Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Nadie revisó, ni se enteró ni le importó

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1630284210614{margin-bottom: 0px !important;}»]

    Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La ministra ha descargado la responsabilidad de lo sucedido en el comité fiduciario.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1630284279514{margin-bottom: 0px !important;}»]Este viernes tendrá lugar el debate de moción de censura contra la ministra de Comunicaciones, y cada día se develan más hechos escandalosos sobre el contrato con el consorcio Centros Poblados. Y se van desmontando mitos y falsedades, como aquella de que la ministra Abudinen encontró todo ya cocinado. Falso. Tuvieron todo el tiempo para revisar los pliegos, que, una vez modificados, solo se llegaron a publicar en agosto de 2020 y en forma definitiva en octubre. Originalmente se trataba de una sola región, lo cual podía conducir a importantes economías de escala, pero luego se dividió en dos, con lo que las exigencias financieras y de experiencia se redujeron a la mitad. Qué error para un contrato de este impacto y monto.

    Más crítico y sospechoso fue el cambio de metodología de adjudicación del contrato. La ministra dijo que se privilegiaría la oferta con mayores colegios ofrecidos, lo cual hacía deseable el sistema inicialmente propuesto de puja en línea de todos los oferentes. Esto se cambió por un método que permitió que Centros Poblados, faltando solo 9 minutos para el cierre de la licitación, presentara la última oferta, que resultó ganadora. Solo los funcionarios tenían acceso a todas las ofertas en tiempo real que eran subidas al sistema. ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Se filtró información privilegiada a Centros Poblados desde el Ministerio?

    La ministra ha descargado la responsabilidad de lo sucedido en el comité fiduciario. Claro, este era responsable de autorizar el pago de los anticipos de 70.000 millones y tenía previsto girar 164.000 millones más. Ese comité estaba integrado, entre otros, por el supervisor del contrato, por el director de la interventoría –que ha guardado total silencio–, por un representante del contratista, y además, se estipuló que los garantes, o sea, el banco, debían ser invitados permanentes a los comités fiduciarios. Nunca asistieron. Hoy sabemos que la póliza era chimba, que no existía ningún banco garante a quien invitar. Pero nada de esto les llamó la atención y autorizaron los desembolsos sin ningún problema. Si hubieran intentado al menos contactarlos, se habrían dado cuenta de inmediato, y antes de girar los anticipos, de la falsedad de las pólizas, de todas las pólizas incluidas, por supuesto, la de seriedad de la oferta con la cual se habilitaron.

    Que nos expliquen también cómo se seleccionó al interventor, a quien se adjudicó un contrato por 19.000 millones de pesos, el consorcio PE 2020 C Digitales, que está integrado por las empresas Telemediciones y Eurocontrol, las cuales, en otras contrataciones han sido socias de Funtics, socia de Centros Poblados, a la que ahora deben auditar. Con tamaño conflicto de intereses, ¿cómo pudo adjudicársele este millonario contrato? ¿Nadie se enteró, nadie revisó? Qué conveniente.

    Dos integrantes del consorcio, Intec y Omega Building, cambiaron su objeto social para incluir temas de comunicaciones, 5 días antes de presentarse a la convocatoria. Sus actividades originales eran la construcción de edificios, carreteras, ferrovías, hasta fontanería y fabricación de muebles. Igualmente, nadie revisó ni a nadie le importó. Omega, por su parte, incrementó su patrimonio de 5 a 23.000 millones, justo antes de la licitación. ¿Quién puso esos recursos? ¿Es verdad que con cargo al anticipo de 50.000 millones se le giraron inmediatamente 5.800? Curiosa “coincidencia”.

    Y ojo porque, sin incluir el valor del contrato de Centros Poblados, los cuatro integrantes de este consorcio tienen o han tenido contratos con el Estado por un valor de un billón ciento setenta y tres mil millones de pesos, a través de 225 contratos y 170 consorcios y uniones temporales. A nivel individual, estos cuatro ‘titanes’ han suscrito 85 contratos por más de 225.000 millones de pesos. Vaya tarea de investigación que les espera a los organismos de control.

    Con razón, cuando a la gente le preguntan qué es lo que más le preocupa de nuestro dichoso país, no es el desempleo ni la inseguridad, ni siquiera la pobreza extrema, sino la corrupción, madre de todas las desgracias que nos agobian.

    P. D. Bastantes más interrogantes, todos sin respuesta, pueden encontrarse en mi cuenta de Twitter @German_Vargas. Cuenta que permanentemente también me chivean.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1630284425442{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    29 de agosto 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/nadie-reviso-ni-se-entero-ni-le-importo-columna-de-german-vargas-lleras-614027[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Sanción ejemplar

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1629684604730{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Cómo es posible que la entidad no tenga que dar su visto bueno?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1629684549754{margin-bottom: 0px !important;}»]El país entero escuchó al presidente Duque decir: “No descansaremos hasta recuperar el último peso” del anticipo por $ 70.000 millones desembolsado al consorcio Centros Poblados y por su conducto a la firma ICM, líder de este, que acreditó la experiencia en ese descalabro.
    En hora buena el Mintic decretó la caducidad del contrato, pero ello no garantiza que se recuperará el anticipo al no existir garantías, ni manera de hacer efectiva la cláusula penal ni, mucho menos, yendo a perseguir unos equipos que nadie sabe si existen. Por eso, lo más expedito y lo que sin duda debe hacerse es declarar también la caducidad de todos los contratos que esta firma ICM tiene con el Estado, solicitar la devolución de los anticipos pagados y ejecutar todas las pólizas y garantías otorgadas, esperando que en estos casos no salgan chimbas.

    Y ahora nos enteramos de que en el primer semestre de este año el Invías les adjudicó contratos a 3 consorcios de los que hace parte ICM. El primero, a través del consorcio Vías Cauca para la construcción del tramo Altamira-Florencia por valor de $ 45.000 millones. A la fecha se ha ejecutado el 13 %, ni siquiera una tercera parte del anticipo que alegremente se les entregó por casi $ 19.000 millones.

    El segundo, a través del consorcio Corredores Viales para construir el tramo Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal por valor de 137.000 millones con 0 % de ejecución y con anticipos pactados que van hasta el 50 % del valor total.

    El tercero, a través del consorcio San Sebastián por valor de $ 300.000 millones y también con una ejecución de 0 %. El mismo anticipo del 50 %. Otra belleza.

    Llama la atención la muy inconveniente práctica en el Invías de permitir el desembolso de los recursos depositados en las fiducias con la sola firma del contratista y del interventor. ¿Cómo es posible que la entidad no tenga que dar su visto bueno? Fácil pero costosa manera de lavarse las manos.

    Y ahora el cuate director del Invías, Juan Esteban Gil, conocida la caducidad de Centros Poblados, anuncia que va a exigir la cesión de los mencionados contratos, siguiendo la tesis conocida del abogado Pino Ricci. De permitir esto, ICM de seguro podrá obtener una jugosa e inmerecida prima, cuando prácticamente no ha ejecutado nada de los contratos. Si de verdad se quisiera recuperar algo de los $ 70.000 millones del Mintic y, además, establecer una sanción ejemplar contra estos contratistas, se debería proceder en estos tres casos con la caducidad de los contratos. Es probable que a estas alturas sea a lo único a lo que podrá caérsele.

    Y que no empiecen a llenarse de razones para no proceder de esta manera. Saben bien que el Invías tiene la facultad legal para hacerlo, según el art. 9 del Código Administrativo, previo un estudio de la situación y un juicio de valor que les permitan hacer uso de sus potestades, o bien para caducar los contratos o de pleno derecho darlos por terminados de manera anticipada y exigiendo la devolución de los anticipos no amortizados. Ese es el camino.

    Hicieron bien la Fiscalía y la Contraloría en llamar a responder a todos los que hasta ahora han aparecido en el caso, pero me temo que todavía son peces menores, incapaces de mover no los hilos, sino las poderosas cuerdas de este desfalco. Ojalá pronto den resultados.

    P. D. El Gobierno de Estados Unidos donó a Colombia 6 millones de vacunas. Todas ya recibidas y aplicadas. Se trata de la única donación que hemos recibido y, entiendo, una de las mayores que ha hecho EE. UU.

    En gesto de reciprocidad y torpeza, el Minsalud acaba de suscribir un convenio con el Gobierno chino dizque para producir una vacuna chino-criolla en Colombia. Aparte de ser este proyecto todo un cuentazo, me pregunto qué estará pensando el Gobierno norteamericano de esta curiosa forma de agradecerles, justo cuando la relación bilateral comienza a reconstruirse. Todo un cabezazo. Más bien deberían estar pensando en cómo hacer para pagarles a las IPS los $ 680.000 millones que ya dispuso el Minhacienda en el Fondo de Calamidad para cubrir los costos de la vacunación, y de los cuales apenas se han desembolsado $ 19.000 millones por problemas del aplicativo en el Ministerio. En igual sentido he advertido sobre la ley de punto final que fallece, en razón de la incapacidad incomprensible de auditar las cuentas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1629684628799{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    22 de agosto 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sancion-ejemplar-columna-de-german-vargas-lleras-612292[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Revivieron los auxilios

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1629212966136{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Esta semana entra en tierra derecha la resurrección de los auxilios a los medios de comunicación.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1629212822673{margin-bottom: 0px !important;}»]Cada día se conocen nuevos hallazgos en torno a la adjudicación del contrato por más de un billón de pesos al tristemente famoso consorcio Centros Poblados. Ya empiezan a aparecer los verdaderos socios de este escandaloso atraco a la nación. Todos, viejos conocidos de los estrados judiciales. Así como no revisaron las pólizas, tampoco les interesó indagar por ninguno de los partícipes de este entramado.

    Macabro, dijo el Presidente. Es verdad. Empezando por las vehementes declaraciones de la ministra Abudinen, cuando en abril afirmó: “Si no cumplo, me llevan al cementerio, así se lo pongo. A octubre tendremos 8.700 colegios conectados… estamos detrás de los operadores porque nuestros niños y sus familias son lo más importante”. Qué curioso concepto de cementerio tiene la ministra. ¿A qué se refería cuando dijo que estaba detrás de los operadores? Todo suena siniestro.

    Este viernes, por fortuna, quedó en firme la caducidad del contrato. Como era de esperarse, Pino Ricci interpuso el recurso extraordinario de revocatoria directa y pidió acreditar a sus clientes como víctimas. Anuncia pleitos interminables en los que ojalá la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación y su director, Camilo Gómez, se apersonen. Imposible dejar en manos de los abogados del Ministerio semejante pleito. Pero ahora lo importante es saber a las cuentas de quiénes fueron a parar los $ 70.000 millones del anticipo, que nunca se recuperarán. ¿A alguien se le ha ocurrido preguntar por qué escogieron como epicentro internacional de esta operación el estado de Delaware, en Estados Unidos? Aquí no estamos tratando con principiantes, sino con verdaderos profesionales.

    Como si no tuvieran suficientes problemas en el Mintic, esta semana entra en tierra derecha la resurrección de los auxilios a los medios de comunicación. Lo primero sea advertir, para que luego no digan que nada sabían, que esos auxilios están expresamente prohibidos en el art. 355 de la C. N., que establece: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado…”.

    Ya venció el plazo de evaluación de las 354 solicitudes, y ninguna, léase bien, ninguna calificó. Pero en vez de curarse en salud y no continuar con este despropósito, se autorizó un plazo adicional que venció este viernes 13 a las 11:59 p. m., día cabalístico, para subsanar la falta de cumplimiento de requisitos para acceder a los $ 85.000 millones que pretende repartir la ministra, cual piñata de cumpleaños. La lotería se hará el próximo 1.º de septiembre, por el conocido sistema de balotas, entre quienes obtengan el tiquete para participar en la rifa. Qué buen criterio de priorización o focalización de los recursos. Y todo esto, en cumplimiento de la exigente política de austeridad proclamada por el Gobierno. ¡Bravo!

    Aunque 2019 y 2020 han sido años muy difíciles para el sector, celebro que medios de comunicación como Caracol TV, Blu Radio, ‘El Espectador’, RCN, Caracol Radio, ‘Semana’, Olímpica y, por supuesto, esta casa editorial, entre otros, no hayan querido aplicar a estos “beneficios”, comprometiendo su independencia y convirtiéndose en blanco de feroces críticas de la opinión.

    Muy distinto sería retomar la iniciativa de la legislatura pasada y nuevamente radicada, que permitiría incorporar a nuestra legislación un mecanismo permanente de estímulo a los medios, tal como ocurre en muchísimos países a través de subsidios directos a la distribución. También, con incentivos para contratación y formación de periodistas e, incluso, programas tan necesarios como aquel de “sembrar periódicos locales”.

    Bien haría el Ministerio en poner fin a esta ilegal repartija y dejar de oponerse al mencionado proyecto de ley, que sí establece un marco permanente de apoyo, transparente, que no vulnera la independencia de los medios y con claras contraprestaciones en materia de transición tecnológica e impacto social y regional.

    P. D. Admiré mucho a Carlos Ardila Lülle. El más importante líder industrial del país. Todo se lo apostó a creer en Colombia. Mis condolencias a todos los miembros de su familia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1629212763826{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    15 de agosto 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/revivieron-los-auxilios-columna-de-german-vargas-lleras-610744[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Recuperar la educación pública

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1628479539818{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Qué razones poderosas mueven a Fecode para oponerse a la presencialidad?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1628479695074{margin-bottom: 0px !important;}»]Inaceptable el comportamiento de Fecode y su dirigencia durante la pandemia de covid-19. Su negativa a retornar a la presencialidad de la educación, utilizada además como mecanismo de presión para tramitar sus multimillonarios pliegos de exigencias, tiene que hacer pensar al país que llegó la hora de poner fin a tanta desfachatez. A punta de paros y, por supuesto, de la incapacidad de los gobiernos de pararse en la raya, Fecode ha conseguido lo impensable: que todo el sistema educativo no esté al servicio de millones de niños y jóvenes, sino de intereses particulares de una élite enquistada en el más sensible de los servicios públicos al que una sociedad tiene derecho, como es la educación.

    e. Ya se cuentan 517 tutelas contra la apertura de los colegios, no tengo duda de que interpuestas por estos preocupados dirigentes sindicales. Por fortuna, la mayoría las ha ganado el Gobierno, pero en siete ciudades se han impuesto medidas cautelares que han impedido regresar a la presencialidad. El caso de enmarcar es el departamento del Magdalena, cuyo gobernador ha resuelto convertir el tema en batalla personal. La Procuraduría ya ha tomado cartas en el asunto, y ojalá sancionen ejemplarmente a este mandatario enviándolo a su casa en forma permanente.

    ¿Qué razones poderosas mueven a Fecode para oponerse a la presencialidad? No creo que sean la salud y la protección de maestros y estudiantes. Vale la pena recordar que el Gobierno priorizó la vacunación de profesores, al punto de que hoy, más del 85 % lo están. No me explico cómo quedan todavía 61.000 sin hacerlo, cuando todo está dispuesto para atenderlos con total prioridad. Además, durante la pandemia el Gobierno ha entregado más de 800.000 millones de pesos para adecuar las condiciones de bioseguridad para el retorno a las aulas. Todos los plazos para regresar ya vencieron.

    Lo que realmente quieren es arrodillar al Gobierno para obtener, de acuerdo con el pliego ya presentado, mayores incrementos salariales, bonificaciones y nuevas primas, nuevos cupos de ascenso y aprobación de mecanismos alternativos para seguir burlando los concursos. Lo que no dicen es que desde 2014 hasta 2022 han recibido incrementos salariales, en términos reales, de 17 puntos adicionales a los otorgados a todos los servidores públicos y que se les incrementó la bonificación anual de un 6 a un 15 % del salario. Miles de ascensos y reubicaciones se han hecho en los últimos seis años, además de importantes y costosísimos programas de vivienda y salud. Como si fuera poco, el Gobierno destinó más de un billón de pesos para pagar deudas acumuladas en materia de cesantías. A toda esta generosidad del país, el sindicato responde con más amenazas, con marchas y paros a los que sí se puede asistir, pues allí no hay peligro de contagio, con tutelas y más y más reclamaciones desbordadas.

    Y en medio de este panorama pierden los niños y jóvenes de Colombia. Unicef, Unesco, la propia CIDH, que tanto defienden, claman por el regreso a la presencialidad, pero a estos señores nada los conmueve como no sean sus muy personales intereses. Ya es hora de ponerlos en su sitio y librar la cruzada de recuperar el sector educativo público, capturado y privatizado desde hace décadas por Fecode.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1628479593678{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    8 de agosto 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/recuperar-la-educacion-publica-columna-de-german-vargas-lleras-609071[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Las agencias calificadoras

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1627920098189{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    A Colombia la descalifican por su déficit fiscal, que es legítimo, e incluso necesario.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1627920080452{margin-bottom: 0px !important;}»]No han servido 211 años de independencia para que actuemos como nación soberana. A estas alturas de nuestra historia, ahora el país depende de lo que opinen las agencias calificadoras de riesgo, entidades al servicio de los intereses de los fondos de inversión, de la banca internacional y de los ejecutivos de estas, que no solo fueron incapaces de pronosticar la crisis financiera internacional del 2008, sino que fueron los artífices principales de esta y de muchas otras.

    También es de muy ingrata recordación la quiebra de Islandia, país que solo días antes del colapso había recibido la calificación triple A de las famosas y conflictuadas calificadoras. ¿Dónde estaban semanas antes de las quiebras de Lehman Brothers, Merrill Lynch o AIG? Muy distraídas, seguramente, en sus conflictos de intereses. ¿Y dónde estaban cuando sobrevino la crisis de los ‘subprime’ y de las quiebras de Fanny Mae y Freddie Mac, que seguían calificadas con triple A? Y qué decir de la ahora muy ortodoxa Moody’s, que ganó millones de dólares avalando estos títulos para luego lavarse las manos.

    Recomiendo ver el documental ‘Trabajo confidencial’ en Netflix. Imperdible. Una radiografía de fraudes, intereses, quiebras, mentiras y desfalcos, cuyos protagonistas son estas mismas calificadoras que recibieron jugosas compensaciones y ahora pretenden dictar la política fiscal y macroeconómica de los países. Vergüenza debería darles.

    A Colombia la descalifican por su déficit fiscal, que es legítimo, e incluso necesario, en una coyuntura como la que ha atravesado el país a causa del covid-19. No es fruto de un manejo irresponsable de las finanzas públicas. Le llegó al país acompañado de la muerte de más de 120.000 colombianos, lo que generó, como en el resto del mundo, una parálisis sin precedentes de la economía. ¿Qué querían? ¿Que con un desempleo del 20 % y 400.000 micronegocios arruinados fuéramos a los hogares de muchas familias empobrecidas a reducir aún más sus presupuestos de subsistencia?

    En este momento, la prioridad del país no está en la regla fiscal, ni en la reducción de la deuda pública ni en el control del déficit fiscal, y mucho menos en la obtención de oscuras certificaciones. La prioridad de la nación está en recuperar el empleo y los negocios que se perdieron, en luchar contra la pobreza extrema que trajo el covid y en levantar la economía del daño que le causaron la pandemia y los bloqueos. Y si para ello es necesario aumentar la deuda y el déficit, habrá que aumentarlos. Pero por cuenta de unas agencias calificadoras internacionales, el país no debe dejar morir a la gente de hambre ni dejar que se quiebren más negocios.

    No es el momento de la ortodoxia en materia económica. No lo ha sido en EE. UU. ni en Europa. En los próximos años, el país tendrá que aumentar la inversión pública y se requerirá un mayor endeudamiento –no las imprentas de billetes de Petro– para permitir que la economía se recupere. Y, claro, no es a través de una reforma tributaria que reduzca el presupuesto de las familias de clase media, que no resisten un impuesto más, como se va a reencauzar la economía. Ya llegará el momento de ocuparse del déficit y la deuda, cuando se hayan recuperado los niveles de empleo e ingreso.

    Creo que somos el único país del mundo que en estas dificultades está tramitando una reforma fiscal. Pero ya algunos de los representantes de las agencias calificadoras dicen que no es la que esperaban, que es tímida, que no nos devolverá el grado de inversión. Es bueno recordar que hemos vivido en el pasado sin su certificación, sin que por ello hayamos perdido el crecimiento económico, el acceso al crédito internacional ni la presencia de inversión extranjera en Colombia.

    Por todo esto da dolor ver la actitud de candidatos, de funcionarios públicos y de nuestros economistas criollos, los mismos que rotan entre las entidades multilaterales, los gremios y las oficinas públicas, hacer venias y genuflexiones a las agencias calificadoras.

    Ya es hora de que el Gobierno les notifique que Colombia es una nación soberana. Si quieren entender la coyuntura, bienvenidos, pero si no lo quieren hacer, bien idos y hagan lo que mejor les parezca con su certificación y su grado de inversión.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1627919982680{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    1 de agosto 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/las-agencias-calificadoras-columna-de-german-vargas-lleras-607439[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Quién es la cara oculta

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1625602417751{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Se habrá preguntado el doctor Galán por las consecuencias inmediatas de semejante aprobación?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1625602454853{margin-bottom: 0px !important;}»]Empieza a calentar motores la campaña electoral y, como es tradicional, aparecen de nuevo los temas que los candidatos creen contribuirán a aumentar su aceptación. Para desgracia del sector productivo, ya salimos del muy inconveniente de reducir la jornada laboral, pero seguro volverán con la creación de nuevas primas, no puede faltar el de la adopción por parte de parejas homosexuales, ni el de la eutanasia ni el de la legalización de las drogas.

    A propósito de este último, no podía yo dar credibilidad a las propuestas del ahora candidato Juan Manuel Galán en entrevista con Vicky Dávila, en las que planteó que había que legalizar todas las drogas. Repito, todas las drogas. ¿Cómo entender que sea el propio hijo de Luis Carlos quien ahora promueva la legalización como principal bandera de su campaña? Cuesta creerlo.

    Galán adornó su propuesta con un cuestionamiento sobre la lucha que ha librado Colombia en este frente por más de 40 años. Se pregunta por la utilidad de los recursos invertidos en combatir a los narcotraficantes y sus estructuras criminales y planteó que el Estado en vez de combatirlas pase ahora a regular su producción, su calidad, sus precios; mejor dicho, que el Estado se convierta en empresario del flamante negocio de las drogas.

    Y propone que demos este paso en solitario, no mediante un acuerdo global fruto del consenso de la comunidad internacional, sino a través de una iniciativa criolla que todo lo resuelva y lo regule. ¿Se habrá preguntado el doctor Galán por las consecuencias inmediatas de semejante aprobación por el Congreso? Para empezar, ¿podrá Colombia legalizar la siembra, la transformación, el consumo y, claro, la exportación de todo tipo de drogas de manera unilateral? ¿Podrá el país sustraerse de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de las cuales somos signatarios?

    Con la legalización se eliminarían del Código Penal todos los delitos relacionados. Se caerían todas las condenas, y todos los bienes incautados deberían regresarse a sus propietarios. Lo mismo ocurriría con los procesos de extinción de dominio, en virtud del principio de favorabilidad.

    En cuanto a la extradición, quedaría sin vigencia, pues requiere reciprocidad de los Estados. Colombia se convertiría en refugio de narcos, ahora legalizados, un paraíso, como lo recordara recientemente Alfonso Gómez al referirse al vergonzoso espectáculo en el cual la Constituyente del 91 eliminó la extradición. ¿Recordará Juan Manuel que fue precisamente la extradición el motivo principal que condujo al asesinato de su padre, de Rodrigo Lara y de tantos otros que se enfrentaron a las mafias del narcotráfico?

    Se me ocurre pensar que el ministro de Justicia sí tendría un respiro, pues se estima que más de 30.000 presos condenados por delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir, entre otros, saldrían de las cárceles en aplicación de la nueva ley. Vaya instrumento de descongestión judicial, poniendo en las calles a individuos de enorme peligrosidad pertenecientes a poderosas organizaciones criminales.

    Tendríamos que enfrentar el aumento del consumo de drogas con todos sus efectos sociales y de salud pública. ¿Qué opinarán los padres de familia que han visto consumirse a sus hijos por este flagelo? ¿Qué opinarán también las familias de esos miles de jueces, magistrados, policías y soldados, periodistas y tantos colombianos que entregaron sus vidas enfrentando esta tragedia mundial?

    Ya el doctor Galán se anotó un ‘triunfo’ con la legalización de la marihuana medicinal. Por fortuna, el proyecto que legalizaba su uso recreativo fue negado en las plenarias. Pero él insiste en que va por todas, no excluye a ninguna: coca, heroína, bazuco, ácidos y drogas sintéticas. Valdría la pena una explicación del doctor Galán sobre lo dicho y de varios candidatos que pretenderán quitarle esa bandera.

    Como veo las cosas, de fallar la Corte Constitucional a favor de la vigencia del partido Nuevo Liberalismo, habría que rebautizarlo como el Nuevo Nuevo Liberalismo, pues nada más lejano del pensamiento de Luis Carlos Galán que este proyecto de legalización que tensa todas las fibras no solo de nuestro pasado, sino, en especial, de nuestro futuro.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1627261230287{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    25 de Julio 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/quien-es-la-cara-oculta-columna-de-german-vargas-lleras-605629[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Una reforma posible

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1627260166358{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Al final se presentará sencilla en su articulado y permitirá recaudar los recursos requeridos.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1627260403549{margin-bottom: 0px !important;}»]Comienzo por decir que una reforma tributaria nunca será bien recibida por los contribuyentes, nunca tampoco satisface las expectativas del Gobierno, pero le genera gran desgaste y riesgos en lo político, como los que evidenciamos en las recientes protestas convocadas, precisamente, a propósito de la equivocada reforma fiscal presentada por el ministro Carrasquilla.

    Tramitar, entonces, una reforma en medio de la peor crisis económica y social que haya experimentado el país, constituye un reto enorme para el Gobierno y en particular para el ministro de Hacienda, a quien debo reconocer y felicitar por el esfuerzo descomunal que ha realizado para concertar su texto, escuchando con interés y paciencia no solo a los diferentes grupos políticos, sino a representantes de todos los sectores empresariales y sociales.

    Al final se presentará una reforma sencilla en su articulado, ambiciosa en la medida de las posibilidades restringidas del país, y que permitirá recaudar los recursos requeridos con urgencia para atender el gasto social originado en la pandemia. También destaco que en lo posible se ha mantenido el norte fijado en la reforma de 2019 para recuperar la competitividad del país y acercarlo a tasas internacionales de tributación para las empresas.

    El primer aspecto positivo que hay que resaltar es que no incorpora nuevamente el antitécnico y perjudicial impuesto al patrimonio. El solo anuncio de su extensión generó este año el éxodo de capitales al exterior. A 11 de junio, la inversión colombiana en el exterior creció el 51,5 % y se fueron del país 638 millones de dólares más. Recordemos que dicho impuesto tan solo lo pagaron algo más de 6.500 colombianos y, como lo hemos sostenido, 35.000 ya fijaron su residencia fiscal en el exterior. De incorporarse este tributo, otros miles tomarían esta opción. Impulsados, además, por los anuncios del senador Petro contra esos 4.000 colombianos convertidos en objetivo fiscal único de sus propuestas.

    Otra importante noticia es que el proyecto no incorpora la figura de la renta presuntiva, que fue abolida por nuestra insistencia en 2019. Hace bien el Gobierno en no prestar atención a quienes, sin ningún sustento, reclaman otra vez la incorporación de este impuesto, también antitécnico y confiscatorio.

    Lo más importante es que el proyecto no toca a las personas naturales ni a los ya muy escasos estímulos que sobreviven en materia de vivienda y ahorro pensional. Es lo correcto, pues sobre estos contribuyentes ya recaen enormes gravámenes, particularmente sobre los asalariados, cuya tributación ya se acerca al 40 % de sus ingresos.

    La principal fuente de ingresos del proyecto lo constituye el impuesto de renta a personas jurídicas, que se eleva a 35 %. En esto el Gobierno, como se dice coloquialmente, les cogió la caña a los empresarios representados en la Andi. Coincido en que esta es la decisión correcta y la fuente más apropiada. Habrá que posponer el viejo anhelo consagrado en la reforma 2019 de ver algún día bajar esta tarifa a cifras competitivas del 30 %. Y por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50 % del ICA, aplazando la entrada en vigor del 100 %, como quedó consignado también en la reforma de 2019. Se mantiene este principio, que beneficia, particularmente, al comercio y a las empresas pequeñas y medianas.

    Como se aprecia, los ingresos fiscales adicionales se obtendrán en renta y no en el aumento del 10 al 15 % en los dividendos, como se pretendía. El Gobierno finalmente atendió nuestras razones, referentes a que esta subida no generaba sino una expectativa de recaudo y que, probablemente, las empresas no decretarían dividendos, perjudicando a los pequeños y medianos accionistas que viven de ellos.

    La reforma se concentra, así mismo, en medidas antievasión y de austeridad que tantos sectores han reclamado. Se flexibiliza la regla fiscal y se incorpora el componente social de ingreso solidario, prórroga del Paef y de los incentivos al sector turístico, tan necesarios, entre otros.

    Confío en que el Gobierno sepa impulsarla y la proteja de propuestas populistas durante su trámite. Si se mantiene firme, tendrá una buena reforma, tal vez no la mejor, pero sí la posible en estos momentos.

    P. D. Ni mu frente a los abusos en Cuba de quienes aquí justifican los bloqueos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1627260259295{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    18 de Julio 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/una-reforma-posible-columna-de-german-vargas-lleras-604029[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Ninguna sorpresa

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1627260686512{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Ilusos los que pensaron en tener un informe objetivo y ponderado.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1627260802920{margin-bottom: 0px !important;}»]Si nos atenemos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Colombia, sencillamente, no es un Estado de derecho. Aquí, por lo visto, no existe ni una rama legislativa, mucho menos una rama judicial independiente. Tampoco existen Fiscalía, Procuraduría ni Defensoría. Tenemos una constitución de mentiras que en nada se cumple. Somos, por decir lo menos, una dictadura igual a Venezuela o Nicaragua y eso explica que nos propongan la misma receta.

    Nadie puede sorprenderse del informe al observar el origen, formación y trayectoria de los integrantes de dicha comisión. En su gran mayoría han sido y son verdaderos activistas, no esconden sus pasiones políticas y en nada se comportan de manera imparcial. Su función aquí y en donde actúen siempre ha sido acusar. No se explica bien por qué Colombia, en su momento, votó por todos ellos.

    Por eso, de nada valieron las intervenciones de los funcionarios o el humillante besamanos al que sometieron a todo el gabinete y al propio Presidente. De antemano se sabía el resultado de la visita. Ilusos los que pensaron en tener un informe objetivo y ponderado.

    Estoy en desacuerdo con las 41 órdenes del informe, pero me referiré a las que me parecen más atrevidas, insultantes y alejadas de la realidad de nuestro país.

    ¿Qué tal la recomendación de trasladar la Policía Nacional al Mininterior, cuando llevamos 60 años tratando de formar una policía apolítica y profesional? ¿Qué tal cuestionar la asistencia militar asimilando a Colombia con países donde claramente la intervención del ejército se ha desbordado? ¿O solicitar reformas constitucionales como la referente a la Justicia Penal Militar? Qué desconocimiento del país, de su realidad, de su historia, y qué pretensiones.

    O qué tal la propuesta de someternos a mecanismos permanentes y especiales de seguimiento, como si fuéramos unos inimputables, delegando en unos burócratas internacionales la coadministración del Estado, como si aquí no existieran instituciones.

    O la temeraria justificación de que los colombianos tenemos que someternos a los bloqueos, ahora rebautizados como “cortes de ruta”. Habrase visto tamaño atrevimiento. Todos nuestros derechos suspendidos por el ejercicio sagrado y sin límite de la protesta. Estos “cortes de ruta” nos han costado muchas vidas y más de 15 billones en pérdidas. ¿Quién responde? No es tema que preocupe a la Comisión.

    Los expertos encontraron contradicción en las cifras de desaparecidos y víctimas, pero en pocos días y sin saberse bien la metodología adoptada resolvieron validar las aportadas por las ONG, los miembros del comité del paro y los sindicatos. Esas cifras y criterios sí les merecieron toda credibilidad, al punto de achacarle responsabilidad al Estado, aun de las probadas muertes de los bebés por causa de los bloqueos.

    Y sin saberse por qué, pues el tema ni siquiera era objeto de la visita, insisten en la tesis del caso Petro, anticipándose al pronunciamiento de la Corte Interamericana, que seguramente descalificará la reforma de la Procuraduría para el juzgamiento de los aforados.

    La conclusión más clara del informe es un NO rotundo al control de las protestas, no al uso de la Fuerza Pública, ni proporcional. Bajo ninguna circunstancia la asistencia militar, aun en casos desbordados de vandalismo y terrorismo, y un SÍ a los bloqueos y a todas las modalidades de protesta, sin importar la afectación a los derechos de todos.

    Hace pocos días, y a propósito de esta visita, planteé la conveniencia de sustraer al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana, como ocurre con EE. UU. y Canadá. Porque advierto que la Comisión ya no se limitará a recomendar, sino a exigir. Importante recordar el precedente de Brasil en el caso de la represa Belmonte, en el cual ese país se hizo respetar y la Comisión tuvo que dar marcha atrás. Ya verán que las pretensiones son que esas 41 órdenes sean vinculantes y, además, cumplan la función de respaldar cualquier demanda ante la Corte Interamericana. Ya va siendo hora de que también nosotros nos hagamos respetar. Muy al contrario de tener que vivir en modalidad de miniconstituyente para incorporar estas pretensiones y aquellas que vayan surgiendo a capricho de tan altos comisionados.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1627260769634{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    11 de Julio 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/ninguna-sorpresa-columna-de-german-vargas-lleras-602280[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Legalización de todas las drogas

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1625602417751{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Se habrá preguntado el doctor Galán por las consecuencias inmediatas de semejante aprobación?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1625602454853{margin-bottom: 0px !important;}»]Empieza a calentar motores la campaña electoral y, como es tradicional, aparecen de nuevo los temas que los candidatos creen contribuirán a aumentar su aceptación. Para desgracia del sector productivo, ya salimos del muy inconveniente de reducir la jornada laboral, pero seguro volverán con la creación de nuevas primas, no puede faltar el de la adopción por parte de parejas homosexuales, ni el de la eutanasia ni el de la legalización de las drogas.

    A propósito de este último, no podía yo dar credibilidad a las propuestas del ahora candidato Juan Manuel Galán en entrevista con Vicky Dávila, en las que planteó que había que legalizar todas las drogas. Repito, todas las drogas. ¿Cómo entender que sea el propio hijo de Luis Carlos quien ahora promueva la legalización como principal bandera de su campaña? Cuesta creerlo.

    Galán adornó su propuesta con un cuestionamiento sobre la lucha que ha librado Colombia en este frente por más de 40 años. Se pregunta por la utilidad de los recursos invertidos en combatir a los narcotraficantes y sus estructuras criminales y planteó que el Estado en vez de combatirlas pase ahora a regular su producción, su calidad, sus precios; mejor dicho, que el Estado se convierta en empresario del flamante negocio de las drogas.

    Y propone que demos este paso en solitario, no mediante un acuerdo global fruto del consenso de la comunidad internacional, sino a través de una iniciativa criolla que todo lo resuelva y lo regule. ¿Se habrá preguntado el doctor Galán por las consecuencias inmediatas de semejante aprobación por el Congreso? Para empezar, ¿podrá Colombia legalizar la siembra, la transformación, el consumo y, claro, la exportación de todo tipo de drogas de manera unilateral? ¿Podrá el país sustraerse de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de las cuales somos signatarios?

    Con la legalización se eliminarían del Código Penal todos los delitos relacionados. Se caerían todas las condenas, y todos los bienes incautados deberían regresarse a sus propietarios. Lo mismo ocurriría con los procesos de extinción de dominio, en virtud del principio de favorabilidad.

    En cuanto a la extradición, quedaría sin vigencia, pues requiere reciprocidad de los Estados. Colombia se convertiría en refugio de narcos, ahora legalizados, un paraíso, como lo recordara recientemente Alfonso Gómez al referirse al vergonzoso espectáculo en el cual la Constituyente del 91 eliminó la extradición. ¿Recordará Juan Manuel que fue precisamente la extradición el motivo principal que condujo al asesinato de su padre, de Rodrigo Lara y de tantos otros que se enfrentaron a las mafias del narcotráfico?

    Se me ocurre pensar que el ministro de Justicia sí tendría un respiro, pues se estima que más de 30.000 presos condenados por delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir, entre otros, saldrían de las cárceles en aplicación de la nueva ley. Vaya instrumento de descongestión judicial, poniendo en las calles a individuos de enorme peligrosidad pertenecientes a poderosas organizaciones criminales.

    Tendríamos que enfrentar el aumento del consumo de drogas con todos sus efectos sociales y de salud pública. ¿Qué opinarán los padres de familia que han visto consumirse a sus hijos por este flagelo? ¿Qué opinarán también las familias de esos miles de jueces, magistrados, policías y soldados, periodistas y tantos colombianos que entregaron sus vidas enfrentando esta tragedia mundial?

    Ya el doctor Galán se anotó un ‘triunfo’ con la legalización de la marihuana medicinal. Por fortuna, el proyecto que legalizaba su uso recreativo fue negado en las plenarias. Pero él insiste en que va por todas, no excluye a ninguna: coca, heroína, bazuco, ácidos y drogas sintéticas. Valdría la pena una explicación del doctor Galán sobre lo dicho y de varios candidatos que pretenderán quitarle esa bandera.

    Como veo las cosas, de fallar la Corte Constitucional a favor de la vigencia del partido Nuevo Liberalismo, habría que rebautizarlo como el Nuevo Nuevo Liberalismo, pues nada más lejano del pensamiento de Luis Carlos Galán que este proyecto de legalización que tensa todas las fibras no solo de nuestro pasado, sino, en especial, de nuestro futuro.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1625602796170{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    04 de Ju;io 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/legalizacion-de-todas-las-drogas-columna-de-german-vargas-lleras-600718[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • El paquetazo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][mk_fancy_title size=»15″ font_weight=»bold» letter_spacing=»1″ margin_top=»20″ font_family=»none» align=»center»]

    [/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1625602219991{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Llevamos varios meses buscando que los privados puedan apoyar el programa de vacunación.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1625602328048{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana cruzamos el umbral de los 100.000 fallecidos por la pandemia en medio del debate sobre la responsabilidad que en este tercer pico tuvieron las marchas, las aglomeraciones y los bloqueos. Yo no tengo duda sobre los miles de vidas que el ejercicio irresponsable y abusivo del derecho a la protesta cobró en estas semanas y seguirá cobrando si el Gobierno Nacional y las autoridades locales no ponen freno a esta locura. No hay un solo país en el mundo en donde se hayan permitido este tipo de manifestaciones bajo la pandemia. Ninguno que haya privilegiado el derecho a la protesta sobre el sagrado derecho a la vida. Salvo el nuestro. Los resultados están ahí, inocultables, llenándonos de hastío y vergüenza.

    Después de la India y Brasil, Colombia ocupó esta semana el tercer lugar en muertes por día. Ya casi llegamos a 800, y algunos expertos opinan que como vamos podríamos pasar de 1.000 y hasta llegar a los 1.400 en las próximas semanas. Ya no hay capacidad en las UCI de las principales ciudades, lo que ha obligado a aplazar miles de intervenciones quirúrgicas programadas, muchas de las cuales también comprometen la vida de las personas.

    En medio de esta situación se anuncia la apertura total de actividades. Entiendo y comparto el sentido de urgencia por reactivar nuestra economía, por regresar a las aulas escolares y por retomar en lo posible la normalidad perdida. Pero ¿será este el momento oportuno? No lo fue cuando morían 200 personas. Nadie entiende nada. ¿No valdrá la pena, habiendo hecho ya esfuerzos tan grandes, retrasar un tiempo adicional la tan anhelada apertura? Sigo pensando, como desde el primer momento, que lo más relevante es la vida y espero que quienes deban tomar las decisiones también la privilegien.

    Entre picos, mesetas, abismos y llanuras se esconde una realidad inocultable que es la mediocridad con que el Ministerio de Salud ha actuado durante esta pandemia. En el frente de la vacunación, los resultados difícilmente podían ser peores. No solo comenzamos tarde, sino que es la hora en que no tomamos ritmo. ¿Cómo es posible que a estas alturas tan solo 5’380.000 colombianos hayan recibido su segunda dosis? Solo el 10 % de la población. Y ahora resulta que mediante un esguince gramatical se desatenderán las recomendaciones de la farmacéutica Pfizer para pasar de 21 días a 84 la aplicación de la segunda dosis. Digan la verdad: no es porque sea mejor, sino porque no hay vacunas. Además, por la misma razón, entraremos en el terreno de la experimentación con los cocteles biológicos de diferentes casas. ¡Qué irresponsabilidad!

    Llevamos varios meses buscando que los privados puedan apoyar el programa de vacunación. A este tema no hay que darle más vueltas. Al ministro no le gusta esta colaboración. Ha hecho lo indecible para impedirlo y lo ha logrado. Ya verán los empresarios en qué terminarán sus buenos propósitos y cuánto les costarán las vacunas, que, además, serán gravadas con IVA y con un peaje adicional a favor del Fome.

    A todo esto se suma el no pago de los $ 7 billones que el Estado le adeuda al sistema de salud, pago al que está obligado, en aplicación de la llamada ley de punto final. Miles de médicos y personal de la salud no han podido recibir sus salarios y prestaciones por culpa de una partida de burócratas del Ministerio y la Adres incapaces de auditar unas cuentas. Entre tanto, la Superintendencia de Salud interviene de manera muy discrecional a las EPS y entrega su manejo, curiosamente siempre a la misma persona. Bien haría la Contraloría en auditar a fondo estos procesos y las decisiones tomadas. Y como si fuera poco, ahora la propia Contraloría encuentra hallazgos con alcance fiscal y disciplinarios por más de $ 22.000 millones en el Ministerio de Salud.

    Peor imposible en todos los frentes: récord mundial de contagios y fallecidos, mediocre vacunación pública y nula privada, reforma de la salud hundida sin debate, manejo del Invima y de la Supersalud discrecional y con amiguismos, ley de punto final burlada y malos manejos en la entidad. Qué más se necesita. Pero todo esto quedará sepultado bajo los anuncios del locuaz ministro Ruiz sobre la llegada de la variante delta del coronavirus a Colombia. No hay mal que por bien no venga.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1625602175767{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras
    27 de Junio 2021

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-paquetazo-columna-de-german-vargas-lleras-599032[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]