Blog

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1594164806329{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

La agenda de proyectos fue la del Congreso y no, como ha sido tradicional, la del Gobierno.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1594164843318{margin-bottom: 0px !important;}»]En mis largos años de actividad parlamentaria, nunca había visto una legislatura como la que terminó la semana pasada. Y no me refiero solo al funcionamiento del Congreso en modo virtual, que, dicho sea de paso, se le debe en gran medida al presidente de la Cámara de Representantes, doctor Carlos Cuenca, quien terminó imponiéndose frente a muchas voces que de lado y lado se oponían.

Se demostró que sí era posible desarrollar la actividad legislativa de manera virtual, segura, más eficiente y productiva. El número de sesiones, la puntualidad en estas y el nivel de asistencia fueron ejemplares, tanto que empiezan a escucharse voces que proponen que en el futuro se pueda sesionar de manera mixta con reuniones virtuales regulares, lo cual, además, permitirá sacarle mayor provecho a la legislatura.

Pero, más allá esto, lo que marcó de verdad esta legislatura y la hizo única fue que, por primera vez, la agenda de proyectos fue la del Congreso y no, como ha sido tradicional, la del Gobierno. De hecho, con excepción de dos proyectos que venían del semestre pasado, como fueron los del pliego tipo y el de cadena perpetua para violadores, todos los demás tramitados y aprobados fueron de origen parlamentario. Es evidente que el Gobierno se siente muy cómodo legislando en asuntos propios de la pandemia y otros no tanto, y bastante tranquilo con el debilitamiento del control político.

Creo que el Congreso ganó, y mucho. Demostró que sus iniciativas, sobre todo en materia social, son relevantes y de impacto para el conjunto de la sociedad. Proyectos hoy convertidos en leyes, como el de saneamiento de predios o el de inserción laboral de jóvenes, o aquel de incentivos al trabajo de adultos mayores, o el de protección a los menores afectados por cáncer o ley Jacobo, responden a necesidades concretas de la gente. También vale la pena destacar el proyecto de pago en plazos justos, el del pago anticipado de créditos sin multas o sanciones.

Mención especial merece el acto legislativo que da vida a la ciudad región Bogotá-Cundinamarca, viejo anhelo que por fin se hace realidad, gracias al compromiso de los doctores Varón y López. Esta fue, sin duda, la legislatura de los temas sociales, y ello fue posible porque por primera vez el Gobierno no monopolizó la agenda del Congreso con sus propios proyectos.

El proyecto que más ha ocupado la atención es el de la cadena perpetua para violadores de menores. Un compromiso de campaña del Presidente, cuya aprobación no disuadió a los soldados que violaron a la menor de la etnia embera. Bien lo anunciaron destacados penalistas como Reyes, Cancino, Bernate y Uprimy, que este no reduciría los índices de impunidad, hoy en el 98 por ciento, y que, por el contrario, se crearía una expectativa equivocada de mayor protección y sanción, aparte de violar tratados internacionales y haber sido tramitado de manera inconstitucional.

No fue tampoco este un Congreso complaciente ni irresponsable. Fue capaz de archivar, por inconvenientes, cerca de 70 iniciativas, entre las cuales la de la reforma de las CAR que comenté la semana pasada, varias en materia de servicios públicos y sector eléctrico y otras, como las populistas de reducción de la jornada laboral, la prima a la canasta familiar o la de la ampliación de las licencias de paternidad y matrimonial. En buena hora, todo esto, y mucho más, quedó sepultado.

A partir de julio, el Congreso tendrá que ocuparse de las grandes y urgentes reformas, como la pensional, la laboral, la de la salud y la de la justicia, para solo mencionar las más críticas. Estas reformas, además, van a contribuir a mejorar el clima para reactivar nuestra economía y atraer inversiones indispensables. Y esperemos que no se le ocurra al Gobierno, sobre todo al ministro de Hacienda, sorprendernos con una nueva reforma tributaria, que esa sí terminará anulando todo esfuerzo de reactivación.

P. D. La violación ya confesada por el grupo de soldados bajo ninguna circunstancia debe considerarse un acto de servicio, ni ir a la Justicia Penal Militar, ni los agresores ser trasladados a ningún centro de reclusión especial, lo cual, inexplicablemente, ya ocurrió.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1594164881644{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras
28 de junio 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/una-legislatura-atipica-columna-de-german-vargas-lleras-511972[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1594164426719{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Tan inconvenientes son las nuevas disposiciones que más hubiera valido dejar las cosas como estaban.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1594164468842{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana se divulgó el informe de medición en el cumplimiento de los objetivos trazados para el desarrollo sostenible (ODS). Imposibles peores resultados. Ocupamos el muy deshonroso penúltimo lugar, después de Bolivia, y advierte el documento que al ritmo que vamos, ni siquiera en 50 años alcanzaremos las metas que nos fijamos. Entre los peores resultados están los de la deforestación y la conservación de especies.
Y, paradójicamente, en el momento de escribir estas notas debe estarse aprobando en el Congreso, aun cuando espero que no, el proyecto de ley de reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR), que son precisamente las responsables de la ejecución en el territorio de la política ambiental. Nada quedó recogido en este de la propuesta que formulamos el año pasado, y sobre la cual conversé ampliamente con el Presidente de la República. Tan inconvenientes son las nuevas disposiciones que más hubiera valido dejar las cosas como estaban.

Las CAR, en su mayoría, no han cumplido con los propósitos para los cuales fueron creadas. Como instrumentos que son de la politiquería, nada hacen para proteger los ecosistemas, y entre ellos los bosques, ríos y cuencas. Tienen gravísimos problemas de transparencia y también de ineficiencia en la ejecución de los millonarios recursos a estas encomendados y son además responsables de muchas de las demoras y los retrasos injustificados en los proyectos de desarrollo regional.

Del proyecto original, como dije, no quedó nada. Se eliminaron todos los criterios de obligatoria observancia para las inversiones y las disposiciones de gestión de riesgo de estas entidades. También se eliminaron los principios de transparencia y acceso a la información, que permitirían luchar contra la corrupción interna.

Mucho insistimos en la necesidad de reducir los consejos directivos a máximo 7 miembros, pero de la propuesta original se pasó inexplicablemente a 14, entre los cuales hay representantes de los pequeños agricultores, de las comunidades indígenas, de las entidades sin ánimo de lucro y de las entidades científicas regionales. Se marchitó, sí, la injerencia del Gobierno Nacional y de los gobernadores. Mejor dicho, si antes eran ingobernables estas entidades, no me quiero imaginar cómo serán si este proyecto es aprobado. Me pregunto cómo ha podido permitir el Gobierno que este esperpento avanzara en su trámite.

El proyecto original prohibía la reelección de los directores. El actual conserva esa prohibición, pero, ¡ah curiosidad!, excepto para los actuales. Y en esta línea, también fueron eliminadas las normas que permitían remover a los directores por probada mala gestión.

Pero quizás lo peor que contempla el proyecto actual sea que mantiene las 33 CAR existentes, cuando nuestra propuesta era reducirlas a 7, consultando el criterio de cuencas hidrográficas. Un número más que suficiente si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en el departamento de Boyacá hoy operan cuatro corporaciones y en Antioquia, tres. No contentos con esto, se prevé la creación de dos corporaciones más, una para Mompox y otra para La Guajira, seguramente también sin capacidad ninguna de gestión.

Y, como si fuera poco, el nuevo proyecto aumenta los ingresos de las CAR por la vía de los recursos de la sobretasa al impuesto predial, que pasan de un límite del 2 al 2,5 %, en desmedro de los municipios, y lo peor: se autoriza utilizar estos recursos en gastos de funcionamiento y mayor burocracia.

Nada de positivo tiene este proyecto que ojalá no se apruebe. Todo se hará más complejo en el ya muy difícil entramado de trámites, requisitos y entidades que participan en los procesos de licenciamiento, y más compleja, también, la relación con las autoridades del orden nacional. Ni qué decir del cumplimiento de los objetivos misionales de estas corporaciones, ahora más expuestas a la politiquería y la corrupción. Ya advertía yo la semana pasada sobre los peligros del populismo legislativo, y más en estos tiempos de pandemia y virtualidad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1594164498389{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras
21 de junio 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/una-reforma-inconveniente-columna-de-german-vargas-lleras-509356[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1591812691471{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Nada más peligroso en medio de la crisis que el populismo legislativo como el que estamos viendo.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1591812669105{margin-bottom: 0px !important;}»]Si hay un sector que esta pandemia haya puesto a prueba, además del de la salud, es el de los servicios públicos, incluido el de comunicaciones. En medio de enormes dificultades, y también asumiendo riesgos para la salud de sus más de 125.000 trabajadores y familias, las empresas responsables han estado a la altura de las expectativas y necesidades de los colombianos. En otras palabras, le han cumplido al país. Sin embargo, no he visto, hasta ahora, que nadie los llame héroes, ni siquiera un agradecimiento.

Estoy convencido de que la fortaleza y capacidades de este sector se deben, en gran medida, al modelo de prestación que adoptamos a partir de la Ley 142 de 1994 y permitió el surgimiento de empresas privadas y también de naturaleza mixta, que se unieron a las públicas existentes para crear un sistema robusto que es modelo a nivel internacional.

El Gobierno, como es natural, se ha ocupado de expedir medidas para congelar las tarifas de los servicios y facilitar el pago de estos por la vía de subsidios o créditos. También, normas para obligar a la reconexión de los hogares en mora y ha dado instrucciones para que no se proceda al corte de los servicios en ninguna circunstancia. Estas disposiciones han supuesto un esfuerzo económico importante para las empresas, que han visto reducidos sus recaudos en más de un 30 %. A esto se suma que muchos de los anuncios del Gobierno todavía no llegan a concretarse en giros efectivos a las empresas, como las líneas de Findeter para capital de trabajo y los subsidios que a nivel local se ofrecieron y que tampoco se han desembolsado.

Cómo desconocer que se han presentado problemas relacionados con la facturación, con el alza en las tarifas de energía y gas principalmente, y sobre todo con la aplicación de los odiosos promedios, que tantas críticas generan. También, con los tiempos en atención de fallas y la calidad de los servicios y señales. Las empresas tienen que seguir esforzándose por prestar cada día un servicio de mejor calidad, continuidad y precio, y la Superintendencia, en vez de exacerbar con sus declaraciones la relación entre usuarios y empresas, sancionar ejemplarmente a los infractores.

Pero lo que más preocupa son las voces de algunos que quieren pescar en río revuelto, desafiando un modelo que, insisto, ha sido muy exitoso. Escucho propuestas irresponsables de gratuidad total de los servicios, mínimo vital de agua, energía y gas, de las empresas, de cambios profundos en esquemas regulatorios que han permitido el desarrollo del sector eléctrico en los últimos 25 años, o aquellos que pretenden imponer a las empresas de telecomunicaciones un sinnúmero de obligaciones que son del resorte de las autoridades.

En el Congreso hacen tránsito en la actualidad más de 50 iniciativas que se discuten de forma disparatada y afectan directamente a estos sectores, propuestas, sin duda, muy audaces, que buscan sobre todo la notoriedad de sus autores, pero que no miden sus consecuencias.

Nada más peligroso en medio de la crisis que el populismo legislativo como el que estamos viendo, y no solo en este sector. Por fortuna, el Gobierno hasta ahora ha hecho oídos sordos a estas iniciativas peligrosas e inconvenientes, pero debe estar alerta, en particular al final de la legislatura, cuando sabemos que todo es posible, y más en ambientes virtuales. Recuerdo la máxima según la cual siempre que se comete una tremenda estupidez es por la más noble de las causas.

A los colombianos no nos gusta reconocer aquello que funciona bien. Por supuesto que hay que continuar ampliando las coberturas hasta conseguir la universalidad en la prestación de todos los servicios, seguir avanzando con las energías renovables y la llamada transición energética, iniciar cuanto antes el rescate de Electricaribe y solucionar los problemas de la disposición de residuos, como en el relleno de Doña Juana, en Bogotá, entre otros desafíos. Pero nada de esto se logrará si hacemos inviable la operación de estas empresas que, mal que bien, en esos tres meses de cuarentena nos han permitido contar con unos servicios confiables y de calidad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1594164688126{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras
14 de junio 2020
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/populismo-en-los-servicios-publicos-columna-de-german-vargas-lleras-506624[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1591812691471{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

¿Qué puede haber de malo en la llegada al país de un grupo de asesores militares norteamericanos?

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1591812669105{margin-bottom: 0px !important;}»]Gran polémica ha generado esta semana el anuncio de la llegada al país de un grupo de asesores militares norteamericanos. Una tormenta con claros fines políticos han tratado de armar frente a la opinión pública un grupo de parlamentarios y otras fuerzas opositoras al Gobierno que, incluso, ya embarcaron al Consejo de Estado en la discusión. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿A quién favorece este debate?

En primer lugar, vale precisar que con esta decisión el Gobierno en nada ha violentado la Constitución, que establece en su artículo 173 la obligatoriedad de solicitar autorización al Congreso para permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Aclaremos que los 53 oficiales y suboficiales no transitarán por nuestro país con destino a otro, ni su propósito es desarrollar operaciones ni misiones ofensivas, sino cooperar en acciones contra el narcotráfico.

Esta modalidad de cooperación, así como muchas otras desarrolladas en el país, nunca ha requerido la autorización congresional. Desde 1946 tenemos convenios firmados para el desarrollo de estas actividades de cooperación técnica y consultiva. O sea que por más de 70 años hemos recibido ese apoyo, entre otras, para la creación de la escuela de Lanceros en 1955, de las Fuerzas Especiales en 1991, de la Brigada contra el Narcotráfico en 1998, de la fuerza Omega en 2003 y de muchas otras actividades de entrenamiento y apoyo. El Plan Colombia, para no ir más lejos, supuso la llegada al país de más de 800 hombres que, por supuesto, nunca participaron en operaciones de campo. Ojalá se pudiera recuperar parte de esas capacidades que tuvimos hasta 2015, particularmente en la aviación y la inteligencia, tan definitivas para el combate del narcotráfico. Hoy, igualmente en desarrollo de esos convenios, 65 integrantes de nuestra Fuerza Pública adelantan comisión de servicios en los EE. UU.

Claramente, este grupo viene a asesorarnos en la lucha contra el narcotráfico bajo los principios de corresponsabilidad y como país aliado que siempre ha sido Estados Unidos en esta materia. Por eso se distribuirán en las zonas con mayor presencia de narcotráfico, como lo son Tumaco, con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules; en Tibú, con la Fuerza Vulcano; en La Macarena, con la Fuerza Omega y con la mencionada Brigada contra el Narcotráfico. Su misión, mejorar la efectividad operacional para combatir las organizaciones delincuenciales responsables de las más de 220.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que constituyen el principal combustible de la violencia en el país.

¿Qué puede haber de malo o censurable en esta cooperación? ¿Acaso no estamos todos comprometidos en la lucha frontal contra el narcotráfico? ¿No estamos todos de acuerdo en desmantelar la principal fuente de financiación de la guerra?

Los que protestan señalan, además, que esta presencia es una provocación, una amenaza de guerra internacional. Falso. Pero si así fuera, no hemos escuchado nada de esos críticos frente a la presencia en Venezuela de 8.000 efectivos cubanos, entre asesores, generales, oficiales y hasta miembros de la guardia presidencial. Y ni decir de los militares y asesores rusos presentes en el Táchira, Aragua, Anzoátegui y Caracas, y aquellos de la base aérea Manuel Ríos, desde donde operan los aviones Sukhoi. ¿Y de la presencia de asesores militares chinos en el Comando Cíber de Caracas o iraníes en la base Libertador? Ni una palabra.

Está claro que la misión es cooperar en lucha contra el narcotráfico, pero al margen de esto me parece que el mensaje de una alianza poderosa y confiable con EE. UU. no es malo en el frente internacional. Y en el plano interno es una notificación a quienes persisten en la ilegalidad, como las disidencias de las Farc o el Eln, de que serán enfrentados con todas nuestras capacidades y las de nuestros aliados.

Me pregunto si aquellos que tan airadamente protestan y se rasgan las vestiduras, Constitución en mano, ven con simpatía el régimen dictatorial de Maduro o quizás a algunos de sus aliados en Colombia. Amanecerá y veremos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1591812734042{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras

7 de mayo 2020

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/welcome-columna-de-german-vargas-lleras-504050[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1591135273466{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

En tanto se logre sintetizar la vacuna, hay que extremar todos los cuidados y también las medidas.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1591135360690{margin-bottom: 0px !important;}»]Llevamos más de diez semanas de confinamiento, y la pandemia empieza a manifestarse en todos los ámbitos de la vida. El de la salud con el crecimiento de personas contagiadas, que ya supera los más de mil diarios para un total de 26 mil. Al escribir esta columna, Colombia registra 822 personas fallecidas con uno de los índices de mortalidad más bajos del mundo.

contagios, y como el número de casos se duplica cada 17 días, por este camino podríamos tener más de cien muertes al día a mediados de julio.

Una de cada dos personas que entran a las unidades de cuidados intensivos fallece, y si no conseguimos seguir espaciando los contagios, es evidente que el sistema colapsará, como ocurrió en Italia, España y también en Perú y Ecuador. Por esto hay que extremar todos los cuidados y también las medidas. En Colombia, descontadas las camas pediátricas y neonatales, contamos con 40.000, de las cuales solo 6.280 de cuidado intensivo, que hoy en un 42 % están libres, como en Bogotá, pero pueden ser ocupadas muy rápidamente en las próximas semanas.

En tanto se logre sintetizar la vacuna, lo cual puede tomar meses en el mejor de los casos, la pandemia podría extenderse hasta 2022, presentando brotes y rebrotes. En el caso de nuestro país, lo que procede es el aislamiento inteligente, colaborativo y controlado. Solo así conseguiremos salvar miles de vidas y alejarnos de la opción llamada inmunidad de rebaño, que supone que el 70 % o más de nuestra población se contagie. Aterrador.

Esta semana, el Gobierno Nacional extendió el aislamiento preventivo hasta final de junio y en Bogotá, la cuarentena obligatoria hasta el 15. Se trata de medidas necesarias, vista la fase en que nos encontramos, pero me preocupa que justo en este momento las nuevas normas de comportamiento más flexibles y las aperturas en marcha para ciertos sectores de la economía puedan crear en la ciudadanía la idea de que podría estar superada la crisis. A ello habría que sumar la preocupación por la impotencia de la Policía para controlar y hacer cumplir los protocolos en muchas zonas de las ciudades capitales. Desafortunadamente las últimas medidas nos tomaron agotados y maltrechos, pero toca aguantar, pues la cruda realidad es que esto hasta ahora empieza.

El Gobierno ha hecho lo mejor posible en los temas de salud, pero es a partir de esta semana cuando en verdad se viene la tormenta. Llegó el momento de la mayor disciplina social y del compromiso personal de cada uno.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1591135325974{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras

31 de mayo 2020

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/llego-la-hora-columna-de-german-vargas-lleras-501414[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1582649420761{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El problema es que el Gobierno quiere ayudar, pero que no le cueste.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1582649430716{margin-bottom: 0px !important;}»]Sin que la pandemia haya llegado a su pico, la crisis económica generada por 50 días de cuarentena obligatoria empieza a mostrar sus efectos dramáticos: desempleo galopante, caída abrupta del PIB, muchos deudores en mora, miles de negocios al borde de la quiebra e indisciplina en las áreas más populares de las ciudades, donde la gente ya no respeta las normas de distanciamiento social, ni las va a respetar en tanto a las familias y a los negocios no se les aseguren en la realidad recursos para subsistir con algo más que promesas.

Mientras tanto, el Gobierno aparece tardíamente expidiendo normas que parecen diseñadas para que no funcionen. El problema es que el Gobierno quiere ayudar, pero que no le cueste. Veamos unos ejemplos:

El subsidio a la nómina del 40 % de un salario mínimo por trabajador está concebido para quienes pueden pagar y han continuado pagando la nómina, pero no para las empresas que por carencia total de ingresos no tienen cómo pagarla, las que más lo necesitan. Para un hotel, un restaurante, un comercio o una planta industrial, que lleva dos meses sin ingresos por acatar una orden del Estado y no tiene la caja para pagar la nómina, este subsidio no sirve. Para estas empresas, el subsidio debió ser del 100 % de la nómina de las personas, incluidas las cargas parafiscales, hasta que puedan retomar sus actividades.

La garantía estatal del 90 % sobre los créditos que desembolsen los bancos implica un proceso de estudio por parte de las entidades financieras que, además de engorroso y demorado, termina otorgando los créditos donde el riesgo es menor, es decir, en las empresas que menos los necesitan. Lo correcto es que con cargo al presupuesto nacional se entreguen a los bancos los recursos necesarios para que el 100 % de las empresas paradas puedan recibir un préstamo automático, en 48 horas, por el valor total de los costos y gastos de los meses de inactividad, calculado según la declaración de renta del año 2018. En este modelo los bancos serían simples operadores, sin asumir riesgo ni obtener ingreso alguno.

En gran frustración se convirtió la anunciada devolución de impuestos por más de 3,9 billones. Muchísimos contribuyentes han encontrado que la Dian califica sus solicitudes como riesgosas, razón por la cual estas se inadmiten en forma automática. Es evidente que ni siquiera las revisan. Las empresas tienen que esperar 15 días hábiles para conocer el motivo de la inadmisión y pedir cita en la Dian, que, obviamente, no tiene funcionarios que los puedan atender.

El Presidente anuncia eliminación de IVA para arrendamientos comerciales, pero solo hasta julio; anuncia tres días sin IVA, pero uno tras otro para reducir su impacto; anuncia extensión de plazo para el pago de impuesto a la renta, pero para la segunda cuota. Sé que se ha discutido la eliminación del anticipo, pero, claro, ya no fue para la primera cuota. Y del impoconsumo mejor ni hablar, con los bares y restaurantes cerrados y hasta diciembre, cuando apenas comenzarán a abrir. El problema no son las intenciones presidenciales, sino los malabarismos del ministro de Hacienda, que todo lo restringe o lo imposibilita.

Que el presupuesto nacional ya no aguanta más no puede ser la disculpa para no actuar más decididamente. Han pasado dos meses, y el Gobierno no ha hecho nada en materia de endeudamiento externo, distinto de tramitar un cupo con el Fondo Monetario, pero ha perdido un tiempo precioso para buscar 20.000 millones de dólares o más que la banca internacional nos hubiera podido prestar, como lo ha hecho Perú.

La comparación con lo que están haciendo otros países es muy diciente. Con programas similares o incluso de menor alcance, Estados Unidos, Italia, Francia, el Reino Unido o, en nuestro vecindario, Perú o Chile están comprometiendo recursos para paliar la crisis, que supera en la mayoría de los casos el 10 % del PIB y en los más pudientes, hasta el 20 %. En nuestro caso se estima que, como vamos, no pasaremos del 4 o el 5 %. Recursos totalmente insuficientes, cuyo ahorro nadie agradecerá el día de mañana, comenzando por el propio Presidente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1582649403354{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras

24 de mayo 2020

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/las-ayudas-para-los-atenidos-columna-de-german-vargas-lleras-498846[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1582649420761{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Reactivación del sector turismo no se dará hasta que haya una vacuna o un plan de rescate especial.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1582649430716{margin-bottom: 0px !important;}»]De todos los sectores económicos, el más afectado sin duda es el del turismo, incluidos hoteles, agencias de viajes y muchos otros, como restaurantes y bares asociados a la actividad. Su recuperación es la más incierta de todas, pues no solo depende del Gobierno Nacional, sino de lo que ocurra en otros países. Y no es solo un tema de capacidad de movilización o eventuales cuarentenas, sino de confianza y prioridad en el gasto. Siendo realista, hay que admitir que la reactivación completa del sector no se dará hasta que se pueda disponer de una vacuna contra el virus que despeje los naturales temores al contagio.

Lo grave y triste de esta historia es que el covid-19 nos llegó justo cuando, después de muchos años de esfuerzos, el sector registraba sus más importantes avances. Más de 6 millones de visitantes permitieron al país, en el último año, obtener ingresos en divisas superiores a los 6.000 millones de dólares. Mucho nos ha costado preparar nuestra infraestructura, capacitar a miles de personas, así como promover a Colombia como atractivo destino turístico a nivel internacional, y no podemos perder de vista que este sector genera 110.000 empleos directos y 230.000 indirectos, ni que cerca de 2 millones de colombianos viven del turismo.

Los ingresos de esta industria para el presente año se estimaban en 37 billones de pesos, pero en los meses de abril y mayo cayeron en un 98 %, afectando dramáticamente a ciudades como Cartagena y San Andrés.

Por sus muy particulares características, este sector requiere un plan de rescate especial. Así lo han entendido muchos países como España, de donde hemos importado algunas iniciativas, pero con alcance restringido. Si este es el modelo por seguir, entonces propongo que adoptemos aquí algunas normas que allá se tomaron, como, por ejemplo, la exoneración del pago total de aportes a la seguridad social y un régimen propio de suspensión de los contratos laborales, con ampliación de plazos y compensación de salarios para evitar la pérdida de los empleos. También, una moratoria de los créditos hipotecarios de los inmuebles vinculados a la actividad turística, la suspensión del pago de servicios públicos hasta tanto se reanude la actividad y, para los pequeños negocios, la posibilidad de aplazar el pago de alquileres de locales comerciales hasta por un año.

Prioritarios son los apoyos para la conservación de los empleos. Los subsidios decretados por el Gobierno poco sirven al sector. Primero, porque no se aplican para personas naturales, que son el 60 % de la oferta hotelera, y, además, porque tampoco se aplican para encargos fiduciarios, que fue la modalidad con la que se construyó buena parte de su infraestructura.

Además, porque ninguna empresa estaría dispuesta a sufragar el 60 % de su nómina sin generar ningún ingreso y sin la expectativa de hacerlo en el mediano plazo. Desafortunadamente, lo que estamos viendo en Colombia es a las empresas solicitando créditos para liquidar el personal. Y de nada servirá la judicialización que ha emprendido el Mintrabajo, pues desafía la penosa realidad de esta industria.

En materia de créditos, hay que pensar en relanzar el programa de Bancóldex con líneas de largo plazo, al menos a 5 años, con periodos muertos o de gracia no inferiores a 1 año, no limitados a mipymes ni por grupos empresariales y con garantías ofrecidas por el Estado.

Además de lo planteado, tendríamos que avanzar, y rápido, con medidas como la exoneración total del pago de los aportes a la seguridad social para empresas con menos de 50 empleados, eliminar el anticipo de renta –como lo propuse para todos los sectores– y eliminar también el pago de IVA para los turistas nacionales, así como existe para los extranjeros, y aplazar el pago del impuesto de industria y comercio. También deberían eliminarse la sobretasa a la energía eléctrica para toda la cadena de la actividad turística y el abusivo cobro de Sayco-Acinpro, que insiste en recaudar el 100 % de los derechos de autor aun con los establecimientos cerrados.

En este sector como en ningún otro, el país tiene que hacer esfuerzos extraordinarios. Hemos invertido mucho y hecho grandes apuestas como para permitir que, como en la canción de Emmanuel, todo se nos derrumbe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1582649403354{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras

17 de mayo 2020

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/todo-se-derrumbo-columna-de-german-vargas-lleras-496160[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1582649420761{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

¿Se extenderán las restricciones o, por el contrario, se abrirán sectores bajo estricto protocolo?

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1582649430716{margin-bottom: 0px !important;}»]Debate de fondo se ha planteado esta semana sobre el futuro de Avianca y el papel que el Estado debería jugar en la solución de una crisis que, más allá de una compañía, involucra a un sector estratégico de nuestra economía. Argumentos muy poderosos y también propuestas concretas se han presentado por analistas, empresarios e, incluso, directivos de la aerolínea. Me parece que a estas reflexiones les ha faltado una mirada desde la política pública para responder una pregunta mucho más de fondo sobre el transporte aéreo en nuestro país.

Como en el caso del empleo y la inaplazable reforma laboral a que me referí la semana pasada, yo creo que por la crisis del sector y de su principal protagonista, Avianca, ha llegado el momento de impulsar definitivamente la política de cielos abiertos o liberalización del transporte aéreo en nuestro país.

Llegó el momento de ponerles fin a los altos costos de los tiquetes, a la mala calidad del servicio, a la impuntualidad y, en general, a todos los abusos que genera la falta de competencia en cualquier mercado.

Una política de cielos abiertos permitirá contar con más empresas que ofrezcan un mayor número de rutas y frecuencias, que compitan con tarifas, promociones y servicio. Aquí, lo que necesitamos es más operadores, tanto en rutas nacionales como internacionales, y poner al usuario y la competitividad de nuestro país en el centro de la política pública en materia de transporte aéreo.

Para lograrlo habrá que dar acceso irrestricto al mercado, con frecuencias ilimitadas, libertad de equipos y no más acuerdos de reciprocidad. En el Congreso hace trámite el proyecto de ley de cielos abiertos, el cual, hay que reconocer, nunca ha podido avanzar por causa de los intereses de Avianca. La pandemia nos ha develado, como en tantos otros temas, la necesidad de hacer cambios profundos en sectores antes intocables.

Abrir nuestros cielos no quiere decir que no debamos ocuparnos de encontrar una solución para una empresa centenaria. Pero a mí no me convencen los argumentos de quienes sugieren que el Estado colombiano aporte en este momento 1.200 millones de dólares a esta compañía, ni en calidad de préstamo ni en calidad de aportes. No creo que el futuro del sector turismo dependa de Avianca, tampoco creo que esta empresa está aportando a la competitividad del país; incluso, no creo que en cualquier caso se vayan a perder los miles de empleos directos e indirectos que genera, pues sean quienes sean los que entren a operar nuestro mercado, siempre se les podrá exigir como contraprestación para autorizar las rutas la incorporación de estos trabajadores a sus nóminas.

Tampoco es conveniente la compra de acciones –¿qué tal el Estado colombiano asociarse a semejante quiebra?–. El Estado por definición es mal administrador, y no creo que esté en capacidad de entrar a operar o controlar una compañía aérea. El fracaso de esa participación en Aces lo ilustra todo.

El rescate de esta compañía, que todos queremos, debe comenzar por el sometimiento al capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana, en virtud de la cual accionistas y acreedores deben hacer el adelgazamiento requerido por la empresa y la reestructuración de todos sus pasivos, en este caso con los fabricantes y arrendadores de aviones y con las entidades financieras y tenedores de los bonos a los que, en total, según cifras al cierre de 2019, se les adeudan algo más de 4.850 millones de dólares.

Este proceso, diseñado para proteger a la compañía durante un largo periodo, le permitiría reducirse al tamaño ideal y sanearse, y ahí sí el Gobierno podría pensar en financiar su capital de trabajo. Solamente en este escenario tendría sentido lanzarle un salvavidas a Avianca. Cualquier otra ayuda será transferir recursos públicos de todos los colombianos a las entidades financieras internacionales y a los accionistas, sin que ello garantice, para nada, la supervivencia de la compañía, lo cual carece de toda justificación.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1582649403354{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras

10 de mayo 2020

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/salvar-avianca-columna-de-german-vargas-lleras-493684[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1582649420761{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Nuestro país se ha quedado muy corto al decretar medidas extraordinarias para proteger el empleo.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1582649430716{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana se ha conocido la cifra de desempleo, que según el Dane registra un 12,5 %. Fedesarrollo ya había advertido que el producto interno caerá, lo que puede llevar a un incremento del desempleo nacional entre el 19 y el 22 %. Asofondos sostiene que hay 7,2 millones de empleos en riesgo. Los aportes a pensiones se redujeron en un 8 %, y las cajas de compensación, solo en Bogotá, perdieron entre un 10 y un 15 % de sus afiliados. La situación así planteada es francamente insostenible.

La mayoría de los países afectados por la crisis del covid-19 han decretado medidas extraordinarias y heroicas para proteger el empleo. El nuestro se ha quedado muy corto, pues no ha pasado de adelantar vacaciones y autorizar licencias no remuneradas.

La situación no se resolverá sino por la doble vía de implementar temporalmente los subsidios a la nómina, que ya operan con éxito en muchos países, al tiempo que se adoptan medidas en el ámbito laboral, racionalizando transitoriamente los costos del empleo en el país.

Se estima que subsidiar al 100 % de los empleados formales podría tener un costo de $ 20 billones mensuales. Pero, siguiendo aspectos de la propuesta que ha formulado Acopi de un subsidio focalizado en las empresas más afectadas, aquellas que han perdido más del 70 % de sus ingresos, y limitándolo a un 30 % del salario, el Gobierno podría comprometerse con un programa hasta final de año, con un gasto estimado de $ 50 billones. Una cifra que es perfectamente asumible para nuestro país, que se financiaría a largo plazo y con bajas tasas de interés y, por supuesto, con empresas que se comprometan a preservar los empleos.

Por otra parte, es claro que la situación actual ha puesto los reflectores en la necesidad de adelantar la muy aplazada y urgente reforma laboral y, además, adoptar una serie de medidas con efectos transitorios. Dentro de esta segunda categoría, debería pensarse en la reducción de los salarios y la revisión de los contratos de trabajo y las convenciones colectivas, las cuales pueden suspenderse. Para ello sería indispensable reconocer la existencia de una anormalidad económica en los términos de los artículos 50 y 480 del Código del Trabajo.

Debería, igualmente, permitirse el salario mínimo por horas, que posibilitaría avanzar en la formalización del empleo. También se deberían flexibilizar los horarios de trabajo, dadas las actuales medidas de aislamiento y la necesidad de hacer turnos nocturnos, dominicales y festivos. Estos cargos representan el 75 % de los costos para un trabajador con salario mínimo.

Por supuesto, habría que pensar en eliminar transitoriamente las primas de junio y diciembre. Si no hay con qué pagar los salarios, mucho menos las primas, que valen más de $ 1 billón si tan solo calculamos los salarios mínimos. A estas alturas, ¿qué estará pensando el Centro Democrático de su propuesta de una prima adicional?

Y también de forma transitoria suspender las cesantías y los intereses de cesantías, que cuestan bastante más de $ 2,3 billones. Hay que repensar también, en estas épocas de teletrabajo, en eliminar para estos trabajadores los subsidios de transporte y las dotaciones obligatorias. Solo el subsidio cuesta más de $ 600.000 millones por mes.

Para las nuevas contrataciones, hay que flexibilizar los costos de despido y avanzar con una política agresiva de formalización del empleo. Esta crisis ha puesto al descubierto la enorme fragilidad del empleo en Colombia, de la mano de su altísima informalidad. Solo para citar algunos ejemplos, pensemos que en Cúcuta, antes de la crisis, la informalidad era del 72 % y en Sincelejo, del 67,5 %.

Yo sé que todas estas propuestas son delicadas e impopulares, pero necesarias si se quiere evitar una masacre laboral. El Gobierno ha anunciado una nueva declaratoria de emergencia económica que debería servir ante todo para obtener los recursos necesarios para el subsidio de la nómina y como sustento constitucional para la expedición de las reformas laborales planteadas.

Para salir lo mejor librados de esta crisis, todos debemos aportar. Cuando llega la quincena y no hay cómo pagarla, una parte es mejor que nada. Por favor, no más reflexiones. Acción. Acción.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1582649403354{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras

3 de mayo 2020

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/llego-la-quincena-columna-de-german-vargas-lleras-491034[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1582649420761{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

La coyuntura actual sí requiere una reforma tributaria, pero para bajar más la tasa de tributación.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1582649430716{margin-bottom: 0px !important;}»]En buena hora el Gobierno ha acogido iniciativas planteadas desde esta columna para incrementar la liquidez en la economía y proteger el empleo y las empresas. Acelerar las devoluciones de impuestos en la Dian y extender al 90 % las garantías para nuevos créditos al sector productivo van precisamente orientadas en esa dirección, aunque podrían quedarse cortas. Los empresarios se quejan de que los recursos ofrecidos a través de los diferentes programas asistenciales, de las líneas especiales de Bancóldex y de los créditos bancarios avalados por del Fondo Nacional de Garantías no llegan con celeridad ni suficiente cobertura. El jalón de orejas presidencial llega en buen momento.

Estamos a punto de cumplir 40 días de confinamiento obligatorio. La mayor parte de las empresas y de personas, independientes y asalariados, no están generando ingresos, y la amenaza del desempleo es una bomba de tiempo. Cómo plantear, entonces, una reforma tributaria que imponga mayores impuestos a las empresas y a las personas naturales en un momento en el que no hay generación de ingresos y, por ende, hay escasa disponibilidad de caja.

La tasa efectiva de tributación de los negocios en Colombia, tal y como la han calculado el Banco Mundial y otras entidades internacionales que se ocupan del tema, se sitúa en un porcentaje cercano al 70 %, uno de los más altos del mundo. Esta semana, nuestros economistas criollos salieron en gavilla, empezando por el minhacienda, con la genial idea de aprobar cuanto antes una reforma tributaria para elevar los impuestos y reversar los avances logrados en 2019. ¿Qué pretenden con esta propuesta? ¿Situarlos en el 100 %? Si fueran bomberos, apagarían los incendios con gasolina. Gracias a Dios optaron por estudiar economía.

Hemos repetido hasta el cansancio que Colombia tiene que volver competitivo su sistema impositivo, con tasas de tributación que fluctúen entre el 30 y el 40 %, para alcanzar unos niveles de crecimiento superiores al 5 % anual, por un período de 20 o más años. La coyuntura actual sí requiere una reforma tributaria, pero para bajar más la tasa de tributación a niveles parecidos a la que registran otros países de la región. Pero lo que se escucha son propuestas que buscan desmontar los importantes avances que se consiguieron en la reforma pasada en materia de descuento del impuesto del ICA sobre el de renta, el IVA descontable sobre bienes de capital, la eliminación progresiva de la renta presuntiva y regresar al confiscatorio impuesto al patrimonio para las empresas.

Otros charlatanes sostienen que se eleve el impuesto de renta a las personas naturales. Olvidan que hoy, estas tributan el 39 % de sus ingresos y siguen pagando impuesto al patrimonio por unos bienes que este año no rentarán un peso.

En buena hora el Presidente abortó la idea de tramitar una reforma tributaria durante la próxima legislatura, expresando con total claridad que el palo no está para cucharas. Qué momento más inoportuno para plantear una reforma, cuando el país aún no tiene claro cómo vamos a salir de esta crisis y Fedesarrollo pronostica que este año la economía tendrá un crecimiento negativo de entre -2,7 y -7,9 %. Lo que se requiere es más medidas que alivien el sector empresarial. ¿Qué están esperando para bajar a cero el anticipo que tienen que pagar los contribuyentes del impuesto sobre la renta en los próximos días, y que pagarlo para muchas empresas significa proceder a su quiebra? Este anticipo supone tributar sobre una utilidad que todos sabemos no se producirá en la mayor parte de los sectores y empresas del país y va totalmente en contravía del propósito de inyectar liquidez al sistema y dar un respiro al sector productivo. El próximo año, cuando sea ya tarde para muchas, habrá que devolverles este anticipo sobre unas rentas que no se causaron. De todas las posibles ayudas, esta sin duda puede ser la más efectiva. Si el Gobierno quiere acertar, y no lo dudo, tiene la posibilidad de hacerlo eliminando el anticipo del impuesto sobre la renta, para lo cual el Estatuto Tributario en su art. 808 le da amplias facultades. Es un tema de decisión política y de conveniencia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1582649403354{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

* Dirección Fundación Carlos Lleras

26 de abril 2020

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/apagando-el-incendio-con-gasolina-columna-de-german-vargas-lleras-488638[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]