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  • País ingobernable

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1569273984794{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Nada de lo que vaticinan los grupos que se oponen radicalmente al ‘fracking’ ha ocurrido.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1569274010232{margin-bottom: 0px !important;}»]Natural, obvia, la precisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado con respecto a la posibilidad de realizar los proyectos piloto integrales de investigación sobre el ‘fracking’. ¿Cómo podría el Consejo oponerse a unos pilotos que lo que pretenden, precisamente, es darnos luces y evidencias prácticas y reales acerca de los efectos que sobre nuestros recursos hídricos, y en general sobre el medio ambiente, tendría la explotación de hidrocarburos mediante la tecnología de fraccionamiento?

    No hay que distraerse, entonces, con esa aclaración. Aquí, lo realmente importante es que el Consejo se pronuncie cuanto antes, de fondo y definitivamente. Llevamos en este debate más de diez años desde que el Conpes autorizó el ‘fracking’ en 2008 y fue incorporado por los planes de desarrollo nacional sucesivos. Diez años esperando una decisión que puede cambiar dramáticamente las finanzas nacionales y el desarrollo integral de nuestro país.

    Por eso es muy grave que el Consejo haya rechazado el recurso de súplica que pedía revocar las medidas cautelares. El Gobierno está en la obligación de hacer uso de todos los recursos a su alcance, comenzando por el de aclaración; también el de apelación, tutelar el auto que rechazó el recurso y, en últimas, acudir a la Corte Constitucional. El tiempo se agota y nuestras reservas, también. Las solas pruebas piloto autorizadas pueden tomar hasta 3 años, y luego cualquier desarrollo, que incluirá licenciamientos y consultas previa y popular, un tiempo similar o mayor.

    Pensando también en la celeridad del proceso, nos gustaría saber por qué los consejeros desecharon las ponderadas recomendaciones de la Comisión de Expertos y resolvieron encargar nuevos dictámenes a la Universidad Nacional. Resulta extravagante que de esta nueva comisión hagan parte dos politólogos y una antropóloga. Y creo que también va siendo hora de que el país sepa cuáles son las organizaciones y quiénes las personas que lideran la llamada Alianza Colombia Libre de Fracking, que actúa como demandante y cuyo vocero principal, Carlos Andrés Santiago, funge como asesor político de la candidata Claudia López, alianza compuesta, entre otras, por la Red de Iglesias y Minería, Mesa Ambiental Franciscana, la Red Intercultural para la Sanación y hasta el sindicato de la Dirección de Impuestos.

    Por fortuna, el país ya conoce las implicaciones de este trascendental fallo. En primer lugar, perderíamos la posibilidad de por lo menos duplicar nuestras reservas de petróleo y gas. Las primeras podrían pasar de 6,2 años a 23 y las segundas, de 10 a 35 años. Ello permitiría mantener nuestra autosuficiencia, así como nuestro nivel de exportaciones e ingresos por estos conceptos. En 2018, las exportaciones de crudo y sus derivados ascendieron a 17.000 millones de dólares, o sea, el 40 % del total de lo que exportamos al mundo. Aun así, ese año nuestra balanza comercial fue deficitaria en más de 7.000 millones. No hay que ser un genio para adivinar lo que le pasaría a Colombia si en lugar de recibir estos ingresos por exportaciones tuviera que empezar a importar gas, petróleo y derivados. En 2015, ese déficit habría sido de 30.000 millones de dólares.

    Pero las más afectadas serían las regiones, que dejarían de recibir por concepto de regalías más de 15 billones de pesos anuales, con lo cual perderían toda su capacidad de inversión.

    Hoy, en Estados Unidos se han perforado 145.000 pozos y en Argentina, 1.400. Nada de lo que vaticinan los grupos que se oponen radicalmente al ‘fracking’ ha ocurrido. Pero ellos no quieren escuchar ninguna razón, ni que se desarrolle ninguna prueba; tampoco, entender las gravísimas consecuencias para el país de una decisión adversa. Han hecho de este tema una bandera politiquera y se niegan por principio a aceptar que sí es posible el desarrollo de nuestros recursos naturales de una manera sostenible y respetuosa con las generaciones futuras.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1569274060682{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    22 de septiembre 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pais-ingobernable-columna-de-german-vargas-lleras-414978[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Menos indignación y más acción

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1568945023409{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Muchos compromisos adquiridos en el llamado Pacto de Leticia no pasarán de ser simples enunciados.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1568945007949{margin-bottom: 0px !important;}»]El video y comunicado divulgados el jueves pasado por ‘Iván Márquez’ y el grupo de cabecillas de las Farc, que ahora se distancian del proceso de paz, no son más que el epílogo de una novela que se venía escribiendo por capítulos y comienza con la captura de Marlon Marín y la acusación por narcotráfico contra ‘Jesús Santrich’, prosigue con los conocidos acuerdos entre la disidencia de las Farc y el Eln y termina en la unión de la disidencia política y la disidencia armada, esta última representada en cerca de 1.800 hombres con presencia en no más de 85 municipios, pero con control en zonas fronterizas con Venezuela.

    Debemos tener claro que los que se fueron del proceso, en su mayoría nunca estuvieron. Y también que son los más buscados por sus vínculos con el narcotráfico. De ahí que el Departamento de Estado de Estados Unidos esté ofreciendo recompensas de 5 millones de dólares.

    Ha hecho bien el presidente Duque al anunciar su total compromiso con el proceso de paz y su decisión no solo de mantener en pie los acuerdos, sino de seguir avanzando en la reincorporación efectiva de esos 9.500 excombatientes, más del 90 % del total de desmovilizados, y de quienes salieron de las cárceles, que se mantienen dentro del proceso. Sin embargo, es evidente que habrá que introducir correctivos de fondo a los acuerdos de implementación para normalizar unas relaciones que lucen muy deterioradas e intentar superar la controversia política permanente sobre estos. Despejar incertidumbres acerca del mecanismo de justicia transicional y acelerar su implementación impedirá que más exguerrilleros retomen el camino de las armas.

    Contundencia en el frente militar debe ser la respuesta a estos criminales, aprovechando que estos grupos aún no tienen suficiente capacidad de acción; que carecen de ascendiente sobre el grueso de los desmovilizados y, paradójicamente, también frente a los disidentes. Se esperan de las Fuerzas Militares gran liderazgo, inteligencia y organización para prevenir y repeler eventuales actos terroristas y desplegar toda su capacidad ofensiva frente a estas bandas criminales. Especial atención debe prestarse a la frontera del Pacífico nariñense, al norte del Cauca y el bajo Cauca, en el nudo de Paramillo; al Catatumbo y el Chocó, zonas en donde la Fuerza Pública debe también preocuparse por mejorar su capacidad de relacionamiento con las comunidades.

    El papel del Gobierno espurio de Venezuela ha sido determinante, pues está claro que este grupo no hubiera tomado las decisiones que anunció si no contara con el amparo del régimen de Maduro, que los considera su retaguardia y ya no oculta su deseo de desestabilizar por cualquier mecanismo a nuestro país.

    A qué nivel de descomposición estaremos llegando como nación cuando esta amenaza se pretende utilizar políticamente para obtener ventajas en el proceso electoral del próximo mes de octubre. ¿El Centro Democrático no se dará cuenta de que al proponer desmontar los acuerdos de paz está lanzando más de 9.00O hombres de regreso a la guerra? ¿Estará pensando que con esta propuesta podrá remontar los resultados que ya se veían venir para esta agrupación en los comicios regionales? ¿Cómo entender las posiciones tan diametralmente opuestas entre el Gobierno y el partido de gobierno en materia tan crítica para el futuro del país? ¿Es que no entienden que presentar al Congreso semejantes propuestas arruinaría toda la legislatura? En igual forma procede la izquierda, que, aprovechando esta coyuntura, pretende asignarle toda la responsabilidad al Gobierno, justificando lo ocurrido en el retraso en los incumplimientos del acuerdo, y todo eso con el mezquino propósito de obtener unos alcaldes y concejales de más.

    Qué falta de patriotismo en la política, cuando está claro que es en estos momentos en los que corresponde rodear al Gobierno y sus instituciones ante una amenaza real que ha conmovido al conjunto de la sociedad colombiana.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1567455044080{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    1 de septiembre 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/amenazas-y-oportunismos-columna-de-german-vargas-lleras-407342[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Por fin algo útil

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1567454902332{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Propuesta de Contralor podrá no ser perfecta, pero es innovadora y se basa en experiencias exitosas.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1567455004706{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana se votará en el Congreso, en último debate, la reforma constitucional del control fiscal. Gran polémica ha suscitado, y no podría ser para menos, puesto que el corazón de la reforma presentada es el establecimiento de un nuevo tipo de control, el concomitante y preventivo, cuya sola mención nos recuerda las épocas del control previo, en buena hora prohibido por la Constitución de 1991.

    El Contralor General, ante las alarmas que prendieron principalmente los gremios de empresarios, que manejan recursos públicos, ha explicado en detalle que el control concomitante y preventivo en ningún caso implicará coadministración ni será vinculante, pero que sí permitirá realizar seguimiento en tiempo real para identificar riesgos que pongan en peligro los recursos públicos. El control previo es muy distinto del preventivo, pues el primero es general y se aplica a todos los actos y el segundo, solo en caso de riesgo inminente de perjuicios y con criterios objetivos. Hay que evitar que el control siga llegando tardíamente cuando el daño está hecho y los funcionarios, insolventados.

    El control preventivo y el control en tiempo real son un anhelo que han diagnosticado una y otra vez estudios de expertos como aquel publicado el año pasado por Fedesarrollo, ‘Lucha integral contra la corrupción en Colombia’, en el que algunos de quienes hoy critican la enmienda recomendaron acciones como el monitoreo en tiempo real, que permita generar alertas oportunas para evitar el daño fiscal. Estos principios son de aplicación en países de la Ocde sobre gobierno corporativo y también están presentes en normas de calidad como la ISO 19600. Añadiría que en España, por ejemplo, el poder de fiscalización del Tribunal de Cuentas es permanente, y ello nunca ha conducido a paralizar la Administración.

    En mi paso por la Rama Ejecutiva, siempre solicité el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría en cualquier proceso de contratación. A falta de herramientas de control interno, este tipo de acompañamientos nos brindaron enorme tranquilidad. Recuerdo que las entidades siempre acataron a tiempo recomendaciones muy entradas en razón que nos evitaron dolores de cabeza posteriores.

    Se estima que por la vía de la contratación se pierde un 62 por ciento del total de los recursos que se fugan del presupuesto por corrupción. Pienso que un control como el propuesto sí permitirá por lo menos cauterizar en parte esta vena rota de la contratación.

    El proyecto propone también unificar las competencias de la Contraloría General y las contralorías territoriales. Actualmente existen 65 contralorías sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales. La Contraloría General cuesta anualmente 570.000 millones y las regionales, cerca de 400.000. Estas últimas solo recuperan el 0,02 por ciento de los recursos involucrados en procesos de jurisdicción coactiva. Aún es tiempo de aprovechar esta oportunidad para eliminar de tajo las contralorías territoriales, como lo he propuesto por años. Ello nos permitiría avanzar hacia un control fiscal integral, efectivo y con enormes ahorros para el país.

    En igual forma sería útil otorgarle facultades al Contralor para depurar una entidad que desde hace décadas fue capturada por la politiquería, comoquiera que muchos de los 4.200 funcionarios hoy enquistados en la carrera administrativa no tienen mérito distinto al de haber ingresado por recomendaciones políticas.

    El control fiscal que tenemos hoy nos cuesta mucho, pero sirve para muy poco, pues siempre llega tarde y con escasas y pobres herramientas. La propuesta del Contralor podrá no ser perfecta, pero es innovadora y se basa en experiencias locales y foráneas exitosas. Creo que en el objetivo de proteger los recursos públicos y atacar las principales fuentes de corrupción, vale la pena apostarle a este proyecto. En tan sensible materia nunca podremos darnos por vencidos.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1567999084989{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS

    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    8 de septiembre 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/por-fin-algo-util-columna-de-german-vargas-lleras-409872[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Amenazas y oportunismos

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1567454902332{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Los que se fueron del proceso de paz, en su mayoría nunca estuvieron. Son buscados por narcotráfico.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1567455004706{margin-bottom: 0px !important;}»]El video y comunicado divulgados el jueves pasado por ‘Iván Márquez’ y el grupo de cabecillas de las Farc, que ahora se distancian del proceso de paz, no son más que el epílogo de una novela que se venía escribiendo por capítulos y comienza con la captura de Marlon Marín y la acusación por narcotráfico contra ‘Jesús Santrich’, prosigue con los conocidos acuerdos entre la disidencia de las Farc y el Eln y termina en la unión de la disidencia política y la disidencia armada, esta última representada en cerca de 1.800 hombres con presencia en no más de 85 municipios, pero con control en zonas fronterizas con Venezuela.

    Debemos tener claro que los que se fueron del proceso, en su mayoría nunca estuvieron. Y también que son los más buscados por sus vínculos con el narcotráfico. De ahí que el Departamento de Estado de Estados Unidos esté ofreciendo recompensas de 5 millones de dólares.

    Ha hecho bien el presidente Duque al anunciar su total compromiso con el proceso de paz y su decisión no solo de mantener en pie los acuerdos, sino de seguir avanzando en la reincorporación efectiva de esos 9.500 excombatientes, más del 90 % del total de desmovilizados, y de quienes salieron de las cárceles, que se mantienen dentro del proceso. Sin embargo, es evidente que habrá que introducir correctivos de fondo a los acuerdos de implementación para normalizar unas relaciones que lucen muy deterioradas e intentar superar la controversia política permanente sobre estos. Despejar incertidumbres acerca del mecanismo de justicia transicional y acelerar su implementación impedirá que más exguerrilleros retomen el camino de las armas.

    Contundencia en el frente militar debe ser la respuesta a estos criminales, aprovechando que estos grupos aún no tienen suficiente capacidad de acción; que carecen de ascendiente sobre el grueso de los desmovilizados y, paradójicamente, también frente a los disidentes. Se esperan de las Fuerzas Militares gran liderazgo, inteligencia y organización para prevenir y repeler eventuales actos terroristas y desplegar toda su capacidad ofensiva frente a estas bandas criminales. Especial atención debe prestarse a la frontera del Pacífico nariñense, al norte del Cauca y el bajo Cauca, en el nudo de Paramillo; al Catatumbo y el Chocó, zonas en donde la Fuerza Pública debe también preocuparse por mejorar su capacidad de relacionamiento con las comunidades.

    El papel del Gobierno espurio de Venezuela ha sido determinante, pues está claro que este grupo no hubiera tomado las decisiones que anunció si no contara con el amparo del régimen de Maduro, que los considera su retaguardia y ya no oculta su deseo de desestabilizar por cualquier mecanismo a nuestro país.

    A qué nivel de descomposición estaremos llegando como nación cuando esta amenaza se pretende utilizar políticamente para obtener ventajas en el proceso electoral del próximo mes de octubre. ¿El Centro Democrático no se dará cuenta de que al proponer desmontar los acuerdos de paz está lanzando más de 9.00O hombres de regreso a la guerra? ¿Estará pensando que con esta propuesta podrá remontar los resultados que ya se veían venir para esta agrupación en los comicios regionales? ¿Cómo entender las posiciones tan diametralmente opuestas entre el Gobierno y el partido de gobierno en materia tan crítica para el futuro del país? ¿Es que no entienden que presentar al Congreso semejantes propuestas arruinaría toda la legislatura? En igual forma procede la izquierda, que, aprovechando esta coyuntura, pretende asignarle toda la responsabilidad al Gobierno, justificando lo ocurrido en el retraso en los incumplimientos del acuerdo, y todo eso con el mezquino propósito de obtener unos alcaldes y concejales de más.

    Qué falta de patriotismo en la política, cuando está claro que es en estos momentos en los que corresponde rodear al Gobierno y sus instituciones ante una amenaza real que ha conmovido al conjunto de la sociedad colombiana.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1567455044080{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    1 de septiembre 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/amenazas-y-oportunismos-columna-de-german-vargas-lleras-407342[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Un chiste de $ 231.000 millones

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1567454568106{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    La administración de Peñalosa ha despilfarrado la suma de 231.000 millones de pesos en publicidad.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1567454603673{margin-bottom: 0px !important;}»]Mientras que el Gobierno Nacional, en el marco de su plan de austeridad, hace un esfuerzo por reducir los gastos en publicidad con la directiva presidencial número 9, las entidades territoriales, para acompañar el fin del periodo de sus mandatarios, han multiplicado esos gastos.

    El caso más emblemático es, por supuesto, el de Bogotá. En sus tres años y medio de gobierno, la administración Peñalosa ha gastado –o, mejor, despilfarrado en publicidad– la suma de 231.000 millones de pesos. En tan solo 10 entidades se han suscrito 702 contratos, cuyo objeto son los servicios de divulgación institucional de estas y de la Alcaldía Mayor. Como van las cosas, tan solo este año, el esfuerzo por mejorar la imagen del alcalde nos costará a los bogotanos 80.000 millones. Un chiste, dirá él. Pero un muy mal chiste que solo a los concejales de Bogotá les genera carcajadas; y, sobre todo, un chiste muy costoso si, además, se compara con los 9.000 millones gastados por el Gobierno Nacional, incluyendo todas sus dependencias, también en lo corrido del año.

    Para poner estas cifras en contexto, pensemos que el colegio Filarmónico de Suba, con una capacidad para atender a 600 niños, tuvo un costo de 10.989 millones. O sea que más de 21 colegios de estas características se hubieran podido construir, y prestar sus servicios a más de 12.500 niños.

    La mayoría de esos recursos se han gastado en la producción y exhibición de ‘renders’ llenos de fantasías, como aquella del río Bogotá con 100 kilómetros de malecones y alamedas desde Chía hasta Soacha, futuristas estaciones del metro, los caminos imaginarios que atraviesan nuestros cerros orientales o avenidas como la Longitudinal de Occidente –que no se realizarán–, al igual que centenares de parques, vías, proyectos de vivienda y muchos otras obras e iniciativas. No se realizarán, pero ya nos han costado millonarios recursos en publicidad.

    Llama la atención que con el propósito de triangular o esconder este tren de gastos se haya acudido a la ahora famélica Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para que por su conducto se materialicen los contratos interadministrativos de publicidad de muchas entidades distritales; 110.000 millones de pesos se han ejecutado a través de la ETB en estos tres años para entidades como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Acueducto o la Orquesta Filarmónica, para citar unos pocos ejemplos.

    El pasado 31 de diciembre, la Empresa Metro de Bogotá suscribió un contrato por 15.000 millones de pesos para proveerle servicios de divulgación de sus planes, programas y políticas y la producción de piezas de comunicación. Esperemos que no sea esto lo único que veamos del anhelado metro de Bogotá.

    Ante la magnitud de tal derroche de recursos, el Gobierno Nacional y el Congreso deberían reglamentar este tipo de gastos y limitarlos a aquellos indispensables para informar a la ciudadanía, y no para promover la imagen de gobiernos o mandatarios. Esto ya lo impulsamos desde la Ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, cuando se estableció un recorte de esos gastos. En cumplimiento de estas normas, las entidades de control deberían tomar cartas en el asunto e investigar posibles detrimentos y sancionar el mal uso de los recursos públicos.

    No me faltaba razón cuando me opuse a los nuevos cobros de valorización y a los incrementos desmedidos e impagables del impuesto predial y el ICA, y eso que para entonces no sabía que parte de ellos se emplearía en tan fútil propósito.

    P. D. Este miércoles se abrió la licitación para el TransMilenio fase 2 y 3 a Soacha. La Nación contribuyó con el 68 %; el departamento, con 19 %, y el municipio de Soacha, con el 13 % del costo total de la obra, superior a 1 billón de pesos. Bogotá, claro, no aportó un centavo a esta. Solo sonrientes apariciones mediáticas del alcalde. A falta de obras propias, buenas son las ajenas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1567454648987{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    25 de agosto 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/un-chiste-de-231-000-millones-columna-de-german-vargas-lleras-404544[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • 75 años de la Andi

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1566234014870{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Infraestructura y vivienda, responsables del magro comportamiento económico, se analizarán con lupa.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1566233947027{margin-bottom: 0px !important;}»]Aunque era mi deseo, no pude asistir al evento de celebración de los 75 años de la Andi en el marco del Congreso Empresarial Colombiano. Ha conseguido su presidente convertir esta tradicional cita de industriales en una ocasión única para que Presidente y ministros pasen al tablero en una especie de informe del estado de la nación. Se hace balance de cada sector, se presentan los planes para el futuro inmediato y se pone el dedo en la llaga de aquellas asignaturas que presentan graves problemas.

    Este año, las discusiones arrancarán con el anuncio del crecimiento del 3 % del PIB en el 2.º trimestre. No es para hacer fiestas. Nada por debajo del 4 % es satisfactorio ni, mucho menos, suficiente para conseguir el nivel de ingreso que nuestro país necesita si quiere superar los indicadores de pobreza y exclusión que caracterizan aún a la sociedad colombiana.

    Se ha anunciado que los temas de infraestructura y vivienda serán analizados con lupa. No es para menos, pues son los responsables principales del magro comportamiento de nuestra economía.

    En el caso de la vivienda, el Dane nos ha revelado que en el 2.º trimestre del año, el sector edificador ha decrecido en un 5,6 %, en comparación con el dato de 2018, y 7,2 % en lo corrido del año. También han disminuido los metros cuadrados licenciados, en 5,7 %, este año. La construcción de edificaciones es la rama de peor desempeño en su contribución al crecimiento del PIB.

    Lugar privilegiado merecerá el asunto del empleo o, mejor, del preocupante desempleo al que me referí en anterior oportunidad. Es indispensable que se piense seriamente en la flexibilización del mercado laboral, en su adecuación a las nuevas realidades, a la posibilidad de hacer aportes a la seguridad social sobre la base de horas laboradas y tantas otras medidas que han demostrado su efectividad en otros países. Y, sobre todo, que no se afecte más la competitividad de las empresas con primas y sobrecostos no justificados en una mayor productividad.

    Estamos viviendo tiempos de verdadera crisis y preocupación en el plano externo. Cada día es más claro que ningún país puede sustraerse de los efectos de un mundo globalizado. Me preocupa que, aun con niveles de devaluación históricos, Colombia no haya sido capaz de capturar nuevos volúmenes y mercados de exportación, que nuestra balanza comercial registre uno de los mayores déficits conocidos y seamos el país en la región con mayor decrecimiento en inversión extranjera.

    Estos y muchos otros temas sensibles deberían abordarse con honestidad y espíritu crítico en este congreso de la Andi, en el que, como es tradicional, se hacen al Gobierno muy serias propuestas inspiradas en la dura realidad de la actividad empresarial.

    P. D. Gran noticia la apertura, esta semana, del túnel de Oriente, en Antioquia, y de la licitación para la construcción del tren ligero de Bogotá a Facatativá, proyecto que tampoco compartía el alcalde Peñalosa, y al cual la Nación, junto con el TransMilenio fase 2 y 3 a Soacha, aportó 1,73 billones de pesos. Verificadas las cifras, hay una reserva bruta de 216.819 millones del recaudo de los peajes Andes, Fusca y Unisabana, asignados a la construcción del tramo autopista Norte-Bogotá, y 63.451 millones del peaje Chusacá para la ALO, tramo sur, cuando el alcalde y la directora del IDU dejen de hablar carreta.

    P. D. Sin entrar a controvertir el contenido del reciente fallo de la Ruta del Sol, quiero prender una alarma sobre cómo la interpretación de la Ley 1882 de 2018 por el Tribunal de Arbitramento y la posibilidad de que ella haga carrera en el futuro podrían poner en dificultades y encarecer sensiblemente el financiamiento de las obras de infraestructura en nuestro país. Los terceros de buena fe deben ser protegidos, pues ese es el espíritu de la norma. No hacerlo eleva el riesgo de los proyectos y, por lo tanto, su costo, además de crear un muy mal antecedente en materia de seguridad jurídica.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1566233986662{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    18 de agosto 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/75-anos-de-la-andi-una-gran-oportunidad-columna-de-german-vargas-lleras-402114[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Impopulares e ineficientes

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1565643037082{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Ser impopular, señor alcalde, es sinónimo de estar desconectado tristemente de los ciudadanos.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1565643152146{margin-bottom: 0px !important;}»]La catarata de trinos del alcalde mayor esta semana me obliga a recordarle al doctor Peñalosa cómo el 27 de enero de 2016, junto con la ANI, presentamos al IDU todos los proyectos de acceso vial a la ciudad de Bogotá. Todos eran de iniciativa privada y no requerían, como ahora falsamente lo señala el alcalde, ni recursos de Bogotá, ni tampoco la instalación de nuevos peajes.

    En junio de 2016, la ANI y el IDU firmaron el convenio Autonorte fase 2, con la idea de que pudiera estructurarse y desarrollarse en paralelo con el de la fase 1, responsabilidad de la Nación. La ANI, a diferencia del IDU, sí avanzó y firmó el contrato en enero de 2017, en un evento al que asistió el alcalde, sin ahorrar palabras para exaltar la obra que permitiría contar con 5 carriles en cada sentido de la calle 245 a La Caro y que, esta sí, será inaugurada en diciembre. No es cierto, entonces, lo que ahora afirma con respecto a que esta obra era innecesaria, ni en cuanto a que fue un contrato adicional, pues la obra fue licitada. Y mucho menos en cuanto a que Bogotá tendría que poner recursos o soportar nuevos peajes. Todo falso.

    Oculta deliberadamente el alcalde que en el contrato de la Nación quedó previsto que un 40 por ciento del ingreso estaría destinado a financiar el tramo dentro del Distrito, cediendo a la ciudad algo que no le correspondía. A la fecha, hay en depósitos fiduciarios 220.000 millones de pesos recaudados para esta obra, cuya licitación no se ha abierto, les quedó grande. Tras los alarmantes trinos de Peñalosa se esconde, seguramente, su deseo de financiar el fondo de contingencias y la variante a Sopó, solo con recaudo de peajes.

    Y cómo no recordarle al alcalde que desde enero de 2016 se le entregó la ALO sur en prefactibilidad, y que se irá sin abrir la licitación, cuando desde el Gobierno tuvimos la precaución de reservar un 25 por ciento del peaje de Chuzacá, el más rentable del país, para ayudar a cofinanciarla.

    A juzgar por las obras mencionadas y por las de todos los accesos a la ciudad que quedarán en veremos, y por todo lo prometido en el programa de gobierno, aquí lo que los bogotanos apreciamos es ineficiencia, que naturalmente se traduce en impopularidad. Ninguno de los 9 proyectos por financiarse con los cerca de 2 billones de pesos de la venta del 8 por ciento de la EEB cuenta ni siquiera con estudios finales. De los 11,7 billones presupuestados para el sector movilidad, tan solo se ha comprometido a junio de este año el 28 por ciento, y solo se ha girado un 9 por ciento. ¿Eficiencia? A pesar de que en estos cuatro años se han estructurado más de 100 proyectos de iniciativa privada APP por 13 billones, no ha llegado a ejecutarse ni un solo peso. ¿Eficiencia?

    Con el cierre de inscripciones, arrancó en firme el debate para elegir al nuevo alcalde mayor de Bogotá. Los ciudadanos están expectantes y quieren escuchar propuestas serias para solucionar los principales problemas que están agobiando a nuestra capital. Movilidad –donde el tiempo de desplazamiento se ha incrementado en un 60 por ciento– y seguridad para una ciudadanía sitiada y atemorizada serán claves en el debate.

    Igualmente, todos queremos conocer la opinión de los aspirantes en asuntos de competitividad, renovación urbana, manejo de las empresas públicas, TransMilenio por la 7.ª, los planes de vivienda popular –donde el Distrito dejó perder 70.000 subsidios que el Gobierno Nacional le otorgó– o el POT, que, inexplicablemente, aún no ha sido expedido.

    A pesar del multimillonario gasto en publicidad, más de 6 millones de bogotanos no estamos equivocados, señor alcalde, sobre la marcha de nuestra ciudad ni sobre cómo percibimos su tozuda administración. Es claro que este gobierno no es eficiente, pero sí impopular. Y ser impopular, señor alcalde, no es un elogio ni es sinónimo de ser un mesías iluminado pero incomprendido, sino de estar desconectado tristemente de los ciudadanos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1565643185095{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    11 de agosto 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/impopulares-e-ineficientes-desconectado-de-los-ciudadanos-columna-de-german-vargas-lleras-399406[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Estamos Sitiados

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1564980355138{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Es necesario reemplazar los CAI por estaciones y subestaciones de mayor capacidad de respuesta.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1564980389270{margin-bottom: 0px !important;}»]Cada día, más atracos, extorsiones, asaltos y amenazas, y ahora, ataques masivos como los de los rompevidrios en Usaquén; amplios sectores como el del canal Comuneros, en Bogotá, entregados al microtráfico y el hampa, y asesinato ‘de frente’ y con sevicia de nuestros policías. La ciudadanía se siente sitiada e impotente y ya no encuentra tranquilidad ni en el transporten ni en las calles, y ahora tampoco en sus casas. La delincuencia está poniendo en jaque nuestra convivencia y nuestra institucionalidad.

    El robo sigue siendo la mayor amenaza: 58.000 hurtos registrados en Bogotá en el último semestre, y más de 200.000 colombianos que denunciaron haber sido víctimas de este delito. El hurto de celulares ha crecido 30 % y el de bicicletas, 35 %. En igual forma sigue aumentando el hurto de vehículos y motos, así como el asalto de residencias y locales comerciales. Como la mayoría de los colombianos, yo no veo ningún avance en materia de seguridad. Ni las cifras ni los éxitos presentados por el presidente Duque, ni mucho menos los del alcalde Peñalosa, ofrecen credibilidad frente a la cruda realidad.

    Los ciudadanos, con razón, viven atemorizados, y más aún sabiendo que el 42 % de los delincuentes por hurto están ‘detenidos’ en sus casas, sin nadie que los vigile o controle efectivamente. Y de la impunidad, ni hablar. Se estima que el 63 % de los casos denunciados ni siquiera llegan a imputación. Ya podemos imaginarnos el respeto por la ley y la autoridad que se deriva de la muy improbable posibilidad de que un delincuente sea sancionado en nuestro país.

    ¿Qué hacer? Por supuesto, hay que seguir la política de fortalecimiento de la Policía Nacional; la cifra de 130 agentes por cada 100.000 habitantes está muy lejos de los 300 que corresponden a los estándares internacionales. He propuesto reemplazar los CAI por estaciones y subestaciones de mayor capacidad de respuesta y con todos los servicios integrados, incluyendo la Policía Judicial y la Fiscalía. Para responder con oportunidad, las patrullas deberían tener asignada un área exclusiva, lo cual supone aumentar significativamente su número.

    La Policía Nacional no solo necesita más pie de fuerza y más tecnología, sino fortalecer su moral y voluntad de servicio, la cual se ve minada diariamente por la impunidad y el exceso de protección de la ley al delincuente. Se requieren cambios urgentes en las normas para actuar severamente contra los reincidentes; el 58 % de los imputados lo son. Es intolerable que un delincuente capturado en flagrancia más de 30 veces quede en libertad, y las normas y los jueces no valoren los antecedentes. La reincidencia debe ser un factor que impida la excarcelación y ser tenida en cuenta al tasar la pena.

    Es urgente reformar el sistema penitenciario, transformando el Inpec en una dirección adscrita a la Policía Nacional, y, por supuesto, habilitar por lo menos 50.000 nuevos cupos carcelarios. La falta de estos no puede ser excusa para no sancionar a los delincuentes, y la excarcelación no puede seguir siendo el mediocre mecanismo para enfrentar el hacinamiento.

    A la luz de los problemas a los que me he referido, el Gobierno debe articular con los mandatarios locales una estrategia integral, en particular en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta, ciudades en donde se cometen el 50 % de los crímenes; y, ya que la seguridad constituye la principal preocupación hoy en estas capitales, esperamos escuchar las propuestas y los compromisos de los candidatos a las alcaldías en esta trascendental materia.

    Basta ya de anuncios y medidas esporádicas para responder a situaciones de coyuntura y titulares de prensa. Recomiendo más atención a esta amenaza, pues la inseguridad y el sentimiento generalizado de desprotección verdaderamente socavan los fundamentos de cualquier Estado de derecho.
    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1564980277681{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    04 de agosto 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/estamos-sitiados-propuestas-contra-la-inseguridad-columna-de-german-vargas-lleras-396936[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Legislatura contra reloj

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1564762670904{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Congreso y Gobierno tendrán que acordar agenda realista que priorice proyectos sensibles y urgentes.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1564762723975{margin-bottom: 0px !important;}»]Como ya es tradicional, el pasado 20 de julio, el Gobierno, los partidos y los parlamentarios anunciaron múltiples iniciativas legislativas que serán debatidas en el curso de este año y deberán tramitarse con no pocas dificultades por tratarse de un año electoral, e iniciar en serio los debates de control político. De todo llegó a consideración del Congreso: desde el proyecto que establece la doble instancia retroactiva hasta los de la Farc en materia política y electoral, pasando por los controvertidos de la prima a la canasta familiar y la reducción de los aportes a salud de los pensionados.

    No todo podrá ser estudiado y votado en escasos 5 meses, por lo que el Congreso y también el Gobierno tendrán que acordar una agenda realista que priorice los proyectos más sensibles y urgentes, y aplazando para el próximo año otros cuya importancia no desconozco.

    Dentro de este primer grupo coincido en varios temas específicos anunciados por el Presidente y que hacen parte del paquete de proyectos presentados por Cambio Radical.

    El primero de ellos, la reforma pensional ahora presentada como de ‘Protección a la vejez’. No importa qué nombre se le dé, es muy positivo que el Gobierno haya tomado la decisión de encarar esta problemática tan compleja y cuyo objetivo principal será corregir la inequidad, ampliar la cobertura y hacer sostenible el sistema en el largo plazo. Difícil pero indispensable será modificar los regímenes especiales, que comprometen el 69 por ciento de los recursos, desmontar el actual régimen de subsidios regresivos, unificar los beneficios y hacer complementarios los regímenes público y privado.

    Por primera vez, el Gobierno ha anunciado su compromiso con una reforma de la justicia que sabemos inaplazable. Cambio Radical ha liderado varios proyectos orientados a solucionar los gravísimos problemas de acceso a la justicia, así como los de seguridad jurídica y descongestión de los despachos judiciales. El país no necesita reformas circunscritas a la mecánica interna de la rama, y el nuevo proyecto no debería concentrarse en asuntos como el tribunal de aforados o la corte única, sugeridos por el Centro Democrático, o nuevas reglas para la elección del fiscal, presentado por los partidos de oposición, pues son precisamente estos los que han impedido que se aborden los temas de fondo de la justicia.

    Un tercer asunto que también fue anunciado tiene que ver con las consultas previas. Diez mil siguen pendientes de solución y están afectando un sinnúmero de proyectos de desarrollo a lo largo y ancho del país. En mi criterio, el principio no debe ser nada distinto a que el interés general debe prevalecer sobre los intereses particulares y que las reglas deben ser claras, brindar seguridad jurídica y evitar que se sigan cometiendo toda suerte de abusos y chantajes.

    Señaló también el Presidente su interés en impulsar la reforma de las CAR. Esta iniciativa también la propusimos el semestre pasado, y buscaba dotar de una mayor gobernabilidad estas entidades y colocar en cabeza de la Anla la responsabilidad en materia de licencias de interés nacional. También en el ámbito regional sería importante, tal como lo presentamos, impulsar el estatuto de ciudades capitales, la reforma del Código Departamental, el estatuto fiscal del orden territorial y el régimen de regalías.

    Después de un primer año de legislatura francamente pobre en resultados, el que se inicia constituye el mejor momento para impulsar, en el marco de las reglas del juego fijadas por el Gobierno, las reformas que el país necesita. Y que no crean los ministros que los proyectos caminan solos o que las normas sobre su trámite se pueden transgredir, como ocurrió con las leyes de financiamiento y el Plan de Desarrollo. Gran reto para todos, ya que lo que no se logre en este periodo será muy difícil de sacar adelante en los siguientes dos años de gobierno.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1564762823511{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    28 de julio 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/legislatura-contra-reloj-la-tarea-pendiente-columna-de-german-vargas-lleras-393948[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Un salto a las Ligas Mayores

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1563995500409{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Que el deporte tenga asiento en consejo de ministros y en el Conpes no es un asunto de poca monta.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1563995529210{margin-bottom: 0px !important;}»]

    La victoria de los tenistas Cabal y Farah en el torneo de Wimbledon nos llenó de orgullo a todos los colombianos. Es esta solo una cara de los importantísimos efectos y beneficios que el deporte está en capacidad de aportar a una nación. El deporte contribuye a enfrentar el fenómeno de la exclusión social; también, a una educación integral para nuestros niños y jóvenes; mejora sus condiciones físicas y de salud, es elemento clave en la generación de valores y el fortalecimiento de nuestra identidad como nación, y también nos divierte y permite que de cuando en cuando, ráfagas de optimismo refresquen la cruda realidad nacional. Todo es bueno cuando se habla de deporte.

    Por eso, en mi programa me había comprometido a transformar a Coldeportes, a costo cero, en un ministerio. Gran satisfacción me produjo la sanción, por el Presidente, de la ley que lo crea. Que el deporte tenga asiento en el consejo de ministros y en el Conpes no es un asunto de poca monta. El ministro podrá interactuar mejor con sus colegas para que el deporte empiece a ocupar el lugar que le corresponde y se convierta en un eje articulador de los programas de formación integral y vida saludable y contribuya a proyectarnos mejor como país a nivel internacional.

    Me preocupa, sin embargo, que la creación del ministerio no vaya acompañada de ambiciosas políticas públicas que permitan alcanzar objetivos como el de asegurar la calidad de la formación de los profesionales que trabajan en el sistema, lo cual se podría conseguir mediante la creación de una escuela de entrenadores como las que existen en muchos otros países.

    El nuevo ministerio podría fortalecer el programa de competiciones no solo a nivel profesional, sino mediante el fortalecimiento de juegos escolares, intercolegiados y universitarios que, además, permiten identificar a los deportistas de alto rendimiento.

    En la búsqueda de una mayor capacidad financiera, el ministerio podría incentivar la participación del sector privado mediante la creación de estímulos fiscales. Otra idea que vale la pena recoger es la creación de un canal público deportivo que estimule el interés y permita a todos los colombianos acceder a los eventos deportivos.

    En materia de infraestructura es urgente elaborar un mapa de lo existente, así como un programa para la construcción de nuevos escenarios y el mejoramiento y mantenimiento de los actuales y desarrollar megaproyectos inmobiliarios con escenarios deportivos como ancla, además de centros de alto rendimiento.

    La victoria de Cabal y Farah, pero también las de Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana, entre otros deportistas, tienen que hacernos reflexionar sobre la forma como nuestro país está apoyando a nuestros deportistas y cómo revertir la situación actual: menos de la mitad de quienes nos representan internacionalmente reciben algún tipo de apoyo estatal. Por eso, el nuevo ministerio debe tener entre sus retos el de garantizar que nuestros deportistas puedan estudiar, entrenar y competir sin penurias económicas y con acceso a programas de preparación de alta calidad.

    Un reto inmediato será incrementar la participación del deporte en el presupuesto nacional, que hoy llega a tan solo un 0,23 %, y hacer cumplir las normas en materia de publicidad estatal y apoyo al deporte.

    En 1968, mi abuelo, el presidente Carlos Lleras Restrepo, y su ministro de Educación, Octavio Arizmendi, crearon Coldeportes, movidos por la convicción de que el deporte era parte fundamental del engranaje para la construcción de un país más moderno, educado, competitivo y con mayor igualdad. Yo pienso que Coldeportes cumplió en sus más de 50 años de vida con la misión que entonces se le encomendó, pero es obvio que los tiempos han evolucionado y era ya indispensable que el deporte pasara institucionalmente a las ligas mayores. Bienvenido el nuevo Ministerio del Deporte.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1563995581839{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    21 de julio 2019

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/un-salto-a-las-ligas-mayores-columna-de-german-vargas-lleras-390930[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]