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[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1574705259690{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Está contribuyendo a que la economía en su conjunto tenga un peor desempeño.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1574705295917{margin-bottom: 0px !important;}»]Una semana más de paros y protestas con enormes costos y sacrificios para la gente, que exige desesperada regresar a sus trabajos, a su estudio, y poder hacerlo con seguridad y comodidad. Desafortunadamente, estas marchas hacen parte de una bien planeada estrategia que de manera continuada irá hasta las elecciones del 2022, manteniendo un clima de agitación permanente, con lo cual Gobierno y ciudadanía tendrán que aprender a convivir.

El Gobierno ha abierto ya las llamadas conversaciones sobre los temas que suscitan la protesta: reforma laboral, pensiones, desempleo, corrupción, nuevas oportunidades para los jóvenes, educación, reforma de la salud, proceso de paz, comunidades indígenas y afrocolombianas, entre otros. Todas estas demandas tienen un denominador común: inversión social e insuficiencia de recursos. Y, paradójicamente, el paro está contribuyendo a que la economía en su conjunto tenga un peor desempeño, genere menores oportunidades de empleo y comprometa la actividad comercial de fin de año. Se calcula en más de 100.000 millones de pesos el costo diario del paro. En Chile, por ejemplo, las protestas de este mes podrían comprometer en un 1,9 por ciento el crecimiento del producto de ese país.

Un menor crecimiento implica un menor recaudo de tributos e incide directamente en la capacidad del Gobierno para acometer los proyectos sociales que reclaman los manifestantes. Algunos parlamentarios que no esconden su descarado oportunismo piden ahora aplazar las discusiones de la reforma tributaria, sobre la cual ya habíamos conseguido un importantísimo acuerdo, y en cuyo texto se está todavía a tiempo de involucrar propuestas concertadas en las mesas de conversación.

Hace bien el Gobierno al escuchar, con el ánimo de concertar, no solo a aquellos que protestan, sino a otros sectores y a las regiones, las inaplazables reformas pensional, laboral y de la salud, al igual que defenderse del fuego amigo, que, viéndolo en perspectiva, es muy responsable también de estas jornadas de paro.

Grave equivocación es la participación de algunos políticos al haber intentado sacar descaradamente provecho de esta protesta. Más temprano que tarde, la ciudadanía les pasará cuenta de cobro.

El Gobierno ha conseguido un justo equilibrio entre la defensa de la integridad de la vida y seguridad de las personas y el derecho a protestar. Un equilibrio, por cierto muy frágil, que en muchos países se ha roto con grandes pérdidas en vidas y en ejercicio de libertades y derechos. Debemos reconocer y exaltar la labor de la Fuerza Pública, Ejército y Policía, y la manera como han conseguido mantener el orden y devolver la tranquilidad a los sectores que sintieron con angustia haberla perdido. Por supuesto, es de lamentar cualquier muerte, como la del joven Dilan, o las heridas causadas a más de 300 agentes y en particular al patrullero Arnoldo Verú. Las protestas suelen tener, por más cuidadoso que se sea, hechos que lamentar.

Dicho lo anterior, es hora de que las protestas se trasladen al escenario de los diálogos, de la búsqueda de consensos en torno a las principales demandas de estos grupos. Demandas que deberán atenderse con los recursos y en los tiempos que sean materialmente factibles, con compromisos realistas y que no generen frustraciones e incumplimientos capaces de desembocar en nuevos disturbios.

Conciertos como el aprobado por el gobierno distrital, concentraciones en plazas y parques o, incluso, marchas por vías que no comprometan el transporte público son buenas alternativas para, si se quiere, acompañar los diálogos sin interferir los derechos fundamentales a movilizarse, a trabajar y a estudiar que reclama con razón un porcentaje mayoritario de la población colombiana. Con orden, en paz y con respeto por los demás todo se puede, especialmente protestar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1574705321980{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

01 de diciembre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/marchas-y-reformas-columna-de-german-vargas-lleras-436672[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1574705259690{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Lo que registraban encuestas se palpó en las calles: baja aceptación de la gestión del Gobierno.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1574705295917{margin-bottom: 0px !important;}»]Fue la más nutrida manifestación de que se tenga historia, y muy diciente la espontaneidad de los cacerolazos en horas de la noche. Decenas de personas heridas y un mal fin como balance. Lo que registraban las encuestas se palpó en las calles: descontento generalizado y baja aceptación de la gestión del Gobierno.

Presidente y ministros parecen no haber comprendido para nada lo que ocurrió: rechazaron, como era lógico, los actos vandálicos y se ufanaron de haber respetado el derecho a la protesta, pero ni una palabra sobre el hecho político, a no ser por la desatinada declaración del nuevo mindefensa al indicar que quienes no salieron estaban expresándole su apoyo al Gobierno.

No se equivoquen, estas marchas y paros, como lo señalé la semana pasada, hacen parte de una estrategia continuada que irá hasta las elecciones del 2022 y cuyo propósito será mantener un clima de agitación que haga muy difícil gobernar. El mayor riesgo será la parálisis del Gobierno y su incapacidad para tramitar las reformas que la sociedad colombiana está exigiendo.

En este convulsionado ambiente, la primera prueba de fuego tendrá lugar esta semana cuando sea radicada la ponencia de la reforma tributaria, que esperamos haga trámite. Recoge los acuerdos logrados, como la eliminación, a partir del 1.º de enero, del impuesto al consumo sobre la venta de inmuebles, que tiene paralizado el sector inmobiliario. También se reduce la renta presuntiva al 0,5 por ciento para los años 2020 y 2021 y la elimina a partir del 2022. En tercer lugar, restablece el desgravamen sobre el componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por las personas naturales, lo que evita que se someta a tributación la inflación implícita en los intereses que percibe un ahorrador.

Además, se amplía hasta el 2020 el período en que será posible normalizar activos no declarados, pagando un impuesto de normalización del 15 por ciento, que se reduce al 7,5 por ciento cuando se trate de activos localizados en el exterior del país, que se moneticen e inviertan en Colombia por un período de 2 años.

Aunque no se consiguió acelerar la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades, se mantiene la senda para localizarla en un 30 por ciento, así como la posibilidad de descontar contra el impuesto sobre la renta el IVA de los bienes de capital y el ICA pagado a los municipios, lo que genera una reducción sustancial de la tasa de tributación de los negocios. A ello se añade el beneficio de auditoría pactado para 2020 y 2021.

De otra parte, el Gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad de incluir en la ley la propuesta de unificar la tarifa del impuesto aplicable a los dividendos en el 7,5 por ciento, tanto para inversionistas nacionales como para extranjeros, eliminando así el trato discriminatorio en contra de los residentes en el país. Se acordó, además, estudiar una gradualidad en el tiempo para convertir el 4 × 1.000 en una retención en la fuente, aplicable al impuesto sobre la renta.

No fue posible llegar a un acuerdo frente al impuesto al patrimonio para personas naturales, que habíamos propuesto eliminar desde el 2020. Un tema que queda pendiente y sobre el cual volveremos a insistir en el futuro. No obstante lo anterior, si la ley se aprueba con las iniciativas acordadas, el país tendría una carga tributaria sustancialmente inferior a la actual, lo que debería redundar en un mayor crecimiento y, esperamos, una mayor generación de empleo.

Más allá de los beneficios en materia de competitividad para el país, este acuerdo puede ser el inicio de una nueva y fecunda relación política que desde la independencia nos permita avanzar en otros temas. Pero después de lo acontecido el jueves, la gran pregunta es si el Gobierno estará en capacidad de sintonizarse con el país y si aún le resta oxígeno para impulsar esta reforma y una nueva agenda, o entrará atemorizado en modo parálisis y supervivencia, que es el gran riesgo al que quedó expuesto.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1574705321980{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

24 de noviembre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/marchas-y-reformas-columna-de-german-vargas-lleras-436672[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1574123520121{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Con la anunciada marcha del próximo 21 de noviembre comienza en firme la campaña presidencial.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1574123546593{margin-bottom: 0px !important;}»]Con la anunciada marcha del próximo jueves comienza en firme la campaña presidencial. La motivación de esta es claramente política, no importa el ángulo desde donde se la mire. Sus promotores y demandas son de muy diversa índole. Al mirarlas en su conjunto parecen un completo programa de gobierno, y qué curiosidad: un programa completamente opuesto a aquel por el que votaron mayoritariamente los colombianos cuando eligieron al presidente Duque.

Destacan entre los convocantes el Polo Democrático Alternativo, la Marcha Patriótica, la Lista de la Decencia y, no es de extrañarse, la Alianza Verde. Para esto no son tan tibios. Me imagino que la Colombia Humana no perderá la ocasión de sumarse.

Las marchas han sido de común uso en Colombia para promover aspiraciones políticas. El mejor ejemplo fue el paro agrario contra el gobierno del presidente Santos, que culminó exitosamente con la elección a la Cámara por Boyacá del hoy representante César Augusto Pachón. Cómo olvidar a Pachito Santos y sus marchas antisecuestro, a través de las cuales impulsó una noble causa al servicio de sus nacientes intereses políticos; o de las marchas anticorrupción promovidas por la hoy alcaldesa electa Claudia López, y la que tal vez se asemeja más a la de este 21, la de las 7 plagas, convocada por Ernesto Samper y con la cual obtuvo una de las votaciones más altas de la época.

No nos equivoquemos, esta marcha hace parte de una estrategia continuada que irá hasta las elecciones del 2022 y cuyo propósito es mantener un clima de agitación permanente, de movilización política y de consolidación de liderazgos personales. Una estrategia que hará muy difícil gobernar e impedirá que las principales reformas anunciadas por el Gobierno puedan tramitarse por temor a la protesta ciudadana expresada en las calles.

Es lo que estamos viendo frente a una reforma laboral que aún no ha sido presentada, a una reforma pensional cuyo texto tampoco conocemos, pero contra cuyo contenido ya se empieza a marchar. Se protestará también contra las privatizaciones de Ecopetrol e ISA, que estaban en el plan del Gobierno pero que ya no se harán; contra la constitución de un ‘holding’ financiero estatal y la supuesta masacre laboral que originará y, cómo no, contra la reforma tributaria y también contra la corrupción, contra la restricción del derecho a la protesta, por el incumplimiento de los acuerdos con los maestros, con los estudiantes, con los campesinos, con los indígenas, con todos; y también –esto no podía faltar– contra la subasta del espectro electromagnético.

Como ya dije, esta marcha tiene varios planes de gobierno. ¿Cuáles? Los que perdieron las elecciones, pero que ahora nos los quieren imponer en las calles. Espero que no con destrucción y violencia y atemorizando a la sociedad colombiana.

Como anillo al dedo les han caído a los organizadores los movimientos de protesta del Ecuador, Chile y ahora Bolivia. Pero, por el llamado de la convocatoria, comoquiera que la bautizaron contra el ‘paquetazo de Duque’, se me antoja pensar que esta marcha tiene una mayor similitud con aquella de Chile. Comenzaron incendiando el metro de Santiago, y ya van en una constituyente que se cobrará su cuota inicial con la cabeza del presidente Piñera, quien no ha podido equivocarse más en el manejo de la situación política y de orden público.

El Gobierno tiene que estar preparado para hacer frente a esta forma de hacer política en el país. Una nueva estrategia, muy bien elaborada, consistente en generar una crisis de institucionalidad que afecte el Gobierno, el Congreso, la justicia, el empresariado y las formas tradicionales de ejercicio de nuestra democracia.

La ciudadanía, aun con sus legítimas demandas y aspiraciones, con su natural inconformidad no puede prestarse a ser utilizada con propósitos engañosos y permitiendo que otros, acudiendo al desorden, la parálisis y la violencia, puedan afectar gravemente el país.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1574123579239{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

17 de noviembre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/marchas-y-elecciones-columna-de-german-vargas-lleras-434262[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1572801009993{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Imposible aumentar tasa de crecimiento de economía con actuales tasas confiscatorias de tributación.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1572801046706{margin-bottom: 0px !important;}»]El Gobierno radicó nuevamente su proyecto de reforma tributaria, que en teoría debe contribuir a promover el crecimiento económico y la inversión. Digo en teoría, ya que estos objetivos no se consiguieron en vigencia de idéntica ley. Sostuve en reciente artículo que es esta una extraordinaria oportunidad para introducir nuevas propuestas que apunten a conseguir una mayor competitividad y productividad, generar más empleo y detener la salida de capitales de nuestro país.

Conviene tener muy presente, en las discusiones que se avecinan en el Congreso, que tenemos una de las tasas de tributación más altas del mundo, (71,2 %, ‘Doing Business’ 2020), solo superada por Afganistán y Guinea Ecuatorial, y en nuestro continente por los muy elocuentes ejemplos de Venezuela, Bolivia y Argentina. Está claro que no es con impuestos confiscatorios como vamos a impulsar nuestro crecimiento y a permitir que nuestras empresas puedan competir, ya no solo externa, sino internamente.

Yo creo que en el Congreso hay voluntad política para expedir una ley que verdaderamente persiga los objetivos anunciados. Desde luego, nosotros la tenemos, pero, como otras colectividades, no estamos dispuestos a servir de meros notarios del proyecto presentado.

En nuestro concepto, la nueva ley de reforma tributaria debería perseguir 3 objetivos centrales: reducir progresivamente la tasa de tributación de los negocios, hasta llegar a un 33,5 %; eliminar las asimetrías del sistema impositivo, que afectan a los productores nacionales, y aumentar el recaudo mediante un plan de lucha contra la evasión y el contrabando.

Para conseguir estos propósitos proponemos introducir 6 cambios de fondo, varios de los cuales habían sido aceptados el año pasado por el Gobierno, en cabeza del ministro Carrasquilla, y luego desconocidos en el trámite de la ley.

En primer lugar, proponemos la eliminación del impuesto al patrimonio para personas naturales, que, como lo habíamos advertido, no produjo los resultados esperados, ya que en nuestro país, óigase bien, ya no quedan sino 5.000 personas que este año pagaron el tributo. Por causa, entre otras razones, de este gravamen se han ido ya más de 25.000 colombianos a residenciarse fiscalmente en terceros países.

En segundo lugar, no aumentar el impuesto a los dividendos y unificarlos en un 5 %. Vale la pena recordar que con la Ley 1943 de 2018 se elevó la tasa aplicable a los dividendos en un 50 %.

En tercer lugar proponemos la eliminación del impuesto al consumo y/o IVA para la venta de inmuebles. Este impuesto, cuyo recaudo para agosto de 2019 no llegaba a los 64.000 millones de pesos, cuando el estimado era de 800.000, ha terminado encareciendo notablemente estas transacciones y ha impedido el muy deseable desarrollo del sector inmobiliario.

En cuarto lugar proponemos que el gravamen a los movimientos financieros (4 × mil) se convierta en una retención en la fuente que pueda ser recuperada por los contribuyentes.

También planteamos la desgravación del componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por las personas naturales, lo que permitirá que se vuelva a gravar la rentabilidad real, y no la nominal. Otras medidas que deberíamos evaluar son acelerar la eliminación de la renta presuntiva, revisar la tasa de tributación para profesionales y asalariados, además de una valoración de los resultados de las exenciones que se establecieron.

Estoy convencido de que, en materia fiscal, los esfuerzos deben concentrarse en aumentar la tasa de crecimiento de la economía, objetivo imposible de lograr con las actuales tasas confiscatorias de tributación, que ahuyentan la inversión, impiden a nuestros empresarios competir en su propio país y son la causa de que miles de colombianos hayan buscado refugio en otras naciones para sus recursos y, más grave aún, para ellos mismos.

P. D. Todos estos puntos se los planteamos al Gobierno esta semana. Esperamos tener respuestas pronto, porque el tiempo apremia. Quedan solo 5 semanas de la actual legislatura.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1573573950575{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

10 de noviembre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/la-reforma-tributaria-columna-de-german-vargas-lleras-432046[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1572801009993{margin-bottom: 0px !important;}»]

Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Los grandes ganadores fueron la Alianza Verde y los partidos alternativos o independientes.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1572801046706{margin-bottom: 0px !important;}»]Los grandes ganadores del domingo fueron la Alianza Verde y los partidos alternativos o independientes, todos de izquierda o centroizquierda. Ganaron 6 de las 7 principales capitales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Cartagena, y, con la excepción de Barranquilla, también avanzaron en muchas otras ciudades. No es poca cosa si tenemos en cuenta que, sumadas estas ciudades, representan el 70 por ciento del electorado colombiano que definirá la próxima composición del Congreso, así como el futuro presidente. Se hicieron con el poder regional, del cual carecían.

Los partidos tradicionales presentaron unos resultados relativamente satisfactorios, y cada uno, como es natural, trató de rescatar el máximo de elegidos en coaliciones para cobrarlos como propios. Las cifras ciertas son: Cambio Radical ganó en 16 gobernaciones, 5 con candidatos que claramente han militado en el partido. A los liberales, que tienen la mala costumbre de maquillar los resultados, tampoco les fue mal, pues ganaron en 15 y pueden acreditar como propias también 5. Igual a ‘la U’, que participó en 15, pero puede reclamar claramente 3, y el Partido Conservador, que adelantó coaliciones en 15, avanzó ganando 6.

En Bogotá, por algo más de 86.000 votos de ventajase eligió a Claudia López. Fue una lástima que la reforma constitucional que estableció la segunda vuelta en Bogotá no entrara en vigor sino para la siguiente elección. Hubieran sido muy interesantes los realineamientos para esa segunda vuelta y se hubiera evitado que la próxima alcaldesa gobernara con 35 por ciento de apoyo en las urnas, como les ocurrió a Peñalosa y a Petro en el pasado reciente.

Es de destacar que fueron todos muy buenos candidatos. Claudia López finalmente cristalizó a su favor la campaña por el referendo anticorrupción y su participación como fórmula de Fajardo en la elección presidencial, además de su reconocida trayectoria en el Congreso. Le deseo lo mejor en su gestión. Coincidimos con algunas de sus propuestas, en particular en los temas de infraestructura.

Galán hizo una campaña ejemplar y obtuvo una votación extraordinaria. Vivió de cerca en mi campaña presidencial todos los errores que se cometieron y, estoy seguro, aprendió lecciones invaluables que le permitieron sintonizarse con el electorado, arropado en la bandera de la independencia. No así Miguel Uribe, que siendo extraordinario candidato incurrió en las mismas equivocaciones que yo cometí: haber adelantado recolección de firmas para terminar coavalado por partidos tan antagónicos como el Centro Democrático y el Partido liberal, los conservadores, los cristianos y también los ateos, todos; posicionarse como el candidato del continuismo de Peñalosa, ufanarse de ser el mejor ejecutor y la persona de mayor experiencia, confiar en que la estructura electoral de los concejales a quienes había cultivado desde la Secretaría de Gobierno marcaría la diferencia. Todos, graves errores que antes parecían virtudes.

La Colombia Humana, a diferencia de lo que muchos piensan, demostró mantener muy fieles militantes. De ahí el resultado de Hollman Morris, que obtuvo una para nada despreciable votación de 427.000 votos. Y cómo no destacar el resultado de Petro hijo en el Atlántico, donde obtuvo casi 200.000 votos. Algo impensable hasta ahora.
A Santos no le fue nada mal en estos comicios. Todos sus exfuncionarios que se presentaron salieron elegidos. Pero no se puede decir lo mismo de la llamada Colombiana Renaciente, cuyo resultado a nivel nacional se concretó en dos diputados y su lista al Concejo de Bogotá ni siquiera pasó el umbral, dejando por fuera a Clara López, magnífica candidata.

Y, por supuesto, en mis largos años yo jamás había presenciado un resultado similar en unas elecciones regionales al obtenido por el partido de gobierno, el Centro Democrático. Pero lo que les ocurrió ha sido bastante comentado, y no quisiera echar más sal en la herida.

Lo que queda ahora es gobernar bien y pasar de la agitación y la crítica implacable a mostrar resultados. Menos ideología y más acción para resolver los problemas de nuestras regiones y ciudades.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1572801546396{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

03 de noviembre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/balance-electoral-columna-de-german-vargas-lleras-430084[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1570418814637{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Conocí nuevas falencias y amenazas para nuestra democracia que deberán ocupar la mayor atención.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1570418797043{margin-bottom: 0px !important;}»]
Al término de mi recorrido por varios departamentos del país para acompañar algunos candidatos que creo serían buenos gobernantes, pude confirmar cómo se sigue envileciendo el funcionamiento de nuestro sistema electoral e incluso conocer nuevas falencias y amenazas para nuestra democracia, que una vez surtidas las elecciones de hoy deberían ocupar la mayor atención del Gobierno, del Congreso de la República y, por supuesto, de los partidos políticos.
Esa necesaria reforma debería ocuparse, en primer lugar, de la financiación de las campañas. La nueva legislación, inspirada sin duda en buenos propósitos, ahuyentó por completo el apoyo económico de las empresas y del sector productivo en general a las campañas. Financiar hoy en día a un candidato o partido se ha convertido en algo reprochable que las empresas quieren evitar. Como resultado de lo anterior crecen las denuncias de financiación ilegal y de quienes tienen interés en la contratación local.
Además de ser insuficiente, la financiación estatal no funciona en el nivel regional, donde los gastos se reponen después de varios años, y como consecuencia de esto, los bancos no otorgan anticipos, la pauta oficial no existe y el supuesto transporte gratuito tampoco. La reforma tiene que plantear un mecanismo para que el proceso electoral no siga siendo la principal causa de corrupción en nuestro país.

También con buena intención se estableció el mecanismo de inscripción por firmas, el cual, sin proponérselo, ha generado desigualdades flagrantes entre estos candidatos y sus movimientos con aquellos de los partidos políticos. La posibilidad de anticipar en nueve meses los tiempos de las campañas, de emplear muchos más recursos económicos en ella, así como no tener que someterse a los controles sobre inhabilidades, incompatibilidades o sanciones, han hecho que resulte mucho más atractivo acudir al mecanismo de firmas para la inscripción que hacerlo a través de los partidos, con lo cual no hemos hecho otra cosa que desinstitucionalizarlos y debilitarlos, con alto costo para nuestra frágil democracia.

Capítulo aparte merece la reforma del Consejo Nacional Electoral, cuya composición, ligada a la representación de los partidos, entró en crisis. Demoras inaceptables en la resolución de recursos, modificación de criterios a la medida del peso político de los interesados y muchos otros problemas hacen impostergable la revisión del Código Electoral.

A todo ello se suma la incapacidad del Estado para investigar y sancionar ejemplarmente a los infractores. Más de 700 denuncias recibió la Fiscalía en el último mes, y muchas más contra alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos que sin ningún recato interfieren a favor de uno y otro candidato.

Qué útil sería que la reforma acabe con esta farsa, se establezcan topes de gastos realistas, esquemas de financiación transparentes; se permita, como en todas las democracias, que los servidores públicos expresen con total libertad sus opiniones, y tantos otros temas como la reglamentación de las encuestas, la conformación de coaliciones o el proceso anacrónico y poco garantista que va desde las inscripciones hasta los escrutinios. Es hora de reconocer que en todas estas materias, por hacer más terminamos haciendo menos.

Con razón el presidente Duque convocó la semana pasada una cumbre para analizar estos problemas, mas, como muchas otras iniciativas, llegó a destiempo, pues nada podía hacerse a una semana de las elecciones. Pero rescato la preocupación expresada por el Gobierno y su compromiso, así como el de las fuerzas políticas, por tramitar una reforma integral del sistema, que debe pasar también por una reforma de nuestro ordenamiento territorial.

Hoy se espera un apretado resultado en casi todas las circunscripciones, empezando por Bogotá. Cada voto cuenta. Invito a todos a votar en paz, a conciencia y con entusiasmo, y que la jornada sea de una masiva participación que revitalice y legitime nuestra democracia.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1570418880882{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

27 de octubre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/elecciones-columna-de-german-vargas-lleras-427478[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1570418814637{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

La Corte Constitucional no obró desintonizada de la realidad económica y financiera del país.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1570418797043{margin-bottom: 0px !important;}»]
Con el fallo de la Corte Constitucional pudo haber perdido credibilidad la política económica del Gobierno, y particularmente el ministro de Hacienda, pero ganó respeto y confianza la institucionalidad de nuestro país, que es, sin duda, el bien público más preciado. Con este fallo ganó el país y, siendo realistas, también ganó el Gobierno, así no lo mereciera, no solo por tramitar indebidamente una reforma tributaria, sino por atropellar a la Corte con temores, creo yo infundados, y escenarios económicos apocalípticos para forzar un fallo que en estricto derecho no podía convalidar los errores cometidos.

En todos los países democráticos hay reglas cuyo incumplimiento debe tener consecuencias, so pena de poner en riesgo la legitimidad del Estado. Esa fue la motivación que me llevó a demandar la ley y cuyos argumentos fueron acogidos por la Corte. En este caso se violó el principio de consecutividad, puesto que las plenarias de Senado y Cámara votaron temas, algunos reales orangutanes, que no habían sido aprobados ni discutidos en comisiones, y que el ministro, irresponsablemente, consintió para obtener las mayorías necesarias.

También se vulneró el principio de publicidad, pues era conveniente que varios artículos no fueran conocidos ni tampoco discutidos, y por eso el texto no se publicó con anterioridad a la votación, de tal suerte que los congresistas no conocieron integralmente el proyecto, que terminaron votando en bloque mediante una simple proposición.

Los vicios de procedimiento no son en nuestro ordenamiento jurídico temas menores. Así lo ha advertido la Corte en numerosas oportunidades, entre ellas cuando declaró inexequible la Ley 1354 del 2009, que aprobó la realización de un referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe. También, cuando se ocupó de la ley aprobatoria de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, o cuando encontró inconstitucionales partes esenciales del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Y, en materia más cercana, cuando declaró inexequibles las leyes 863 de 2003, 1328 de 2009 y 1739 de 2014, todas ellas modificatorias del Estatuto Tributario.

Hizo bien la Corte en mantener su jurisprudencia y no permitir que aspectos relacionados con los efectos negativos del fallo pudieran llevar al extremo de declarar conforme a la Constitución aquello que no lo es. Una decisión distinta hubiera vulnerado toda la construcción jurídica sobre los vicios de procedimiento que afectan garantías esenciales de los ciudadanos.

Dicho lo anterior, y entendiendo que Gobierno y Congreso actuaron burdamente en la aprobación nocturna y afanosa de la ley de financiamiento, todo lo cual fue constatado, develado y condenado por la Corte Constitucional en su fallo, hay que advertir que la Corte no obró desintonizada de la realidad económica y financiera del país. Haber permitido que el fallo surtiera sus efectos solo a partir del 1.º de enero del próximo año y, por lo tanto, consolidar las situaciones nacidas de la aplicación de la ley demandada constituye una decisión responsable, aunque no exenta de polémica.
Digo que el Gobierno ganó no solo porque los efectos de la ley se consolidaron en cuanto al año 2019, sino porque ahora tendrá la oportunidad de sacar adelante una ley de mejor factura que corrija los errores y vacíos de la anterior y quizá le permita obtener los recursos que, ya se sabía, la norma caída no le iba a garantizar.

El Gobierno debe actuar sin pérdida de tiempo y con mensaje de urgencia presentar a consideración del Congreso un proyecto que, en nuestro caso, acompañaremos positivamente, en la medida en que sea la verdadera reforma estructural que el país necesita y se concierte para ofrecer respuestas a los aspectos que consideramos fundamentales y a los que me referiré posteriormente.

Una lección les ha dado la Corte al Gobierno y el Congreso, que espero haya sido aprendida e interiorizada. Y una tranquilidad muy grande nos ha dado a los colombianos confirmar que tenemos una Corte independiente, que no se deja amedrentar y demostró estar muy aterrizada en la realidad nacional.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1570418880882{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

20 de octubre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-pais-gano-y-el-gobierno-tambien-columna-de-german-vargas-lleras-424804[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1570418814637{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

POT es un proyecto serio, técnicamente estructurado y sostenible, pensado para una ciudad funcional.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1570418797043{margin-bottom: 0px !important;}»]
El Concejo distrital se ocupa este mes del estudio y la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.

El reto es enorme y apasionante. Definir la ciudad de los próximos 12 años. En dónde y cómo se construirá la vivienda para más de 1 millón de nuevos habitantes, por qué vías nos moveremos y qué tipo de transporte utilizaremos, cómo serán las relaciones de la ciudad con la Sabana y los municipios vecinos, qué futuro les espera a nuestros cerros orientales y al río Bogotá. Cómo proyectar esa ciudad consultando, a la vez, nuestras realidades e idiosincrasia, las tendencias y necesidades de las ciudades modernas, y cómo conseguirlo lejos de los intereses políticos y de los particulares. Cómo se explica que Bogotá puede llevar 8 años sin la fundamental herramienta del POT, una vergüenza.

El proyecto presentado aspira a frenar el crecimiento desordenado e insostenible de la Sabana, pues apuesta a producir dentro de la ciudad las viviendas requeridas para las siguientes generaciones. Grandes proyectos como Lagos de Torca, Ciudad Norte, Ciudad Usme, Ciudad Río y Lagos del Tunjuelo permitirán atender con elevados estándares de calidad la demanda de vivienda de estratos populares, haciendo el mejor uso de los subsidios y programas del Gobierno Nacional como el de Mi Casa Ya.

El nuevo POT es respetuoso de los diferentes fallos y normativa ambiental en áreas protegidas como los cerros orientales, la reserva Van der Hammen y el río Bogotá. Además, promueve una adecuada articulación entre la estructura ecológica principal y los diferentes espacios públicos, con lo cual se garantizan más y mejores áreas para la recreación y el turismo. El suelo de protección ambiental aumentará en más de 30.000 hectáreas.

Muy importante que el POT reconozca la ciudad por sus áreas de actividad y potencialice la mezcla de usos del suelo en zonas de renovación urbana y corredores de transporte masivo. Y, así mismo, que proteja las zonas residenciales, impidiendo que en estas se desarrollen actividades de alto impacto dentro del concepto de zonas urbanas homogéneas. Gran oportunidad para clarificar la normativa de numerosos sectores que hoy no la tienen, con el constante deterioro a que se ven expuestas. Y vale la pena destacar el régimen de transición, que garantiza que el Plan Parcial del CAN (42 hectáreas) mantenga su vigencia.

Por supuesto, el POT también contiene propuestas polémicas que valdría la pena revisar en los debates que restan por tramitar en el Concejo. En primer lugar, la información sobre el crecimiento esperado de la población y el cambio en la composición de los hogares. De esos datos actualizados dependerán la edificabilidad requerida y la incorporación de suelo rural a suelo de expansión.

Dudas en torno a la vigencia del POT, también en torno a las polémicas y quizás innecesarias 14 troncales de TransMilenio, a la viabilidad de la subterranización de redes eléctricas planteada, al futuro del relleno Doña Juana, a las nuevas exigencias para las iglesias o las nuevas disposiciones frente a bienes de interés cultural, por citar algunos ejemplos. Todas estas cuestiones deben discutirse abiertamente y de cara a la ciudadanía.

Mucha atención a los programas de renovación urbana planteados. Solamente en el proyecto Alameda Entre Parques se plantea demoler 2.800 viviendas y más de 5.000 establecimientos comerciales y talleres que hoy generan más de 30.000 empleos, y así mismo con el área para uso industrial, que se reduce notablemente y no se compensa en el proyecto, siendo que la ciudad alberga el 25 por ciento de la industria nacional.

Pero, más allá de lo señalado, convengamos en que es un proyecto serio, técnicamente estructurado y sostenible. Pensado para una ciudad moderna y funcional. Ojalá consiguiera aprobarse por acuerdo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1570418880882{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

13 de octubre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pot-por-acuerdo-columna-de-german-vargas-lleras-422638[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1570418814637{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Reformar el régimen penitenciario y construir nuevos centros de reclusión, tareas que no dan espera.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1570418797043{margin-bottom: 0px !important;}»]

Qué cantidad de chistes y memes ha ocasionado la volada cinematográfica de Aída Merlano. Pero el más gracioso, visto en perspectiva, fue la declaración que antes de su posesión hizo a la ministra Cabello cuando afirmó que una de sus prioridades sería la reforma del sistema penitenciario para superar la crisis y el hacinamiento carcelario. A lo que luego agregó: “La crisis carcelaria tocó fondo”. Sí, es claro que tocó fondo, al respecto nadie tiene dudas.

En varias columnas he señalado que en el Inpec coexisten 112 sindicatos de base, que más de 2.600 funcionarios están amparados por fuero sindical y que la corrupción campea a sus anchas en la institución. He insistido en que liquidar el Inpec y reemplazarlo por una dirección adscrita a la Policía Nacional, reformar el régimen penitenciario y construir nuevos centros de reclusión son tareas que no dan espera.

Y ya vimos que no basta con la decisión mediática de sacar al director encargado del Inpec y a la directora de El Buen Pastor. Poco antes ya habían retirado al director de La Picota, y el de la cárcel Modelo había sido detenido por corrupción. Estas medidas no sirven, pues el problema es estructural.

Un mes antes de iniciar la legislatura, la ministra de Justicia también había anunciado en sonoras entrevistas la presentación de múltiples iniciativas legislativas sobre asuntos de su cartera.

Tales reformas incluían desde el aumento a 50 años de la edad mínima para ser magistrado de altas cortes hasta extender el periodo de los magistrados de 8 a 12 años, con el propósito de dar mayor seguridad jurídica a la jurisprudencia.

En una entrevista a este diario anticipó lo que sería el lineamiento de sus reformas: llenar el vacío legal en la forma como se eligen los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, eliminar las funciones electorales de las Cortes, gran énfasis en el acceso a la justicia y la descongestión de los despachos judiciales, además de una apuesta decidida por la jurisdicción agraria, que calificaba como “deuda histórica con el campesinado”.

También contemplaban una reforma del Código de Procedimiento Administrativo, un proyecto de ley en materia de arbitraje, uno más en materia de conciliación y otro para consultorios jurídicos. Y se comprometió con nuevas medidas de transparencia y rendición de cuentas, digitalización de la rama, fortalecimiento de la escuela judicial, beneficios para la rama e, incluso, ajustes de la JEP para hacer claridad sobre los delitos continuados cuando hay reincidencia y acerca de las condiciones en que se otorga la garantía de no extradición.

Pero lo único cierto es que ya entramos en la recta final de la legislatura, el tiempo se agota y el ministerio sigue convertido en un buzón de sugerencias, a la espera de consensos que nunca llegarán. Ya van tres encuentros de las jurisdicciones, sigue reinando la confusión y, como señalé, ningún proyecto ha sido presentado.

Señora ministra: ¿en qué quedó la reforma constitucional que resolvería los problemas de seguridad jurídica, vencimiento de términos y descongestión y una mejor administración de la rama?

¿En qué va la reforma del sistema penitenciario y carcelario? ¿Se va a incorporar el precedente judicial? ¿Qué pasará finalmente con el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Y qué opina de las propuestas del doctor Gómez Méndez de sustraer a la Corte de la elección del fiscal general? ¿Y la del Centro Democrático de constituir un tribunal de aforados?

La crisis es tal que no se han podido ni siquiera proveer las vacantes en la Corte Suprema, ni elegir al auditor ni presentar terna para fiscal. Y mucho menos defender el presupuesto de la rama, que, como vamos, no llegará ni a 5 billones sobre un total de 271; y, claro, ya se prepara el paro judicial.

La consigna aquí parece ser mucho anuncio y cero acción. No hacer y no cambiar; y, sobre todo, no tocar los intereses de nadie.

Esta semana dijo la ministra que esto parece un ‘reality show’. Coincido con ella.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1570418880882{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

06 de octubre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/perdidos-segunda-temporada-columna-de-german-vargas-lleras-420084[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»https://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1569879716004{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

No hay mejor herramienta anticorrupción que la obligatoriedad de usar pliegos tipo en licitaciones.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1569879693247{margin-bottom: 0px !important;}»]Difícil encontrar una mejor herramienta en la lucha contra la corrupción que la obligatoriedad de usar pliegos tipo en las licitaciones. Modalidad que conseguimos que se adoptara para gobernaciones y alcaldías mediante la Ley 1882 de 2018. El pliego tipo estandariza los requerimientos técnicos, financieros y jurídicos para garantizar transparencia y pluralidad de oferentes en las licitaciones, y elimina cualquier criterio subjetivo o discrecional en la adjudicación de estas. Infortunadamente, esta ley solo cobijó las obras de infraestructura de transporte, aunque sí previó que mediante decreto reglamentario se podría extender a otros sectores.

La experiencia no pudo ser más exitosa. El Invías sacó a licitación 833 convocatorias por valor de 11,2 billones de pesos, a las que concurrieron 43.014 proponentes. Llegamos a tener hasta 200 participantes para una licitación, y jamás se presentó un solo reclamo o la menor duda sobre la transparencia en la selección de los contratistas. Y en el nivel territorial, pasamos de tener un 85 por ciento de procesos con un único oferente a un 81 por ciento con pluralidad de ofertas.

Animados por los buenos resultados, el Ministerio del Interior presentó el año pasado una iniciativa legislativa para extender la obligatoriedad de esta figura del pliego tipo a todos los sectores de la contratación. Con ello se pretendía eliminar para siempre la práctica de políticos y contratistas corruptos de redactar conjuntamente los pliegos de condiciones, denominados ‘pliegos sastre’, uno de cuyos efectos más graves es que limitan la competencia y, por lo tanto, el acceso a la contratación estatal, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Este nuevo proyecto de ley surtió, sin contratiempos, sus tres primeros debates, pero al llegar a su cuarto y último debate en Plenaria de Cámara, y cuando pensamos que ya nada podía interponerse en su aprobación, los ponentes del proyecto, representantes Méndez, Peinado, Rivera, Tamayo e Inti Asprilla, han pretendido introducirle dos modificaciones que prácticamente acaban con la figura. La primera, al crear una comisión “técnica”, compuesta por senadores, representantes, alcaldes y las asociaciones de municipios y de departamentos para definir como serán en el futuro los pliegos tipo.

Esta nueva “comisión técnica” no solo amenaza todo el esfuerzo de transparencia de la iniciativa, sino que constituye una burla al objetivo de la ley, pues pone precisamente en cabeza de los políticos y sus representantes la definición de las herramientas para luchar contra su propia injerencia e intereses. Qué desfachatez.

Y la segunda, al establecer que los pliegos tipo solo serán obligatorios un año después de que los reglamentos sean expedidos. Y, como la famosa comisión técnica también deberá ser objeto de reglamentación por el Gobierno Nacional en un plazo de seis meses, ello equivale a que antes de dos años será imposible establecer la obligatoriedad del pliego tipo, ya sin importar cómo queden finalmente redactados.

Un comentario sobre la Federación de Municipios, que debería ser la principal impulsora de esta iniciativa. Cómo comprender que haya sido la única entidad que se haya opuesto a esta figura del pliego tipo ante la Corte por considerarlo inconstitucional, y ahora esa misma Federación pretenda hacer parte de la comisión que redacte el pliego. Sin palabras.

Como vicepresidente, me correspondió liderar el más grande esfuerzo de inversión pública jamás realizado en infraestructura, vivienda y saneamiento básico. El pliego tipo fue determinante para que miles de licitaciones y contratos no hayan tenido ningún señalamiento de corrupción o favoritismo. Desde esta tribuna hago un llamado a los representantes a la Cámara para que retiren la proposición y acompañen esta iniciativa, y así permitan universalizar la mejor herramienta que jamás hayamos tenido para luchar contra la corrupción.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1569879777406{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

29 de septiembre 2019

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pliego-sastre-vs-pliego-tipo-columna-de-german-vargas-lleras-417508[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]