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[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1557351765479{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Por objeciones a la JEP, estamos llegando a inusuales niveles de confrontación e ingobernabilidad.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1557351787587{margin-bottom: 0px !important;}»]Por culpa de las objeciones a la JEP propuestas en mala hora por el presidente Duque, estamos llegando a niveles de confrontación política e ingobernabilidad pocas veces conocidos. En el afán por conseguir las mayorías y desacreditar a los que nos hemos opuesto se ha acudido, sin vergüenza, al fácil expediente de la mentira.

Se ha señalado, por ejemplo, que yo seré el responsable del hundimiento de la extradición en Colombia. Los que así argumentan olvidan deliberadamente que yo fui el autor y ponente del restablecimiento de la extradición en el país, en épocas en que ponerle cara al tema era sentencia de muerte, y muchos de quienes se proclaman hoy abanderados de esta causa, en ese entonces pasaron vergonzosamente de agache, y que como ministro del Interior y de Justicia firmé centenares de órdenes. Creo, y siempre he creído, en este mecanismo de cooperación judicial para hacer frente a la delincuencia organizada, y en especial al narcotráfico. ¿Cómo podría yo ir en contra de este? Claro que no.

Para mí, lo que es claro es el contenido de la muy reciente sentencia C-112 de la Corte Constitucional, que conocimos finalmente el jueves 25 de abril de este año al revisar la exequibilidad de la Ley 1922 de 2018 en materia de procedimientos para la Jurisdicción Especial de Paz. En ella, la Corte aclaró que la JEP, como todo juez en Colombia, tiene la competencia para declarar pruebas en lo relativo a extradición; también, que esa competencia debe ser ejercida decretando pruebas con el EXCLUSIVO fin de evidenciar la fecha del supuesto delito y respetando, en todo caso, el principio de reciprocidad y el sistema judicial del país requirente. Y, finalmente, la obligación de ponderar los derechos de las víctimas con los compromisos internacionales del país. Bien valdría la pena que los parlamentarios renuentes leyeran esta sentencia, que seguramente resolverá muchas de sus inquietudes.

Está claro, entonces, que en nada se están afectando los mecanismos de cooperación judicial, que la no extradición solo opera para delitos cometidos con anterioridad al 31 de diciembre del 2016 y que la JEP lo que debe verificar es la fecha de la comisión del delito.

Y tener presente que toda esta discusión fue estéril, puesto que será la Corte la que se pronuncie en definitiva sobre esta materia, como la propia sentencia lo tenía previsto desde el principio.

En cualquier caso, debo recordar que la extradición es un asunto que se puede regular por vía de una ley ordinaria que, de existir un acuerdo político, se puede tramitar sin dilación. Esta ley también nos permitiría aclarar cualquier duda sobre los llamados colados, tema de la segunda objeción.

Las consecuencias de esta intransigencia están a la vista. Esta semana, por ejemplo, el Centro Democrático, al retirarse de la Comisión Primera para no votar en primer debate la reforma de la justicia, impidió que se debatieran los proyectos de delitos conexos de la Fiscalía y el de reforma política, de su propia autoría, en 5.° debate.

Y así va a terminar el año. Que yo recuerde, ningún gobierno había dejado pasar su luna de miel sin emplear su capital político en el impulso legislativo de su agenda de gobierno. El balance no puede ser más catastrófico. No hay orientación, no hay interlocutores, no hay ministros al frente de los debates. La improvisación, la política al detal, las agendas personales de cada quien están impidiendo la aprobación de los grandes proyectos transformadores que necesita el país.

En este ambiente, donde todo se reduce a pulsos políticos, las inaplazables reformas de la justicia, la salud, las pensiones, entre muchas otras, no tienen ninguna posibilidad de ser tramitadas. Seguir y acrecentar la confrontación no puede ser el nombre del juego. Un juego que bien puede ser el del Centro Democrático de cara a las elecciones regionales de octubre, pero que está resultando demasiado costoso para el Gobierno.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1557351843228{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

05 de mayo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pulso-politico-inutil-las-objeciones-a-la-jep-columna-de-german-vargas-lleras-357240[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1556552545844{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El Gobierno no debe temer abrir un debate sobre las pensiones y encarar desde ya una reforma.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1556552576816{margin-bottom: 0px !important;}»]En buena hora, el miércoles pasado, el Gobierno anunció su intención de no avalar su propia iniciativa, contenida en el artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de traslado entre regímenes pensionales. Los indeseables impactos de dicha medida no eran solo fiscales, aunque su costo equivalía a más de 50 billones de pesos, sino también en términos de equidad y sostenibilidad del sistema.

Pero no fue este un mico que se hubiera colado en el articulado del Plan de Desarrollo, sino un verdadero orangután redactado y avalado por el ministro de Hacienda y defendido por la Dirección de Colpensiones, respondiendo no solo a componendas políticas para la aprobación del plan en comisiones, sino, posiblemente, a una estrategia de financiamiento de corto plazo del propio Gobierno. Esa irresponsable propuesta, que cabe solo en la mente de un gobierno populista, como ocurrió en la Argentina de Kirchner, le habría dado 26 billones al Gobierno a un costo, repito, de 50 billones para las finanzas públicas de mediano y largo plazo y, por supuesto, con cargo a futuros gobiernos y generaciones.

La situación no solo es grave sino inconsistente, pues fue el propio Gobierno el que anunció que la reforma del régimen de las pensiones en el país no sería abordada en el presente año, puesto que se requerían estudios técnicos y, sobre todo, que se tramitaría alejada de presiones de naturaleza política. Sorprende entonces que se haya pretendido introducir semejante cambio en las reglas de juego, no solo con afectación de las finanzas públicas sino de toda la institucionalidad del sistema vigente.

Pero, como algo positivo debía quedar de esta nueva improvisación, que esperemos sea corregida de manera definitiva, quiero rescatar el debate público que se ha abierto para impulsar la aprobación de un régimen pensional que permita hacer frente a los grandes objetivos de todo sistema en el mundo, como son la cobertura, la equidad y la sostenibilidad.

En este sentido, he propuesto la eliminación de la competencia entre los regímenes público y privado y la creación de un sistema de pilares en el que ambos regímenes contributivos se complementen.

El sistema que hemos planteado, y que valdría la pena que ahora el Gobierno estudiara, se estructura en cinco pilares que harán que la pensión de vejez sea una realidad para millones de colombianos, en un sistema equitativo que elimine los subsidios regresivos y unifique los beneficios que reciben las personas.

Lejos de lo afirmado irresponsablemente por el director de Colpensiones en el sentido de que en Colombia no hay bomba pensional ni la habrá porque en el futuro, solo el 20 por ciento de los colombianos mayores contarán con una pensión, lo indudable es que estamos frente a una bomba social. ¿O qué nombre le damos a esta situación, señor director?

El Gobierno no debe temer abrir este debate y encarar desde ya una reforma que sabemos inaplazable. Ojalá aproveche la coyuntura, que por su inexperiencia, o afán de recursos, o por concesiones politiqueras creó, para generar los consensos necesarios que permitan, de una vez por todas, solucionar uno de los mayores desafíos sociales que enfrenta nuestro país.

P. D. La directora del IDU no respondió una sola de mis denuncias sobre los accesos viales a la ciudad. Se dedicó a hablar de parques, andenes y hasta centros de felicidad. Pero, bueno, ya de esta administración nada podemos esperar en esta materia, solo que acate las decisiones de los jueces y responda adecuadamente ante la Procuraduría por las supuestas irregularidades cometidas, en especial en relación con la principal obra que, al parecer, iban a dejar contratada: el cuestionado e impopular TransMilenio de la carrera 7.ª, que ojalá nunca llegue a realizarse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1556552626258{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

28 de abril 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-orangutan-frente-a-una-bomba-social-354518[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1556324165255{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Es el momento para hablar de cómo se planean, financian, ordenan y controlan regiones y ciudades.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1556324187914{margin-bottom: 0px !important;}»]

Empiezan a conocerse las primeras encuestas sobre los candidatos a alcaldías y gobernaciones y, con ellas, las propuestas y programas de gobierno para atraer a los electores. Es esta también la época en que se promete lo divino y lo humano, en especial obras que nunca se realizarán, como lo denuncié en mi columna de la semana pasada. Y es este también el momento propicio para hablar de la administración de las regiones y de las ciudades, de cómo estas se planean, se financian, se ordenan y se controlan.

Con este objetivo en mente hemos presentado varios proyectos de ley en las últimas semanas. Una reforma del Código de Régimen Departamental, otra para crear el Estatuto de Ciudades Capitales, la reforma del régimen fiscal de los entes territoriales y un importante ajuste al Estatuto Orgánico para Bogotá.

Para comenzar se necesitan finanzas fuertes y saneadas en los departamentos y municipios. ¿De qué otra manera se podrán hacer los proyectos de desarrollo y las grandes obras prometidas? Para ello hay que actualizar el sistema general de participaciones y de regalías, aumentar la autonomía y competencias de las entidades territoriales, así como dotarlas de mayor flexibilidad y solidaridad. Es indispensable crear un modelo único que precise las competencias y reglas para la creación y el manejo de tributos y gravámenes. Algunos de ellos habrá que eliminarlos, como los de avisos y tableros, contratos y estampillas, porque su recaudo es bajísimo y generan una pesada carga administrativa.

Hemos propuesto cambiar las seis categorías actuales de municipios por tres: desarrollo temprano, intermedio y avanzado. Ello permitiría establecer diferencias en la asignación de recursos y competencias, establecer un sistema de regla fiscal que les brinde mayor autonomía y optimizar la gestión de sus ingresos y recursos. En este propósito resulta fundamental eliminar los Ocad, que no solo cuestan a los municipios más de 350.000 millones de pesos al año, sino que retrasan injustificadamente y en muchas ocasiones impiden la ejecución de las obras. Hemos propuesto atar la asignación de regalías a resultados y desempeños concretos y simplificar al máximo los criterios de asignación.

La reforma de la tributación debe comenzar por un programa nacional de modernización catastral y de gestión predial fundamentado en el uso de los instrumentos económicos que ofrecen los planes de ordenamiento territorial. Sabemos que el manejo del recurso suelo es crítico. En las próximas décadas, 20 millones de personas llegarán a las ciudades y demandarán vivienda, servicios públicos y sociales, transporte, etc. Por ello es urgente ordenar el uso del suelo, en especial el de las áreas metropolitanas, comenzando por Bogotá, en donde tampoco se ha hecho nada, y siguiendo por Cali, Barranquilla, Cúcuta y Pereira.

Las capitales son hoy más importantes que los departamentos, tanto en población como en ingresos y responsabilidades. Por ello hay que redefinir sus relaciones con la Nación y los departamentos, dotarlas de mayores instrumentos y competencias y asignarles mayores recursos. La prioridad debe ser, sin duda, Bogotá. El Estatuto Orgánico fue expedido hace más de 26 años, y hasta ahora no ha sido reformado ni modernizado. Una localidad como Kennedy o Suba es más grande que muchas ciudades capitales, y deberíamos comenzar por delimitar sus aéreas y cambiar la forma como se designan los alcaldes mal llamados “menores”.

Estas y muchas otras ideas modernizadoras de nuestra mal llamada descentralización están contenidas en los proyectos de ley ya presentados, sobre los cuales no hemos conocido la primera reacción de la señora ministra del Interior, que bien haría en ocuparse de temas muy propios de su cartera y que deberían hacer parte de la agenda de un gobierno que se dice amigo de las regiones, pero que en la práctica se muestra lejano e indiferente.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1556324245973{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

21 de abril 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/ciudades-y-regiones-un-debate-inaplazable-columna-de-german-vargas-lleras-351664[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1555436856110{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Entrar y salir de Bogotá es un verdadero viacrucis y Peñalosa no ha hecho nada para resolverlo.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1555436905794{margin-bottom: 0px !important;}»]Llegó la Semana Santa. Y para los bogotanos será, una vez más, de padecimiento. Entrar y salir de la ciudad se ha convertido en un verdadero viacrucis. Cómo no recordar que hace cuatros años, en un evento en la Cámara de Comercio, los entonces candidatos a la alcaldía se comprometieron públicamente a dar solución definitiva a este problema. El más entusiasta, lo recuerdo muy bien, fue el doctor Peñalosa. Estamos a seis meses de elegir al próximo alcalde, y esta es la hora en que ni una sola de las obras ha sido licitada. Que se entienda bien, ni una sola.

Los proyectos eran muchos, en su casi totalidad de iniciativa privada, por lo que no requerían aportes de la Nación, y mucho menos del Distrito. En el plan que le entregamos al actual alcalde se encontraban la perimetral Oriente de Cundinamarca, la ampliación de la avenida Boyacá, la avenida Cerritos y la José Celestino Mutis, la vía Cota-Suba, los accesos a La Calera desde la carrera 7.ª, que incluían la conexión de la calle 170 con la mencionada perimetral; el túnel de la 153 y la conexión hacia el oriente en la carrera 7.ª con calle 100. También, la entrada por la calle 13 para empatar con la doble calzada a Facatativá, ya terminada por la Nación y cuya variante a Anapoima avanza a buen ritmo. Pero este corredor colapsa y se convierte en un verdadero caos al entrar a Bogotá.

Mención aparte merece el acceso norte, cuya ampliación, fuera del perímetro bogotano, la Nación firmó en diciembre de 2016 en presencia del alcalde, y en el cual está prevista también la ampliación de la carrera 7.ª hasta La Caro. Con la variante a Chía, esta obra quedará con 5 carriles en cada sentido, más ciclorruta y sendero peatonal. Y yo me pregunto: ¿qué va a pasar el próximo año cuando se pongan estas obras en servicio? ¿Cuándo se va a contratar el tramo del Distrito? El embudo al acercarse a la ciudad va a ser monumental. Es un hecho que esta obra le quedó grande al alcalde. En este corredor norte nos enorgullecemos de haber terminado la doble calzada a Tunja y las variantes de Tocancipá y Gachancipá, por tantos años postergadas.

El caso de la ALO también es muy diciente. Peñalosa lleva hablando de esta vía 20 años. La realidad es que ya se contrató el tercer carril Bogotá-Girardot, pero nada se logrará si seguimos con el monumental trancón en Soacha y a la entrada de la ciudad. En lo corrido del mandato del alcalde se ha estructurado el proyecto en dos oportunidades. Y ahora se ha vuelto a anunciar la licitación para el primer tramo, el cual muy posiblemente no se contratará comoquiera que aún hacen falta trámites en la ANI, la aprobación del consejo de ministros y que el IDU manifieste interés en suscribir el convenio, cosa que no ha hecho. Ni hablar del tramo centro o el tramo norte, ni pensarlo.

Está claro que a Peñalosa no le gustan los carros y nada hará por resolver los problemas de movilidad y circulación que agobian a los bogotanos. Pero, ahora que las campañas toman vuelo, es bueno y necesario que los candidatos se refieran a estos temas y expresen públicamente sus compromisos.

Quiero desear a todos mis conciudadanos una muy feliz Semana Santa. Mucha suerte al salir y quizás más al regresar a nuestra ciudad. No habrá manera de evitar el malestar y la frustración que todos sentimos, pero quizás yo más por haber creído en las promesas de Peñalosa y sus compromisos, todos incumplidos en materia de accesos a la capital.

Y todavía hay quienes dicen que es fácil ejecutar obras en este país. Lo fácil es decirlo. Para concretarlas se necesita tener interés, compromiso, conocimiento y mucha dedicación.

P. D. Al impagable y abusivo impuesto predial se suma ahora el de valorización, al que me opuse. Estas obras difícilmente las veremos ejecutadas, como ha sido la tradición con este gravamen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1555436991715{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

14 de abril 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/viacrucis-de-semana-santa-columna-de-german-vargas-lleras-349442[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1554740845238{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Se presentó un nuevo proyecto de acto legislativo para reformar la administración de justicia.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1554740862582{margin-bottom: 0px !important;}»]El miércoles pasado se presentó, finalmente, un nuevo proyecto de acto legislativo para reformar la administración de justicia. Creo que su mayor aporte será la descongestión de los procesos, una mayor seguridad jurídica y, en últimas, la atención de los reclamos más que justificados de una ciudadanía que no se siente amparada en la protección y realización de sus derechos.

El primer objetivo apunta a solucionar los gravísimos problemas de acceso y congestión de los despachos judiciales. No obstante los esfuerzos y las reformas que se han hecho en los últimos años, el tiempo promedio de solución de un proceso en la justicia ordinaria es de 1.300 días. Si a ello se suma el trámite de las acciones de tutela, puede llevar 120 días más. Para procesos con mayor complejidad, como los ordinarios, los contenciosos o los penales, incluidos los recursos extraordinarios como la casación, ese tiempo puede llegar a duplicarse. En Colombia, a diferencia de lo que ocurre en otros países, un proceso puede llegar a tener 7 recursos: reposición, apelación, casación, revisión, tutela, impugnación de tutela y revisión en la Corte Constitucional.

El proyecto plantea varias iniciativas para hacer frente a esta situación. La más importante, la de investir de nuevas funciones a jurados en las causas criminales, a conciliadores y a árbitros habilitados por las partes para fallar en derecho o en equidad. El proyecto también permite conferir funciones jurisdiccionales de manera transitoria a notarios, centros de arbitraje y centros de conciliación y abogados a tiempo parcial. Con este mismo fin, el proyecto ordena al Gobierno Nacional la presentación de iniciativas para actualizar la legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos y crea la jurisdicción comercial. Útil también sería que la reforma se enfocara en un modelo eficiente de gerencia de procesos.

En segundo lugar, la reforma se ocupa del llamado precedente judicial, haciéndolo obligatorio para los jueces y magistrados en el momento de fallar los asuntos sometidos a su consideración. Los jueces estarán, entonces, sometidos ya no solo al cumplimiento de las leyes, que usualmente son confusas y ambiguas y se prestan a decenas de interpretaciones, sino, además, a la observancia de la manera como se han fallado similares controversias con anterioridad. Esta figura permitirá hacer realidad el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ofrecerá mayores niveles de seguridad jurídica y también ayudará a descongestionar los despachos, pues hará más fácil y más expedita la función jurisdiccional.

La iniciativa evitó incluir temas polémicos, supongo que en aras de lograr consensos y facilitar el trámite. Pero sería importante que desde los primeros debates se incluyan también asuntos como la debatida reforma del Consejo Superior de la Judicatura, que permitiría optimizar el gasto de billones de pesos asignados a la rama.

El Gobierno, a través de la Ministra de Justicia, ha participado activamente en la discusión y redacción del proyecto de acto legislativo. Lo novedoso ahora es que tenga el aval de varios partidos con mucho peso, en las comisiones constitucionales. Este proyecto, al igual que otras iniciativas presentadas esta semana, puede ser el principio de un gran acuerdo para darles impulso a reformas como lo son la de la salud, la pensional, regalías, consultas previas y tantas otras que no dan espera. Este es el procedimiento adecuado para buscar acuerdos y no el que denuncié la semana pasada.

Esta reforma de la justicia no solucionará toda la problemática del sector, pero su aprobación sería un primer gran logro que permitirá resolver, a nivel constitucional, cuellos de botella que por años han impedido que avancemos en la dirección de tener una justicia pronta, eficaz y al servicio de todos los ciudadanos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1554740896893{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

07 de abril 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/reforma-de-la-justicia-un-primer-acuerdo-346616[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1554131862539{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Desde la Presidencia se han ejercido presiones para aprobar proyecto de Plan Nacional de Desarrollo.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1554131882823{margin-bottom: 0px !important;}»]El viernes pasado se aprobó en comisiones conjuntas del Congreso el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo; 311 artículos se votaron en cuatro horas de sesión. Al igual que ocurrió con la reforma tributaria. Tan solo dos días y medio de debate, después de haber perdido un mes y medio por la inexperiencia y la improvisación de los ministros y el DNP. Aquí no hubo ninguna discusión. El Gobierno nunca lo quiso. Así me lo notificó el ministro de Hacienda a principio de la semana pasada. Nada de lo propuesto juiciosamente por nosotros sería acogido.

Y como el Gobierno no contaba con las mayorías necesarias para la aprobación del proyecto, decidió transgredir la propia regla que se había fijado y buscarlas a como diera lugar. Me pregunto: ¿a qué costo para nuestra maltrecha democracia?

Al costo de desinstitucionalizar los partidos, al costo de irrespetar la independencia de las colectividades que así se declararon y de irrespetarse a sí mismo.

La opinión pública debe saber que desde la Presidencia de la República, siguiendo órdenes que espero no sean del Presidente sino de algún lambón con iniciativa, los señores Luis Lorduy y Andrés Betancur, que despachan desde la Casa de Nariño y se presentan como consejeros políticos, han llamado sin descanso a senadores y representantes de Cambio Radical, y seguramente de otros partidos, a convenir qué grado de participación aspiran tener en el Gobierno.

Participación que, en el caso de quienes en Cambio Radical asistieron presurosos a la sesión del viernes pasado a votar el plan, se ha concretado ya, a modo de cuota inicial, con la designación de Karen Cecilia Abudinen como alta consejera presidencial para las Regiones y, más recientemente, de la nueva directora del Fonade, la institución tristemente recordada como un nido de corrupción y que tiene a su cargo parte de la contratación del Estado. A esta llegó Elia Abuchaibe, anterior secretaria de Planeación en la Alcaldía de Barranquilla.

Hablé con el senador Díaz Granados al filo de la medianoche del jueves, y me confirmó que llegaría a Valledupar. Ni una palabra me dijo sobre la salvación de Electricaribe, ni una mención sobre los beneficios del plan para su región. Su compromiso con el partido y con la decisión mayoritaria de la bancada era inquebrantable. ¿Qué poderosa razón lo hizo cambiar de opinión en la madrugada del día viernes? ¿Qué pasó entre esa hora y el momento de su entrada triunfal al recinto del Congreso el día viernes? Qué pena me dio verlo, agobiado como está por la investigación que contra él cursa en la Corte Suprema de Justicia por la ‘operación quirófano’, en la que ya fue capturado el director médico de la EPS Cajacopi, Javier Peña. Detrás de su nerviosa sonrisa se debía de ocultar algo muy grave y también quizás algo muy atractivo, como lo es la prometida Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil. Zanahoria y garrote.

Si estas presiones se han ejercido para aprobar en comisión un plan que, incluso, podría haber sido expedido por decreto, me pregunto qué no estará dispuesto a hacer el Gobierno en una materia tan delicada como la discusión de las objeciones a la JEP o la anunciada reforma constitucional para modificar los acuerdos de paz.

Flaco favor se hace a la democracia, a sus instituciones y a los propios compromisos del Gobierno al desplegar semejantes acciones en contra de un partido que legítimamente se ha declarado independiente y, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, ha compartido públicamente sus desacuerdos, en especial con las facultades que sin ninguna limitación ni sustento se quieren entregar al Gobierno para, de una vez por todas, cercenar la función legislativa.

Lo ocurrido no es solo en contra de un partido, sino de una política y de una promesa presidencial de no interferir en las otras ramas de los poderes públicos. Juego limpio es lo que exigimos para todos, para la oposición y para nosotros, los independientes.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1554131916337{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

31 de marzo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/juego-limpio-columna-de-german-vargas-lleras-343800[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1553797129060{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Con este proyecto ganan los operadores y el Gobierno pero pierden todos los ciudadanos y el Estado.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1553797152055{margin-bottom: 0px !important;}»]Con el proyecto de ley de TIC que afanosamente tramita desde el semestre pasado la ministra Constaín y al cual consiguió darle mensaje de urgencia, ganan todos los operadores, gana el Gobierno pero pierden todos los ciudadanos y también el Estado.

Este proyecto, que ha suscitado gran debate en torno a la protección de la libertad de prensa, contiene verdaderas cargas de profundidad que considero altamente inconvenientes para el sector y el país.

Por expresa solicitud de los canales privados y con su total aceptación, se prorrogaron anticipadamente sus concesiones en el mes de abril del año pasado por 10 años adicionales y se acordó entre ellas y la Autoridad Nacional de TV el valor por pagar por cada concesionario, que se definió en 128.000 millones de pesos.

¿Cómo entender, entonces, que ahora este proyecto de ley modifique los contratos ya firmados y establezca que estos operadores del servicio de televisión abierta puedan acogerse al régimen de habilitación general, con lo cual sus permisos para el uso del espectro pasarán de 10 a 20 años, y sus pagos se liquidarán ya no sobre su facturación bruta anual, sino sobre sus ingresos por provisión de redes y servicios? Ello equivale a que los pagos que se habían comprometido a hacer se reduzcan en aproximadamente 180.000 millones de pesos que dejará de recibir el Estado colombiano.

Después de las denuncias iniciales, el sospechoso silencio de los operadores del Canal 1 frente al proyecto confirma que también para ellos, la concesión pasará de 10 a 20 años, sin pagar un solo peso. Ya veremos.

La ministra nos embarcó en este proyecto con el pretexto de lograr una mayor conectividad, en especial en lo que hace referencia las conexiones domiciliarias. Debo decir enfáticamente que no se requiere este proyecto de ley para avanzar en ese propósito sino realizar cuanto antes la subasta de 700 MHz, cuya reglamentación está lista, y así dar continuidad a los proyectos sociales y de acceso universal; financiar proyectos de banda ancha fija para los usuarios de menores ingresos y garantizar que los operadores privados ofrezcan planes asequibles a dichos usuarios, incluso mediante subsidios a la demanda. Por este camino, y sin necesidad de ninguna ley, se podrá llegar a los 16 millones de personas que aún carecen del servicio.

Los operadores de telefonía móvil son los que más se benefician del proyecto, pues reciben autorización para usar el espectro ya no por diez sino por veinte años. El uso del espectro ya no se dará a la oferta económica más alta, sino al que ofrezca mayor cobertura en los próximos 20 años. Vaya manera de empacar con una ley este jugoso regalo. ¿Quién va a responder por este detrimento?

¿Y qué hay para el Gobierno en esta ley? Pues, nada menos que el traslado de importantes facultades y prerrogativas de la Autoridad Nacional de TV al ministerio. Es decir, de un ente autónomo e independiente al propio gobierno. De ser aprobado este proyecto, sería el Gobierno el que reglamente el otorgamiento y la prórroga de las concesiones, el que decida sobre el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, o sea, el control sobre contenido de los medios y operadores, y el que fijará las tarifas, tasas y derechos.

El ministerio, además, se apropiará de los recursos que desde la Constitución de 1991 se entregaron, con razón, a un organismo independiente como la Autoridad Nacional a través del Fondo de la Televisión, que ahora se pretende fusionar con el Fontic.

El proyecto proseguirá su trámite el próximo martes en plenarias. Es urgente, entonces, que el Congreso de la República preste ahora la atención que no le dispensó cuando lo aprobó en comisiones y mire con mucho cuidado las orejas de este lobo, bien camufladas hasta ahora, pero que ya empiezan a apreciarse en sus verdaderos, injustificados y muy indeseables propósitos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1553797200407{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

24 de marzo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/la-cara-oculta-del-proyecto-tic-341250[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1553015553431{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

12 millones de mujeres no tienen trabajo formal o están en condiciones críticas de desigualdad.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1553015610898{margin-bottom: 0px !important;}»]Otro día más de protagonismos inútiles en torno a la mujer. Muchos encuentros, felicitaciones, celebraciones y marchas, y, como siempre, nada de fondo, ninguna propuesta concreta, ningún avance en materia de políticas públicas. No vi ni siquiera un pronunciamiento de la Consejería para la Equidad de la Mujer. Ni una idea sobre la autonomía e igualdad de la mujer en el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones. Hoy, 12 millones de mujeres no tienen trabajo formal o están en condiciones críticas de desigualdad.

Nada contra la violencia intrafamiliar, que reportó el año pasado más de 50.000 casos, y cuando se estima que 80 % de las mujeres a lo largo de su vida han sufrido algún tipo de violencia física, emocional o sexual. Nada tampoco para reducir el embarazo en niñas adolescentes ni las brechas en materia de analfabetismo de la mujer rural, donde el 12 % de ellas no tienen ningún tipo de escolaridad. El Día de la Mujer tiene que servir para afrontar estas realidades. En esta ocasión está claro que ello no ocurrió.

Propongo cuatro ideas concretas que con seguridad van a contribuir a mejorar la situación social, económica y familiar de la mujer colombiana. La primera es extender a todas las mujeres que no están en el régimen contributivo el beneficio de la licencia de maternidad remunerada. Estamos hablando de millones de mujeres que pertenecen al régimen subsidiado y hoy no gozan de este beneficio y, por lo tanto, están siendo discriminadas junto con sus hijos desde el momento del nacimiento. Una segunda propuesta es elevar la duración del periodo de lactancia, hoy en 1,8 meses, a seis meses, y activar un programa de promoción de salas de lactancia y bancos de leche, junto con una flexibilización laboral para las madres lactantes. Tercero, la implementación de un sistema eficaz de registro de deudores por obligaciones alimentarias. Y una última, que es la conversión del Departamento de la Prosperidad Social en el nuevo ministerio de la familia, a costo cero. Esto permitirá articular todos los programas dispersos y optimizar el gasto, que anualmente asciende a 12 billones de pesos. Cuatro ideas concretas de enorme impacto que valdría la pena empezar a debatir si queremos avanzar en serio en la superación de tantas desigualdades.

Proscenio

Siento la necesidad de replicar de manera enfática la información divulgada por el señor Noriega en las páginas de este periódico. Difícil encontrar tanta falsedad y desinformación en una sola nota. No es cierto que el número de metros cuadrados construibles haya variado; tampoco, que el incremento del 1 % en el área comercial vaya a generar millones de dólares. El indicador que señalé de espacio público por habitante es el correcto, y no el espacio por usuario. Me reafirmo en todos y cada uno de mis comentarios sobre este proyecto, que impactará de manera tan positiva este sector de la ciudad. Como lo harían los planes parciales de la calle 82 y la 91 con carrera 15 si es posible ejecutarlos.

JEP

La encuesta publicada esta semana en EL TIEMPO nos muestra cómo el país sigue polarizado frente al tema de la paz y, por supuesto, de su columna vertebral, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Algo similar está ocurriendo en la bancada de Cambio Radical frente a las objeciones presentadas por el Presidente. Un sector cree que se deben acoger, pues las encuentra entradas en razón, pero el otro piensa que, más allá de las razones jurídicas o de conveniencia, existe una agenda para debilitar y aun acabar el acuerdo de paz y en la que las objeciones no son más que la punta del iceberg. Adicionalmente, sostiene que lo conveniente es sancionar la ley estatutaria y, en el acto legislativo que el propio Gobierno anunció, llevar la discusión sobre los cambios que se están proponiendo. Yo, francamente, espero que pronto se tome una decisión unificada de la bancada. Vaya hora de abrir este debate.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1553015655437{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

16 de marzo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/dia-de-la-mujer-y-contrarreplica-columna-de-german-vargas-lleras-338344[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1552316173809{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Las guarderías no son el campo de batalla para dirimir sus mezquinas controversias.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1552316190830{margin-bottom: 0px !important;}»]La niñez es el mayor capital social de un país. En el caso de Colombia, uno de cada cuatro ciudadanos es menor de 14 años, y 3,5 millones de niños y adolescentes pertenecen a hogares pobres.

Una de los iniciativas que han tenido mayor impacto en este país en el propósito de cerrar las brechas sociales en educación, salud, nutrición y acompañamiento –que no es otra cosa que brindarles afecto– ha sido el programa ‘De cero a siempre’, creado bajo la administración del gobierno Santos y liderado desde la Presidencia de la República por la primera dama.

Los logros de este programa son innumerables. Se consiguieron cobertura en atención integral para 1,3 millones de niños de cero a seis años, tasa de afiliación a salud superior al 70 %, aumento de la cobertura de los servicios de educación inicial a casi 1,9 millones de beneficiarios, construcción de 252.000 nuevas infraestructuras, 307 salas de lectura y más de 17 millones de libros distribuidos.

Adicionalmente, la institucionalidad desarrollada a través de este programa permite enfrentar eficazmente problemas como el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, los problemas de salud mental, el acoso escolar, la mendicidad e, incluso, los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información.

Los programas de atención a la primera infancia deben estar totalmente financiados y garantizados. ¿Cómo entender entonces que en el articulado del Plan de Desarrollo, la primera infancia y su atención prioritaria no estén explícitamente mencionadas? El plan debería tener como mínimo la meta de atender 2 millones de niños y niñas, pero solo contempla una meta de un millón y medio. Incomprensible. Como lo es también que los centros de desarrollo infantil ya terminados en el 2018 –y cito los casos de El Paujil, Clemencia, Vélez, Yotoco, Policarpa, Tierra Alta y El Doncello– no hayan sido puestos en funcionamiento teniendo los recursos de cooperación internacional, 8 millones de dólares, donados por el Gobierno de Emiratos Árabes para las dotaciones respectivas. ¿Qué explica que Findeter y el ICBF tengan paralizado este proceso? No quiero pensar que se quiera dar una destinación diferente a estos recursos ni que otros como los destinados a infraestructura para primera infancia en zonas vulnerables puedan perderse por falta de ejecución.

En el gobierno anterior se invirtieron cerca de 25 billones de pesos en la atención de la primera infancia y se consiguió ampliar la cobertura en más de un millón de niños y niñas. El impacto de esta política puede ser mayor que el de los programas de infraestructura y de vivienda que lideré desde la Vicepresidencia, y me atrevería a decir que, en términos de equidad y cierre de brechas sociales y, por supuesto, de reconciliación entre los colombianos, pudiera tener hacia el futuro más impacto que el propio proceso de paz.

No quiero pensar tampoco que lo que está ocurriendo con este exitoso programa y con los millones de niños beneficiados con él pueda sufrir menoscabo o parálisis o, incluso, indiferencia por llevar el sello del gobierno anterior. Si fuese así, sugiero que lo vuelvan a bautizar y le pongan el nombre que quieran o, incluso, al Instituto de Bienestar Familiar, tan cercano a mis afectos, y lo adopten como propio bajo el eje de la equidad promovido por el actual gobierno.

Con retornos de 8 veces sobre cada peso invertido, es para todos claro que no hay inversión más rentable y que lo que no hagamos por los niños en la primera etapa de su vida será irrecuperable en los años posteriores. Sería imperdonable que el programa se vaya marchitando y regresemos a la tradicional atención que antes brindaba el ICBF.

Señores del Gobierno: les recomiendo que escojan bien sus adversarios. Las guarderías no son el campo de batalla para dirimir sus mezquinas controversias. Las diferencias políticas ventilémoslas en cualquier escenario, menos en este.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1552316217426{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

00 de marzo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-cero-a-siempre-o-de-vuelta-a-cero-columna-de-german-vargas-lleras-335772[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1551982140361{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

La renovación es, ante todo, un instrumento de planificación territorial.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1551982162592{margin-bottom: 0px !important;}»]La discusión alrededor de los planes de renovación urbana en Bogotá no es un asunto conceptual, como tampoco lo es la urgente expedición del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que sustituya el de 2004, hoy vigente, tras la caída del proyecto de Petro. Estos son temas que nos afectan como ciudadanos y en los cuales tenemos que involucrarnos activamente.

La renovación es, ante todo, un instrumento de planificación territorial, indispensable para la transformación urbanística de las ciudades. Como ministro siempre las promoví, al igual que los macroproyectos, pues permiten recuperar áreas urbanas que ya cuentan con una infraestructura vial y de servicios públicos. Ejemplos icónicos a nivel mundial de este proceso se han dado en ciudades como Buenos Aires, en Puerto Madero; Londres, en Canary Wharf, o Río de Janeiro, con Puerto Maravilla. Sin ir más lejos, Bogotá cuenta con 22 planes parciales en distintas etapas de avance.

Entre estos planes se encuentra el Plan Parcial Proscenio, ubicado entre la calle 85 y el parque El Virrey y las carreras 13A y 15, el cual fue adoptado desde el 2010 y sobre el cual se aprobó una muy positiva modificación en el 2018. El inicial solo se ocupaba de expedir licencias de construcción, el nuevo contempla todo un desarrollo urbanístico bien planificado.

Los vecinos de este proyecto somos los primeros beneficiarios. En este caso en particular, el deterioro progresivo del sector es evidente y muy preocupante: inseguridad, microtráfico, prostitución, y andenes, vías y edificaciones en pésimo estado. Con este proyecto se vislumbra, por fin, una luz para mejorar la carrera 15 y recuperar esta avenida que marcó la vida de muchos de nosotros en la Bogotá de los años 80.

Hoy, cerca del 86 por ciento de los propietarios de los predios involucrados ya están de una u otra forma vinculados al proyecto, y muy positivamente, pues llevan más de diez años con sus inmuebles expuestos cada día a una mayor desvalorización por el creciente deterioro del sector.

Enfrentando a esa nítida mayoría y defendiendo no sé qué intereses, el señor Mario Noriega, principal opositor de este proyecto y de todos aquellos que no contratan sus servicios (proyectos Kira, Pedregal, Entreparques y La Alameda), y por cierto muy hábil ‘lobista’, ha conseguido movilizar un sector de la opinión acudiendo a la falsedad y la desinformación.

Lo digo con conocimiento pleno, pues he contrastado las críticas al proyecto revisando en detalle el decreto del año 2010 y su modificación en 2018, con el fin de entender qué es lo que, en concepto de los opositores, resulta tan destructivo para el sector.

En primer lugar, el número de metros cuadrados construibles no varió en la modificación del decreto, y las zonas para espacios libres y peatonales quedarán en un área que equivale al actual parque de la 93.

En cuanto a la movilidad, pude observar que los parqueaderos se aumentan a cerca de 4.000 unidades, lo cual es también positivo, y está previsto un diseño inteligente de acceso y circulación vehicular que va a agilizar el insoportable tráfico actual.

Y si bien es cierto que la carrera 14 pasa a ser una vía peatonal, no lo es menos que estará destinada a restaurantes, cafés, sitios de esparcimiento y un auditorio similar en tamaño al del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Además, dicha área se compensará con dos plazoletas, integradas al resto de espacio público peatonal para beneficio de todos los bogotanos.

Con una inversión que supera el billón de pesos, este proyecto será el detonante de la recuperación de este emblemático sector de la ciudad. Ojalá proyectos similares pudieran adelantarse en el centro de la ciudad, en Chapinero, Teusaquillo y Usaquén.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1551982123141{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

02 de marzo 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/renovacion-urbana-y-el-proyecto-proscenio-columna-de-german-vargas-lleras-333334[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]