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[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1605628208982{margin-bottom: 0px !important;}»]

Responsabilidad sobre inseguridad en Bogotá se ha convertido en un juego entre Alcaldía y Gobierno. Les comparto mi columna “En manos del hampa” https://t.co/5nAdjA3tqa

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) November 15, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1605627305747{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Responsabilidad sobre inseguridad en Bogotá se ha convertido en un juego entre Alcaldía y Gobierno.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1605627323155{margin-bottom: 0px !important;}»]Atraco a una señora y disparos en las puertas del Liceo Francés, en la misma cuadra de varias embajadas, más atracos y lesiones a jóvenes y mujeres con machetes y cuchillos transmitidos en directo desde esa tierra de nadie que se llama TransMilenio. Ladrón mata a empresario frente a sus hijos. Las cifras son muy alarmantes. En Bogotá se registran 214 atracos diarios. Deben de ser muchísimos más, pues la gente ya se cansó de perder su tiempo en denuncias que a nada conducen porque, aparte de exponerse a represalias, difícilmente se captura a los delincuentes. Cuando esto ocurre, a las pocas horas son puestos en libertad. Y si la Fiscalía consigue acusar, los jueces rara vez condenan y para nada tienen en cuenta los antecedentes a la hora de tasar la pena o conceder excarcelaciones.

Los hurtos de vehículos, bicicletas y celulares están disparados. También es muy preocupante el incremento del número de homicidios. Con razón la percepción de inseguridad llegó al 88 % de los ciudadanos. Cuatro de cada diez bogotanos manifiestan haber sufrido un ataque, según las últimas cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Muchos nos preguntamos qué se está haciendo. De la reforma de la Policía, sobre la que hubo recientemente muchos anuncios, nada. ¿Qué pasó con el incremento del pie de fuerza anunciado? Al parecer, nada. Y con las nuevas estrategias para enfrentar la criminalidad. Nada. Y tampoco del anunciado Plan Nacional de Vigilancia reestructurado se ha visto nada. Y ningún avance en las labores de inteligencia para desarticular estas bandas que más parecen sofisticadas organizaciones criminales.
Como la responsabilidad sobre la seguridad de la ciudad se ha convertido en un juego de ping-pong entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional según convenga políticamente, ya no se sabe a quién exigir acciones y resultados. Pero sobre lo que sí no tengo duda es sobre la poca relevancia que el tema seguridad suscita en la Administración Distrital. ¿Cómo es posible que tan solo el 2 % del multimillonario presupuesto de la ciudad se dedique a la seguridad? Pues, ahí están los resultados.

Por los lados del Ministerio de Justicia, ni una palabra. ¿Qué pasó con los anuncios de judicialización en 24 horas? ¿Y con la reforma del régimen penitenciario? Nada se ha visto respecto a la nueva y necesaria legislación sobre menores infractores, nada sobre nuevas políticas para combatir el microtráfico o el porte ilegal de armas, en especial las blancas. Pero, lo más grave, seguimos sin enfrentar el problema de la reincidencia. De los eventos imputados por la Fiscalía en materia de hurto, el 52 % de sus presuntos responsables registraban antecedentes. De las 240.000 personas arrestadas en el último año, 90.000 ya habían sido apresadas entre 2 y 9 veces, y más de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces. En delitos por lesiones personales, el 37 % tenían antecedentes y en los de homicidio, el 40 %. A estas alarmantes cifras de impunidad y de burla al sistema judicial contribuye, ciertamente, la posición de la Corte Constitucional según la cual solo se puede hablar de reincidencia cuando exista una condena previa, y para nada valen los antecedentes, ni siquiera los arrestos en flagrancia.

Qué desolador panorama. La gente, impotente y atemorizada, no cree ya ni en las denuncias, ni en la capacidad de protección de la Policía y de los organismos de seguridad ni en el poder sancionador del Estado.

El problema claramente está en la administración de justicia. Los jueces profieren muy pocas condenas en relación con el número de delitos, y a los pocos que terminan en las cárceles se les permite salir por vencimiento de términos o, no se sabe qué es peor, seguir delinquiendo desde los centros de reclusión. La no sanción estimula, alienta estas conductas. Demasiado garantismo, demasiada tolerancia frente al crimen y ninguna compasión frente a los ciudadanos que reclaman, con razón, el cumplimiento de la principal responsabilidad del Estado moderno, cual es garantizar la seguridad y la administración de justicia. Y mientras todo esto ocurre, el Congreso sigue preocupado por las reformas políticas y por la forma de reelegirse el año que viene.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1606783029322{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
15 de noviembre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/en-manos-del-hampa-columna-de-german-vargas-lleras-549101[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1605141132833{margin-bottom: 0px !important;}»]

El Proceso de paz permite que se den a conocer las necesarias y muy tristes verdades de nuestro país. Les comparto mi columna “Las Farc” https://t.co/XCBov6hLTj

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) November 8, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1605141145278{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Proceso de paz permite que se den a conocer las necesarias y muy tristes verdades de nuestro país.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1605141247086{margin-bottom: 0px !important;}»]Sorpresivamente, las Farc reconocieron esta semana la autoría de los dos atentados de los que fui víctima, en 2003 y 2005. El primero, mediante un libro bomba, cuya explosión me mutiló la mano izquierda y al que milagrosamente sobreviví por algo que aún nadie se explica y es que solo explotó parte de la carga del muy letal explosivo C4. Del segundo también me libré milagrosamente, pues la onda expansiva pasó justo entre los dos vehículos de la caravana en que me movilizaba saliendo de las instalaciones de Caracol Radio. Varias personas de mi esquema de seguridad quedaron lesionadas, algunas de manera permanente; y todos los vehículos, inservibles.

Desde mi llegada al Senado, en 1994, me involucré en los temas de la seguridad nacional y del combate a todas las expresiones de violencia en el país. En particular denuncié sin tregua las atrocidades cometidas por las Farc y las burlas y los abusos cometidos por esta organización en el fallido proceso del Caguán. Promoví y lideré decenas de iniciativas, como el restablecimiento del fuero militar, el estatuto del soldado profesional, el estatuto de las Fuerzas Militares y el de Seguridad Nacional, la exclusión como delito político del narcotráfico y el secuestro, además de la prohibición de autorizar zonas de despeje dentro del territorio nacional, entre muchas otras. Digamos que me gradúe como, si no el principal parlamentario, un contradictor de esa organización guerrillera. Como senador y como ministro del Interior y de Justicia me involucré como el que más en el combate a las Farc, asumiendo todos los riesgos que esto conllevaba y que siempre tuve muy claros. Reconozco y agradezco que nunca he carecido de protección a cargo del Estado, sin la cual con seguridad estos atentados y quién sabe cuántos otros hubieran alcanzado su objetivo.

Es de suma relevancia y muy esclarecedor el reconocimiento que casi 20 años después hacen las Farc de estos hechos y de su responsabilidad en ellos. Yo espero que en mi caso y en los demás se puedan conocer todos los detalles en profundidad. Cómo se decidió, planeó y ejecutó cada atentado. ¿Tuvieron participación personas ajenas a las Farc? Después de esta confesión, las Farc tienen la obligación de sustentar con pruebas fehacientes lo que hoy reconocen. Esto no se puede quedar en las meras afirmaciones hasta ahora conocidas, so pena, incluso, de que los autores puedan perder los beneficios contemplados en la ley.

Por estos hechos nunca me he victimizado. No lo hice en su momento y no lo voy a empezar a hacer ahora, pese al enorme sufrimiento tanto físico como emocional que me causaron a mí y a mi familia estos atentados que, debo decirlo, cambiaron mi vida. El país sabe que nunca pretendí derivar provecho político de ellos, nunca he reclamado ni reclamaré ninguna reparación material de las Farc ni del Estado. Me basta con la verdad y la no repetición a que se han comprometido sus autores. No guardo viejos rencores, ni odios ni ánimos vengativos hacia nadie. Pienso que, al igual que yo, nuestro país todo quiere pasar la trágica página de la violencia. Y no lo vamos a conseguir sino perdonando y, de la mano de ese perdón, dándonos nuevas oportunidades de futuro.

El proceso de paz y la justicia transicional están permitiendo que se empiecen a conocer las necesarias y muy tristes verdades de nuestro país. Sin ellas, cómo pretender seguir avanzando hacia nuestra reconciliación. En franca contravía con esta aspiración nacional van los referéndums propuestos para eliminar la JEP o reformar las cortes de justicia o revocar el mandato del presidente Duque. Ellos no hacen más que seguir polarizando y agudizando tensiones en un momento crítico para el país en materia de desempleo, pobreza y salud pública. ¿Cómo puede el país en tan difíciles circunstancias enfrascarse en esta discusiones estériles, sin ninguna posibilidad real de tramitarse, y movidas solo por razones político-electoreras? ¿A qué infierno pretenden llevarnos?

A diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece. Ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto. Me basta con conocer toda la verdad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1605141206637{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
08 de noviembre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/las-farc-columna-de-german-vargas-lleras-547701[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1604336103427{margin-bottom: 0px !important;}»]

En tres años de gobierno ninguna obra importante ha sido contratada.
Solo anuncios. Les comparto mi columna “Plan Marshall”https://t.co/5dJ7rYxrc7

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) November 1, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1604335838933{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

En tres años de gobierno ninguna obra importante ha sido contratada. Solo anuncios.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1604335862454{margin-bottom: 0px !important;}»]

El pilar del llamado plan Marshall, con el cual se pretende asegurar la reactivación de la economía y el empleo, es nuevamente el sector de la infraestructura. Así ha quedado consignado en el presupuesto aprobado para el próximo año, en el cual se contemplan inversiones por más de 50 billones de pesos, la mayoría destinados a financiar 34 grandes proyectos dentro del programa rebautizado como 5G.

Suena bien. Pero aquí no se trata de seguir con anuncios y poniendo vistosas placas en obras que este gobierno ni concibió, ni financió ni lícito y que, por supuesto, no construyó. Si lo hubiera hecho, sabría que esto de construir infraestructura es una labor muy compleja y que la sola asignación de recursos no garantiza nada. Por mi experiencia, puedo asegurar que ninguno de los proyectos anunciados pomposamente en las últimas semanas verá la luz en este gobierno.

Si en vez de postergar para una segunda ola de proyectos, el llamado 5G, se hubieran concentrado en sacar adelante los que el gobierno anterior dejó totalmente estructurados técnica, jurídica y financieramente, otro sería el cantar, pues solo les faltaría su aprobación en el Ministerio de Hacienda y en Planeación Nacional. Esos proyectos que sí podrían comenzar ya son las vías Zipaquirá-Barbosa, Pasto-Popayán, Barbosa-Bucaramanga, Chinchiná-Manizales-Mariquita, Sogamoso-Aguazul-Maní, Cúcuta-Ocaña y Duitama-Pamplona.

Pero no. Esos proyectos parecen estigmatizados por no haber sido promovidos por el actual gobierno. Entonces ahora se han inventado una nueva ola de proyectos 5G como la nueva malla vial del Valle del Cauca, la troncal del Magdalena en sus dos tramos Puerto Salgar-Barranca-San Roque, la autopista Norte en su tramo de Bogotá, la vía Buga-Loboguerrero-Buenaventura, la ampliación del aeropuerto de Cartagena, el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, el canal del Dique y la vía férrea La Dorada-Chiriguaná. Claro que todos son muy importantes, pero la mayoría de estos aún no terminan su estructuración, y tomará mucho tiempo ponerlos en marcha. ¿Cómo explicar, además, que se hayan dejado por fuera dos corredores claves como lo son los 18 km faltantes de la Ruta del Sol 1 en el tramo Villeta-Guaduas y el trayecto Calarcá-La Paila? Qué falta de criterio. ¿Para qué seguir pregonando el inicio del plan ferrocarrilero cuando bien sabe el Gobierno que no se contratará un solo tramo en los próximos dos años?

Estos procesos, lo sé muy bien, son largos y requieren precisas y oportunas aprobaciones, además de una cabeza visible que se ponga al frente. Comienzan con su estructuración técnica, legal y financiera. Luego, aprobación de la ANI, Hacienda y Planeación. Luego, paso por el Confis y el Conpes para vigencias futuras. Y ahí sí, elaboración de prepliegos, audiencias públicas, pliegos, apertura de la licitación, cierre, calificación, adjudicación y firma de los contratos. Si todo sale bien, se avanza con el cierre financiero, que puede tomar un año y, finalmente, la etapa de preconstrucción, que dura otro año antes de poner el primer ladrillo. Todo esto sin mencionar los licenciamientos ambientales y las consultas previas, cada vez más complejas.

Para ser más claro, estamos en el año 3 de este gobierno y ninguna obra importante ha sido contratada en este periodo. Solo anuncios. A este ritmo, el plan Marshall no pasará de ser una ilusión más. Si es verdad que la gran apuesta para la reactivación es el sector de infraestructura, debería pensarse en implementar un plan de choque que priorice los proyectos que están listos y sea capaz de acelerar todos los trámites pendientes y asegurar que en el primer semestre del próximo año se licitarán y contratarán todas las obras anunciadas. Aun así, me temo que serán pocas las que consigan iniciarse antes del final del Gobierno, con lo cual será muy difícil alcanzar el objetivo del plan, cual es apuntalar la urgente reactivación.

P. D. El Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura que se reunirá a partir del 22 de noviembre tendría que ser el mejor escenario para debatir con seriedad y realismo este programa.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1604335898795{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
01 de noviembre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/plan-marshall-columna-de-german-vargas-lleras-546473[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo

[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1603651438305{margin-bottom: 0px !important;}»]

No se puede ser árbitro en unos casos, abogado a favor y en contra de la nación en otros. Les comparto mi columna “Lupa a los arbitrajes” https://t.co/ZRCM1eiXQx

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 25, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1603651546940{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

No se puede ser árbitro en unos casos, abogado a favor y en contra de la nación en otros.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1603651400193{margin-bottom: 0px !important;}»]El miércoles pasado la firma Sacyr desistió del tribunal de arbitramento en el caso del puente Pumarejo. Por supuesto, no creo que sea una decisión definitiva, y muy pronto insistirán en sus pretensiones para que el Estado les pague $ 200.000 millones adicionales a los ya recibidos $ 615.000 millones del contrato original y $143.000 millones que les reconocieron posteriormente. Como no se pactó cláusula arbitral en el contrato inicial, lo lógico sería que esta reclamación se tramitara ante la justicia contenciosa. Ojalá las partes así lo convinieran para tranquilidad de todos y transparencia en la resolución de esta.

Y ojalá ocurriera lo mismo con el tribunal que se alista a resolver las reclamaciones por $ 44.000 millones relativas al puente Hisgaura, de las que me ocupé la semana pasada.

Muy oportuno resulta recordar que el primer tribunal designado para dirimir las controversias sobre el puente Pumarejo estuvo integrado por la doctora Consuelo Sarria y el doctor Alfonso Gómez Méndez, quienes, en gesto que los enaltece, renunciaron a él luego de conocer la designación del tercer árbitro, quien no formaba parte de la lista preseleccionada originalmente. Se procedió entonces a designar un nuevo tribunal, en este caso conformado mediante el mecanismo de sorteo, por los árbitros William Barrera y Marcela Romero. Inexplicablemente, el tercer árbitro no fue sorteado y, vaya coincidencia, terminó siendo nombrado el ya conocido doctor Eduardo Fonseca, árbitro en el tribunal del puente Hisgaura. Qué curiosidad que en los dos tribunales en donde el demandante es Sacyr, uno de los árbitros sea el mismo doctor Fonseca, sobre quien, ya señalé, ha debido hacer público su protuberante conflicto de intereses en estos casos por ser socio y amigo íntimo del director jurídico de Sacyr, el doctor Francisco Martínez.

Todo indica que la relación entre Fonseca y Martínez, como lo reveló Julio Sánchez en La W, es aún más estrecha y que el primero sería, además, el padrino de bautismo del hijo del segundo y que habrían tenido oficina juntos –Consultoría Contractual–, así como viejas relaciones en el sonado caso Comsa, donde Sacyr también era accionista. Estas relaciones deberán ser aclaradas, ojalá prontamente, en la respuesta que el doctor Fonseca deberá dar a la carta que en tal sentido le remitió la Agencia Jurídica de la Nación, cuyo representante para el caso, aunque tardíamente, ha exigido una explicación satisfactoria.

A todo esto se llegó por la todavía no explicada decisión del Invías de habilitar una cláusula arbitral que no existía en los contratos. Esta decisión se tomó en contravía del concepto de la dirección jurídica de la propia entidad y también de la interventoría. No me cansaré de preguntar –esta es la tercera vez–: ¿por qué se tomó esta decisión? ¿A quién favorecía esta? ¿Por qué acelerar el trámite de las reclamaciones? ¿Por qué evitar la jurisdicción contenciosa? La Procuraduría, la Contraloría y la Agencia de Defensa del Estado deberían exigir una explicación. Y a todas estas, ¿qué tareas cumple en la actualidad el doctor Carlos Rosado, antiguo director de Invías, para la firma Sacyr?

Habiendo sido autor, como ministro de Justicia, de la reforma de las normas de arbitraje, trabajo póstumo coordinado por el doctor Fernando Hinestrosa, ahora veo que nos quedamos cortos en establecer restricciones para que alguien simultáneamente pueda ser árbitro en unos casos, abogado a favor y en contra de la nación en otros. No podemos permitir que se cartelice este valiosísimo mecanismo de resolución de controversias.

Celebro, ya lo dije, con reservas, esta decisión en el caso del puente Pumarejo que ojalá se replique para el caso del puente Hisgaura, sin importar el estado de avance de los trabajos de este tribunal que, entiendo, se encuentra ya en etapa de alegatos de conclusión.

P. D. El Congreso peruano rechazó esta semana la aprobación del polémico Tratado de Escazú. Igual suerte corrió en Chile, y probablemente también será negado en el Brasil. Me resisto a creer que en esto vamos a terminar acompañando a Bolivia, a San Vicente y las Granadinas y a Nicaragua, entre otros países signatarios.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1603651352707{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
25 de octubre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/lupa-a-los-arbitrajes-columna-de-german-vargas-lleras-545141[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo

[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1603651112200{margin-bottom: 0px !important;}»]

Icónico puente Hisgaura evidencia la nefasta y corrupta práctica de adicionar los contratos. Les comparto mi columna “Sacyr, pleitos más que obras” https://t.co/XiyJTh0KvU

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 18, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1603651034348{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Icónico puente Hisgaura evidencia la nefasta y corrupta práctica de adicionar los contratos.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1603651068260{margin-bottom: 0px !important;}»]

Mucho se habla en estos días del famoso puente Hisgaura. Quiero recordar que en 2013, el muy corrupto Fondo de Adaptación abrió licitación para la construcción de tres puentes vehiculares en la ruta Curos-Málaga, en el departamento de Santander. El ganador fue la firma Sacyr, la cual se comprometió a construir los tres puentes por un valor de 80.000 millones de pesos.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1603651210493{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
18 de octubre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sacyr-pleitos-mas-que-obras-columna-de-german-vargas-lleras-543856[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo

[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1603650842212{margin-bottom: 0px !important;}»]

Es hora de que la ministra del Interior se pronuncie y tome una posición sobre el proyecto que consagra el derecho a morir dignamente. Les comparto mi columna “Vivir dignamente” https://t.co/ZvK9lbm8g4

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 11, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1603650708607{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Es hora de que la ministra del Interior se pronuncie sobre el proyecto y tome una posición.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1603650765093{margin-bottom: 0px !important;}»]La semana pasada fue aprobado, en Comisión Primera de la Cámara, el proyecto que consagra el derecho a morir dignamente. Ojalá este corra mejor suerte que los 16 anteriores, incluido el primero, que yo presenté en 1998 y sucumbió, como todos los demás, ante el arrollador cabildeo de la Iglesia, que llevó el debate al plano de vida sagrada contra muerte, desconociendo principios contenidos en fallos de la Corte Constitucional sobre autonomía moral, derechos y libertades del individuo.

La iniciativa que impulsé definía y reglamentaba con precisión el concepto de enfermedad incurable, terminal e irreversible, el cual debería ser refrendado por una junta médica. Se exigía, además, un certificado de rechazo a continuar recibiendo tratamiento médico o quirúrgico por parte del paciente, quien debía ser mayor de edad. El requisito, creo que el más importante, era la constancia del médico sobre el padecimiento de dolor, sufrimiento y angustia del paciente y su inevitable muerte, por lo que también se debía certificar sobre la no existencia de ningún medicamento o tratamiento curativo.

A estos exigentes requisitos se sumaba un examen psiquiátrico para descartar una posible depresión transitoria y que el consentimiento se estuviera otorgando en forma libre, voluntaria y en pleno ejercicio de todas las facultades. Lo anterior para evitar cualquier decisión apresurada, por lo que también se consagraba el retracto en cualquier momento del proceso y se tipificaba como delito cualquier engaño, amenaza o influencia indebida sobre la persona. Y, por supuesto, se reglamentaba la posibilidad de que los familiares pudieran dar el consentimiento si el paciente no estaba en condiciones de hacerlo.

Cumplidos todos estos requisitos la ley garantizaba que ningún médico sería objeto de acción civil, penal o profesional por acto de buena fe, sin negligencia y con el cumplimiento de todas las disposiciones legales. Presenté el proyecto para desarrollar el contenido de la sentencia C-239 de 1997 con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, con quien pocas veces coincidí, habiendo compartido con él varios años en la Comisión Primera del Senado, y que había abierto el camino para la llamada eutanasia pasiva. Precisamente, la Corte había señalado que en el caso de los enfermos terminales en que concurriera la voluntad libre del paciente no podría derivarse responsabilidad para el médico, pues la conducta estaba justificada.

Es importante aclarar que el derecho a morir dignamente es distinto a la asistencia al suicidio, en la cual el paciente se da muerte a sí mismo y la intervención del tercero se limita a proporcionarle los medios. Es también distinta a la eutanasia activa, en la que el tercero es el causante de la muerte. Estas figuras son muy diferentes a la que se pretende reglamentar, la eutanasia pasiva, que es la abstención o interrupción de tratamientos artificiales o extremos cuando no hay esperanza de recuperación. El tema aquí, entonces, no es de elección entre vida y muerte, pues se trata de pacientes terminales, sin cura y que están sometidos a intensos sufrimientos. El problema es reconocer que cuando uno ya no tiene ninguna esperanza de vida no asistida lo único que no le pueden quitar o cercenar es su derecho a decidir.

En mi vida privada he actuado con esta convicción. En las diferentes intervenciones quirúrgicas a que me he sometido he solicitado, más bien exigido, que bajo ninguna circunstancia se prolongue mi vida de manera artificial si en algún momento se ven afectadas mis facultades cognitivas. Creo que resulta muy fácil pontificar cuando no se ha tenido que enfrentar esta situación de sufrimiento e impotencia. Ya es hora de aprobar este proyecto y evitar que más personas tengan que seguir soportando padecimientos contra su voluntad y por las convicciones religiosas o morales de terceros. Y también ya es hora de que el Gobierno, en cabeza de la ministra del Interior, se pronuncie sobre el proyecto y tome una posición, que espero sea la de acompañar y reglamentar la consagración de este derecho esencial para proteger la dignidad de la vida humana.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1603650801688{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
11 de octubre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/vivir-dignamente-columna-de-german-vargas-lleras-542658[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo

[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1603647297762{margin-bottom: 0px !important;}»]

El presidente @IvanDuque se comprometió a impulsar el Tratado de Escazú cuando no se ha reunido con afectados. Les comparto mi columna “Tratado de Escazú” https://t.co/WvtgMo8t0n

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 4, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1603646997748{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Duque se comprometió a impulsar este peligroso instrumento cuando no se ha reunido con afectados.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1603647041026{margin-bottom: 0px !important;}»]Sorprende que mientras el Gobierno no ha presentado ni se preocupa por impulsar la reglamentación de las consultas previas, el presidente Duque se haya comprometido con la ratificación en el Congreso del llamado Tratado de Escazú. Y no de cualquier manera, sino inexplicablemente con mensaje de urgencia.

Con el aplauso de las ONG ambientales, el Presidente dijo que el tratado era el resultado de una gran conversación nacional con todos los sectores. Conversación que, por cierto, no se ha realizado, al menos con los sectores que se verán seriamente afectados, como el de transporte e infraestructura, el minero-energético, el agroindustrial, el turístico y tantos otros en los que se apoya la reactivación de nuestra economía y que ya tienen, motivo consulta y licenciamientos, más de 9.000 proyectos paralizados en el país.

Como toda iniciativa tramposa, el objetivo de Escazú no podía ser otro que el de luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos a un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Para conseguirlo, se plantean tres compromisos centrales. El acceso a la información, la participación ciudadana en las decisiones y la justicia ambiental.

El tratado es abundante en principios rectores. Entre ellos, el muy polémico de la precaución, con el cual se puede detener cualquier intervención con la mera sospecha de un potencial daño, el también muy controvertido principio precautorio y aquellos de la progresividad, igualdad, buena fe, entre otros, que deberán guiar la interpretación de todo el andamiaje legal siempre en favor de las asociaciones y colectividades.

En materia de acceso a la información desaparece el requisito de la legitimación, con lo cual toda persona, sin demostrar interés, queda facultada para solicitar información en el formato y lengua o dialecto que desee a cualquier entidad pública o empresa privada. No es difícil imaginarse las consecuencias de esta norma que introduce cambios en nuestro derecho de petición vigente.

En cuanto a los procesos de participación de las comunidades, señala que debe ser abierto e inclusivo, respetar los marcos normativos nacionales e internacionales y se autorizan revisiones, reexaminaciones y actualizaciones, lo que introduce niveles de inseguridad jurídica inaceptables para el desarrollador de un proyecto. Y ojo: una gran curiosidad, pues este tratado introduce reformas de las consultas previas, pero en este caso sin haber hecho la respectiva consulta a la consulta, como los propios ambientalistas han exigido. Incorpora en este proceso disposiciones internacionales, con lo cual terminamos renunciando a nuestra soberanía; y, claro, ni una palabra de plazos, costos ni efectos vinculantes.

En el ámbito de la justicia, lo más grave es la inversión en la carga de la prueba y la ‘amplia’ legitimación activa, lo cual faculta a cualquiera a pedir lo que quiera ante una jurisdicción ambiental reformada y que ahora deberá incorporar en sus fallos decisiones internacionales aplicables internamente.

En la elaboración de este tratado, que ya ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guyana, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, en nada intervino el Gobierno. Valdría la pena estudiar en detalle la negativa del Congreso de Chile, que anticipa la de Brasil, en cuanto a la advertencia de que siendo un tratado ambiental también es un tratado de derechos humanos al cual se aplicará, en nuestro caso, el famoso bloque de constitucionalidad.

Con este tratado se hará imposible cualquier proyecto de desarrollo en el país, aumentará la inseguridad jurídica y se multiplicarán los tiempos y la incertidumbre en los procesos de licenciamiento. Por causa del Tratado se abrirá un paraíso de viajes internacionales y jugosos contratos para los activistas profesionales y las ONG que ahora contarán, además, con un arsenal infinito de recursos para oponerse a todo. Ante ese panorama, no se entiende la insistencia. Por fortuna, cada día son más las voces en el Congreso que se preguntan sobre la conveniencia de ratificar este peligroso instrumento. En buena hora, también a este lobo ya se le vieron las orejas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1603647113791{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
04 de octubre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/tratado-de-escazu-columna-de-german-vargas-lleras-541363[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo

[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1601417752388{margin-bottom: 0px !important;}»]

Tenemos que repensar toda la institución de la Policía Nacional en el marco constitucional. Les comparto mi columna “Rápidos y furiosos” https://t.co/qKWMBpfDXS

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) September 27, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1601417773338{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Tenemos que repensar toda la institución de la Policía Nacional en el marco constitucional.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1601417819963{margin-bottom: 0px !important;}»]El domingo pasado, dos horas después de publicado mi artículo en defensa de la Policía Nacional y precisamente criticando los proyectos de reforma que al calor de las protestas ya se anunciaban desde diferentes esquinas, recibí una carta aparentemente firmada por 92 exgenerales de la institución a la que no pertenecen muchos otros de gran reconocimiento y prestigio, como el general Serrano.

Tras leerla, lo primero que se me ocurrió fue que habían equivocado el destinatario. La carta parecía dirigida al exgeneral Óscar Naranjo, con quien, a todas luces, no simpatizan. No sé si por su participación en las negociaciones de La Habana, o por su ‘prematura’ llegada a la comandancia de la Policía o por su designación como vicepresidente de la República o, incluso, por la serie de televisión. Me inclino por pensar que por todas ellas. Pero nada de fondo, en la calenturienta misiva, sobre la institución que demanda este nuevo país. Difícil avanzar así, en medio de los odios y los conflictos personales.

El Gobierno no debería rehuir este debate y presentar un proyecto de ley que responda a los grandes desafíos de la Policía Nacional. Pues, como en el fútbol, el que no hace los goles los ve hacer, y en Colombia el Congreso suele reaccionar rápido a los temas de moda y que preocupan a la opinión pública.

Para animar el debate, me pregunto: ¿cómo perder de vista que la percepción de inseguridad llegó al 88 % negativa y tan solo un 9 % positiva? No será porque todo va muy bien en esta materia, como parecen sugerir mis críticos exgenerales.

Muchas cosas me preocupan de la situación actual: los procesos de incorporación, la falta de requisitos, los criterios de selección. La Policía solo debería recibir en sus filas a los mejores jóvenes, a los que obtengan los mayores puntajes en los procesos de selección, a los que muestren habilidades, capacidades y formación en valores y vocación de servicio. No más incorporaciones masivas y a la carrera. La Policía no puede convertirse en un reformatorio.

Como no se escogen personas con mística y compromiso, se presenta el segundo problema de extrema gravedad, que es la altísima rotación. En virtud de la decisión del Consejo de Estado, 17.000 policías se retiraron el año pasado. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cuál el costo en recursos humanos y económicos de esta rotación? Esto podría corregirse con atractivos planes de carrera y de formación.

También hay que repensar con urgencia toda la escala salarial, de beneficios y bienestar. Un agente gana 1’500.000 pesos. Después de pagar la vivienda, el transporte y la alimentación no le queda ni para mandar algo a su casa. Igual pasa con un teniente o un capitán, con poco más de dos millones, menos los descuentos de ley, inferior a un supervisor de compañía de vigilancia privada. Incorporarse y pensar en hacer una vida en la Policía debe ser una aspiración de nuestros mejores jóvenes, pero estamos lejos de esa posibilidad.

Hay que poner atención también a todas las funciones que se han asignado a la Policía. Tránsito, carreteras, judicial, estupefacientes, puertos, aduanas, contraguerrilla, orden público, fronteras, turismo, servicio diplomático, escoltas e infancia, entre muchas otras. Y en medio de todas estas responsabilidades, ¿dónde queda la seguridad ciudadana?

Tienen razón quienes señalan que las reformas deben enfocarse primariamente en el recurso humano, su formación y desarrollo. Pero eso no basta. Tenemos que repensar toda la institución en el marco constitucional, de sus relacionamientos, por ejemplo, con alcaldes y gobernadores y de su modernización.

Un llamado final: dije que hay que pensar en los jóvenes, que son el futuro de la Policía, pero también hacerlo con los mayores, con los generales, activos y retirados. Se le está haciendo tarde al Gobierno para poner orden entre los tres grupos que se disputan con lujo de deslealtad el control de la Policía. ¿O cómo es posible que el inspector general increpe públicamente al director y no pase nada? Igual ocurre en las Fuerzas Militares. A ese lamentable espectáculo de juego de poderes, el Gobierno tiene que ponerle fin y hacerlo ya.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1601417870696{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
27 de septiembre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/rapidos-y-furiosos-columna-de-german-vargas-lleras-540090[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo

[/mk_fancy_title][vc_column_text css=».vc_custom_1600806663058{margin-bottom: 0px !important;}»]

Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla, fortalecerla y para asegurarnos de que pueda responder a las nuevas y muy complejas realidades nacionales. https://t.co/wFBgoIhtYy

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) September 21, 2020

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1600806399075{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla y fortalecerla.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1600806437869{margin-bottom: 0px !important;}»]Los violentos y lamentables hechos de la semana pasada nos obligan a investigar a fondo lo ocurrido, a sancionar ejemplarmente a los agentes responsables, a capturar y desmantelar los grupos de vándalos detrás de los ataques y, sobre todo, a reflexionar sobre la necesidad de introducir reformas de fondo en nuestra Policía Nacional.

Una primera hipótesis que debería valorarse es aquella según la cual la Policía se quedó anclada en la doctrina del conflicto armado, en la confrontación con la guerrilla y el narcotráfico, y no se ha venido preparando para hacer frente a las nuevas y también delicadas, pero diferentes, responsabilidades en seguridad ciudadana. Tampoco observa uno que se haya preparado para actuar en medio de las protestas sociales, aumentadas por la pandemia y el clima de incertidumbre, insatisfacción y necesidad que ha generado y cuyas restricciones del trabajo y la movilidad, en especial, ha tenido que administrar sin ninguna comprensión ciudadana.

La situación amerita un análisis profundo y mucha cabeza fría para emprender reformas. Algunas voces piden que la Policía se convierta en un cuerpo civil, incluso desarmado, y que se le asigne al Ministerio del Interior. Sobre esta iniciativa tengo muchas reservas. La principal es la previsible desarticulación de la Policía en cuerpos departamentales y municipales, y su posible politización. Basta observar lo que ocurre en México con 2.400 cuerpos de Policía independientes pero politizados, no profesionales y con graves acusaciones de corrupción. Similar situación hay en Brasil, donde cada gobernador maneja su propia policía militar.

Qué tal regresar nosotros a épocas de una policía seleccionada con criterio partidista o con sesgos ideológicos, que tanto contribuyó a la violencia. Hace 60 años, Alberto Lleras Camargo abogaba por una Policía Nacional única, apolítica y profesional. Sostenía Lleras que los partidos extremistas tenían la consigna de llevar a organizaciones como la Policía y las Fuerzas Armadas a la anarquía y el desprestigio, lo que las hacía más vulnerables y de donde no podían salir victoriosas, porque “cuando se pierden la confianza, el respeto y el afecto se mina definitivamente a las instituciones”. Cuánta actualidad tienen estas palabras cuando hemos visto que detrás de estos hechos hay agitadores organizados y quizás miembros de grupos al margen de la ley que pretenden promover cambios políticos a través de métodos violentos.

Con el propósito de reorganizar, pero sobre todo fortalecer, a la Policía se ha planteado crear un nuevo ministerio, el de la Seguridad Ciudadana. Es una idea que debería ser valorada y podría dar respuesta a las nuevas realidades y retos de un país caracterizado por un crecimiento acelerado de sus ciudades y el surgimiento de nuevas problemáticas. Es posible que haya llegado el momento de retirar a los ‘primos’ de las Fuerzas Militares, a donde las adscribió el general Rojas Pinilla.

Bajo esa nueva institucionalidad se podrían reformular los objetivos misionales de la institución y su adaptación a las nuevas exigencias de seguridad pública. Se podrían emprender asimismo las necesarias reformas en materia de incorporación, formación, planes de carrera y ascensos y profesionalización. También convendría crear centros de pensamiento para entender las dinámicas de los comportamientos ciudadanos y el delito, para repensar programas como el de policías bachilleres, o la organización de los CAI, las estaciones, las comisarías de policía, sus jurisdicciones y sus relaciones con alcaldes y gobernadores.

Ese nuevo ministerio se encargaría de reestructurar el plan nacional de vigilancia y sería el interlocutor adecuado para impulsar los temas de reforma de la justicia desde la perspectiva de la seguridad, como son el tratamiento de menores infractores, la reincidencia, el régimen penitenciario y el fortalecimiento de la Policía Judicial, entre muchos otros asuntos.

Es hora de repensar en serio nuestra Policía Nacional, pero para enaltecerla, fortalecerla y para asegurarnos de que pueda responder a las nuevas y muy complejas realidades nacionales.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1600806781039{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
20 de septiembre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/policia-columna-de-german-vargas-lleras-538803[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

Columna de Opinión de
Germán Vargas Lleras
para el periódico
El Tiempo

[/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

No más gratuidad, ni perpetuidad ni amiguismos en la asignación de las frecuencias radiales.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]El Gobierno abrió, después de 11 años, un nuevo proceso de adjudicación de emisoras de radio. Ha comenzado por solicitar manifestaciones de interés, cuya fecha límite es el próximo 17 de septiembre. Pero ya han llegado más de 2.800 interesados para emisoras en más de 520 municipios. Seguro llegarán más, pero, como este no es requisito para participar en la licitación, es muy probable que los verdaderos jugadores, aquellos con mayores opciones, no aparezcan sino una vez abierta la licitación.

A nadie puede sorprender el número de interesados, dada la forma como tradicionalmente se han asignado estos derechos. O, mejor dicho, como se han repartido, prácticamente a dedo, unos beneficios no solo millonarios, sino de por vida, a personas naturales y jurídicas privadas sin ninguna contraprestación a favor del Estado.

Como los términos de la licitación aún no se conocen, resulta oportuno formular algunas advertencias y recomendaciones sobre el proceso, no solo para darle trasparencia, sino para asegurarse de que el Estado salga beneficiado de aquella y que pueda también garantizarse a los ciudadanos una radio de calidad, hecha por profesionales con las mejores calificaciones y probada experiencia.

Me pregunto si en esta convocatoria podrán participar las actuales cadenas radiales. No parece existir norma que lo prohíba. Sin embargo, en aras del equilibrio regional, cultural e informativo, cómo no considerar en el proceso que una cadena ya maneja cerca de 90 emisoras; otra, 67, y una tercera, 34, para solo citar las principales. ¿Se podrán formar nuevas cadenas nacionales o regionales? O, mejor aún, ¿alguien podrá beneficiarse de más de una frecuencia?

Y pensando en los criterios de adjudicación, ¿cuánto pesará la experiencia profesional de los oferentes? ¿El modelo será por méritos o primará el factor económico? ¿Cómo garantizar el pluralismo cuando tradicionalmente estas adjudicaciones han recaído siempre en cabeza de los ‘amigos’ del gobierno de turno? ¿Cómo evitar los testaferratos, las simulaciones, las alianzas camufladas que luego ni siquiera se esfuerzan por mantener ocultas? Me pregunto también si se exigirá a los adjudicatarios la obligación de explotar las frecuencias o podrán seguir arrendándolas.

A diferencia de lo que ocurre en los negocios de televisión y de telefonía celular, el uso del espectro en radio no ha generado nunca ingresos para el Estado, salvo por unos mínimos derechos de renovación que se cobran cada 10 años, a razón de tres salarios mínimos mensuales por emisora, cuando es bien sabido que, por ejemplo, una emisora en Bogotá puede arrendarse por 200 millones mensuales y puede llegar a costar varios miles de millones, cuando se recibió a cero costo.

En esta licitación, lo mínimo sería esperar que el Gobierno se asegurara de recibir una justa compensación por el uso del espectro para la actividad radial, cuya valoración no debería ser compleja y en cualquier caso, al someterse a un proceso tipo subasta, reflejaría al menos precios de mercado. Todo, menos la adjudicación gratuita y a dedo a los amigos del gobierno de turno.

Y también aprovechando esta licitación, valdría la pena hacer un alto en el camino, poner fin a tanto favoritismo y dotar la radio de un marco legal claro que no solo sea rentable para los operadores, sino principalmente para el Estado y la ciudadanía. Propongo que se baraje de nuevo. Que toda emisora cuyo plazo se vaya venciendo se someta a un nuevo proceso de adjudicación competitivo, donde además de criterios profesionales y de experiencia se privilegie el factor económico. Y, por supuesto, adjudicarlas solo a quien directamente las vaya a operar y no a quienes pretendan ‘jubilarse’, ellos y sus descendientes, por sus influencias.

Hago un llamado al Gobierno para que ponga fin a esta práctica abusiva, antipluralista y odiosa. No más gratuidad, ni perpetuidad ni amiguismos en la asignación de las frecuencias radiales. El espectro debe asignarse por periodos fijos a quienes vayan a operarlo, con las mejores propuestas y pagando valores comerciales.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
13 de septiembre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/evitemos-la-pinata-columna-de-german-vargas-lleras-537510[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]