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[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1563383239654{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

En buen momento, Gobierno lanza plan para garantizar elecciones pacíficas, limpias y democráticas.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1563383287529{margin-bottom: 0px !important;}»]El 27 de julio se cierra el periodo de inscripción para los candidatos que deseen participar en las elecciones de octubre. En buen momento, el Gobierno ha lanzado el plan Ágora para garantizar que las elecciones puedan desarrollarse en forma pacífica, limpia y democrática. El plan es ambicioso pero realista, y creo que su éxito dependerá en buena medida de lo efectivo que sea en sus acciones preventivas y de inteligencia, para lo cual resultan fundamentales la participación de la ciudadanía y la capacidad de coordinación e investigación de entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y las autoridades electorales.

Lo más relevante será garantizar la vida y seguridad de los candidatos, en especial en zonas como Arauca, donde opera el Eln, y en los departamentos en donde las disidencias de las Farc aún tienen presencia. También en departamentos como el Chocó, con fuerte y nefasta influencia de la minería ilegal, y, por supuesto, en las regiones donde se han expandido los cultivos ilícitos. En amplias zonas de la geografía nacional, grupos armados, organizaciones criminales y carteles de la corrupción tratarán de influir por la fuerza o la intimidación, cuando no a través de la financiación ilegal de las campañas. De la Fuerza Pública dependerá que puedan evitarse la violencia y el asesinato de los líderes políticos y sociales.

A pesar de esta situación, debo registrar que con la expedición de la Ley 1864 de 2017 se dispone ahora de mejores y más eficaces herramientas para luchar contra la corrupción en materia electoral y sus muy diversas y sofisticadas modalidades. A partir de estos comicios, en el nivel territorial será sancionada la elección ilícita de candidatos, que antes daba lugar a la nulidad electoral con penas de prisión de entre 4 y 9 años; es decir, a quienes sean elegidos para cargos estando inhabilitados por decisión judicial, disciplinaria o fiscal.

Se sancionará con igual pena la conducta del que ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero para que se pronuncien en cualquier sentido en una votación, consulta o plebiscito. Verdaderas empresas electorales dedicadas a esta actividad podrán ser ahora perseguidas y penalizadas.

En materia de financiamiento de las campañas, se tipifican tres nuevos delitos, traídos de la legislación española, que antes eran simples infracciones: la violación de topes o límites de gastos, la consecución de recursos de fuentes prohibidas por la ley y la omisión en la información de los aportantes. Además, nuevas responsabilidades y sanciones de entre 4 y 8 años de prisión se establecen para los gerentes y administradores de las campañas.

Es preciso reconocer que en el pasado, muy poco se ha hecho para sancionar a los responsables de estas conductas. El reto ahora será mayor porque la ley ha sido muy precisa en identificar las prácticas más utilizadas para cometer fraudes electorales. Y será muy grande la frustración ciudadana si las autoridades electorales, disciplinarias y, en especial, penales no aplican con toda severidad y, sobre todo, oportunidad el nuevo régimen. No puede ser, como ocurre por lo general, que una persona elegida fraudulentamente disponga de todos los recursos para que, aun condenada, pueda disfrutar de su cargo durante todo el periodo.

Gran responsabilidad también tendrán los partidos políticos si no disponen de los mecanismos a su alcance para garantizar que todo, desde los avales y la inscripción de los candidatos hasta el proceso de elección, la financiación y la presentación de cuentas, se haga conforme lo determina rigurosamente la ley. Todas las precauciones son pocas. Igualmente, tienen un alto compromiso de alertar a sus miembros de los enormes riesgos a que se exponen, y si es el caso, estos mismos presentar las denuncias.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1563383322284{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

14 de julio 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/soldado-avisado-no-muere-en-guerra-columna-de-german-vargas-lleras-387984[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1562698397714{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

La agenda energética y económica del país sigue dominada por estos grandes retos e incertidumbres.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1562698494864{margin-bottom: 0px !important;}»]La agenda energética nacional sigue dominada por tres grandes retos e incertidumbres: la culminación del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, la adjudicación a uno o varios operadores del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe y la evolución o el cambio de la matriz energética nacional.

De Hidroituango, el país sigue sin saber nada sobre lo ocurrido, ni, peor aún, sobre el futuro de esta megaobra, como lo señalé hace más de seis meses. ¿Es todavía viable este proyecto? ¿Cuál es la situación de su licenciamiento ambiental y social? ¿Han sido atendidos los legítimos reclamos de las comunidades afectadas? ¿Se hubieran podido evitar esas afectaciones? ¿Se tiene prevista una fecha de entrada en operación? La multimillonaria inversión en publicidad realizada por EPM no ofrece ninguna respuesta a estos interrogantes, pero sí debería ser analizada por los organismos de control, que también tienen pendiente hacer públicos sus prometidos informes y evaluaciones. Aun cuando el sistema sigue contando con esta generación para atender la demanda de energía eléctrica a partir de 2021, es responsable la decisión del Gobierno de disponer la entrada de recursos alternativos provenientes, en especial, de fuentes renovables no convencionales.

Lo que me lleva al segundo gran reto del Gobierno en materia energética, cual es la convocatoria y adjudicación de la segunda subasta de contratos de largo plazo. Por razones ampliamente analizadas, la primera convocatoria no consiguió adjudicarse, pero sí dejó importantes lecciones que deberán atenderse ahora si se quiere tener éxito.

Ya fueron adjudicados, en la subasta de cargo por confiabilidad de febrero, cerca de 1.400 MW, y ello podría hacer pensar que prácticamente se alcanzó ya la meta de 1.500 MW comprometida por el Gobierno. Sin embargo, es bueno recordar que la subasta de contratos de largo plazo es fundamental para permitir el cierre financiero de estos proyectos renovables que recibieron obligaciones de energía firme en esa subasta. Dicho de otro modo, con el solo cargo no se garantiza la viabilidad de los proyectos, ya que es solo un porcentaje mínimo de sus ingresos.

Esta nueva subasta también debe buscar la eficiencia del mercado y permitir el traslado total de los costos a la tarifa. Sería muy prudente y realista reflexionar sobre los indicadores de competencia introducidos en la subasta pasada para asegurarse de que estos no hagan imposible de adjudicar este nuevo proceso. Al Gobierno le corresponde tomar todas las medidas necesarias para que la subasta anunciada sea un éxito.

En cuanto al tercer compromiso, de dar una solución definitiva a la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, se han dado pasos, algunos impopulares, es cierto, pero, creo, en la dirección correcta. La separación en dos zonas relativamente equilibradas –Caribe costa y Caribe mar–, las señales regulatorias adecuadas para incentivar las inversiones necesarias, el tratamiento a los diversos pasivos, incluido el pensional, entre otras medidas, deberían ser suficientes para asegurar que uno o varios operadores con capacidad financiera y experiencia comprobada se interesaran en asumir la prestación del servicio en estas zonas. Esperemos que el proceso de ofertas ya iniciado, y al cual se han presentado pluralidad de compañías, culmine exitosamente este año, pero si así no fuera, la Superintendencia de Servicios Públicos, como organismo responsable de la intervención, debe estar preparada para ejecutar el plan de inversiones y gestionar el servicio durante el tiempo necesario.

También es prudente recordar que 1’500.000 colombianos todavía carecen del servicio de energía y que subsisten rezagos importantes en las inversiones necesarias en la red de transmisión.

Tres temas claves en la agenda energética y económica del país, de cuya coordinada y oportuna solución dependerá abastecer la demanda actual y futura y la prestación de un servicio de calidad para todos los colombianos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1562698447827{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

06 de julio 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/hidroituango-electricaribe-y-renovables-columna-de-german-vargas-lleras-385216[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1562698001903{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Derrumbes en vía Bogotá-Villavicencio podrían ser motivo para repensar el futuro de la Orinoquia.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1562698081811{margin-bottom: 0px !important;}»]Nuevamente, los Llanos Orientales han quedado prácticamente aislados del país por los derrumbes en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Las pérdidas para los empresarios de los sectores agropecuario, de transporte, turismo y muchos otros son incalculables.

Esta situación, sin embargo, podría ser el motivo para repensar en serio el futuro de la altillanura y la Orinoquia, como también del sector agrícola en general. Tengo muy presente que los diseños para la construcción de las carreteras de Puerto Gaitán a Puerto Carreño (520 km) y de la conexión Valle del Cauca-altillanura, que comienza en Pradera y termina en la Uribe, pasando por Palmira, Colombia y Aipe, quedaron contratados en el gobierno pasado. Igualmente quedó contratada la obra Villavicencio-Yopal. Si el Gobierno quiere ofrecer una solución definitiva del problema de conectividad de estas regiones con el país, tiene que comprometerse con la construcción de estas vías, así como dar solución al tramo 1, que es la salida de Bogotá a Villavicencio, y también con la habilitación del aeropuerto de Apiay, viejo anhelo de los metenses.

La agricultura en nuestro país se caracteriza por su baja productividad, falta de encadenamientos productivos y de esquemas de asociatividad y visión de mercado. También, por ausencia de seguridad jurídica y de crédito y seguros, problemas de comercialización interna, redes de acopio y logística, y carencia de infraestructuras de transporte y riego. Imposible referirme a todas estas carencias y sus propuestas de solución en tan corto espacio. Pero, con motivo del inicio de la legislatura, quiero aprovechar para señalar las iniciativas que en mi criterio están bien orientadas y otras que no lo están.

En materia de seguridad jurídica para la propiedad rural hay que mirar con sumo cuidado el proyecto de ley de tierras, y en particular la extinción del derecho de dominio, la expropiación y otros conceptos que exigen total claridad jurídica y garantías si no queremos introducir motivos de inseguridad para las inversiones requeridas en el sector rural. Este proyecto debería ser precisado y presentado de nuevo. También urge la expedición del decreto que reglamenta las Zidres, en aspectos como los incentivos a las zonas francas y parques de ciencia y tecnología, los contratos de asociatividad y las nuevas líneas de crédito, entre otros. Y hay que abrir la discusión sobre la utilidad de la UAF y sus verdaderos beneficios o limitaciones.

Materia muy sensible es la dignificación del trabajador rural y la formalización de la mano de obra en el campo. De allí la importancia de volver a presentar el proyecto 193, que apunta a la creación del jornal rural integral, comoquiera que la informalidad laboral en el campo sobrepasa el 86 %. En particular es importante conocer cuál es la opinión del Gobierno y de los gremios sobre la ley de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y el proyecto sobre el seguro agropecuario. Y muy relevante el proyecto de reposición del parque de maquinaria agrícola.

Hace 50 años, el PIB agrícola era el 30 % del nacional; hoy no llega al 6 %. De 5 millones de hectáreas sembradas en 1970 pasamos a poco más de 7, e importamos 14 millones de toneladas de alimentos. El Gobierno ha anunciado que el Llano estará parcialmente aislado del país durante los próximos meses, meses que espero sirvan para reflexionar y formular una política integral para el sector que incluya las vías indispensables con miras a su desarrollo. He aquí un buen destino para invertir los recursos provenientes de la anunciada venta de algunos activos de la nación.

P. D. Rayos y centellas le cayeron a María Isabel Rueda por su columna sobre el glifosato. Comparto con ella las conclusiones a que llega. En el año 2012 alcanzamos la cifra récord en disminución de cultivos, 42.000 hectáreas de coca, vs. 208.000 de hoy. Ojalá la Corte Constitucional pondere esta realidad en el fallo que está por emitir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1562698124523{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

29 de junio 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/mas-fuego-amigo-una-propuesta-inconveniente-german-vargas-lleras-379540[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1561659056160{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El debate en torno al salario mínimo en Colombia está pasando de lo político a lo politiquero.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1561659075017{margin-bottom: 0px !important;}»]

A la preocupación por el aumento del desempleo a niveles que superan los dos dígitos y a la propuesta populista que denuncié la semana pasada de reducir los aportes de los pensionados a la salud del 12 al 4 %, cuyo costo ascendería a 3,4 billones de pesos anuales, se suma ahora la iniciativa del Centro Democrático de establecer una nueva prima para los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos.

Ya habíamos conocido esta polémica propuesta en medio del debate sobre el incremento del salario mínimo a finales del año pasado, pero los empresarios y el país en su conjunto creyeron superada esta discusión y aplaudieron el acuerdo conseguido con las centrales de trabajadores y que arrojó como resultado un incremento del 6 % en el salario mínimo, que recogía mejoras en la productividad multifactorial estimadas en 0,52 % y 1,69 % en productividad laboral.

El debate en torno al salario mínimo, su naturaleza y su impacto en la productividad del país, en la generación de empleo y aun en las cuentas fiscales es de profundo calado. En Colombia, el salario mínimo representa aproximadamente el 86 % del salario medio de la economía, mientras que en Europa, este indicador está entre un 40 y un 45 % y en Estados Unidos es menos del 40 %. Teóricos y analistas coinciden en señalar que un salario mínimo tan alto con relación a los salarios que una economía está en condiciones de generar se convierte en una limitación para la creación de nuevos empleos e incentiva el empleo informal. Si no fuera así, cómo explicar que desde el año 2000, el salario mínimo en Colombia se ha incrementado en un 35 % en términos reales, mientras que la productividad laboral ha tenido un crecimiento muy bajo. Este debate en nuestro país, por iniciativas como la de la prima mencionada, está pasando de lo político a lo politiquero, y más aún si se toma en cuenta que tendremos elecciones en octubre.

No les falta razón a quienes dicen que el salario mínimo en Colombia es bajo y que una familia difícilmente podría vivir con este nivel de remuneración. Pero esta es una mirada simplista, un discurso para la galería y que esconde grave peligro para nuestra maltrecha economía. Porque el nivel del salario debe estar en función de su productividad, es decir que debe reflejar el aporte de un trabajador al valor de la producción que este genera con su esfuerzo. De no ser así, es evidente que las empresas incrementarían sus costos y, en consecuencia, preferirían no emplearlo, como ocurre en Colombia.

Como respuesta a esta situación, las personas optan por trabajos informales porque no tienen alternativa. En ese afán de la política pública por “mejorar el nivel de vida de los trabajadores”, en vez de preocuparse por elevar los niveles de productividad se ha cometido por siempre el grave error de seguir propiciando la informalidad. Además, se agravan los problemas de sostenibilidad fiscal, pues gran parte de la economía y de la fuerza laboral no contribuye a la financiación del Estado y de la seguridad social, y se estima que esta prima tendría un impacto directo superior a 200.000 millones de pesos, solo por la nómina oficial del sector central.

Señores ministros: tan importante es proponer iniciativas al Congreso como estar alertas para evitar que prosperen proyectos tan controvertidos como estos y ocurra lo que presenciamos en este final de legislatura.

La propuesta del Centro Democrático no solo es un pésimo antecedente de injerencia del órgano legislativo en el manejo de la economía y sus principales variables y políticas, sino que conducirá inexorablemente a destruir aún más empleo formal en momentos en que nuestro país está sometido a la enorme presión de los ciudadanos venezolanos en busca de fuentes de trabajo. Congresistas del Centro Democrático, no más fuego amigo, por favor.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1561659165039{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

22 de junio 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/mas-fuego-amigo-una-propuesta-inconveniente-german-vargas-lleras-379540[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1560742838774{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Es prioritario acometer el debate sobre régimen de pensiones y la bomba fiscal que esto representa.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1560742891411{margin-bottom: 0px !important;}»]La semana pasada mencioné algunas sugerencias, en voz alta, que mucho podrían contribuir a darle un mayor impulso a nuestra economía en el corto plazo y generar nuevas oportunidades de empleo e inversión. Entre ellas sugerí no retrasar más el desarrollo de nuestros recursos petroleros con tecnologías no convencionales, dar un vuelco a la política de vivienda y proceder sin demora a la venta de algunos activos de la nación. Hoy quiero avanzar con nuevas propuestas, para las cuales también se requerirán acuerdos fundamentalmente de naturaleza política.

Es bien conocido que la desconfianza y la incertidumbre que algunas calificadoras de riesgo y, por supuesto, los inversionistas mantienen sobre el desempeño futuro de nuestra economía se fundamentan en la capacidad del Gobierno de mantener la disciplina fiscal y de dar las correctas señales en este frente a los mercados. Por eso resulta prioritario acometer el debate nacional sobre el régimen de las pensiones y la bomba fiscal que esto representa.

El Gobierno debería mostrar sus cartas y abrir una discusión amplia e informada sobre el sistema que en materia de pensiones requiere nuestro país. Claridad en esta materia transmitiría un fuerte mensaje de seguridad y confianza. No hay que temer a este debate, hay que temer a los indeseables efectos de su aplazamiento indefinido. Y hay que actuar con contundencia para atajar propuestas irresponsables y populistas que avanzan en el Congreso, como aquella de reducir la cotización de los pensionados al sector de la salud del 12 al 4 por ciento. Ha cuantificado el propio ministro de Hacienda que el costo de esta iniciativa sería de 3,4 billones anuales, y recordemos que la iliquidez del sistema de salud crece cada día. Las deudas de las EPS ya rondan los 12 billones de pesos.

Urge también reglamentar las consultas previas y, en general, todos los mecanismos de licenciamiento para hacerlos más ágiles, más eficientes y que dejen de ser talanqueras para miles de proyectos de inversión, públicos y privados, que hoy están paralizados.

En el ámbito de la infraestructura no se está viendo nada nuevo, como no sea la declaración del ministro de Hacienda de que no habrá más proyectos 4G. Convendría, a lo menos, definir unas nuevas metas en materia de obras públicas; por ejemplo, inversiones en las redes secundaria y terciaria.

Como también debe actuarse por el lado del gasto, tengo que insistir en la revisión y un vuelco de la focalización de todos los subsidios previstos en el presupuesto nacional. Está ampliamente demostrado que por esta vía podrían conseguirse ahorros significativos sin afectar a las familias y destinatarios legítimos de los apoyos estatales. Asumir el costo político de estas decisiones también daría las señales adecuadas a los mercados y permitiría equilibrar las finanzas públicas.

Pero no basta con diseñar e incluso implementar buenas políticas públicas. Lo que el Gobierno necesita es capacidad de gestionar con eficacia y resultados los distintos proyectos. En mi paso por el gobierno me ocupé personalmente de presidir la comisión de Pines (Proyectos Estratégicos de la Nación) para impulsar, eliminar obstáculos, conciliar diferencias y hacer que las cosas sucedieran. El Gobierno, en lo referente a las inversiones, el empleo y el crecimiento de nuestra economía, necesita que empiecen a suceder hechos positivos. Imprimirle al Gobierno fuerza gerencial, para eso son los ministros. En Colombia, si se quieren tener resultados, hay que microgerenciar cada iniciativa.

P. D. Aunque se expone a la ya tradicional andanada de críticas del alcalde Peñalosa contra toda providencia judicial desfavorable, procede muy bien el Juzgado 44 Administrativo de Bogotá al admitir la demanda contra el abusivo cobro de valorización. Ojalá se resuelva oportunamente la solicitud de suspensión provisional de este acuerdo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1560742970459{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

16 de junio 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/actuar-con-contundencia-proyectos-del-gobiernos-columna-german-vargas-lleras-376238[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1560742603755{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

¿Qué explica que Colombia sea uno de los países que más ha devaluado su moneda en los últimos meses?

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1560742699365{margin-bottom: 0px !important;}»]Se vive un generalizado ambiente de desconfianza y nerviosismo en el frente económico. Las primeras señales han venido por el lado del comportamiento de la tasa de cambio. ¿Qué explica que, después de Turquía y la Argentina, seamos el país emergente que más ha devaluado su moneda en los últimos meses? Una combinación de varios factores: las tensiones comerciales originadas entre Estados Unidos y China, y ahora con México, las cuales podrían extenderse a otros países, incluida Colombia, y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que por primera vez en varios años ha llegado a representar 4,6 por ciento, uno de los más altos del mundo, y que probablemente se refleje también en la tasa cambiaria.

Un segundo frente de preocupación vino por el lado del desempleo. Cifras de dos dígitos (10,3 por ciento) que no ceden y, según los expertos, no están explicadas por la migración de venezolanos al país, como pudiera pensarse, sino, más bien, por la también abrupta caída de sectores como el de la construcción. Es preocupante que la inversión haya caído en el primer trimestre y también el mercado bursátil haya tenido un mal desempeño.

Las agencias calificadoras de riesgo no están evaluando positivamente nuestro comportamiento y ven con cierto pesimismo la capacidad del Gobierno de controlar el déficit fiscal, ante la eventual caída de los ingresos tributarios. Nadie contempla hoy un crecimiento por encima de 2,9 del PIB. Y, como si fuera poco, el clima de polarización política, cuyo origen sigue siendo el proceso de paz, empieza a amenazar otros sectores, y muy peligrosamente el económico, por las pésimas señales que arroja a empresarios e inversionistas locales y extranjeros.

Ante este panorama, pienso que varias medidas podrían adoptarse para impulsar ciertos sectores líderes que contribuyan a retomar el camino del crecimiento y la inversión. Sugiero, en primer término, preocuparse por el sector de la vivienda. En el primer trimestre, el PIB del sector cayó a -8,8. El programa Mi Casa Ya se encuentra paralizado, y las políticas adoptadas hasta ahora no han logrado ningún resultado. ¿Por qué no se relanza el subsidio a la tasa de crédito de vivienda para la clase media, el cual inexplicablemente fue eliminado? ¿Para cuándo veremos algún resultado del anunciado semillero de propietarios?

En el frente de la inversión y la generación de ingresos en el corto plazo, no veo solución más efectiva, aunque reconozco polémica, que no seguir embolatando más la expedición de la política y normativa para el desarrollo seguro y sostenible del ‘fracking’ en la explotación de nuestros hidrocarburos. En esta materia han sido valientes tanto la ministra de Minas como el presidente de Ecopetrol, pero urge pasar de las palabras a los hechos. No más comisiones técnicas, no más sabios para descubrir lo que en países mucho más exigentes que nosotros se viene desarrollando con éxito hace años. De 2.000 millones de barriles de reservas podríamos pasar a 7.000 millones, y las inversiones asociadas podrían llegar a 40.000 millones de dólares.

Finalmente, veo muy positiva la propuesta de vender algunos activos de la nación, tanto para reducir el endeudamiento como para inversión. El Gobierno debería iniciar, sin pérdida de tiempo, los procesos de enajenación de la participación de la nación en empresas como Cenit, ISA y la propia Ecopetrol. Y para que no salga, como dicen coloquialmente, lo roto por lo descosido, oponerse abiertamente a la aprobación del acto legislativo que pretende darle al Congreso el manejo sobre el 20 por ciento del presupuesto de inversión.

Sobre esos sensibles temas, que pueden dar un impulso al crecimiento económico, a la inversión y a la generación de empleo, y también contribuir a desactivar la creciente polarización y volatilidad política y a transmitir mayores niveles de confianza, es que vale la pena que avancen los acuerdos anunciados y promovidos por el presidente Duque.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1560742730975{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

09 de junio 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/nubarrones-y-propuestas-temas-para-el-acuerdo-columna-de-german-vargas-lleras-372942[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1559705015755{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Tecnología de punta y voluntad para defender patrimonio y perseguir corruptos: combinación ganadora.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1559705045646{margin-bottom: 0px !important;}»]La semana pasada advertí que la corrupción no puede combatirse a punta de debates académicos y propuestas teóricas, y mucho menos con medidas como las contenidas en el malogrado referendo, sino con acciones efectivas inspiradas en realidades concretas, información útil y refinada y análisis de patrones de comportamiento.

Con el proyecto Océano, la Contraloría General analizó más de 12 millones de registros de diferentes fuentes en todos los contratos del Estado, que suman más de 670 billones. Ya se han identificado centenares de mallas de contratación que concentran 150 billones de pesos, y también contratación con responsables fiscales sancionados o destituidos por la Procuraduría, y hasta personas fallecidas contratando con posterioridad a su muerte. Igualmente, contratistas con experiencia en suministro de medicamentos que terminan construyendo polideportivos.

A título de ejemplo sobre este fenómeno de las mallas que tienen capturada la contratación pública, citaré unos pocos casos, comenzando con el grupo Tecniconsultas, el cual tiene más de 600 contratos con el Estado a través de 299 uniones temporales y consorcios, y al que están vinculadas 98 empresas y personas naturales. Su contratación asciende a más de 500.000 millones de pesos, en áreas tan disímiles como vías, educación, deporte, servicios financieros y artes gráficas. Contrata con entidades tan diversas como Fonade, el Ejército, el DPS y Coldeportes, entre otras, a nivel nacional, en numerosos departamentos.

Otra malla es la constituida por las empresas Maquinaria y Equipo Tres S. A. S. o Grandes Vías e Ingeniería S. A. S., propiedad de los hermanos Castillo Baute. A través de 124 uniones temporales y consorcios, han contratado más de 514.000 millones de pesos. Realizan trabajos varios, desde parques, vías y escenarios deportivos hasta redes eléctricas y centros para recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre.

Una tercera es la Asociación Servicure, cuya contratación asciende a casi 250.000 millones, en cerca de 1.000 contratos que van desde la protección ambiental hasta la protección infantil, pasando por la ganadería, los derechos humanos, el arte y la lectura. Más de 75 socios y 100 uniones temporales para materializar su actividad.

Otras redes como Construmarca, con más de 700.000 millones de contratación; o la de Omar Gómez Carreño, con más de 100.000 millones; o la Compañía de Proyectos Técnicos, con cerca de 500.000 millones, están siendo objeto de minuciosa observación, dada la diversidad de objetos y modalidades en sus contrataciones.

Esta herramienta pone, igualmente, en evidencia a los contratistas con problemas de ejecución y concentración contractual, como es el caso de Mota Engil, Graña Montero o Germán Mora, que, juntas, suman 543 proyectos para infraestructuras educativas, de los cuales solo el 13 por ciento se han entregado. De 3,4 billones comprometidos por el Fondo Financiero de Infraestructuras educativas, estos tres contratistas concentran 2 billones.

Océano está en capacidad de combatir la corrupción identificando los carteles de contratación, también a través de estudios de precios y mediante el análisis de patrones de comportamiento de los contratistas riesgosos. Asimismo, permitirá alertar sobre contrataciones sin el lleno de requisitos legales, detectará relaciones entre contratistas y contratantes y establecerá niveles de confiabilidad de estos. Y por medio de sofisticados algoritmos llegará, incluso, a predecir contrataciones corruptas.

Voluntad para defender el patrimonio público y perseguir a los corruptos y herramientas tecnológicas de punta: una combinación ganadora.

P. D. Pero gran parte del problema aún subsiste en las contralorías departamentales y municipales, por lo que no se debe abandonar el propósito de eliminarlas y crear el control integral para estos entes.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1559705083624{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

02 de junio 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/este-si-es-el-camino-herramienta-contra-la-corrupcion-columna-de-german-vergas-lleras-370060[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1558996705071{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

La llamada agenda anticorrupción no quedó en nada por lo populista y oportunista de las propuestas.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1558996725033{margin-bottom: 0px !important;}»]Por esta misma época, el año pasado, el país se encontraba embarcado en el politiquero referendo contra la corrupción. Sus cabezas visibles no ahorraron esfuerzos para seguir dividiendo la sociedad colombiana entre buenos y malos, decentes y corruptos. Nadie escapó a sus vehementes y falaces acusaciones.

En el curso de estos meses se han ido archivando por inocuas e ineficaces todas estas propuestas ‘salvadoras’. Veamos: la primera consistía en reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios. Yo me pregunto: ¿en qué puede servir como instrumento anticorrupción esta medida? Más pareciera que funcionarios mal remunerados son más propensos a caer en prácticas de corrupción. Como era previsible, el proyecto se hundió. La ministra dijo que lo volvería a presentar, lo cual, por supuesto, no ha ocurrido al igual que ha pasado con tantos anuncios y promesas incumplidas.

La segunda propuesta era limitar la reelección de congresistas. Tampoco es claro cómo puede esta medida contribuir a la lucha contra la corrupción. Pero igual se hundió y la ministra pidió su archivo. Otra promesa incumplida.

En tercer lugar, la obligatoriedad de publicar la declaración de bienes y rentas y rendir cuentas. Esta medida ya existía desde el estatuto anticorrupción que en su momento promovimos, y mucho más completa, pues no se limita a la simple declaración de renta sino que exige un inventario real de los bienes que refleje con mayor detalle el estado patrimonial de un funcionario. Es posible que se apruebe en el Congreso esta semana, pero de poco servirá si solo reedita los artículos hoy vigentes.

En cuarto lugar, las normas sobre conflictos de interés. Estas también existen desde hace muchos años, pero lo importante es su aplicación, especialmente por parte de los altos dignatarios. Pero qué esperar al respecto si la propia ministra del Interior acaba de tramitar su impedimento (Decreto 783 de mayo 7) frente a la ley de TIC, cuando el proyecto está haciendo trámite en las Cámaras hace más de siete meses.

La última hacía referencia a la participación ciudadana en la aprobación de los presupuestos públicos. Esta sí es la tapa de la politiquería. Acabamos de observar en la aprobación del Presupuesto Nacional y del Plan de Desarrollo lo que ocurre cuando el Gobierno permite que algunos congresistas utilicen esta ley para introducir todo tipo de artículos. Varios micos se colaron. No me quiero ni imaginar lo que ocurriría de aprobarse esta iniciativa de los presupuestos participativos.

Como puede apreciarse, la llamada agenda anticorrupción no quedó en nada por lo populista y oportunista de las propuestas. Un verdadero engaño para los millones de ciudadanos que creyeron en la honestidad y buenas intenciones de unos promotores que montaron sus campañas políticas aprovechando el natural hastío de todos con este cáncer que está desangrando el país y de cuya campaña quedaron muchos votos, pero también mucha frustración.

En contraste, de manera silenciosa pero muy efectiva, se está desarrollando en la Contraloría General el llamado Proyecto Océano, que es una verdadera central de información sobre la totalidad de la contratación pública de nuestro país. Utilizando herramientas tecnológicas de punta como el ‘big data’ y la inteligencia artificial, Océano está en capacidad de identificar riesgos y depurar y analizar millones de registros en los temas de contratación, cruzando diversas fuentes.

Esta herramienta, a la que me referiré la próxima semana citando casos concretos de las mallas de contratistas que tienen capturada la contratación, estará en capacidad de detectar, en tiempo real, cualquier indicio de corrupción y alertará oportunamente a todas las entidades sobre malas prácticas y corrupción en sus procesos de contratación. De una herramienta como esta podemos esperar muchos más resultados que de una agenda anticorrupción nacida en la calentura de un debate electoral.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1558996763162{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

26 de mayo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/corrupcion-y-politiqueria-una-mejor-herramienta-german-vargas-lleras-366950[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1558638212839{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Decisión de JEP sobre Santrich profundizó crisis institucional. Sin embargo, abrió posibilidades.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1558638231865{margin-bottom: 0px !important;}»]La decisión de la JEP en el caso Santrich sacudió todas las estructuras del Estado y profundizó la crisis institucional que se venía gestando hace meses. Pero, como ocurre generalmente, los momentos de crisis también son momentos de oportunidad.

En este caso, creo yo, se abre la posibilidad de concertar un acuerdo nacional entre las ramas del poder público, comenzando por la Rama Judicial y que incluya a los partidos políticos, aun a la oposición, para tramitar en consenso las iniciativas necesarias para salvar los acuerdos de paz, llenar los vacíos y corregir los problemas relativos a su implementación. A este propósito de tender puentes y generar confianzas creo que contribuye la designación de la magistrada Margarita Cabello como nueva titular de la cartera de Justicia.

Entre tanto, hay que actuar con prudencia y serenidad y esperar el pronunciamiento de la sala de revisión de la JEP ante el recurso interpuesto por el Procurador General. La sala, integrada por magistrados de reconocida trayectoria, ponderará seguramente el salvamento de voto de una decisión apretada y muy controversial en cuanto a la solicitud y valoración de las pruebas, la competencia para decretar la libertad del acusado y, lo más sensible, el funcionamiento de la extradición como mecanismo de cooperación judicial.

Esta sala podría declarar la nulidad del fallo, con lo cual se abre la posibilidad de incorporar nuevas pruebas, incluido el famoso video, como también remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia en caso de que considere que Santrich debe ser juzgado por la justicia ordinaria, y será esta la que tenga la última palabra.

Sin duda, el detonante mayor de la crisis institucional fue la renuncia presentada por el Fiscal General de la Nación. Sería lamentable que se perdieran, con esta renuncia, los importantes avances que bajo su liderazgo se venían gestando para tramitar en el Congreso nuevas iniciativas que permitieran superar los vacíos y temores en la implementación de los acuerdos de paz y avanzar en nuevos instrumentos para enfrentar con mayor vigor el narcotráfico.

Nos corresponde en este momento evitar que se profundice la polarización con sus indeseables efectos sobre la economía, el crecimiento, la inversión y el clima de confianza, nacional e internacional. Por mi parte, me propongo aportar mi concurso para superar esta situación y, de ser viable, participar positivamente en la construcción de un acuerdo ya esbozado por el Presidente en su alocución de esta semana.

Y a quienes han propuesto o recibido entusiasmados la idea de una constituyente, lamento aguarles la fiesta. Una constituyente sería el peor camino, pues comprometería todos los esfuerzos de este gobierno en los próximos tres años y con pocas probabilidades de tener éxito.

Recordemos que una constituyente, en primer lugar, debe tramitarse mediante una ley en el Congreso aprobada por mayoría absoluta en ambas cámaras, que fije las competencias y el tiempo en que va a sesionar. De ser aprobada, debe ir a la Corte Constitucional para su revisión. Luego se debe convocar una votación a todos los colombianos para establecer si la aprueban y obtener la tercera parte del censo electoral, 12’700.000 votos válidos. Conocido el resultado procede convocar nuevas elecciones para elegir a los constituyentes y ninguna de estas convocatorias puede coincidir con otra elección.

Este tortuoso recorrido tardaría por lo menos dos años. ¿Debe el Gobierno comprometer lo que le resta del periodo en una aventura de esta naturaleza? Me temo que es muy desaconsejable insistir en esta.

Además, es evidente que este proceso polarizaría aún más la sociedad. Tantos problemas para solucionar que yo me pregunto: ¿vale realmente la pena dar un salto al vacío, por decir lo menos, tras el cual quién sabe qué otros propósitos se ocultan?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1558638281483{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

19 de mayo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/es-la-constituyente-el-camino-columna-de-german-vargas-lleras-363708[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1558638525177{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Bogotá no solo es víctima de altos niveles de delincuencia sino que, como nunca, está atemorizada.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1558638541468{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana conocimos las últimas estadísticas y encuestas sobre la inseguridad en Bogotá. Nuestra ciudad no solo es víctima de altísimos niveles de delincuencia sino que, como nunca, está atemorizada.

Más del 60 % de los ciudadanos encuestados por la Cámara de Comercio se sienten inseguros en la ciudad, sentimiento más que explicable puesto que 4 de cada 10 han sufrido algún tipo de ataque de la delincuencia.

A solo 8 meses del término del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, contrastan estas cifras y una ciudadanía aterrorizada con las promesas de campaña del entonces candidato que hablaba de recuperar Bogotá de las manos de la delincuencia y prometía que “los ciudadanos recuperarán el derecho a vivir sin miedo”. Ese miedo, señor alcalde, ha pasado del 45 % en 2016 al 61 % en 2019. Los delitos más frecuentes siguen siendo el hurto a personas, el hurto de residencias, las lesiones personales, el vandalismo y el hurto de vehículos. Y, dentro de ellos, los objetos más codiciados son el celular y, quién lo dijera, la bicicleta, en nuestra autodenominada capital mundial de la bici.

El transporte público es el lugar más temido por los ciudadanos y el TransMilenio, el predilecto para todo tipo de abusos, robos y lesiones, en la mayoría de los casos en contra de mujeres.

El alcalde había prometido que, después de la movilidad, su segunda prioridad sería la seguridad ciudadana. Esas promesas de campaña, cuando son serias, deben traducirse en el gobierno en acciones concretas y, en especial, en presupuestos y recursos. Cómo entender que ante un tema que está desbordado, el presupuesto de la ciudad haya disminuido en el último año en más de 110.000 millones de pesos y que los recursos para inversión hayan pasado de representar el 3,7 % del presupuesto, ya de por sí bajísimo, al 1,7 % en el año 2019. Estas cifras nos ilustran con claridad la importancia que esta alcaldía concede a la mayor preocupación de los bogotanos, según la última encuesta revelada por ‘Semana’.

Son muchas las estrategias y acciones que deberían desplegarse, sin pérdida de tiempo. Es indispensable aumentar no solo el pie de fuerza, sino la efectividad de nuestra policía. En esto coincidimos en campaña con el presidente Duque al señalar que la cifra de 238 policías por cada 100.000 habitantes debía ser urgentemente aumentada. Además, hay que reestructurar el Plan Nacional de Vigilancia comunitaria por cuadrantes con el fin de mejorar la oportunidad y la calidad de la respuesta. El Gobierno Nacional también está en mora de avanzar en los temas de judicialización efectiva 24 horas del día, en adoptar mecanismos contra la reincidencia, reformar el régimen penitenciario y endurecer el tratamiento a menores infractores, entre muchas medidas que venimos sugiriendo.

En el sistema TransMilenio, que moviliza más de 2’200.000 personas por día, y en el cual más de un 30 % de personas fue víctima de un delito, es indispensable reforzar la estrategia de policías encubiertos, disponer de equipos operativos en cada estación y promover mejores entornos en los portales e inmediaciones del sistema.

La lucha contra el microtráfico, el robo de celulares, la extorsión y el porte ilegal de armas de fuego y armas blancas, que estamos en mora de prohibir, debe reforzarse. Y un aspecto que debe considerarse seriamente en la estrategia es el de los delitos cometidos por extranjeros. El último informe de la Fiscalía sobre capturas en flagrancia señala que en lo corrido del año estas aumentaron en un 300 %; de ellos, un 95,4 recayeron en ciudadanos venezolanos. Estas cifras deberían alertar a la Alcaldía, pues más de una tercera parte de estos delitos se cometen en Bogotá.

La opinión es implacable y yo tengo la íntima convicción de que el 82 % de rechazo de la ciudadanía bogotana al alcalde Peñalosa tiene mucho que ver con la inseguridad y el miedo que se han apoderado de nuestra capital.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1558638624996{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

12 de mayo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/una-ciudad-atemorizada-inseguridad-en-bogota-columna-de-german-vargas-lleras-360336[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]