Simplemente cumplir la ley

Son clarísimas normas que no admiten interpretación ni debates doctrinales o jurisprudenciales. Les comparto mi columna de esta semana: “Simplemente cumplir la ley” https://t.co/yicBqRbMJ1
— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) June 6, 2021
Son clarísimas normas que no admiten interpretación ni debates doctrinales o jurisprudenciales. Les comparto mi columna de esta semana: “Simplemente cumplir la ley” https://t.co/yicBqRbMJ1
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Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo
Son clarísimas normas que no admiten interpretación ni debates doctrinales o jurisprudenciales.
Celebro las recientes acciones del Gobierno, de las Fuerzas Militares y de Policía que han permitido levantar más de mil bloqueos en el país y retomar el camino no negociable del cumplimiento de la Constitución Nacional.
Es pertinente recordar en estos momentos el contenido de artículos como el 95, que señala entre los deberes de las personas el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; o el del 189, que entre las funciones del Presidente señala aquella de dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como comandante supremo, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado; o el 135, que señala que los alcaldes están obligados a conservar el orden público en sus municipios, acatando las leyes y particularmente las instrucciones que reciban del Presidente y del gobernador. También el art. 213 relativo a la conmoción interior, que con algún propósito se incluyó en la carta de 1991. Todas estas son clarísimas normas que no admiten interpretación ni debates doctrinales o jurisprudenciales.
Esta normativa ha debido cumplirse desde el primer día para proteger los derechos de millones de colombianos, que han sido vulnerados por causa de bloqueos, saqueos y violencia que no pueden legitimarse como manifestaciones de la protesta. Sobre los bloqueos, va quedando claro, además, a qué verdaderos intereses obedecen. No creo que sea casual que estos estén hoy concentrados en los departamentos del Huila, Cauca y Putumayo ni que tengan como objetivo impedir la erradicación manual de cultivos ilícitos, la no realización de operaciones aéreas y la desmilitarización de las zonas. Es evidente la presencia del narcotráfico en la organización y el financiamiento de estos bloqueos, cuyo punto emblemático es precisamente el de Altamira, en el Huila.
También celebro la actuación de la Fiscalía, que ha procedido a imputar a más de 200 personas por terrorismo, obstrucción de vías públicas, incendio y violencia contra servidor público. Ha dictado ya 59 medidas de aseguramiento y, muy importante, ha logrado ubicar a 319 personas de las mal llamadas desaparecidas. Coincido en que el Fiscal no puede sentarse en ninguna mesa de negociación, como se ha pretendido por el Cric en el Cauca, pues la Fiscalía no puede ni negociar el cumplimiento de la ley ni condicionar en nada sus actuaciones como ente investigador.
En cuanto a los alcaldes, pienso que el Gobierno está en mora de derogar el decreto 575 de mayo 28. En esto coincido con la mesa del paro, pero, en mi caso, porque las facultades de conservación del orden público las tiene que ejercer el Presidente, sin tener que pedirle permiso a ningún mandatario regional o local, y mucho menos en el marco de inconvenientes protocolos, en mala hora implementados. Cómo no reconocer que en varios casos han sido los alcaldes los instigadores de los paros y bloqueos y en otros han retardado la acción de la Fuerza Pública mientras se lavan las manos en conversaciones estériles para quedar bien con todos. Con alcaldes cómplices o acobardados no se puede ejercer autoridad ni hacer cumplir la ley.
Y urge que se ponga orden y se fijen claros criterios a la hora de firmar acuerdos regionales o sectoriales. Lo digo en referencia al acuerdo firmado entre el Ministerio de Transporte y un sector de los camioneros. Este acuerdo compromete la política nacional de concesiones viales, al aceptar que los transportadores puedan determinar la existencia de peajes actuales o futuros y participar en la revisión de las tarifas. Invito a leerlo con cuidado, particularmente los puntos 8, 9 y 10, y formarse su propia opinión. Lo encuentran en mi cuenta de Twitter @German_Vargas. Bien haría el Gobierno en desautorizar la firma de este convenio, como hizo con el de Buenaventura.
Mientras se mantengan los bloqueos y las exigencias sobre desmilitarización y mantenimiento de protocolos con alcaldes y gobernadores, el Gobierno no puede iniciar la discusión de ningún pliego, ni de emergencia ni de nada. Y menos aún cuando los acontecimientos están revelando por fin a los verdaderos actores que desde la oscuridad han financiado y promovido todo lo que lamentablemente ha ocurrido.
GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras
6 de Junio 2021