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[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1551124578223{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

La agricultura colombiana se ha caracterizado por su baja productividad y su inseguridad jurídica.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1551124599430{margin-bottom: 0px !important;}»]El campo nuevamente es el gran ausente en las apuestas del gobierno del presidente Duque para los próximos cuatro años. Con 40 millones de hectáreas por aprovechar, resultan desconcertantes el tratamiento y las escasas propuestas contenidas en los únicos cuatro artículos que mencionan el sector en el Plan Desarrollo.

La agricultura colombiana se ha caracterizado por su baja productividad, inseguridad jurídica, falta de encadenamientos productivos y la deficiencia en su infraestructura física, de acceso al crédito y seguros, logística y transporte, entre muchas otras carencias.

Aspiraba yo a ver reflejadas en el Plan de Desarrollo algunas de las propuestas que empresarios, dirigentes gremiales y campesinos han venido planteando de tiempo atrás. Entre ellas, convertir la agricultura y la ruralidad en política de Estado con una visión de largo plazo y otorgar el carácter de interés nacional a la protección de la propiedad privada y la legítima tenencia de la tierra con fines productivos. También, la formalización de la agricultura con un régimen laboral flexible y, por supuesto, una apuesta decidida por la modernización y la rentabilidad del campo con asistencia técnica, créditos y seguros de cosechas, transformando para este último propósito a Finagro en un verdadero banco de inversión rural.

También esperaba encontrar respuestas a la inaplazable provisión rural de bienes públicos como vivienda, agua potable, alcantarillados, vías terciarias y educación. Sin esas inversiones es imposible cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Así mismo, la gran ausente: la mujer rural, que es el motor de la familia en el campo. No hay nada.

Ni capacitación, ni apoyo al emprendimiento ni protección. Esperábamos encontrar en el plan el impulso normativo necesario para temas como el programa de ingreso rural por objetivos, que motive la productividad por tonelada o cabeza producida por fanegada; incentivos fiscales y financieros para el uso de riego, apoyo a los productores en almacenamiento y comercialización de sus productos y el fortalecimiento técnico del ICA. Ninguna de estas propuestas quedó recogida en el anunciado plan.

Llama la atención la propuesta del pacto por la región Llanos-Orinoquia. El gobierno anterior dejó contratados los diseños y estudios fase 2, que permitirían de inmediato abrir las licitaciones para la construcción de la carretera de Puerto Gaitán a Puerto Carreño, y también la carretera que conectaría a Florida-Palmira-Colombia-Aipe-La Uribe, conexión Pacífico-Orinoquia. El plan no se compromete con ninguna.

En el campo está todo por hacer, y que el Gobierno pierda la gran oportunidad en la ley del plan de trazar los lineamientos que den respuesta a más de 11 millones de personas que hoy habitan el campo no es un asunto menor. Desde esta esquina invito al Gobierno y al Congreso a una reflexión profunda sobre cuáles son las prioridades para un sector tan sensible y por tantos años dejado a su suerte.

Todos los gobiernos evitan en lo posible tramitar iniciativas en el Congreso, pero cuando leo y releo los 188 artículos y los lineamientos de este plan, lo menos que pienso es que se pasaron de listos. Es claro que no quieren regresar a debatir nada en el Congreso, y esto explica que en el artículo primero incorporen un documento de 955 páginas, en mi criterio sin fuerza vinculante, y soliciten facultades extraordinarias, incluso para reformar toda la administración del Estado, sin precisar siquiera cómo van a ser usadas.

Las primeras reacciones del Presidente en contra de su propio plan, como ocurrió con la propuesta de desmonte de los subsidios, nos confirman que en su elaboración, como se dice coloquialmente, no tiró línea. Los que sí lo hicieron fueron los colombianos de a pie que acudieron esperanzados a expresar sus angustias y propuestas en centenares de talleres y reuniones inútiles que solo contribuirán a aumentar su proverbial frustración.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1551124632662{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

23 de febrero 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-gran-ausente-columna-de-german-vargas-lleras-330516[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1550689592939{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Esta es la hora en que tampoco se conoce ninguna respuesta sobre sus causas.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1550689613774{margin-bottom: 0px !important;}»]Tengo la convicción de que en torno al proyecto Hidroituango nunca se nos ha dicho toda la verdad. Desde la adjudicación del proyecto, que estuvo rodeada de graves denuncias y tutelas, hasta la aprobación del famoso plan de aceleración, responsable de buena parte de lo que está ocurriendo, aquí nadie da explicaciones suficientes y creíbles.

Este miércoles, por fin, la Contraloría decretó el control excepcional y se comprometió a dar resultados en no más de 4 meses. Se va a ocupar de esclarecer las condiciones en que se adjudicó este millonario contrato al consorcio, del cual forman parte Conconcreto e Integral, liderado por la empresa brasileña Camargo Correa, que ha enfrentado en su país investigaciones y sanciones similares a las de Odebrecht. La Fiscalía General aún no se ha pronunciado, pero supongo que ha tomado cartas en este asunto, al menos en lo relacionado con el proceso de contratación.

Han pasado ya nueve meses desde que se presentó la primera emergencia con el colapso del tercer túnel de desvío, que se construyó sin licencia ambiental, y esta es la hora en que tampoco se conoce ninguna respuesta sobre sus causas ni sobre el porqué de las decisiones, en particular el plan de aceleración, aprobado en junta virtual tres días antes de que terminara el periodo del gobernador y el alcalde de la época. Se sabe que este túnel no era parte del diseño original y que tanto los asesores internacionales como la interventoría y la propia empresa Hidroituango se opusieron. ¿Por qué EPM fue adelante en solitario con esta decisión? Me pregunto también: ¿por qué fueron despedidos el director del proyecto y los responsables técnicos y ambientales? ¿Se evaluaron suficientemente los riesgos en que se incurría? ¿Se pactaron, como se ha mencionado, primas de éxito, ilegales para el caso de inversiones con recursos públicos? ¿Por qué la actual administración de EPM, incluido el alcalde, que heredaron buena parte de esta problemática, nada dicen? Son todas preguntas cuyas respuestas los colombianos tenemos derecho a conocer.

De comprobarse estas afirmaciones, graves responsabilidades podrían derivarse para las empresas diseñadoras y constructoras, así como para las directivas que en su momento autorizaron esos diseños y trabajos, comenzando por la junta directiva de EPM, al igual que su gerente, Juan Esteban Calle, quien al terminar el cuatrienio pasó a dirigir Cementos Argos.

La Procuraduría también tomó cartas en este asunto y ha vinculado a la investigación a la junta directiva de EPM, y dispuso que la Superintendencia investigue si hubo ocultamiento ilegal de información.

¿Quién, en serio, va a responder a las 20.000 familias de pescadores, víctimas inmediatas de estas decisiones? El jueves pasado, las comunidades del río Cauca en la región Caribe, aguas abajo de la presa, manifestaron angustiosamente sus válidas preocupaciones. ¿Quién las escucha?

En el plano de la seguridad energética, debo reconocer el esfuerzo de la ministra de Energía para impulsar las subastas de fin de mes, que han implicado para el Gobierno decisiones controvertidas pero responsables en materia de política energética. Por duro que ello sea, el Gobierno no puede convertirse en rehén de Hidroituango y exponer el país a eventuales racionamientos futuros, cuyos efectos son tan costosos y de ingrata recordación. Pero ¿cómo entender que EPM vaya a participar en una subasta que se creó para suplir la demanda que su proyecto Hidroituango no va a entregar?

¿Qué suerte hubiera corrido una empresa del sector privado en cualquier proyecto de infraestructura de haber sido la responsable de este desastre?

El prestigio ganado a pulso por una empresa tan querida en Antioquia y el país y la natural solidaridad que se ha generado a raíz de esta crisis no pueden ser excusa para no investigar a fondo la verdad de lo acontecido y las responsabilidades que puedan derivarse, sin importar a quién puedan comprometer.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1550689659067{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

16 de febrero 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/hidroituango-sabremos-la-verdad-columna-de-german-vargas-lleras-327696[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1548781775293{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Colectividades han expresado su inconformismo por la apatía del Gobierno frente a sus iniciativas.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1549316653705{margin-bottom: 0px !important;}»]Terminan esta semana las reuniones del presidente Duque con los partidos para concertar la agenda de proyectos que se definirán como prioritarios en la próxima legislatura.

Bajo el principio de que no se formará una coalición de gobierno, sino que se concertarán las iniciativas del propio Gobierno y aquellas que surjan de las bancadas, resulta conveniente que se definan objetivos y prioridades y se establezcan mecanismos para llegar a consensos.

Todas las colectividades han expresado su inconformismo por la apatía del Gobierno frente a sus iniciativas. En nuestro caso, radicamos múltiples proyectos a los cuales dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en su preparación. Ninguno mereció la menor consideración de los actuales ministros.

Se inician las sesiones del Congreso, como es natural, con la discusión del Plan de Desarrollo, excelente oportunidad para definir grandes propósitos de políticas públicas, así como las obras prioritarias por ejecutarse en las regiones, tema de particular interés para el Congreso.

Pero la legislatura, en este primer año de gobierno, deberá abordar los temas verdaderamente urgentes. Me permito sugerir algunos, que ya fueron radicados y cuya aprobación debería suscitar el mayor interés del Gobierno y los partidos.

1. Justicia. Es urgente retomar la reforma malograda el semestre pasado para avanzar en el gran propósito de la descongestión judicial, asegurar el acceso a una justicia pronta y eficaz y brindar mayor seguridad jurídica a través del llamado precedente judicial. La reforma estructural de la Rama no da espera.

2. Salud. Tenemos cobertura universal de aseguramiento, pero sentimos que los servicios no llegan o llegan tarde, y no es una falsa percepción. Los indicadores de sobrevida por cáncer registrados esta semana están entre los peores de la región, y la tasa de hospitalización es la más alta del continente. Urge un nuevo modelo de atención que se sustente en el médico de familia y aborde integralmente al paciente. Los mejores sistemas del mundo, como Canadá, Inglaterra, Holanda y España, ya lo tienen. La iliquidez, el limitado financiamiento, fallas en la regulación e ineficiencias en la gestión hacen inaplazable priorizar esta iniciativa.

3. Pensiones. El camino fácil de postergar esta reforma, como lo sugiere la ministra, no es ya una opción. Tenemos un sistema pensional inequitativo, de baja cobertura e insostenible. La llamada bomba pensional ya supera los 900 billones de pesos, y el año pasado se destinaron 39,2 billones del presupuesto general de la nación a atender estas obligaciones.

4. Consultas previas, licenciamiento ambiental y reforma de las CAR. Informó la ministra del Interior en días pasados que ya ascienden a más de 10.000 los procesos de consulta en trámite. Están paralizados proyectos en ejecución y por iniciarse centenares de inversiones que requieren tener reglas claras. Definir los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos y montos de las compensaciones, entre otros, es tarea inaplazable, como lo es también reglamentar las consultas populares y los conflictos de competencia en materia medioambiental.

5. Ministerio de la Familia. Se trata de la transformación, a costo cero, del DPS en un ministerio que centralice más de 22 programas hoy dispersos que comprometen un gasto superior a 12 billones anuales. Agruparlos, evitar duplicidades, depurar las bases de datos, reducir la burocracia y garantizar un mayor impacto en la población serán sus objetivos.

Si el Gobierno en verdad quiere construir unas relaciones respetuosas y productivas con la Rama Legislativa, desprovistas de cualquier tipo de ‘mermelada’, debería prestar mucha atención a concertar los avances en los grandes temas hoy pendientes de la agenda nacional e impulsar las muy buenas ideas propuestas por las colectividades. ¿O no es, a fin de cuentas, a eso a lo que los invitaron?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1549316702777{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

09 de febrero 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/los-acuerdos-politicos-columna-de-german-vargas-lleras-324902[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1548781775293{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Tan importante es liquidar esta entidad como abordar la solución de otros problemas carcelarios.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1549316653705{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana, el director de la cárcel La Modelo fue detenido por corrupción. Meses atrás lo había sido el director de La Picota, y en los últimos años, decenas de directores, dragoneantes y miembros de la guardia penitenciaria se han visto involucrados en la comisión de toda suerte de conductas delictivas.

¿Cómo se explica que en una entidad oficial como el Inpec coexistan más de 112 sindicatos de base, sin incluir las seccionales, que tienen sus propias juntas directivas y cuyos miembros también gozan de fuero sindical? Son más de 2.600 los funcionarios en esa institución amparados por fuero sindical, a quienes no se puede trasladar, ni investigar ni, mucho menos, destituir sin que medie orden judicial que les levante el fuero. Que yo sepa, es además la única institución con manejo de armas que cuenta con este insólito régimen.

De toda esta situación intolerable surgió la idea, que en su momento propuse, de liquidar el Inpec y crear una dirección adscrita a la Policía Nacional que tuviera el mismo régimen de carrera y donde, en consecuencia, se pudiese aplicar el poder discrecional para el retiro de los funcionarios.

Tan importante es liquidar de una vez por todas esta entidad como abordar la solución de otros problemas carcelarios y de política criminal mediante una reforma que no da más espera.

Para comenzar, se requiere con urgencia adelantar la construcción de por lo menos 50.000 nuevos cupos carcelarios para enfrentar el déficit, estimado en 39.000. El cupo actual es de 80.200, por lo que el hacinamiento llega a más del 48 por ciento. Es imposible, además, adelantar cualquier política de resocialización de los internos en estas circunstancias.

Los terrenos para estas nuevas construcciones existen, e incluso los estudios para el traslado de las cárceles La Modelo, El Buen Pastor, La Ternera y La 40, en Pereira, que incluyen el desarrollo de proyectos de renovación urbanística que mucho convendrían a las ciudades. En su momento, y como fuente de financiación, se previó la pignoración de los recursos de la Superintendencia de Notariado y Registro en un modelo de administración de la infraestructura carcelaria por concesión. Valdría la pena volver a valorar estas iniciativas.

Y, más importante, evitar que se siga delinquiendo en las cárceles. En Colombia, los pabellones de alta seguridad no representan ni el 10 por ciento de la capacidad disponible y, a diferencia de otros países, no es posible restringir ni los permisos, ni las comunicaciones ni las visitas. El concepto de máxima, mediana y baja seguridad es un instrumento clave en el manejo de los centros y en la política penitenciaria, y de gran utilidad para la Fiscalía.

Así mismo, convendría revisar todo el régimen de tratamiento para menores infractores. Sé que es un tema complejo, pero muchos países, como México, Inglaterra o Brasil, ya dieron el paso de reducir la edad de imputabilidad de 14 a 12 años. Hoy se cuenta para ellos con 34 centros de reclusión, con una población cercana a los 17.000 menores infractores privados de libertad, pero estos centros, atendidos por el Instituto de Bienestar Familiar, ni son de reclusión ni tampoco de rehabilitación.

Conviene, en la reforma, endurecer el régimen de internamiento para quienes cometan delitos graves entre los 14 y los 18 años y un programa de seguimiento para quienes recuperan su libertad. Es bien sabido que poderosas organizaciones criminales se amparan en el régimen especial que cobija a los menores, lo cual, lejos de protegerlos, los ha convertido en sus mayores víctimas.

Liquidar el Inpec, construir nuevos centros penitenciarios, reformar el régimen carcelario y dotar el Estado de un norte en materia de política criminal son asuntos que no dan espera y deberían ser incluidos en la agenda del Gobierno que será discutida con los partidos esta misma semana.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1549316702777{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

02 de febrero 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/la-crisis-del-sistema-penitenciario-german-vargas-lleras-322198[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1548781775293{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Por primera vez se rompió la estrategia de Maduro y se socavó realmente su legitimidad.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1548781794890{margin-bottom: 0px !important;}»]Se cumplen cerca de 20 años de la posesión de Hugo Chávez en Venezuela. 20 largos años que solo han traído miseria y violencia para los venezolanos y la ruina de un país rico y pujante. A su paso, la llamada revolución bolivariana todo lo destruyó.

En el año 2007, muchos llegamos a pensar que las fuerzas de oposición, en ese entonces lideradas por Leopoldo López, Henrique Capriles y María Corina Machado, podían restablecer la democracia. Nos equivocamos. Chávez sorteó la situación y se reacomodó. Pero lo ocurrido esta semana nos da una luz de esperanza. Por primera vez se rompió la estrategia de Maduro y se socavó realmente su legitimidad. Algo de esta dimensión no se veía desde entonces.

En el plano político, los líderes de la oposición aprendieron la lección. Hoy, Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional y quien preside el gobierno de transición, encarna una nueva generación de venezolanos que se volvió a sintonizar con las bases. Es un líder joven y cercano que transmite confianza, legitimidad y ha logrado aglutinar a todas las fuerzas de oposición que creen sinceramente en que su único objetivo es luchar por avanzar hacia un gobierno de transición desprovisto de apetitos personales.

Esto se reflejó en las multitudinarias concentraciones de la semana y en el lánguido apoyo en las calles, incluso de los empleados públicos, al régimen de Maduro. Da la impresión de que se hartaron de la extorsión, de la intimidación, y que el Gobierno no tiene cómo sostener por más tiempo lealtades compradas.

Por primera vez, 19 países, que son la mayoría en la OEA, con el liderazgo de Colombia y del presidente Iván Duque y de los países del Grupo de Lima, votaron en contra de Maduro. Estados Unidos, al reconocer a Guaidó como presidente interino, no ha descartado ninguna opción y podría dejar a su disposición los cuantiosos recursos de PDVSA y Citgo en ese país, comprometiendo considerablemente el flujo de caja y el intercambio económico para Venezuela.

Igualmente valiosa es la posición de Canadá en materia de derechos humanos frente al manejo de la crisis, tanto como la de Brasil por su influencia en los organismos internacionales y en muchos Estados periféricos. La declaración de Lima, por su parte, transmite unidad continental, con la sorpresiva excepción de México, que mezquinamente pretende recuperar un protagonismo que perdió en el Caribe.

La posición de la Unión Europea, de abrir un espacio para buscar una salida de transición, da la impresión de estar concertada. Alemania y Francia ya han dado un primer paso en la dirección que, supongo, seguirá la Unión. Y quien lea con atención la declaración de Rusia se percatará de que ella obedece más a un acto protocolario que a un apoyo real al gobierno de Maduro.

Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué va a pasar con los militares?

Mi opinión es que están fracturados. Las fuerzas militares en Venezuela no son un cuerpo homogéneo. Los militares de verdad, que no son los 2.000 generales inflados por la revolución, ni la guardia nacional ni tampoco la policía bolivariana, y mucho menos los llamados colectivos, han guardado silencio.

Como se ve, en el escenario político y social y en el plano internacional, y ojalá en el militar, se están alineando los astros. Ojalá esta crisis se precipite pronto, y Venezuela recobre su democracia y su institucionalidad y retome la vía del crecimiento, el empleo y la prosperidad. Colombia debe mantener con firmeza su actual posición frente al gobierno ilegítimo de Maduro y prepararse para acompañar con generosidad y con todos los recursos a su alcance la reconstrucción económica y social del hermano país. En tanto esto ocurre, debemos estar atentos, muy atentos, a cualquier coletazo del agonizante régimen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1548781827190{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

27 de enero 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/una-luz-de-esperanza-una-salida-para-venezuela-319420[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1548781453788{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El sistema debe implantar formas de pago en que prime el respeto por los dineros públicos.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1548781489723{margin-bottom: 0px !important;}»]Si este año va a ser el de los grandes acuerdos programáticos, propongo que el del sector de la salud esté en primerísimo lugar.

La iliquidez del sistema de salud crece cada día, ante la mirada pasiva de todos: las deudas de las EPS rondan los 9 billones de pesos, casi impagables. Preocupa la mora de la Adres (el banco de la salud) en el pago de cuentas radicadas desde marzo. La iliquidez crónica cubre toda la cadena de pagos.

Existen tres razones de la crisis, más allá de la corrupción pública y privada: 1) Limitado financiamiento. 2) Fallos en la regulación del sistema. Y 3) Ineficiencia en la gestión. Es urgente abordarlos desde una reforma que reordene todo el sistema.

Gastamos más del 7 % del PIB en salud y no somos capaces de responder si son suficientes casi 50 billones de pesos al año. Irónicamente, y a pesar de las quejas de los gremios, los balances de los principales hospitales privados revelan utilidades de dos dígitos, descontadas las deudas, inéditas en otros sectores de la economía. Muchas EPS están técnicamente quebradas, pero otras muestran balances en negro, incluso crecimientos en inversiones. ¿Qué causa esas diferencias?

¿Tiene sentido mantener más de 40 EPS (16 en vigilancia especial de la Supersalud), con muy pocos afiliados, sin control efectivo de los riesgos del aseguramiento? ¿No habrá ciudades que cuenten con más camas hospitalarias de las necesarias? ¿No será que la construcción indiscriminada de hospitales públicos, sin una planeación regional ni operación en red, nos ha llevado a sobrecostos en el régimen subsidiado?

Primero, es esencial ajustar el aseguramiento a las necesidades de los ciudadanos. No podemos seguir con la separación entre los regímenes subsidiado y contributivo. Segundo, también lo es que los colombianos tengan un plan único de beneficios que cubra todas las contingencias de salud. El ciudadano no debe ser afectado por el POS o no POS, y los aseguradores deben responder por todos los riesgos de salud. Tercero, si se montó la Adres, debería ser su problema integrar todas las fuentes centralizadas y descentralizadas de recursos, para financiar un plan único en el que la unidad sea la atención integral de la enfermedad. Cuarto, el sistema debe implantar formas de pago en que primen la racionalidad y el respeto por los dineros públicos.

Es conveniente la iniciativa privada, pero imprescindible la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Aprendidas las lecciones de Saludcoop, Cafesalud y Medimás, la Superintendencia Nacional de Salud debe contar con mejores instrumentos para ejercer un control oportuno e integral. Hay que implantar una poderosa herramienta que hoy opera en el sector financiero: la regulación de conglomerados. En un sistema que maneja recursos públicos, la información sobre propiedad y subordinación empresarial debe ser pública y las relaciones comerciales, transparentes. Pública también tiene que ser la información sobre precios, empezando por los operadores integrados vertical u horizontalmente con los compradores de servicios, medicamentos e insumos.

El Gobierno, en especial el Ministerio de Hacienda, debe dejar de hacer oídos sordos frente al real gasto en salud. Los cálculos de costos de aseguramiento siempre se basan en la información sobre consumos y gastos de servicios de la vigencia anterior. Esa es la base de la estimación de la prima de seguro (llamada aquí UPC). No tiene presentación que después de 25 años sigamos dependiendo del gasto de un puñado de EPS del régimen contributivo y lo proyectemos para calcular la UPC del subsidiado. Seamos serios, ese estudio actuarial debe ser la base del presupuesto anual del sistema. Lo anterior es parte del recetario para una verdadera e inaplazable reforma de la salud.

P. D.: repudiable atentado el de la Escuela General Santander. El primer gran acuerdo debe consistir en cerrarles todo espacio al terrorismo y la violencia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1548781520919{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

19 de enero 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/acuerdo-para-la-reforma-de-la-salud-german-vargas-lleras-316508[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1547836358479{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El sector turístico puede convertirse en la fuente más importante para la riqueza de nuestro país.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1547836340985{margin-bottom: 0px !important;}»]Se requiere con urgencia mejorar también la infraestructura en las diferentes regiones. A los 57 aeropuertos que están siendo intervenidos desde el gobierno anterior habría que adicionar la construcción o el mejoramiento de aquellos de San Andrés, Buenaventura, Ipiales, la ampliación de las pistas en Santa Marta y Providencia y, en especial, la construcción del aeropuerto del Café y el nuevo de Cartagena. Otras obras de gran impacto podrían desarrollarse en los malecones de la bahía de Santa Marta y El Rodadero, la construcción de muelles para embarcaciones menores en la costa Pacífica, así como la marina de cruceros en Cartagena.

Pero tan importante es la competitividad que nos da una moderna infraestructura como aquella relacionada con el capital humano involucrado en esta industria. Por ello es fundamental capacitar y certificar a más de 100.000 trabajadores al año, programa que deberían emprender el ministerio y el Sena, e incentivar también a instituciones de educación superior para que ofrezcan programas especializados en turismo. Y, a fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio, se debería proceder a implementar procesos de acreditación, que podrían ser igualmente cofinanciados.

También es fundamental que el sector siga contando con una exención fiscal como la contenida en la Ley 788 de 2002. El desarrollo de esa norma permitió la construcción de 45.000 nuevas habitaciones.

La nueva ley de financiamiento fija una tasa diferencial del 10 por ciento al impuesto de renta, preservando un incentivo que ha demostrado ser de una importancia capital para la hotelería, y ahora se hace extensiva a otros sectores de la cadena como la infraestructura turística. Adicionalmente, es importante desarrollar el mecanismo de las zonas francas uniempresariales y reglamentar la norma sobre la devolución del IVA a extranjeros.

En 2016, el ministerio hizo el lanzamiento de 12 corredores turísticos que articulan a 311 municipios en los 32 departamentos. Se trata de un proyecto que vale la pena impulsar por sus enormes potencialidades. En este sentido, se hace indispensable preparar verdaderos planes de acción entre el Gobierno, los gremios, los empresarios y las autoridades regionales.

ProColombia y Fontur, por ejemplo, deberían iniciar campañas específicas de promoción nacional e internacional de estos corredores.

Así mismo, debería impulsarse el llamado turismo de nicho, que para el caso de nuestro país abarca los temas de salud, negocios, náutico y de cruceros, cultural y de naturaleza. Todos, sectores con altísimo potencial, que requieren una promoción especializada. Y, a propósito, en el gobierno pasado iniciamos la estructuración de las primeras diez concesiones hoteleras ubicadas en las zonas de amortiguación en algunos parques nacionales. Diez grandes vitrinas nacionales e internacionales para el sector. Es importante que se dé continuidad a estas iniciativas.

El sector turístico puede convertirse en la fuente más importante y de mayor impacto en el corto plazo en la generación de riqueza para nuestro país, en el mejor aliado como proveedor de divisas y de ingresos fiscales para la nación, en el mayor promotor de empleo formal, de calidad y bien remunerado; en el mejor irrigador de desarrollo a lo largo de nuestra geografía y en el sector que mejor protección puede ofrecer a nuestro patrimonio cultural y nuestros recursos naturales. Es, sin duda, la mejor opción que tenemos, una apuesta que vale mucho la pena hacer.

Todos los sectores vinculados al turismo vienen reclamando la creación de un ministerio. Países como México, Brasil, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Argentina, entre muchos más, tomaron esa decisión. Así lograron integrar políticas intersectoriales y tener un crecimiento envidiable. Si nos proponemos cumplir metas ambiciosas y desarrollar todo nuestro potencial, deberíamos evaluar la conveniencia de dar ese paso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1547836312300{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

12 de enero 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/turismo-ii-german-vargas-lleras-313882[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1547135815621{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Es necesario doblar los niveles de inversión foránea en el sector.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1547136740242{margin-bottom: 0px !important;}»]Quiero aprovechar estos días de festivos y vacaciones para reflexionar sobre una de las grandes apuestas que podríamos hacer como país para promover un crecimiento acelerado de nuestra economía, del empleo de calidad y de los ingresos de miles de familias colombianas.

Me refiero, naturalmente, al turismo, que como industria ya le está generando al país divisas por más de 6.000 millones de dólares, correspondientes a los más de 5,5 millones de visitantes que recibimos anualmente. Estas cifras, aunque importantes, no llegan a representar el 3 % de nuestro producto interno bruto y podrían, dada la potencialidad de nuestros recursos turísticos, culturales y naturales, llegar en pocos años a un 10 %, como es el caso de España y, en nuestra región, de países como Perú, México o República Dominicana.

Para ello tenemos que proponernos metas ambiciosas pero posibles, como la de llegar a 10 millones de visitantes en el 2022, lo cual representaría para nuestro país el ingreso de más de 10.000 millones de dólares en divisas y pondría este sector al nivel de la industria petrolera y por encima de las exportaciones del sector industrial.

Esta meta supone la generación de más de 800.000 empleos nuevos en los próximos cuatro años, distribuidos en buena parte del país e impactando actividades tan diversas como la hotelería, el transporte, los restaurantes, las agencias de viajes y muchas otras, promovidas por el Gobierno dentro del concepto de la economía naranja.

Para atraer este importantísimo flujo de visitantes extranjeros, y también atender el creciente turismo nacional, es necesario doblar los niveles de inversión foránea en el sector, que han sido tradicionalmente del orden de 1.500 millones de dólares anuales. Se necesitará, además, capacitar a más de 350.000 trabajadores en temas como servicio al cliente, gastronomía, guianza turística, servicios de salud y bilingüismo.

También tendríamos que apoyar las empresas en sus procesos de calidad, productividad y desarrollo tecnológico por medio de mecanismos de cofinanciación y acompañamiento de entidades como Fontur y ProColombia. Destinar no menos de 200 millones de dólares anuales para fortalecer el presupuesto de competitividad de la industria y la promoción del país y sus regiones en el exterior.

Pero uno de los principales problemas que hay que combatir es el de la informalidad y la competencia desleal que ella genera a los demás operadores. Con este propósito se deben fortalecer las facultades sancionatorias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Así mismo, es indispensable contar con una regulación homogénea de las actividades de intermediación que se hacen a través de plataformas tecnológicas y hacerlas cumplir las mismas obligaciones que tienen los prestadores nacionales, y regular adecuadamente una política laboral que tenga en consideración las particularidades de este sector en cuanto a su estacionalidad y permitan contratos más flexibles, que beneficien a empresas y trabajadores.

Otro aspecto fundamental tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, los cuales deben reglamentarse para incorporar la actividad del turismo, prevenir impactos ambientales, socioculturales y económicos negativos y ordenar territorialmente los destinos con vocación turística.

P. D. Y, como lo mencioné la semana pasada, cumplir cualquier meta presupone adoptar una política de cielos abiertos. Me pregunto: ¿no sería bueno para los usuarios si la aerolínea Qatar ofreciera la ruta Cali-Cartagena? ¿O si Emiratos pusiera en servicio el trayecto Bucaramanga-Nueva York? Por mencionar algunas de tantas posibilidades.

Me pregunto, asimismo, por qué los colombianos que no residen en Bogotá tienen que seguir soportando largas esperas en la capital para hacer conexiones a cualquier lugar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1547836485256{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

06 de enero 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/turismo-metas-ambiciosas-german-vargas-lleras-311706[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1547135519360{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Falta una oferta suficiente y competitiva del transporte aéreo.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1547135541681{margin-bottom: 0px !important;}»]Comienzan ya las vacaciones, y con ellas el periodo de mayor actividad del sector turístico de nuestro país. Comienzan también los rigores de los desplazamientos aéreos caracterizados por la falta de una oferta suficiente y competitiva, por los altos costos de los tiquetes, por las cancelaciones y la mala calidad de los servicios ofrecidos. El denominador común de toda esta problemática es la falta de competencia en este importantísimo sector de la economía nacional.

Son muchos los países –ejemplo, Ecuador– en el mundo que han resuelto similares situaciones con la adopción de la llamada política de cielos abiertos, que no es otra cosa que la plena liberalización del transporte aéreo. Con ella se reduce, en primer lugar, el papel del Estado, depositando en las empresas privadas la definición de las rutas, su frecuencia, las sillas ofrecidas, las tarifas, las condiciones y también las promociones. Mayor cantidad de operadores y mayor cantidad de rutas sin restricciones conducen, naturalmente, a una mayor oferta, tanto nacional como internacional, y por este camino a una reducción significativa de las tarifas.

Una política de cielos abiertos permite además simplificar la negociación y la actualización de los acuerdos de transporte aéreo, brindando seguridad jurídica a los Estados y las empresas, las cuales se moverán dentro de los principios de acceso irrestricto a los mercados, frecuencias ilimitadas, libertad de tarifas, libertad de equipo, múltiple designación, criterio de nacionalidad por establecimiento y liberalización de las cláusulas de acuerdos de colaboración.

Hemos aplaudido la flexibilización de las denominadas terceras, cuartas y quintas libertades del aire en América Latina y el Caribe, pero no así por fuera de la región. Y está demostrado que seguir negociando acuerdos bajo el principio de reciprocidad ha impedido la llegada de nuevas aerolíneas a Colombia.

Si queremos lograr la meta de 100 millones de pasajeros al año en 2030, como es la aspiración de la autoridad aeronáutica nacional, tenemos que adoptar sin dilación esta política en nuestro país. Con ese propósito presentamos el pasado mes de noviembre un proyecto de ley a consideración del Congreso de la República que establece la obligación de adoptar la política pública de cielos abiertos para el transporte aéreo en Colombia, con excepción del tráfico de cabotaje, y le otorga al Gobierno Nacional un plazo perentorio de seis meses para su implementación.

Si queremos, además, alcanzar la meta de 10 millones de visitantes en el año 2022, tendremos que adoptar así mismo una flexibilización absoluta de los vuelos chárter, atraer turoperadores mundiales, promover la oferta ‘empaquetada’ de Colombia en los mercados internacionales y redoblar los esfuerzos de promoción de nuestro país en los mercados en los que haya oferta de sillas a precios competitivos y en cantidades suficientes.

El turismo es el nuevo petróleo de nuestro país y tiene que convertirse en eje estratégico de los planes de desarrollo económico. Para promover esta importante industria, el Gobierno tiene que potenciar la conectividad aérea a nivel nacional, pero sobre todo internacional. El mejor instrumento para ello es una política que confíe en la capacidad emprendedora de los colombianos, en el mercado y la competencia como dinamizadores de la oferta y de los precios, y no en el Estado y los monopolios, que han mostrado hasta ahora su total incapacidad para romper barreras y paradigmas.

El Gobierno no tiene por qué temer a los cielos abiertos, debe pensar en los usuarios y abrazar esta política con convicción y sin tardanza.
Feliz año para todos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1547135605695{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

30  de diciembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/cielos-abiertos-columna-german-vargas-lleras-309998[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1547135233744{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El país perdió la oportunidad de haber modificado el sistema tributario para atraer inversion.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1547144709288{margin-bottom: 0px !important;}»]Sin que se hubieran conocido y discutido más de 50 proposiciones que aprobó el Senado a altas horas de la noche en el proyecto de ley de financiamiento, la Cámara de Representantes resolvió votarlo favorablemente a pupitrazo limpio, mediante una proposición que se limitó a acoger el texto, que nadie conocía, tramitado en el Senado.

El país perdió la oportunidad de haber modificado el sistema tributario para atraer inversiones y retener a los colombianos que cada día piensan más en abandonar el país, ante el cúmulo de impuestos confiscatorios que los agobian. Esta nueva reforma tributaria, si bien adoptó con timidez algunas de las propuestas que habíamos formulado, también introdujo nuevos elementos que desafortunadamente enrarecen aún más el clima de los negocios.

Empecemos por lo bueno. (I): la reducción de la renta presuntiva hasta su eliminación en 2021 es un paso en el sentido correcto. (II): la disminución de las tarifas del impuesto sobre la renta de sociedades hasta llevarlas al 30 % nos acerca a una tasa nominal competitiva. (III): el descuento del IVA a los bienes de capital y del ICA pagado a los municipios, que se restará del impuesto sobre la renta, alivia la tasa de tributación para aquellos contribuyentes que generen un impuesto de renta suficiente para aplicar el descuento.

Lo malo de esta reforma: (I) el incremento del impuesto a los dividendos. (II): el impuesto del 1 % anual sobre el patrimonio líquido de las personas naturales. (III): la eliminación del componente inflacionario no gravado de los rendimientos financieros eleva sustancialmente la tributación de los ahorradores. (IV): el impuesto al consumo del 2 % sobre la enajenación de inmuebles nuevos y usados, que, sumado a la retención en la fuente y al impuesto de registro, equivale a gravar con un 4,5 % cada venta de inmuebles que se realice, así esta no genere utilidad alguna. (V): no permitir que los contribuyentes que tengan un impuesto sobre la renta inferior a los descuentos tributarios puedan obtener una devolución de la Dian. (VI): haber mantenido el régimen de exclusión del IVA en lugar de haber llevado todos los bienes que allí se encuentran a la categoría de exentos, permitiéndoles recuperar el IVA pagado en los insumos requeridos para su producción, no permitirá eliminar la ventaja que tienen los productos importados frente a la industria nacional. (VII): las imprecisas normas penales por omisión de activos o reducción del impuesto sobre la renta, que van a terminar empapelando a todos los grandes contribuyentes que sostienen este país, y que nunca serán aplicadas a los contrabandistas ni a la evasión abierta. (VIII): el régimen simple que tiene unas tarifas que son más gravosas que el régimen ordinario, lo que hará que muy pocos contribuyentes se acojan a él.

Finalmente, lo feo de esta reforma: (I): la forma inconstitucional como se aprobó. (II): la eliminación de la norma que desde 1995 les daba seguridad jurídica a los contribuyentes que ampararan sus actuaciones en conceptos escritos emitidos por de la Dian. (III): la ausencia de un plan de lucha contra la evasión y el contrabando. Serán los mismos asalariados y los grandes contribuyentes los que seguirán sosteniendo el fisco. Y (IV): la ausencia de un régimen de transición que mantenga el estatus tributario de las utilidades de los años 2018 y anteriores, retenidas por las empresas, motivará a muchas a distribuir tales utilidades antes de terminar el 2018, con el efecto de descapitalización empresarial que ello conlleva.

Anuncié que procederé a demandar ante la Corte Constitucionales este proyecto, y así lo haré.

P. D. Con la muerte de los seres queridos y la desintegración de las familias, las fiestas de Navidad y Año Nuevo me llenan de nostalgia. Felices navidades a todos quienes aún tienen el privilegio de disfrutar de estas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1547135295846{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

23  de diciembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-reforma-german-vargas-lleras-308202[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]