La Picota se podría construir rápidamente la infraestructura para generar 20.000 nuevos cupos. Es indispensable, también, para combatir las estructuras criminales organizadas fortalecer las labores de inteligencia e investigación. Me pregunto por los resultados de la nueva Agencia Nacional de Inteligencia, de cuya actividad poco se conoce.

    También debe actuarse con prontitud en materia de extinción de dominio de todos los bienes relacionados con la criminalidad, en la judicialización de delincuentes en un término no mayor de 24 horas, en el tratamiento de menores infractores y en la reforma de la Policía que se anunció esta semana.

    Además de las reformas que atañen al sector justicia y deberían incorporarse en el proyecto de ley estatutaria que cursa en el Congreso, es urgente actuar en el aumento del pie de fuerza de la Policía en Bogotá, que cuenta con el menor número de efectivos de todas las áreas metropolitanas. ¿Por qué no se ha cumplido con este compromiso con la ciudad? No es mucho pedir una redistribución más equitativa, como lo es revisar a fondo la política y estrategia de incorporaciones y los presupuestos.

    Sé que muchos de estos temas exceden las facultades de la alcaldesa mayor de la ciudad. Pero en muchos otros frentes lo que esperamos es más recursos y una mayor coordinación institucional, no más peleas ni llamados de atención en público. Ni siquiera en épocas del alcalde Petro se veía una relación tan deteriorada. La autodenominada jefa de la Policía capitalina tiene el deber de liderar y motivar a la Policía y enfrentar con decisión la recuperación de la seguridad ciudadana.
    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1617381844837{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    21 de marzo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sitiados-por-el-hampa-columna-de-german-vargas-lleras-575097[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • No sean tercos

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1616124731527{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La participación del sector privado en este propósito de la vacunación es urgente e indispensable.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1616124705858{margin-bottom: 0px !important;}»]Debate innecesario e incomprensible se ha desatado en torno a la participación del sector privado en la campaña nacional de vacunación. Lo primero es decir que no existe desafío más urgente que el de vacunar con la mayor celeridad a la totalidad de la población colombiana. Que es esta una responsabilidad del Estado y del Gobierno, no hay duda. Pero este no es el punto. La pregunta clave sería por qué alguien podría oponerse a que ante semejante reto no se quiera recibir toda la colaboración y el apoyo posibles.

    El sector privado, encabezado por la Andi, ha ofrecido toda su colaboración para acelerar el proceso. Ha reiterado que está dispuesto a participar activamente en la importación y distribución de la vacuna, incluso en su aplicación. Todo ello en estricta y total coordinación con el Gobierno y las autoridades de salud. Entiéndase bien: no en competencia con el Gobierno, sino en colaboración.

    Observo, por la recientes declaraciones del ministro Ruiz, que la iniciativa va tomando vuelo. Que el Gobierno entiende que con los debidos controles, el apoyo del sector privado puede ser determinante para llegar a amplios sectores de la población, descongestionar el sistema de salud pública, financiar la compra de las propias vacunas y así liberar toda la capacidad posible para que el Estado se ocupe de avanzar con el plan que se ha trazado.

    La experiencia internacional es elocuente. En Estados Unidos, las cámaras de comercio, las asociaciones de industriales, empresas como Microsoft, Starbucks, Cosco, compañías de alquiler de automóviles, entre muchas otras, están aportando todos sus recursos y potencialidades para contribuir a la campaña nacional de vacunación. Uno de los principales sindicatos, con más de 250.000 afiliados, participa activamente en el proceso. Supermercados, droguerías, centros comerciales también colaboran. No están compitiendo con nadie, solo ayudando.

    En Sudáfrica, el sector privado ha actuado desde el primer momento. Lo mismo está ocurriendo en Alemania, en Brasil, en Chile y hasta en México, en donde el gobierno de López Obrador ya reglamentó la compra de vacunas a privados. Hasta Maduro, en Venezuela, dijo que la compra de vacunas a través del sector privado “malo no sería”. El influyente ‘The Wall Street Journal’ sostiene que la prohibición de vender vacunas en América Latina prolongará la pandemia. Los países citados así lo han entendido. Esperemos que también el nuestro.

    Aunque esta semana se consiguió vacunar a cerca de 50.000 personas en un día, esto no es suficiente. Se estima que deberían ser al menos 96.000 por día, y aun así no terminaríamos este año. El Gobierno cuenta con 7.000 vacunadores, a los que podrían añadirse, si se acepta la colaboración privada, por ejemplo de laboratorios y cajas de compensación, a miles de odontólogos y estudiantes de medicina, entre otros.

    Las empresas y las entidades sin ánimo de lucro, algunas muy robustas y con gran capacidad logística, no dudarían en participar. Ya lo han hecho muchas con las pruebas, con los tapabocas y con los respiradores, para citar solo estos ejemplos exitosos. También podría habilitarse a los entes territoriales, que ya han solicitado que se les permita colaborar.

    No debería hacer falta una nueva ley para permitir la importación y comercialización de vacunas por particulares. Creo que bastaría con un decreto reglamentario que recogiera la importante y bien estudiada iniciativa del senador Barreto.

    Un reciente sondeo de opinión de CM& da cuenta de que el 79 % de la gente cree que el sector privado debería participar. Meter el hombro, como se dice coloquialmente, pero, por supuesto, bajo estrictos protocolos y la coordinación del Gobierno Nacional y sin afectar el Plan Nacional de Vacunación, sin desnaturalizarlo pero sí acelerándolo, como señaló el propio presidente Duque.

    Solo de una eficaz y rápida campaña de vacunación dependen la reactivación económica y la superación de esta pandemia. Este no es un tema que pueda seguir politizándose ni con el cual se hagan mezquinos cálculos electorales. La participación del sector privado en este propósito nacional es urgente e indispensable.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1616124581764{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    14 de marzo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/no-sean-tercos-columna-de-german-vargas-lleras-573236[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Buenaventura, ciudad fallida

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1614636439305{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1615499881709{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Una ciudad inviable en donde cualquier proyecto de desarrollo se torna imposible.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1615500253364{margin-bottom: 0px !important;}»]

    Un sentimiento de impotencia y frustración se apodera de nosotros cada vez que recibimos noticias de Buenaventura. Pobreza extrema, violencia, narcotráfico, corrupción. Una ciudad inviable en donde cualquier proyecto de desarrollo se torna imposible.

    Comencemos con la vía Mulaló-Loboguerrero. Este proyecto, una APP con una inversión prevista de 1,4 billones y que acortaría distancias y tiempos entre Cali y Buenaventura, lleva 5 años en consultas, y ninguna ha prosperado. Unas, porque no reflejaban la visión étnica. Otras, porque podían vulnerar el derecho a la vida. Es la hora en que no se ha podido iniciar la construcción de este corredor estratégico para la región y el puerto.

    También en materia vial, recuerdo cómo al intervenir en el anterior gobierno varios tramos entre Buga y Buenaventura, entre ellos los de Loboguerrero-Cisneros-Altos de Zaragoza y el tramo a Citronela, con inversiones del Invías superiores a 1 billón de pesos, tuvimos que militarizar con centenares de soldados la carretera en varias oportunidades. Solo así se pudo trabajar en la doble calzada.

    Peor suerte corrió la línea de transmisión para dar respaldo al puerto y solucionar el suministro eléctrico, que ha sido por años una de sus principales problemáticas. Pues bien, desde 2010, Epsa, hoy empresa del grupo Celsia, presentó el proyecto para la construcción de la nueva línea. Apenas se conoció el trazado surgieron más de mil asentamientos ilegales para cobrar derechos de servidumbre, en clara extorsión a la empresa. Todo lo invertido se perdió, y la obra jamás se pudo ejecutar.

    La profundización del puerto para mejorar su competitividad pasando de 12,5 metros a 16 ya ha sido sometida a 7 consultas previas para obtener la licencia y tramitar la APP. Y nada. Esto es increíble, puesto que el canal de acceso ya está en operación.

    Y cómo no recordar lo ocurrido en el puerto Agua Dulce. Con una inversión de 620 millones de dólares, su construcción duró 8 años, cuando se había proyectado en 2. La empresa, además, tuvo que hacerse cargo de la carretera de acceso, a un costo de US$ 60 millones, cuya construcción duró 5 años por la oposición de las comunidades. Y cuando ya se tenía fecha para inaugurar, el alcalde cerró el puerto con el pretexto de que la alcaldía no había dado el permiso para la construcción del patio de contenedores.

    Peor le fue al aeropuerto. Con el plan maestro, reconstruimos y remodelamos 58 aeropuertos en el país. Toda una revolución que incluyó al aeropuerto de Buenaventura, con una inversión de más de 100.000 millones de pesos para la ampliación de la pista y la terminal de pasajeros, entre otras. Pero todo se frustró debido a la oposición de las comunidades que invadieron los terrenos de la Aerocivil destinados a la ampliación y los conos de aproximación. Nada pudo hacerse. Qué distinto ocurrió en Quibdó, que hoy cuenta con un moderno aeropuerto cuya inversión superó los 180.000 millones.

    Con el ferrocarril del Pacífico, lo mismo. La red férrea, que llegó a operar el trayecto Buenaventura-Buga, fue invadida por más de 3.000 familias. A esto se sumaron mineros ilegales que socavaron las bases de la red y el tránsito de las famosas brujitas o pequeños carros de balineras, que circulaban por la red. Hace 4 años el ferrocarril dejó de operar, la vía quedó abandonada y, por supuesto, la concesión se quebró.

    Todos los acuerdos alcanzados en el paro han fracasado porqué Buenaventura ha incumplido todos sus compromisos. Los últimos cuatro alcaldes han sido acusados y capturados por peculado, fraude, falsedades y convivencia con la delincuencia. El actual coadministra la ciudad con el comité del paro, y cumplen 4 años sin presentar el plan maestro para ejecutar los 80 millones de dólares del BID para el acueducto y el alcantarillado, que vencen el próximo año. Hasta el obispo Rubén Darío Jaramillo terminó amenazado de muerte esta semana.

    No quedaría otra salida que intervenir esta ciudad. Pero la Constitución no lo permite, como sí lo hacen las de España o Francia para casos extremos. Es esta una reforma que deberíamos tramitar con urgencia para proteger a los ciudadanos que viven en ciudades fallidas y víctimas de administraciones capturadas por la corrupción.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1615500295260{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    7 de marzo 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/buenaventura-ciudad-fallida-columna-de-german-vargas-lleras-571498[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Sinvergüenzas

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    Columna de Opinión de
    Germán Vargas Lleras
    para el periódico
    El Tiempo[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1614636439305{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1614636339280{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Proyecto en Putumayo y Huila no ha podido tener un peor desarrollo.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1614636469105{margin-bottom: 0px !important;}»]Preocupado por las alarmas que nos llegan del sur del país, especialmente de los departamentos del Putumayo y del Huila, me di a la tarea de averiguar la suerte de uno de los proyectos de infraestructura vial más emblemáticos por su impacto económico y, sobre, todo social. Me refiero a la conexión vial Santa Ana-Mocoa-Neiva. Este proyecto, como se recordará, se adjudicó al llamado grupo Solarte, y el acta de inicio de la construcción se firmó en septiembre del 2016.

    La obra, por un valor de 3,8 billones de pesos, actualizados a 2019, tiene una longitud de 456 kilómetros e incluye 4 puentes, dos viaductos y tres túneles. Su valor estratégico está en que conecta a Ecuador con Bogotá, a través del valle del Magdalena, sin remontar la cordillera Central. Como ya existe la conexión desde el paso fronterizo de San Miguel hasta Santa Ana, que se construyó en el gobierno anterior y cuyo costo fue de 580.000 millones, este proyecto permitirá empatar los tramos, reduciendo la duración del viaje a Bogotá, de las actuales 23 horas (Rumichaca-Cali-Bogotá) a menos de 11. Además, integrará al país vastísimas y muy ricas áreas para desarrollos agroindustriales, fomentará el comercio binacional y permitirá llevar inversión y la mano del Estado a zonas tradicionalmente olvidadas.

    Pero la famosa obra tiene hoy un avance del 2,2 %. Prácticamente nada se ha hecho. El concesionario ha alegado que perdió el financiamiento de la obra y, claro, no podía ser de otra manera después de las imputaciones de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos en el proyecto Tunjuelo-Canoas durante la alcaldía de Samuel Moreno.

    El contrato Santa Ana-Mocoa-Neiva no ha podido tener un peor desarrollo: en agosto de 2018 se declaró el incumplimiento grave; en septiembre de 2019 se hace efectiva la cláusula de caducidad; en abril se confirmó la caducidad, pero luego se le acepta al concesionario, creo yo ilegalmente, presentar planes remediales, todos incumplidos, hasta aquel que preveía el mantenimiento del corredor. Se le impusieron, además, dos multas por 24 .000millones, pero increíblemente la ANI no le ha decretado hasta ahora la caducidad del contrato y procedido a licitar nuevamente la obra, como le correspondería en todo rigor.

    Ahora resulta que el grupo Solarte quiere ceder el contrato. Vaya, vaya. Un premio para una firma que no solo ha incumplido ostensiblemente sus compromisos en este contrato, sino también en el de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, cuyo avance después de 5 años es 0, óigase bien, 0, y donde ya acumulan 14 procesos sancionatorios. Y el de Bucaramanga-Pamplona, donde el avance es del 10 %, muy por debajo del 40 % que deberían tener a la fecha y cuyo incumplimiento seguramente se decretará próximamente, o el de la vía Neiva-Girardot, que también presenta demoras en el cronograma de entrega.

    Después del escándalo de corrupción en el proyecto Tunjuelo-Canoas se ha debido declarar la caducidad de todos los contratos del grupo Solarte, lo cual debería hacerse de inmediato. Pero lo que de ninguna manera es admisible es que ahora se pretenda autorizar la cesión del contrato Santa Ana-Mocoa-Neiva. Y con este propósito, exigir que se autoricen 4 nuevos peajes en la ruta, lo cual ya ha desatado la ira de la comunidad, o la reducción del alcance del proyecto que comprometería algunas variantes y los dos viaductos de Altamira y Pericongo. Pero nada sería más irónico que el cobro de una prima al nuevo concesionario, una firma de origen chino (China State Construction) con la que ya se tendría todo este genial operativo organizado.

    El Estado no puede permitir esta burla. Debe actuar con todo rigor, y en especial los organismos de control que tienen a su disposición el vigente y aplicable control preventivo.

    P.D. Se confirmó lo que predije en el caso del tribunal de arbitramento sobre el puente Hisgaura, también denominado acordeón: la nación fue condenada al pago de 10.000 millones, y no contentos, ya viene la segunda reclamación de Sacyr sobre el mismo puente. Ojalá en este, por lo menos el abogado de la nación presente una demanda de reconvención.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1614636381671{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    28 de Febrero 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sinvergueenzas-columna-de-german-vargas-lleras-569910[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Bioenergy

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    Columna de Opinión de
    Germán Vargas Lleras
    para el periódico
    El Tiempo[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1614369682201{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1614369705480{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Su futuro demanda acciones concretas de todos los actores involucrados.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1614369746699{margin-bottom: 0px !important;}»]Bioenergy, su compleja situación actual, pero, ante todo, su futuro demandan acciones concretas de todos los actores involucrados: el Gobierno, a través de los ministerios de Energía, Agricultura, Ambiente y Trabajo; por supuesto, Ecopetrol, principal accionista de la empresa; los bancos acreedores, principalmente Bancolombia; las autoridades regionales del departamento del Meta y la Orinoquia; la Supersociedades, que ordenó la liquidación de la compañía, y los grupos empresariales que han manifestado interés en su adquisición.

    Con razón, Bioenergy ha estado en la lupa de las autoridades de control. Enormes desfases en los tiempos de entrada en operación de la planta de etanol, también de los cultivos de caña de azúcar y, ante todo, un incremento de 428 millones de dólares con respecto al presupuesto inicial del proyecto han comprometido su viabilidad. Mucho ayudaría a despejar el futuro de Bioenergy que la Contraloría concluyera sus investigaciones, aclarara responsabilidades de orden administrativo, técnico y económico y emprendiera las acciones pertinentes por posibles afectaciones del patrimonio público. Al igual que en los casos de Reficar, Hidroituango y el oleoducto Bicentenario, otro cabezazo de Ecopetrol.

    Dicho lo anterior, a la situación de Bioenergy hay que buscarle una solución que permita mitigar los impactos negativos que a todo nivel podrían producirse por el desmantelamiento de la empresa. Las pérdidas, de no seguir adelante el proyecto, podrían ser mucho mayores. Entiendo que Ecopetrol no quiera seguir adelante, ya perdió 1,6 billones de pesos, pero esperaría que pusiera todo de su parte para facilitar que terceros interesados puedan hacerse cargo hacia el futuro.

    Estamos hablando de una planta que está en producción tanto de etanol, 60 millones de litros año, como de energía eléctrica con importantes excedentes en épocas de cosecha, que entrega al mercado nacional. Genera cerca de 600 empleos directos y más de 1.500 indirectos, principalmente en la región y en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán; 2.100 familias derivan su sustento de esta empresa, una de las más importantes de la Orinoquia y con influencia en un área de más de 40.000 hectáreas, de las cuales hay 20.700 sembradas. Una empresa que ha contribuido a ampliar la frontera agrícola, mejorar los suelos, que ha beneficiado a miles de familias especialmente en educación y apoyos sociales y cuyo cierre sería, además, un pésimo mensaje para muchos otros proyectos que buscan abrirse campo en la altillanura y la Orinoquia.

    De tal manera que aquí el único tema por considerar no es el financiero, aunque es definitivo encontrar la sostenibilidad de la empresa, la cual pasará por la renegociación de los créditos con los bancos, la mejora en la productividad de los cultivos de caña, incluso la protección temporal frente a importaciones de etanol.

    Entiendo que con 200.000 millones de inversión se podría sacar adelante esta empresa, por supuesto, con un esfuerzo muy importante de la banca en la renegociación de una deuda cercana a los 400.000 millones, cuyo pago hoy en día, de concluirse el proceso liquidatorio, es más que improbable. Poco se sabe sobre la fase de búsqueda de los nuevos inversionistas, pero se esperaría que se desarrollara en un ambiente de total competencia y transparencia y que pueda maximizarse la recuperación de lo invertido por Ecopetrol y la banca. Pero insisto en que lo peor para todos sería liquidar esta empresa, repartir ‘los fierros’ que al detal no valen nada y privarnos de un proyecto cuyos beneficios económicos, sociales y ambientales están más que probados para el país y para esta prometedora pero todavía frágil región en su desarrollo.

    Cómo convendría para apoyar estos propósitos nacionales iniciar la construcción de la carretera Puerto Gaitán-Puerto Carreño, 520 kilómetros, cuyos estudios fueron contratados en el gobierno anterior, al igual que la conexión Pacífico-Orinoquia. Ojalá también se diera pronta solución a los 21 km que aún faltan por construir en la salida de Bogotá a Villavicencio.

    Y a todas estas, ¿qué opinan los metenses del cierre de Bioenergy?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1614369596327{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    21 de Febrero 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/bioenergy-columna-de-german-vargas-lleras-568369[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Los cabezazos de Ecopetrol

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    Columna de Opinión de
    Germán Vargas Lleras
    para el periódico
    El Tiempo[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1614369415425{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1614369831712{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Heredó Bayón dos macroproblemas: Bioenergy y Reficar.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1614369449715{margin-bottom: 0px !important;}»]La semana pasada me referí en esta columna a la venta de ISA a Ecopetrol. Quise plantear que esa operación no podía hacerse a las carreras, que había serios interrogantes por resolver, como los de la valoración de activos y los derechos de terceros que deben respetarse y el uso de la figura del convenio interadministrativo, que en Colombia, y para evadir el estatuto contractual, ha sido la principal fuente de corrupción. Veo que expertos como el exministro Carlos Caballero Argáez y el expresidente de Ecopetrol y de ISA Javier Gutiérrez también se han pronunciado en igual sentido.

    engo el mejor concepto del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Difícil encontrar a alguien más preparado, con mayor experiencia y visión. Está jugado con esta aventura de ISA. No sé si por obligación o por convicción, pero lo cierto es que eso de meter a Ecopetrol en el negocio de transporte de energía eléctrica y en la construcción y operación de carreteras en Latinoamérica no figuraba en el plan de desarrollo de la empresa. Una cosa es que inviertan, como lo están haciendo la mayoría de las petroleras en el mundo, en generación de energía con fuentes renovables no convencionales, y otra muy distinta, entrar al negocio del transporte. Amarrar esto con la transición energética y el cambio climático es un buen recurso para la galería, pero que los conocedores no compran.

    Heredó Bayón dos macroproblemas: Bioenergy y Reficar. Los traigo a colación porque esa idea de convertir a Ecopetrol en la gran empresa multienergética del mundo a la que todo se le puede colgar podría terminar mal. De hecho, las principales bancas de inversión y analistas internacionales ven muy pocas sinergias en esta operación y sí muchas complejidades. Y esto lo sabe el Gobierno.

    Comencemos por el proyecto Bioenergy. Este proyecto de producción de etanol inicialmente costaba 140 millones de dólares, luego se aprobó en Ecopetrol por un monto de 344 millones de dólares, pero tras 49 capitalizaciones sucesivas Ecopetrol terminó invirtiendo más del doble, es decir, 776 millones de dólares. Hoy, después de 13 años, la empresa está en liquidación, nadie responde por este magnífico negocio y la inversión de Ecopetrol, que finalmente ascendió a 1,6 billones en esa empresa, hoy no vale nada, pues su patrimonio es negativo.

    Ya se conocen los primeros informes de la Contraloría, que señalan un detrimento patrimonial de 710.000 millones en solo tres de los ocho procesos abiertos. Mucho quisiéramos conocer quiénes fueron los responsables de este monumental descalabro. No solo de los gerentes y miembros de las juntas directivas de Ecopetrol, sino de los socios privados que impulsaron desde la propia junta este negocio.

    Un proyecto muy mal planeado, con muy mala selección de contratistas, que acumuló retrasos mayores de cinco años en su entrada en operación, con un desequilibrio insostenible entre los ingresos y los gastos, además de un sobreendeudamiento que llevó a la empresa a su inviabilidad. En síntesis, todo mal hecho y bajo la tutela de Ecopetrol. Pronto me referiré a lo que creo se podría hacer para salvar este proyecto. Con sacrificios para todos los intervinientes, pero con menores costos para la nación en términos de desarrollo regional y agroindustrial, empleo e impulso a la transición energética.

    El segundo descalabro por el que todavía nadie responde es el de la refinería de Cartagena, Reficar. Allí se han hecho hallazgos fiscales por cerca de 3.000 millones de dólares, incluyendo el lucro cesante, pero el descalabro podría ser mucho mayor. Dos importantes negocios de Ecopetrol y su flamante gobierno corporativo por los que hasta ahora nadie responde. Y ahora resulta que no tenemos derecho a preocuparnos por la genial venta de ISA ni por la operación futura del sistema eléctrico colombiano.

    P. D. Se va Roberto Pombo de la Dirección de EL TIEMPO. A todas las manifestaciones ya hechas sobre sus virtudes como periodista añado las mías sobre su integridad, su pluralismo y su sentido de país. Va mi testimonio de agradecimiento por haberme invitado a colaborar con esta columna semanal que he escrito con absoluta libertad y el mayor respeto por mis opiniones.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1614369349755{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    14 de Febrero 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/los-cabezazos-de-ecopetrol-columna-de-german-vargas-lleras-566785[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • A las carreras

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    Columna de Opinión de
    Germán Vargas Lleras
    para el periódico
    El Tiempo[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1613185416539{margin-bottom: 0px !important;}»]

    [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1613185362640{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La empresa ISA de ninguna manera debe salir del patrimonio y control público.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1613185558860{margin-bottom: 0px !important;}»]Unos genios los que se cranearon la operación de venta de ISA a Ecopetrol. Los George Soros criollos, dirán algunos. Ante la imposibilidad de tramitar una reforma fiscal con efectos en el recaudo de 2021 se inventan una fuente de recursos suficientes –se habla de más de 14 billones de pesos– rápida, pues podría concluirse en este semestre, ‘apolítica’, pues no supone privatización, pero que, creo yo, plantea varios interrogantes sobre su conveniencia estratégica y financiera, impacto en el mercado de capitales, derechos de terceros y gobierno corporativo, entre otros.

    Sea lo primero decir que si la decisión del Gobierno, por razones fiscales, es vender su participación en ISA, esta de ninguna manera debe salir del patrimonio y control público. Se trata de un activo estratégico –el transporte de energía eléctrica– que no debe ponerse en manos privadas ni al mejor postor, pues del control de esta actividad depende el adecuado funcionamiento de todo el sistema eléctrico del país, incluyendo la operación competitiva del mercado y la atención de la demanda. Así como es claro que debe separarse al administrador del sistema (XM) de ISA antes de cualquier operación, también lo es que esta actividad no puede quedar en manos de inversionistas privados nacionales ni extranjeros como los chinos, que han ido posicionándose estratégicamente en países como Perú, Ecuador, Chile y Brasil.

    No terminada de lanzar la polémica operación con Ecopetrol, salieron, con todo derecho, otros interesados. En primer lugar, el Grupo Energía de Bogotá, cuyo presidente anunció que tenía un cheque listo para entregar al Gobierno. EPM, aunque con menos entusiasmo, también ha mostrado interés en el proceso. Desde una perspectiva empresarial, tiene mucha lógica que ambos grupos estén interesados, y tendría incluso más sentido, desde un punto de vista del negocio, vender esa participación a GEB o a EPM, que son operadores de sistemas eléctricos, que a Ecopetrol, cuyas credenciales en esta actividad son muy discutibles; y diría yo que, incluso, más a GEB, pues su única actividad es precisamente el transporte de electricidad y gas. Ambas son empresas con capital público mayoritario, pero bajo control de entes regionales, lo que exigiría que esas operaciones quedaran restringidas para ventas futuras por las razones estratégicas ya mencionadas.

    A estas alturas, a nadie parece preocuparle la suerte que correrán los demás accionistas de ISA. ¿De dónde sacó Ecopetrol el valor de 14 billones que ha puesto sobre la mesa? ¿Participó ISA en el proceso? ¿Qué pasará con los derechos de los accionistas minoritarios, en especial los fondos de pensiones y por su conducto millones de ahorradores? ¿Cuál será la suerte del gobierno corporativo de la empresa, uno de los más reconocidos del país? ¿Qué garantías se darán de que al incorporarse al grupo Ecopetrol no se perderán la autonomía e independencia que han caracterizado a esta empresa, y cómo evitar que en el futuro se vea afectada por decisiones políticas? No son pocos ni menores los interrogantes.

    ¿Por qué no permitir que los accionistas que no se sientan cómodos puedan vender sus acciones en las mismas condiciones, como es usual en estos procesos? ¿No debería lanzarse una OPA con este propósito?

    A mí no me gusta que por unas entendibles afugias fiscales se pueda sacrificar una empresa que es la verdadera joya, que se vayan a afectar intereses de otros accionistas y que se pueda causar daño a la necesaria confianza que debe reinar en el mercado de valores.

    Esta operación se podría hacer respetando los derechos de todos, de los accionistas y de los colombianos, y asegurando la integridad de la empresa y del sistema de transmisión de energía eléctrica nacional. Pero, como siempre, todo lo complica la improvisación. La necesidad de estos recursos se conocía desde hace muchos meses y nada se hizo. Aún se puede adelantar un proceso competitivo, incluso un esquema donde nadie tuviera más que un mínimo porcentaje, como en el caso español, que garantizara la obtención del mayor valor por este patrimonio y que fuera respetuoso con los inversionistas. Pero no. Todo a las carreras. Una genialidad que puede salir muy costosa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1613185647252{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    7 de Febrero 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/a-las-carreras-columna-de-german-vargas-lleras-565192[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]