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[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Costó más de 5 veces el presupuesto original y aún le faltan 5 km en Quindío y 8,8 km en Tolima.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta comisión tiene, de entrada, la virtud no solo de estar compuesta por expertos internacionales, entre los cuales destaca el director del centro de Administración tributaria de la Ocde, sino que estará ajena a los tradicionales intereses sectoriales y a los muy poderosos e inconvenientes cabildeos. La comisión deberá entregar en junio del próximo año sus recomendaciones, las cuales servirán de insumo fundamental para la tercera reforma tributaria del actual gobierno.

Ya en 1968, en el gobierno de Carlos Lleras, el entonces ministro de Obras Públicas, Bernardo Garcés, advirtió con mucho sentido que el túnel debía construirse en la base de la cordillera y no a 2.500 metros de altura. Cuán diferente hubiera sido este proyecto de haberse acogido este concepto técnico. Pero no. En la adjudicación del contrato solo contó el criterio económico. La obra se licitó, óigase bien, sin estudios ni diseños fase 3 y sin conocerse los resultados de la excavación del túnel piloto, por lo que ni siquiera se evaluaron los riesgos geológicos ni mucho menos las distintas modalidades contractuales. Solo importaba adjudicarlo rápido y al menor precio.

Y ahí tenemos las consecuencias: de un presupuesto de 629.000 millones de pesos pasamos a uno de 4.04 billones, a precios de hoy; de un plazo de 6,5 años pasamos a más de once años, y todavía falta bastante. Cómo pudo contratarse esta obra en la modalidad de precio global fijo, bajo la cual se entrega a los contratistas la totalidad de los recursos, en vez de haberla hecho por precios unitarios, pagando solo lo ejecutado y entregado y sin anticipos. Este pecado original fue cometido por quien ahora, desde una enorme placa con busto incluido, nos dará la bienvenida a la entrada del túnel, el fallecido exministro Andrés Uriel Gallego.

El gobierno Santos recibió este desastre con un 1 % ejecutado y lo entregó en agosto de 2018 con un avance de más del 80 %, lo que incluía la construcción de viaductos en un 87 %, de los túneles cortos en un 80 % y de los revestimientos en un 67 %. Fueron inimaginables las dificultades que tuvimos que sortear para enderezar este proyecto.

En 2016, y ante el incumplimiento reiterado del contratista, el gobierno anterior tuvo que imponer las primeras multas, a las que se sumaron los embargos de la Dian, las sanciones ambientales de la Anla y de la CRQ, además del fallo condenatorio en una acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo. Posteriormente fue necesario iniciar el proceso de caducidad del contrato, conciliar su terminación y volverlo a adjudicar en un proceso muy complejo, pues, como es natural, nadie quería asumir los riesgos constructivos de este.

En plata blanca, el gobierno Uribe puso en esta obra 190.000 millones; el de Santos, casi 2 billones, y el de Duque, 760.000 millones, lo que incluye las obras pendientes. En total, más de 5 veces el presupuesto original.

Por ello es justo decir que si a alguien se debe esta obra es al gobierno anterior, que tras heredar esta desgracia puso los recursos, dio todas las batallas y la entregó con una ejecución de más del 80 % y contratada en un 95 %. Pero tiene razón el presidente Duque cuando afirma que adueñarse de las obras es la peor mezquindad. Por supuesto que las obras no son de nadie, son públicas, son de todos, de los colombianos, pero bueno sería reconocer los aciertos y los esfuerzos financieros y técnicos para sacarlas adelante. Y también visibilizar los errores, como aquellos del actual director del Invías, antiguo director de grandes obras de la misma entidad y corresponsable de la adjudicación del contrato. El mismo que contrariamente a lo hecho en el puente Pumarejo resolvió, con respecto a las reclamaciones del Estado por más de un billón de pesos en contra de la firma constructora, desmontar el Tribunal de Arbitramento y pasarlo a la justicia contenciosa. Insólita y costosa decisión.

A la obra que se inauguró aún le faltan 5 km en Quindío y 8,8 km en Tolima, todos de doble calzada y que incluyen 10 túneles cortos y 24 puentes. Además, es preciso recordar que esta obra solo dará paso en el sentido Armenia-Ibagué, por lo que nos quedaron debiendo la mitad de la obra. Ante este panorama, creo que no hay mucho que celebrar.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
06 de Septiembre 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/tunel-de-la-linea-poco-que-celebrar-columna-de-german-vargas-lleras-536205[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Conviene formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que son objeto de investigación.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]Advertí que frente al tema de EPM se vendría una andanada mediática, a la cual se sumó mi queridísima amiga María Isabel Rueda. Como el debate se prolongará hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo de los entes de control y de la Fiscalía, y vaya que estamos en mora, me parece necesario y conveniente formular nuevas preguntas que María Isabel pasó por alto y que hoy son objeto de investigación, y cuyas respuestas contribuirían a aclarar la verdadera situación.

¿Por qué la junta directiva aprobó la contratación millonaria de un tercer túnel de desvío, cuyo colapso originó la problemática actual y asumiendo un riego inaceptable de acuerdo con los informes y recomendaciones técnicas? ¿Por qué los dos primeros túneles se construyeron sin compuertas? Es más, ¿por qué el gobierno corporativo permitió que se iniciaran las obras del túnel sin licencia ambiental? ¿Por qué la junta de notables permitió que se le ocultara a la Anla que habían cambiado los planes originales y que el plan B que estaban adelantando suponía nuevos y muy críticos riesgos ambientales y para las comunidades aguas abajo del río, como quedó luego demostrado? ¿Quién, además, tomó la decisión de taponar los dos túneles originales? ¿Qué gobierno corporativo es este en el que nadie sabe ni responde por nada?

¿A cuánto ascienden los perjuicios y el lucro cesante derivados de esas decisiones? Y no solo de Hidroituango, sino de los demás proyectos internacionales ya señalados. Entiendo que todas estas inversiones, aprobadas también por el gobierno corporativo, están siendo cuestionadas por sus enormes pérdidas.

¿Dónde estaba el flamante gobierno corporativo cuando los pasivos de EPM se dispararon de 2,6 billones de pesos a 33,6 billones? ¿Cómo explicar que en esta compañía los pasivos crecen al 10 % anual mientras el patrimonio disminuye en 2 % anual? A este ritmo, ¿qué va a pasar en los próximos años con la llamada joya de la corona?

La anunciada demanda contra los contratistas, a la cual le han llovido rayos y centellas, se había evitado por más de dos años por decisión de la junta renunciada y su gobierno corporativo. ¿Por qué, repito, tenía el alcalde que dejar vencer los términos para presentar la demanda e iniciar una conciliación desde una posición más sólida? Claro, no podemos olvidar que ese gobierno corporativo con el que ahora se llenan la boca banqueros, analistas, contratistas, académicos y dirigentes gremiales había negado hace dos años la existencia de errores constructivos que hoy están más que demostrados.

Las calificadoras de riesgo han mostrado su preocupación y ‘castigado’ la calificación de EPM. Señalan que es extrema y la peor en la historia de la compañía. Pero no nos engañemos. Eso no fue por la salida de ningún miembro de la junta, sino por la incertidumbre en torno a la fecha de entrada en operación de esta megaobra y sus sobrecostos, que prácticamente duplican el presupuesto original, y como lo señalé, al enorme endeudamiento de la empresa a causa, entre otras, de los pésimos negocios internacionales en que se involucró.

No voy a controvertir con mi amiga en cuanto a las íntimas e intensas relaciones contractuales y de negocio entre el GEA y EPM. ¿Cómo tapar el sol con las manos? Y no es que ‘per se’ estas relacionadas sean perjudiciales o condenables. El problema son los conflictos de intereses no revelados; es la falta de transparencia y hacernos creer que esa ‘colaboración’ público-privada, nacida en los momentos más aciagos de la lucha contra el narcotráfico en Medellín, todo lo justifica.

Y, para terminar, la pregunta del millón que tampoco a María Isabel, una de las mejores en su oficio, le ha suscitado interés. ¿Quién es la firma de construcción Camargo Correa y cuáles sus vínculos con Conconcreto y Coninsa Ramón H., sus socios en varios proyectos, incluido Hidroituango? ¿Cuál es su participación en el famoso Lava Jato, el más grande y sonado proceso de corrupción en Brasil?

Me reafirmo en que la casa hay que ponerla en orden… y sin bravuconadas regionalistas.

P. S.: Hace bien el Congreso, en respuesta al Tribunal de Cundinamarca, en no torpedear la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
30 de agosto 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/lo-que-no-se-pregunta-maria-isabel-columna-de-german-vargas-lleras-534897[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Esta comisión además de estar compuesta por expertos es ajena a los intereses sectoriales.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana se instaló formalmente la comisión de expertos internacionales en tributación, ordenada por la ley de crecimiento económico. Se trata de una muy positiva iniciativa, pues, como fue advertido por el director de la Dian, de cada 100 pesos que el país podría recaudar por impuestos, solo ingresan 40 por concepto de las exenciones y los beneficios tributarios existentes.

Esta comisión tiene, de entrada, la virtud no solo de estar compuesta por expertos internacionales, entre los cuales destaca el director del centro de Administración tributaria de la Ocde, sino que estará ajena a los tradicionales intereses sectoriales y a los muy poderosos e inconvenientes cabildeos. La comisión deberá entregar en junio del próximo año sus recomendaciones, las cuales servirán de insumo fundamental para la tercera reforma tributaria del actual gobierno.

No vacilo en afirmar que la Comisión de Sabios, como se ha bautizado, terminará dándonos la razón y validando con su prestigio lo que hemos sostenido desde hace años: que hay que disminuir las exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales, que hoy suman más de 74 billones de pesos para el caso del IVA, asunto que el Congreso se ha resistido a discutir; que urge fortalecer la Dian para combatir la elusión, la evasión y el contra-bando que hoy, en conjunto, nos cuestan más de 80 billones; que tenemos que establecer tarifas competitivas si no queremos ahuyentar la inversión y desincentivar la creación de empresas y empleos productivos, y que tenemos que eliminar los impuestos antitécnicos y simplificar en lo posible el estatuto tributario.

Es bueno, diría yo, necesario, que este grupo de gurús nos permita legitimar las anteriores premisas, así como el trámite de la nueva reforma. Pero es realista reconocer que esta se tramitará al final del gobierno y en plena campaña electoral, lo cual dificultará su aprobación y la hará más vulnerable a los intereses sectoriales ya mencionados y que en mala hora quedaron representados en la comisión a través de los ministros de Agricultura, Comercio e Industria y Trabajo.

Estoy seguro de que esta comisión desaconsejará todas las iniciativas tendientes a incrementar tarifas y crear nuevos impuestos en momentos en que todos los países, comenzando por el nuestro, necesitan generar estímulos y señales de política que permitan reactivar la economía y salir al rescate de los miles de empresas afectadas por la pandemia. Ojalá que estos sabios internacionales sean capaces de convencer a los sabios criollos de que este no es momento para estrangular ni a las empresas ni a las personas naturales.

Es, sí, el momento de seguir el ejemplo de Europa, que destinó 750.000 millones de euros a la reconstrucción económica del continente; o de EE. UU., que, entre muchas medidas, ha destinado más de 2,2 billones de dólares en soporte y préstamos a empresas y ciudadanos; o del Reino Unido, en donde no solo se han invertido miles de millones de libras esterlinas en la recuperación, sino que se ha rebajado el IVA de un 20 a un 5 % temporalmente. Así mismo, Francia destinó 300.000 millones para el programa de salvamento de sus empresas. A nadie, salvo a los políticos colombianos, se le ha ocurrido que la receta para salir de la crisis sea gravar más al sector productivo.

En total contravía con lo expuesto por el director de la Dian, se une al proyecto de impuestos solidarios el proyecto de algunos liberales que propone eliminar el IVA y sustituirlo por un impuesto al consumo del 8 %. Con esta audaz medida se podría reducir el recaudo en 30 billones. Un impuesto en cascada como el propuesto encarecería el precio de todos los productos con más de dos etapas de producción y nos impediría competir aún más en los mercados locales e internacionales. Un impuesto así estructurado no existe en ningún país. Una genialidad local sonora pero regresiva y muy inconveniente. Sorprende que el Partido Liberal la esté avalando. Solo comparable con la también genial y populista del partido Verde de reducir la jornada laboral a 6 horas, 36 semanales.

Bienvenidos, entonces, la Comisión de Expertos y el anuncio reiterado del Gobierno de que no habrá reforma tributaria este año.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
23 de agosto 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sabios-vs-populistas-columna-de-german-vargas-lleras-532238[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

¿Cómo pedirle a Daniel Quintero que, ante pérdida estimada de 9,9 billones de pesos, no haga nada?

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]Muy profundas e intrincadas han sido por siempre las relaciones e intereses entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y EPM. El propio gerente Álvaro Rendón, en declaraciones a La República, ha revelado que no tiene certeza sobre esas relaciones, que en Antioquia todos se conocen y que es difícil distinguir si las relaciones son de negocios o de amistad. ¿Qué tal?

Lo cierto es que el doctor Juan Felipe Gaviria, exgerente de EPM, lo fue igualmente de Conconcreto; el también exgerente de EPM Federico Restrepo lo fue, asimismo, de la firma Integral, y el doctor Juan Esteban Calle lo es actualmente de Argos (GEA). Todas, compañías íntimamente relacionadas con el grupo EPM y sus contratistas principales no solo en Hidroituango, sino en la mayoría de sus proyectos. A ellas habrá que sumar las relaciones privilegiadas, por decir lo menos, que existen entre EPM y otras empresas del GEA como el Banco de Colombia y Sura, por citar solo las dos más relevantes.

¿Cómo esperar que una junta directiva con unos vínculos, “de amistad o de negocio”, tan fuertes pudiera tomar la decisión de demandar a Conconcreto, a Coninsa o a Integral y al buque insignia, Sura? Imposible. Por eso, el alcalde tomó la decisión correcta de ir adelante sin consultar tanto, pues sabía que tratarían de impedírselo y no quiso poner en riesgo una decisión que ya había tomado en defensa del patrimonio de EPM.

También sabía que en los casos de Porce III, donde hubo unos sobrecostos descomunales, al pasar de un presupuesto de 550 millones de dólares a uno de 1.300 millones de dólares y en el que los contratistas fueron los mismos Conconcreto, Coninsa y Camargo Correa, se había tomado la decisión de no demandar dizque por tratarse de “aliados estratégicos”. Lo mismo había ocurrido en el caso de la hidroeléctrica Bonyic en Panamá, donde con los mismos contratistas Conconcreto e Integral se pasó de un proyecto con un presupuesto inicial de 50 millones a 314 millones de dólares y se tomaron 11 años para ejecutar una central de tan solo 32 MW. Allí tampoco se demandó, argumentando que eran “aliadas estratégicas” y que no convenía. Con esos aliados…

El alcalde Quintero y el gerente se estarían preguntado si en el caso de Hidroituango pasaría lo mismo y en buena hora decidieron actuar. Lo hicieron en defensa del patrimonio público, con la premura que imponía el vencimiento de los plazos para presentar las demandas y, como dijo su gerente, “para poner las cosas en su lugar” y establecer las responsabilidades de diseñadores, contratistas, interventores y aseguradores y, por supuesto, de quienes en su momento tomaron equivocadas decisiones.

Por lo pronto, no solo en Medellín sino en el país, y de la mano del llamado notablato antioqueño, se está produciendo un verdadero tsunami. Comunicados de los principales gremios de la producción, como la Andi o Asofondos y la Cámara de Comercio, en los cuales el GEA tiene intereses bien conocidos, han salido a reclamar por supuestas fallas en el gobierno corporativo de la empresa, tras el cual se puso por décadas el patrimonio de una ciudad como Medellín, bajo la tutela de empresarios e intereses privados, nociva práctica en cuanto al manejo de los conflictos de intereses en las sociedades.

Y que no se diga que se está politizando el tema, porque si alguien lo está haciendo son los propios miembros renunciados y sus patrocinadores, que han activado este plan de movilización contra el alcalde y el gerente con su ya reconocida andanada mediática, sumada ahora a una propuesta de revocatoria.

¿Cómo pedirle al alcalde que, ante la inminencia de la pérdida de un estimado de 9,9 billones de pesos, no haga nada? Más aún cuando la propia Contraloría ya advirtió desde noviembre pasado sobre un posible detrimento por más de 4 billones de pesos y un posible ilícito de más de 150.000 millones por apropiación de unos recursos en obras que nunca ejecutaron.

Aquí no hay crisis, dijo el gerente, pero lo que sí hay, a mi modo de ver, es un sano corte de cuentas. Una parada obligada para poner orden en la casa de EPM, que es de los antioqueños, y de los colombianos, y no de un conglomerado empresarial privado.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
16 de agosto 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/orden-en-la-casa-columna-de-german-vargas-lleras-529788[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El partido del gobierno está desafiando a la Corte Suprema de Justicia al cuestionar sus decisiones.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]De todos los pronunciamientos de esta semana, me pareció que la única declaración sensata fue, paradójicamente, la del propio expresidente Uribe, minutos después de conocida la decisión de la Corte. A partir de allí no he escuchado más que insensateces y pronunciamientos calenturientos, en especial de quienes fungen como sus amigos y copartidarios, los cuales desde la víspera, anticipándose a la decisión, intentaron presionar indebidamente a la Corte.

Esa equivocada estrategia que desconoce la idiosincrasia de los jueces y magistrados, tan celosos de la autonomía e independencia de la rama, pudo conducir a la unanimidad en la decisión, cuando parecía estar dividida. De esta torpeza no se escaparon ni el propio presidente Duque, ni los ministros, ni los alcaldes, ni los gremios ni los patrocinadores de los avisos de prensa. ¿Quién será el genio?

Ni qué decir de la propuesta, al calor del fallo, de convocar una asamblea constituyente para reformar la justicia, pero especialmente para impulsar la Corte única. Bien saben sus autores que a estas alturas del Gobierno ya no alcanza el tiempo para tramitar en el Congreso el proyecto, enviarlo a control de constitucionalidad y convocar la elección de sus integrantes. Y todo esto como respuesta a una providencia judicial. Me temo que en el fondo no haya más que la aspiración de consolidar liderazgos con miras a ir adelantando nocivamente el debate electoral del 2022, cuando falta la mitad del periodo de gobierno. Y para rematar, la inexplicable nota de la senadora Holguín a las Fuerzas Militares, que ameritaría una investigación.

Yo he sido el primer impulsor de una reforma a fondo de la justicia, de este tema me he ocupado en esta columna en varias ocasiones. Pero esa reforma no la vamos a hacer en modo revancha. Es, tal vez, la reforma que requiere más consensos y más cabeza fría en su contenido y trámite. Cocinarla en los fogones de esta decisión judicial me parece muy equivocado e inconveniente.

La anunciada reforma se ha planteado, además, como un ultimátum del partido de gobierno al propio Presidente. No había visto en mi larga carrera política algo más insólito. De manera que si el Gobierno no se monta en esta alocada iniciativa, se expondría a cortar amarras de una vez por todas con su partido. Ya son demasiadas las ocasiones en que el partido de gobierno pone el palo en la rueda: los acuerdos de paz, la JEP, la reforma tributaria, la prima semestral, para citar solo algunos. ¿Estarán el Gobierno y su partido al borde de una ruptura, precisamente cuando el país afronta la más profunda crisis económica y social de nuestra historia? Espero que no.

A los partidos de la izquierda y a los otrora militantes de las Farc les digo que no es tiempo de festejos. Vaya momento de atizar la ira ciudadana, ya bastante tocada con la negativa a reconocer la incorporación forzada de menores a la tropa. Silencio es lo que deberían guardar en relación con un proceso que apenas se inicia. Ondear las banderas de la institucionalidad y la democracia solo cuando les conviene se les devolverá con fuerza inusitada.

Yo tengo muy claro que las decisiones de los jueces se deben respetar, y punto. No solo con declaraciones, sino con hechos. El partido de gobierno, y me temo que también el Presidente, está desafiando a la Corte Suprema de Justicia y a toda la rama cuando cuestiona sus decisiones. Y lo hacen, además, cuando el alto tribunal estrena la figura de la doble instancia y actúa como célula de acusación, precisamente atendiendo el reclamo del Centro Democrático. Me temo que estemos regresando a épocas de enfrentamiento con las cortes. De ahí que no resulte extraño que todas las demandas prosperen y leyes y decretos se caigan: pensiones, consumo de drogas, impuesto solidario, servicios públicos, aportes pensionales; hasta la Virgen de Chiquinquirá perdió el pleito.

Y, pasando al plano personal, lamento el dolor que causa esta determinación al expresidente Uribe y a su familia, y confío en que él demostrará su correcto actuar y su inocencia, atendiendo este proceso por los cauces adecuados, con la mayor celeridad posible y con observancia de todas las garantías procesales a que tiene derecho.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
9 de agosto 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/todo-equivocado-columna-de-german-vargas-lleras-527224[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

¡Qué oportunismo! Aprovechar la pandemia para querer introducir un modelo de desarrollo fracasado.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]La estrategia política de los partidos de la llamada izquierda progresista ha quedado en evidencia con la presentación de su flamante proyecto de impuestos solidarios. ¡Qué oportunismo! Aprovechar esta pandemia con sus devastadores efectos sobre la vida y la economía de la sociedad, y las necesidades derivadas de esta, para pretender introducir en nuestro país un modelo de desarrollo que ya fracasó estruendosamente en todas partes, y cuyo más trágico ejemplo lo vemos en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

n esto no nos podemos equivocar. El mal llamado impuesto solidario no es solo una reforma de la tributación, sino la imposición de un modelo de desarrollo en el cual el Estado, aniquilada toda forma de producción y organización empresarial privada, termina siendo el único responsable de la provisión de bienes y servicios.

Los firmantes de este proyecto nos quieren hacer creer que las empresas son el problema por resolver, el enemigo por derrotar y no parte de la solución de la crisis desatada por el covid. La receta de la reforma no podía ser más nefasta: se restablece el impuesto al patrimonio como un tributo permanente con tasas progresivas hasta del 6 %; se eleva el impuesto a los dividendos del 10 al 20 %, con lo cual la tarifa de renta combinada superará el 45 %; se reduce al 15 % el descuento del IVA para compra de activos fijos, que hoy es del 100 %; se limita sin justificación al 20 % del impuesto de renta el valor de los descuentos tributarios, a lo que se suma la eliminación total de la deducibilidad de los impuestos que pagan las empresas, entre muchas otras medidas.

Veamos. Con la vuelta al impuesto al patrimonio se está dando el mensaje claro de que Colombia prefiere que no se establezcan empresas ni emprendimientos productivos en su territorio. Gracias a este impuesto, nuestro país ocupó por años uno de los últimos lugares en el ranquin de competitividad, con tasas de tributación por encima del 75 %. ¿Cómo explicarles a los firmantes de la iniciativa que las empresas no son ricas ni pobres y que no pueden gravarse con tarifas diferenciales, como a las personas naturales? A las que son intensivas en capital, como aquellas prestadoras de servicios públicos, imponerles tal criterio puede llevarlas irremediablemente a la quiebra. Doblar el impuesto a los dividendos, como se propone, nos va a graduar como el lugar en el mundo menos atractivo para invertir.

Como se trata de gravámenes confiscatorios, nos estaremos comiendo la gallina de los huevos de oro, con lo cual hacia el futuro no habrá capacidad de generación de ingresos y, por supuesto, tampoco de impuestos. Esa película ya la conocemos. La tenemos en el teatro de al lado. Una política pública de la izquierda más ortodoxa que ha visto en esta crisis una oportunidad para suprimir toda actividad empresarial y económica no estatal.

No me referiré en esta ocasión a las personas naturales, para quienes el proyecto propone, para decirlo sin eufemismos, la confiscación de sus rentas y patrimonio.

En todos los países se ha entendido que la prioridad es la recuperación económica y la generación de empleo: reanimar con ayudas y subsidios el sector productivo y proteger el tejido empresarial. Billones de dólares se destinan en Europa, EE. UU., Asia, y también en Perú y Chile para reactivar las economías, proteger y generar más empleos, dar respiro a las empresas y asistir a las familias más golpeadas. Aquí no. El proyecto de reforma, que no me preocuparía si no llevara la firma de más de 50 parlamentarios, va en la dirección contraria: ahogar, destruir, reducir espacios, confiscar, sancionar. Muchos de los firmantes se equivocaron de enemigo; los líderes de la iniciativa, seguro que no.

El presidente Duque ha dicho que no es momento de reformas tributarias. Hay que creerle, pero sobre esta propuesta es mejor no callar. Por eso convendría que anunciara, en uso de sus atribuciones constitucionales, su total rechazo a esta iniciativa. Están callados otros, cuyos representantes son precisamente los artífices de este manifiesto. ¿Será esta la agenda de quienes aspiran gobernar el país? Bueno saberlo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
2 de agosto 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/enemigo-equivocado-columna-de-german-vargas-lleras-524918[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Una verdadera revolución de la salud en la que el epicentro es el ciudadano y la familia colombiana.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]Comenzó la tercera legislatura con anuncios agridulces. El Gobierno una vez más les sacó el cuerpo a proyectos claves. Por lo tanto, no habrá reforma pensional en lo que queda de mandato y tampoco reforma laboral, aun cuando su urgencia es manifiesta. Solo unos paños de agua tibia para regular el teletrabajo. Y no se ve clara la reforma de la justicia, que aún no se termina de afinar y ya empieza a mostrar sus limitaciones, fruto quizás del exceso de concertación. Y ni una palabra de la reglamentación de la consulta previa, tan necesaria para destrabar miles de iniciativas que mucho contribuirían a reactivar nuestra economía.

La buena noticia corrió por cuenta del sector salud, cuya reforma fue presentada el lunes de manera conjunta por el Gobierno, en cabeza del ministro Ruiz y el partido Cambio Radical. Este proyecto fue enriquecido y ahora compartido por parlamentarios de varias bancadas, y como se anunció que contará con mensaje de urgencia, es bien probable que sea uno de los pocos que se conviertan en ley.

El proyecto busca garantizar y conciliar dos objetivos que han constituido por siempre el trágico dilema del sector: el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema. La propuesta, que plantea muchos cambios, pudo, además, incorporar respuestas a problemáticas concretas surgidas con la crisis del covid-19, en especial en relación con la protección y el efectivo aseguramiento de los ciudadanos.

En materia de política pública consagra un modelo de atención primaria integral, con enfoque familiar y comunitario, orientado hacia la promoción y la prevención, y un esquema novedoso de operación a través de planes de salud, en donde se unifican los beneficios del POS y el no POS, en un periodo de dos años, y en el que el asegurador debe responder por todo. En ese lapso se establece una compensación por maternidad para las mujeres beneficiarias del subsidio total de salud o las de contribución solidaria. Se prevé una integración completa de la red, cuyo eje será el médico de familia.

Como una respuesta a la reiterada aspiración del cuerpo médico se crea el concepto de Centros de Excelencia, lo que también permitirá que algunos hospitales puedan especializarse en enfermedades huérfanas y cáncer, cuyo Instituto se transforma y fortalece. Se crea el concepto de APP en salud para que entidades privadas, bajo condiciones y vigilancia muy exigentes, puedan construir, dotar, operar y administrar en forma delegada hospitales públicos.

El proyecto también avanza en la dignificación laboral de los médicos y el personal de la salud. Se pone fin a la tercerización en la contratación, mediante un nuevo modelo que se asimila al de los servidores públicos, pero con un contrato privado que garantiza estabilidad laboral, formación, jornadas e incentivos, entre otros beneficios. Para superar la inequidad en el acceso a las especializaciones se establece un examen único y nacional de ingreso, y la inaplazable remuneración a médicos residentes.

Por supuesto, vuelve a ocuparse del programa de saneamiento financiero del sector mediante la figura del giro directo a los hospitales, para lo cual se crea el Fondo de Fomento para el sector salud, que atenderá los problemas de pagos entre aseguradores y prestadores. Y, como lo habíamos anunciado, se reglamentan y regulan los conglomerados en el sector.

Me es imposible abordar aquí todos los cambios propuestos, pero no puedo dejar de mencionar que el proyecto propone una depuración de las 37 entidades que hoy integran el sistema de aseguramiento, de tal manera que no subsistirán sino aquellas que tengan la capacidad de atención requerida en su área territorial de operación. Se liquidarán las EPS insolventes o que no estén en capacidad de cumplir con sus obligaciones, y se pondrá un tope a los gastos administrativos de estas.

Estamos frente a una verdadera revolución de la salud, en la que el epicentro es el ciudadano y la familia colombiana. Son el tipo de iniciativas que la gente está esperando, y no me cabe duda de que de aprobarse tan solo este proyecto, se habrá salvado con creces la legislatura.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
26 de julio 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/reforma-inaplazable-columna-de-german-vargas-lleras-522206[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1595294206307{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Es el último chance que tiene el gobierno para aprobar en el Congreso sus iniciativas de campaña.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1595294350111{margin-bottom: 0px !important;}»]Este lunes se dará inicio al tercer año de la legislatura. Es un año trascendente, pues es la última oportunidad que tiene este gobierno para lograr aprobar en el Congreso iniciativas de su autoría que fueron parte de la plataforma programática con la cual consiguió elegirse. Me preocupa que en esta ocurra lo que en las dos anteriores, es decir que por la incapacidad o por la falta de voluntad del Gobierno para construir consensos tampoco se consiga aprobar ninguna de las reformas que el país está reclamando con urgencia.

El Presidente hizo ya su balance de estos dos años, y francamente es pobre en este frente: la polémica cadena perpetua para violadores, la dosis mínima en espacio público, la no conexidad de los delitos de secuestro y narcotráfico, la aplaudida ley del pliego único, la ley del veterano y la que promueve la movilidad eléctrica son lo que tiene en su haber. No digo que no sean temas atractivos, pero claramente no apuntan a resolver los principales problemas del país.

Lo ocurrido se debe en gran parte a que el Gobierno redujo su interacción con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento a la elección de unas mesas directivas y dejó de lado la concreción de acuerdos en materia programática. Este semestre, en el que contó con mayor holgura, no la aprovechó inexplicablemente. Esa decisión inédita del Gobierno resultó ser muy costosa en términos políticos.

Pero a partir de esta semana tiene la oportunidad de corregir la plana, tomar el toro por los cuernos e intentar sacar adelante las 5 grandes reformas que le podrían cambiar el rumbo al país y que fueron ampliamente debatidas en la campaña electoral. Me refiero, en primer lugar, a la reforma de la justicia. Es este un proyecto que el Gobierno, por intermedio de la ministra Cabello, ha venido estructurando en su contenido y también en la búsqueda de consensos con las altas cortes y la academia. Sé que su trámite y aprobación enfrentará grandes obstáculos, pero vale la pena intentarlo, así sea por última vez, antes de que no quede otro camino que el de una asamblea constituyente.

Mi inventario de esos grandes proyectos incluye, además, las impostergables reformas laboral y pensional. Yo sé bien que no son populares, pero deben abordarse. El presidente Duque se comprometió a impulsarlas, ya aplazó su trámite una vez y ya creó comisiones y grupos de expertos para estudiarlas. Ahora sí llegó la hora. Y que no se crea que con el anunciado proyecto para regular el trabajo en casa se cumplirán las expectativas de trabajadores y empresarios y, sobre todo, las necesidades del país en materia de productividad, competitividad y modernización del marco jurídico legal para acercarlo a los avances que ya se han hecho de tiempo atrás en muchos otros países.

Esa reforma, además en modo poscovid, adquiere mucha más relevancia, pues será clave para la recuperación económica y del empleo. A la reforma laboral y pensional habrá que añadir aquella del sector salud, cuya urgencia ha quedado al descubierto, y de qué manera, en esta pandemia. Si hubiera tiempo y energía para algo más, yo me concentraría en la ley de consultas previas, que permitirá desatascar los grandes proyectos de desarrollo del país.

El Gobierno tendrá que aprovechar la aprobación del presupuesto nacional para presentar y discutir el anunciado Plan Marshall criollo. Confieso que tengo una gran curiosidad por ver su contenido, pero especialmente por asegurarme de que no lleva bajo la manga una nueva reforma tributaria que, como advertí, sería la más nefasta y contraproducente de las iniciativas para la reactivación de nuestra muy maltrecha economía.

Y no sobra decir que si se quiere garantizar el fracaso absoluto de la legislatura, no habrá sino que acudir al insepulto expediente de la reforma de la JEP y de los acuerdos de paz, según lo han expresado los voceros del partido de gobierno. Ahí sí, apague y vámonos.

P. D. Creo que es la cuarta oportunidad en que el Dr. Plata, con página entera a su disposición, intenta explicarnos y convencernos de sus trascendentales logros al frente de la gerencia para la pandemia. Por algo será.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1595294398166{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
19 de julio 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/tercera-y-ultima-oportunidad-columna-de-german-vargas-lleras-519702[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1594165287105{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

En Colombia el pico de contagios y muertes va a coincidir con los efectos económicos más críticos.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1594165352717{margin-bottom: 0px !important;}»]A diferencia de lo ocurrido en otros países, en donde los picos de contagio de la pandemia llegaron muy pronto y por lo tanto no alcanzaron a coincidir con los efectos económicos de la misma, en Colombia nos van a coincidir el pico de contagios y muertes con los efectos más críticos en materia económica.

En general, todos aquí coincidimos en que ganar tiempo era una buena estrategia. Tiempo para preparar el sistema de salud, para importar los respiradores mecánicos y las pruebas, para preparar el personal médico y, sobre todo, a la sociedad colombiana en sus comportamientos y cumplimiento de protocolos. En últimas, la decisión fue comprar tiempo a costa de parar el país, y a un precio que ahora sabemos es muy alto.

Pero, después de más de 4 meses el panorama es muy desalentador. De los 2.767 respiradores prometidos por el Gobierno y que ya debían estar en funcionamiento, solo 547 están operando efectivamente. Esta semana llegaron 400 más, pero nos enteramos de que no todos estos equipos están funcionando por problemas de calibración y, más grave aún, por falta de personal médico para atenderlos. De los anunciados por el doctor Plata sabemos tan poco como de su gestión al frente de la pandemia. ¿Quién responde? ¿Cómo es posible que no estuviéramos conscientes de estas necesidades?

Nos acercamos al pico de la pandemia, entre finales de julio y mediados de agosto. Advertí desde el 31 de mayo, cuando aún teníamos 25.000 contagiados y 800 fallecidos, que para julio podríamos tener más de 100 fallecidos diarios y me quedé corto. La realidad es que esta cifra el viernes fue de 211 muertos. La Presidencia de la República, en su informe a la Corte Constitucional, señaló que podríamos llegar a diciembre con un total de 40.000 fallecidos. En su momento pareció un anuncio desmesurado, pero hoy ya no.

Esta semana, el nivel de ocupación de las camas de cuidados intensivos superó el 80 %. En Bogotá ya no hay capacidad en los principales hospitales y en Barranquilla, Cali y Montería, tampoco. El sistema, a mi modo de ver, ya colapsó y, al parecer, poco sirvieron los 4 meses que ‘nos ganamos’ o mejor, que compramos por cuenta de las cuarentenas, que por extensas y reiteradas ya nadie quiere acatar. Hoy los pronósticos son aterradores, podríamos llegar a tener entre 400 y 600 muertes diarias en el mes de agosto y una cifra de medio millón de compatriotas contagiados.

Esta muy preocupante situación sanitaria se podría enfrentar mejor si el país y la sociedad en su conjunto, después de 4 meses de cuarentena, no estuvieran agotados en todos los frentes, en especial en el económico. El desempleo, por ejemplo, ya ha superado el 20 % y en las grandes ciudades llega al 25 %, cinco millones de personas sin trabajo para ser más claros. El más alto de los países de la Ocde. ¿Cómo apoyarlas efectivamente cuando el déficit fiscal se estima llegará al 8,2 % al final de año y la deuda pública crecerá más de 15 % del PIB, todo como resultado no solo del mayor gasto sino de los menores recaudos tributarios, la devaluación y el pago de intereses de la deuda? La economía podría decrecer en tasas superiores al 8 %, cifra jamás vista en este país, con efectos incalculables sobre el empleo, el ingreso de las familias y la destrucción de empresas.

Con razón algunos empiezan a preguntarse si valió la pena decretar las cuarentenas desde marzo y, lo que es más importante, si ese tiempo se utilizó adecuadamente? Todo indica que no, y ahora debemos enfrentar lo más duro de la crisis sanitaria en las peores condiciones económicas. Pero ya a estas alturas sería devastador retroceder en la apertura de la economía, aun si se confirman los pronósticos. Salud y economía tienen que recuperarse de la mano. Para ello, el Gobierno debería concentrarse en aislar a la población contagiada mediante la aplicación masiva de pruebas, como se hizo exitosamente en muchos países, pero que aquí aún no se hace. Pero lo más efectivo está en nuestras manos: cuidarnos, extremar todos las medidas y protocolos de protección. No es mucho más lo que podemos hacer.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1594165267077{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras
11 de julio 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/enfermos-pobres-y-exhaustos-columna-de-german-vargas-lleras-516960[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1594165287105{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Si es por cuenta de infraestructura y vivienda que vamos a reactivar la economía, estamos perdidos.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1594165352717{margin-bottom: 0px !important;}»]Mucho se está debatiendo estos días sobre los sectores que habrán de jalonar la reactivación de nuestra maltrecha economía. Entre ellos se menciona con insistencia aquellos de la infraestructura y la vivienda. Como responsable que fui de su coordinación en el gobierno pasado, estoy convencido de que estos dos sectores específicos sí están llamados a ser los grandes impulsores de la reactivación, pero como observador de la triste realidad, me surgen muchas dudas al respecto.

Ya el año pasado advertí sobre los bajísimos niveles de ejecución de los proyectos y este año, analizadas las sumas efectivamente desembolsadas, las cosas han empeorado. En términos generales, la ANI ha hecho pagos, a la fecha, correspondientes a un 5 % de su presupuesto para el año 2020. El Invías, por su parte, un 8,8 %, y la Aeronáutica, un 22 %. Deben tener sus directores toda clase de excusas, pero la cruda realidad es que no se están ejecutando los recursos o, lo que es lo mismo, no se están desarrollando las obras.

Por ejemplo, la doble calzada Bucaramanga-Pamplona, después de 4 años de adjudicada, lleva un 6 % de ejecución. La estratégica carretera que nos conectará con la frontera ecuatoriana en el trayecto Santana-Mocoa-Neiva lleva una ejecución del 2,2 %, después de años de firmado el contrato. Y la Autopista Mar 2, que conectará a Antioquia con el Urabá, no se entregará en diciembre de 2021 por cuanto su ejecución apenas llega a un 18 %.

La gran mayoría de los proyectos no cumplirán con las fechas pactadas en los contratos, y ni modos de decir que es por culpa de la pandemia. Lo que está ocurriendo es que los concesionarios corren a su antojo las fechas de entregas contractuales, sin recibir ningún apremio, ni multa ni mucho menos una caducidad como respuesta a sus incumplimientos y atrasos, en la mayoría de los casos inexplicables, pero que quedan ocultos tras la reprogramación de las obras aceptada dócilmente por los funcionarios responsables, o más bien irresponsables.

Esta semana, la Contraloría General emitió un informe en el cual se detalla el panorama de las obras de infraestructura. Llama la atención el corredor estratégico Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca, cuyo avance es 0 %. En este caso, el Estado fue incapaz de surtir las consultas previas y el originador debió desistir del proyecto. Gravísimo. Terminó el semestre y tampoco se expidió la ley reglamentaria de las consultas. La malla vial del Meta y la vía Popayán-Santander de Quilichao, en doble calzada, también registran un avance del 0 %. Y el anhelado tercer carril Bogotá-Girardot lleva ejecutado un 2,86 %. ¿Qué puede estar pasando?

Lo que sí resulta curioso es que de un total de 32 corredores contratados en el programa 4G, las tres obras que muy pronto se entregarán estén siendo ejecutadas por la misma firma constructora. Me refiero a los corredores Barranquilla-Cartagena, con un avance del 97,4 %; la vía Honda-Puerto Salgar-Girardot, con el 99 %, y el corredor Pacífico 3, con el 78 %. Son prueba de que sí se pueden hacer los proyectos en tiempo.

El Estado no puede ir al ritmo que impongan los contratistas, y es su obligación acudir a todos los instrumentos legales para apremiarlos y exigirles el cumplimiento de sus compromisos. Llama la atención que en todos los acuerdos de transacción incluyan la frase “La ANI, dentro de sus funciones, no tiene la de sancionar concesionarios sino la de hacer obras”. Y como estamos viendo, no ocurre ni lo uno ni lo otro.

En el de la vivienda, que también podría jugar un papel determinante en la reactivación económica y la generación de empleo, las cifras no son menos preocupantes. A mayo, la construcción de viviendas de interés social cae 15 % y las No VIS, un 34 %; las licencias para nuevas unidades disminuyeron en 31 %. Sin medir el efecto de la pandemia, el PIB del sector construcción se reduce en 9,2 %, con una pérdida de más de 400.000 empleos. Que quede claro que por causa de la llamada hipoteca inversa ni un solo metro se construirá.

Como van las cosas, muy a mi pesar, debo advertir que, si es por cuenta de estos dos sectores que vamos a reactivar nuestra economía, estamos perdidos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1594165267077{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras
05 de julio 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sectores-lideres-columna-de-german-vargas-lleras-514360[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]