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[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1545103982744{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Con su hundimiento se privó el país de avanzar en temas críticos contenidos en nuestra iniciativa.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1545104004086{margin-bottom: 0px !important;}»]De todos los proyectos que tramitó el Congreso en este semestre, con seguridad el más importante era la reforma de la justicia. Con su hundimiento se privó el país de avanzar en temas críticos contenidos en nuestra iniciativa de reforma.

El primero de ellos, la congestión judicial. Nuestra propuesta fijaba términos procesales reducidos y limitaba el cúmulo de recursos y acciones que no existen en ningún otro país. Vale la pena recordar que un proceso en Colombia puede tardar de 4 a 15 años. Se frustró el plan de choque en esta materia, que apuntaba a que en un plazo de dos años pudiéramos poner al día los despachos judiciales, hoy colapsados. Las iniciativas para agilizar la justicia arbitral y la conciliación extrajudicial, que tanto aportarían a este objetivo, también tendrán que esperar. Lo mismo ocurrirá con las propuestas, muy bien estructuradas por cierto, para facilitar el acceso de los colombianos a la justicia.

No se avanzó en los asuntos sobre seguridad jurídica, cuyo eje principal era introducir la figura del precedente judicial; valga decir, que los jueces y magistrados estén obligados a fallar consultando la ley y los fallos existentes.

Gran controversia suscitó en los debates la reglamentación de la tutela. Nuestra propuesta de fortalecerla, al tiempo que se adoptaban nuevos mecanismos para evitar el abuso que muchos hacen de ella, se convirtió paradójicamente en una de las causas principales para su fracaso. Seguiremos, pues, presenciando las llamadas ‘tutelatones’, se seguirá abusando de los términos para interponerla, no se exigirá la indispensable legitimación del accionante, y lamentablemente seguirá procediendo contra autos y sentencias sin reglamentación apropiada. En consecuencia, veremos en el futuro nuevos enfrentamientos entre las altas cortes, el llamado choque de trenes, por la interposición de tutelas contra sentencias de cierre.

Otros temas críticos, y en mi sentir inaplazables, eran la definición de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades más severo para la Rama Judicial y la eliminación de las funciones nominadoras de las cortes en los casos de procurador, auditor y registrador.

Tampoco se pudo avanzar en la muy conveniente eliminación de las contralorías departamentales y municipales, sobre las cuales es bueno recordar que este control fiscal nos cuesta anualmente cerca de un billón de pesos y, dados los resultados de estas, bien podrían suprimirse y sustituirse por un control integrado. La muy trascendente discusión sobre la reforma de la Rama Judicial tendrá necesariamente que incluirse en otra oportunidad. Y no se podrá limitar a modificar el reglamento interno de las altas cortes o al periodo de los magistrados.

Mientras nada de esto ocurra seguiremos con una justicia postrada, ocupando el deshonroso puesto 174 entre los 190 países que son evaluados internacionalmente en materias como la seguridad jurídica, el acceso, la oportunidad y la transparencia.

Sé muy bien que tramitar una reforma de esta envergadura es un gran reto que demanda enorme liderazgo no solo de la señora Ministra, sino de todo el Gobierno. Lo que ocurrió y cómo ocurrió me hace pensar que este era un tema secundario en la agenda del Gobierno.

Gobernar no es legislar, he escuchado varías veces decir al presidente Duque. Pero sí lo es impulsar y acompañar la acción legislativa en aras de reformar y fortalecer la administración de justicia. Ningún cambio que tenga impacto en este sector podrá adelantarse sin una reforma estructural en un sector que, como ningún otro, está afectando la legalidad, la equidad y el desarrollo de nuestro país.

Y, a todas estas, la señora ministra de Justicia dice que no sabe si volverá a presentar el proyecto en marzo o en julio y que aprovechará estos meses para hacer una “superconcertación”. ¿A qué se referirá?
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1545104056960{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

15  de diciembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/naufragio-de-la-reforma-de-la-justicia-german-vargas-lleras-305630[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1545103634533{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Son muchas las jurisdicciones que ofrecen atractivos a colombianos que deseen migrar hacia ellas.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1545103708243{margin-bottom: 0px !important;}»]En los últimos años, más de 50.000 colombianos dejaron de ser sujetos fiscales en el país; 12.000 renunciaron, con el dolor del alma, a la ciudadanía colombiana y se fueron huyendo de una carga fiscal y unos tributos antitécnicos que no existen en otras jurisdicciones; 38.000 más, a la fecha, optaron por residenciarse fiscalmente en terceros países. Muchos de ellos, se estima, tienen patrimonios de entre 1 y 500 millones de dólares. La acumulación de los efectos del impuesto al patrimonio, la renta presuntiva, el 4 × mil, el ICA, el impuesto predial, las contribuciones por valorización, el IVA a los bienes de capital, la doble tributación, para solo mencionar algunos de estos tributos, ha generado un gravamen anual que supera el 70 por ciento de las utilidades de los contribuyentes.

Patrimonios que en el mejor de los casos rentan entre el 1 y el 2 por ciento al año son incapaces de atender esta carga tributaria, lo cual ha sido el detonante del éxodo, que se inició con muchas familias de importantes empresarios y ahora se concentra en los profesionales de altos ingresos que buscan un mejor tratamiento tributario en otros países.

Para muchos, el destino ha sido Estados Unidos, hoy con una tarifa impositiva del 21 por ciento para las empresas, país que no solo ofrece seguridad y desarrollo, sino que tiene la virtud de gravar la renta obtenida, pero nunca el patrimonio acumulado. De esta forma, si no hay renta no hay tributo.

Para otros, Panamá es la jurisdicción ideal donde localizar su residencia, toda vez que no grava la renta mundial, lo que permite a un residente panameño poseer cualquier patrimonio localizado en el exterior de dicho país, sin que ello le genere gravamen alguno. Portugal, por su parte, ofrece una exención de diez años para los inversionistas extranjeros que deseen residir allí, en virtud de la cual las rentas internacionales que obtengan en dicho lapso no se someten a impuesto alguno.

Y por estos días, acogiéndose a la nueva legislación española, miles de colombianos recordaron sus orígenes sefardíes y procedieron a solicitar su nacionalidad española.

Son muchas las jurisdicciones, por no decir todas, que ofrecen atractivos en todos los campos a los colombianos que deseen migrar hacia ellas, que desafortunadamente no ofrece nuestro país. Pero el atractivo no es solo para las familias con altos patrimonios o los profesionales con altos ingresos. En el caso de los emprendedores sucede algo similar: constituir una pequeña empresa en Colombia puede implicar impuestos hasta del 30 por ciento del valor de la inversión antes de iniciar operaciones. Ese mismo emprendedor encuentra que en el exterior, el costo tributario asociado al inicio de la misma empresa es de cero pesos.

Colombia tiene apenas 6.300 personas con patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos que ahora se someterán al nuevo impuesto al patrimonio, renta presuntiva y gravamen a los dividendos accionarios. Si ya se fueron 50.000 –de los cuales muchos con seguridad pertenecían a ese rango–, pronto muchos más tomarán igual decisión, y esto explica la caída y baja participación del recaudo tributario proveniente de las personas naturales. ¿Estamos recorriendo el camino de Venezuela?

Es ahora cuando hay que mandar señales inequívocas que nos devuelvan la competitividad y confianza que se requieren para retener el capital humano y reducir así el riesgo político que ya muchos avizoran.

Este éxodo no puede continuar un día más. El Gobierno tiene la oportunidad de modificar el régimen tributario, alentar a nuestra clase empresarial y profesional y ofrecer un futuro para las generaciones por venir. Pero debe enviar los mensajes adecuados en la reforma tributaria que la próxima semana se discutirá en las plenarias del Congreso. Solo así frenaremos este éxodo y lograremos atraer a los que ya se fueron para que regresen, y podremos enfrentar los retos del futuro.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1545103860724{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

08  de diciembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/el-exodo-german-vargas-lleras-303062[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1543768330549{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El empresariado colombiano no solo saldrá engañado, sino gravado en su esfuerzo emprendedor.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1543768360104{margin-bottom: 0px !important;}»]

Varias veces, a lo largo de toda la campaña, oí al presidente Duque mencionar que no podíamos seguir mirando el sector productivo como una vaca a la que hay que ordeñar. Cita atribuible a Churchill en su muy conocida descripción de los empresarios, como caballos que halan de la carreta, vacas que hay que ordeñar o lobos que hay que matar. En el postrado panorama de las empresas de nuestro país, el Gobierno no ve sino vacas gordas, saludables, generosas. Y lo más grave es que esa visión, además de equivocada, termina, naturalmente, generando un sentimiento negativo e injusto del conjunto de la sociedad hacia sus empresarios.

Muy diferente al sentimiento de admiración que las sociedades más desarrolladas experimentan hacia sus emprendedores, hacia las personas que con su esfuerzo y asumiendo riesgos crean riqueza, empleo y bienestar colectivo.

Pero en la faena del ordeño hay que tener cuidado. No recuerdo una reforma que, en lo que refleja la ponencia del proyecto radicada, sea más improvisada, antitécnica y alejada de la propuesta original del Gobierno.

Para justificar más impuestos al sector financiero, se insinúa que la banca abusa de empresas y ciudadanos, que sus tasas y beneficios son exagerados, que nadie controla esos comportamientos. Con otras justificaciones como su impacto en el medioambiente y también en sus utilidades excesivas, algunos quieren imponer nuevos tributos al sector minero-energético y, de paso, contribuir a crear una imagen negativa de esta industria y sus empresas. Con el argumento de los daños a la salud, se imponen nuevos gravámenes a productos alimenticios de consumo masivo. Que las empresas extranjeras están ganando mucho, que abusan de su presencia en el país, y por ese camino pasa, con la complacencia de todos, el incremento al impuesto a los dividendos y a la remesa de utilidades.

Y, para gravar aún más la actividad empresarial, hay que afirmar sin sonrojarse que en Colombia, al contrario de lo que ocurre en los demás países, los empresarios no pagan impuestos por sus utilidades recibidas como dividendos. Con ese argumento se contribuye a crear, alrededor del empresario, un reclamo permanente a su poca solidaridad. Y resulta que el empresario colombiano, como lo anoté la semana pasada, al referirme al informe Doing Business, tributa en sus negocios a una tasa promedio del 71 por ciento, una de las más altas del mundo, y por esa tributación excesiva ha perdido toda competitividad, interna y externa.

Como muchos, yo también creí que había llegado el momento de recuperar la competitividad del país. Me causó enorme ilusión leer la intervención del Presidente de la república en la asamblea de la Andi, donde fue ovacionado por centenares de empresarios esperanzados por el tan anhelado y prometido cambio de rumbo. Pero, como nos han recordado amargamente los aduladores y defensores del Gobierno, una cosa es la campaña y otra muy diferente, el Gobierno.

De las discusiones que tienen lugar en el Congreso, el empresariado colombiano no solo saldrá engañado, porque creyó ingenuamente en las promesas de campaña, sino gravado en su esfuerzo emprendedor, ahora por la vía de los dividendos, presuntiva, retenciones, IVA e impuesto al patrimonio nuevamente. Y, lo peor, minada su legitimidad y enfrentado con una sociedad que no lo ve ni como vaca ni como caballo, sino, tristemente, como el lobo que hay que abatir.

P. S.: ante las manifestaciones de algunos miembros de las asociaciones defensoras de animales, protestando por haber incluido en la pasada columna una comparación de las orejas de los burros con las de algunos otros équidos que han participado en el manejo económico de este país, pido disculpas y me comprometo a no volver a utilizar símiles que puedan herir los sentimientos de los primeros.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1543768394649{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

02  de diciembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/la-vaca-que-hay-que-ordenar-300366[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1543208005387{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Es imposible que nuestros empresarios sean competitivos frente a los productores extranjeros.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1543208032666{margin-bottom: 0px !important;}»]En su última edición del Doing Business (2019), el Banco Mundial cuantifica en un 71,9 % la tasa de impuestos y contribuciones que afecta los negocios en Colombia, lo cual nos coloca en el puesto 146 entre 190 países, al paso que Latinoamérica presenta una tasa promedio del 41,8 %.

Con este nivel de tributación es imposible que nuestros empresarios sean competitivos frente a los productores extranjeros. Tampoco somos competitivos para atraer inversiones extranjeras, que encuentran más rentable producir desde el exterior, y, lo que es peor, seguimos invitando a nuestros empresarios a invertir fuera de Colombia, donde encuentran legislaciones tributarias más favorables.

Por ello es fundamental la reducción al 30 % de la tasa aplicable a los negocios, la eliminación inmediata de la renta presuntiva, del IVA a los bienes de capital, el ICA y el 4 × 1.000. Estas medidas, junto con la eliminación del impuesto al patrimonio y del impuesto a los dividendos, permitirían cambiar el entorno tributario de los negocios en Colombia, en beneficio de la generación de empleo y riqueza.

Para obtener los 14 billones de pesos que el fisco necesita, el Gobierno debe concentrarse en el control de la evasión y el contrabando, en los que existen cerca de 80 billones de pesos esperando a que la Administración Tributaria haga presencia con su gestión. Para tal efecto, el presupuesto de la Dian debe doblarse o triplicarse; es necesario contratar 5.000 profesionales del más alto nivel, y se requiere una inversión en tecnología cercana al billón de pesos.

La respuesta es simple: hay que administrar los tributos, y para ello debe existir un plan de lucha contra el contrabando y la evasión, con responsabilidad política para el ministro de Hacienda.

A la academia, que no conoce ni de cerca ni de lejos el verbo administrar, esto le parece exótico, pero es el único camino que existe para que este sea un país más equitativo, donde se distribuyan mejor las cargas tributarias y alcancemos un nivel de recaudo comparable al de países como Chile. No es a través de la expedición de nuevas normas como se controlan la evasión y el contrabando, sino de las labores de fiscalización y control, físico y tecnológico, de los tributos y los contribuyentes. Un país donde el 10 % de los combustibles y el 30 % de los textiles que se consumen son de contrabando, para citar solo dos ejemplos, no puede subir el IVA de la canasta familiar sin haber ganado previamente la lucha contra estos fenómenos.

Ahora que el Gobierno aceptó no extender el IVA a la canasta familiar, es imprescindible dejar de lado la idea de incrementar la carga tributaria de los asalariados, así como las propuestas que buscan reemplazar los recursos requeridos, con un aumento aún mayor de la tributación de los negocios. Algunas de estas iniciativas se incluyeron a última hora en el proyecto de ley de financiamiento, al paso que otras empiezan a ser formuladas por los mismos que nos han llevado a esta situación. Cuidado, ministro, detrás del proyecto de ley se alcanzan a apreciar las orejas del burro, a veces las de Ortega, a veces las de Perry.

P. D.: Y se aprobó la valorización en el Concejo de Bogotá. Resulta claro que en el Distrito también existe ‘mermelada’.

P. D. 2: El bombero pirómano, actual ministro de Vivienda, en su columna del domingo pasado, cita unas cifras que no son ciertas. Confunde los datos propios de la vivienda con todo el sector de construcciones. Por eso resulta necesario recordarle que yo entré al Ministerio de Vivienda en mayo del 2012 y encontré que el sector decrecía a tasas del 10 %. Un año después, cuando me retiré del cargo, teníamos un crecimiento del 21 % y para el año 2015, cuando todos los proyectos cristalizaron, se llegó al récord histórico de 164 % en crecimiento del sector. Estaremos muy atentos a los resultados de las nuevas políticas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1543208157090{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

25  de noviembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/se-le-vieron-las-orejas-al-burro-german-vargas-lleras-297450[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1542642424628{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

El Concejo de Bogotá deberá decidir si aprueba o no un nuevo cobro de valorización a los bogotanos.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1542642536108{margin-bottom: 0px !important;}»]Este lunes, el Concejo de Bogotá deberá tomar una decisión sobre si aprueba o no un nuevo cobro de valorización a los bogotanos. Varios argumentos deben ser tenidos en cuenta por el cabildo a la hora de imponer este nuevo gravamen.

El mecanismo de financiación escogido para el programa de obras ha sido el más controvertido y de ingrata recordación, dado el antecedente de los acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009 y 523 de 2013, mediante los cuales se aprobó la realización de 140 obras, de las cuales solo se ejecutaron 41, y con enormes retrasos; es decir, el 29 %.

Todas las obras previstas en el nuevo plan deberían financiarse idealmente con cargo al presupuesto de la ciudad. El gobierno distrital tiene aprobados más de 20 billones de pesos de cupo para endeudamiento; tan solo la mitad serán destinados a la construcción del metro, y a la fecha apenas ha ejecutado 1,7 billones. Las obras que la valorización prevé, con un costo de 900.000 millones, bien podrían financiarse acudiendo a este importantísimo instrumento que ya fue aprobado.

También podrían hacerse con los recursos provenientes de la enajenación de activos, cerca de 2 billones ya recaudados con la venta de las acciones de la EEB. O por la vía de las denominadas asociaciones público-privadas (APP), cuyo monto previsto en el Plan de Desarrollo es de 13 billones adicionales, también ya autorizados, de los cuales inexplicablemente no se ha contratado ni un solo peso, ni una sola obra.

También hay que mencionar la baja ejecución presupuestal de los recursos disponibles. Y resulta paradójico que las dos peores entidades sean precisamente la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano. Tienen los recursos, pero no son capaces de ejecutarlos. En ambos casos, el porcentaje no llega al 32 %. ¿Cómo, entonces, podemos confiar en que esta vez sí se ejecutarán las obras?

Otra vez, la Alcaldía acude al mecanismo más fácil –y, como ya lo señalé, en esta oportunidad innecesario– para financiar sus proyectos: seguir gravando a los mismos, sin siquiera consultar de una manera técnica, seria y actualizada la capacidad de pago de los afectados. En Bogotá, señor Alcalde, los ciudadanos no soportan ni un impuesto ni una contribución adicional. Los últimos ocho años, el impuesto predial se ha incrementado a tasas anuales cercanas al 12 %. El valor catastral de las propiedades se ha triplicado e, incluso, cuadriplicado; el propósito plausible de acercar el valor catastral al valor comercial de los inmuebles se consiguió hace varios años, y hoy enfrentamos la situación contraria: el valor comercial es generalmente inferior al valor catastral. A esto hay que agregar que la tarifa de predial pasó de 4,1 % que teníamos hace 18 años a 11,7 %. Y es con ese mismo valor catastral como se pretende ahora introducir esta nueva contribución, y la Administración señala que para “tranquilidad” de todos, el gravamen no superará el valor del impuesto predial para los bienes residenciales, aun cuando sí para los comerciales.

La presión fiscal sobre los ciudadanos de Bogotá llegó hace tiempos a su límite. Si tenemos en cuenta los impuestos nacionales, distritales y parafiscales, un bogotano vio crecer en los últimos años sus impuestos en un 159 %. El ICA igualmente se triplicó, con crecimientos anuales cercanos al 7 %.

Hemos acompañado a la administración Peñalosa en todas sus iniciativas y proyectos, pero, en lo que respecta a este de valorización, que llega en un momento de bajo crecimiento de la economía, de los ingresos y del empleo en la ciudad y ha demostrado ser un mecanismo ineficiente para la ejecución de obras de infraestructura, el alcalde debe ser consciente de la imposibilidad de imponer un solo tributo más a los bogotanos.

Y, para disipar rumores o malas interpretaciones, recuerdo que jamás he considerado la posibilidad de aspirar a la alcaldía de Bogotá. No soy ni seré candidato.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1542642575627{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

18  de noviembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sos-senor-alcalde-enrique-penalosa-294616[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1541950354706{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Juegan con candela en un sector que es clave para el crecimiento económico del país.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1541950590542{margin-bottom: 0px !important;}»]La política pública de vivienda nada que arranca. Solo anuncios, como el lanzamiento del programa ‘Casa digna vida digna’ esta semana en Soacha, y un ministerio totalmente ausente y desarticulado. Porque conozco a fondo este sector, advierto que si la construcción de vivienda no se privilegia con políticas oportunas e incentivos correctos que le inyecten dinamismo, se van a repetir las pesadillas del pasado.

Recordemos que el sector llegó a tener más de 250 proyectos siniestrados que nunca se iniciaron o terminaron y que miles de familias perdieron sus pocos ahorros.

El país sabe muy bien que cuando existen unas reglas de juego claras, este sector responde de forma ágil y eficiente. El gobierno anterior creó una política integral e innovadora que en poco tiempo logró la entrega efectiva de viviendas, sin poner en riesgo los recursos públicos, al eliminar el desembolso de anticipos y pagar solo contra viviendas terminadas. Más de 130.000 hogares, los más pobres, se beneficiaron del programa de vivienda gratuita. Elemento clave de esa política también fue vincular el subsidio al crédito con la creación de programas novedosos como Mi Casa Ya, que permitieron a las familias pagar una cuota de crédito inferior al monto que venían pagando por un canon de arrendamiento.

La transformación de la política pública se tradujo en muy corto tiempo en la generación de miles de empleos y en la reducción del déficit habitacional urbano en casi 7 puntos. Se alcanzó el récord histórico de construcción de vivienda, llegando a edificarse más de 1’700.000 unidades, con la ventaja adicional de que por primera vez se privilegiaron más las viviendas de interés social o VIS (54 % de lo construido), generando un avance significativo en los indicadores de lucha contra la pobreza.

El impacto en el crecimiento y el empleo de este sector es único: La industria edificadora mueve cerca de treinta subsectores y casi 34 billones de pesos anuales en insumos. Y no hay industria, distinta de la construcción, que de manera inmediata esté en condiciones de vincular a centenares de miles de colombianos a un empleo.

Lastimosamente, el sector se viene marchitando a pasos acelerados, como lo demuestran los principales indicadores. Por ejemplo, el PIB de edificaciones cayó a una tasa del 7,6 %, las ventas de vivienda nueva disminuyeron 8,5 %, las unidades habitacionales licenciadas se redujeron en 11,2 %, y se presentó una contracción de 6,5 % en la financiación de viviendas de interés social.

Lastimosamente, el sector se viene marchitando a pasos acelerados, como lo demuestran los principales indicadores.

En cuanto al anunciado programa ‘Casa digna vida digna’, este se focaliza en mejoramientos de vivienda. Muy grave, porque olvida que lo primero es seguir atendiendo a las familias que carecen de un techo. Se acaba el programa de vivienda gratuita, único instrumento para los colombianos en situación de extrema pobreza para poder acceder a una casa. Marchitan las líneas de subsidio a las familias de 1 a 4 salarios mínimos que requerían este apoyo para lograr un cierre financiero, y cancelan el subsidio a las tasas de interés en los créditos de sectores de ingresos un poco mayores que también demandaban este apoyo. Y, como ya dije, del Gobierno, solo anuncios. A la fecha no han iniciado el proceso de contratación del esquema fiduciario que administrará los recursos del ‘Semillero de propietarios’. No es claro cómo se seleccionarán los beneficiarios ni cómo se verificarán las condiciones de las viviendas que harán parte del programa. Tampoco hay información sobre metas concretas, presupuestos asignados ni la forma como operará.

Y, a todas estas, pasa de agache el ministro de Vivienda con la nueva reforma tributaria, que le dará la estocada final a la vivienda de interés social comoquiera que elimina todas las exenciones tributarias para estos programas y sin las cuales se hace inviable cualquier nuevo proyecto.

Juegan con candela en un sector que es clave para el crecimiento económico del país, la generación de empleo y la superación de la pobreza.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1541950625565{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

10  de noviembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/los-piromanos-politicas-de-vivienda-292032[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1541389204102{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Cosas muy malas trae esta reforma, como la ampliación del IVA a toda la canasta familiar.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1541389298080{margin-bottom: 0px !important;}»]

Finalmente, el Gobierno radicó esta semana la reforma tributaria. Proyecto inequitativo, facilista y que en su afán recaudador impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo. Cosas muy malas trae esta reforma, como la ampliación del IVA a toda la canasta familiar y su muy difícil devolución a los estratos más pobres.

Muy mala propuesta también que a las personas naturales se les sigan limitando los beneficios en el impuesto sobre la renta, y más aún cuando se propone elevar las tarifas nominales de tributación para los profesionales, generando un incremento del impuesto sobre la renta que fluctúa entre el 13 y el 37 %. Los empleados que soportaron alzas cuantiosísimas en las anteriores reformas serán una vez más los mayores afectados. Primero, porque es fácil hacerlo y, segundo, porque parece muy impopular defenderlos.

Como si esto fuera poco, se restablece el muy antitécnico impuesto al patrimonio a las personas naturales para los años 2019 y 2020, con una tarifa que fluctúa entre el 0,5 y el 1 %, y se fija un gravamen sobre el componente inflacionario de los rendimientos financieros, lo que implica una tasa de tributación al ahorro que supera el 100 % del rendimiento real.

Malo la eliminación de los beneficios al ahorro voluntario en los fondos de pensiones, que se sustituyen por una deducción general que no implica esfuerzo alguno en materia de ahorro, lo que seguramente tendrá efectos negativos en el desarrollo del mercado de capitales y en la inversión. Qué mala política esto de castigar el ahorro.

Estos aspectos muestran que la gran afectada con la reforma será la clase media, que después de haber soportado las dos últimas reformas ahora tendrá que asumir una mayor carga tributaria. No recuerdo que el entonces candidato Duque hubiera dicho una sola palabra sobre sus verdaderas intenciones en estas materias.

Sorprende sí que la reforma no se fije ningún objetivo o meta en el control de la evasión y el contrabando, que hoy erosiona el fisco en cerca de 80 billones de pesos anuales, y en relación con el cual no se requiere la expedición de normas, sino la ejecución de planes concretos a los sectores que se han mantenido al margen de la tributación. Esta es la hora, por ejemplo, en que el depósito centralizado de facturas electrónicas no ha sido licitado, lo que impide la utilización de este mecanismo de control masivo e inmediato de los contribuyentes.

Buenas las medidas que tienen que ver con las empresas y la generación de empleo. Se reduce la tarifa del impuesto sobre la renta del 33 al 30 %, al tiempo que se contempla la posibilidad de recuperar el IVA de los bienes de capital, el ICA y el 4 x 1.000, mediante su aplicación como un descuento del impuesto sobre la renta. Estas iniciativas, que coinciden parcialmente con el proyecto presentado por nosotros, son vitales para reducir la tasa efectiva de tributación de los negocios a niveles que les permitan ser competitivos a los empresarios colombianos. Ojalá se apliquen en forma plena desde el año 2019 y no en forma gradual, en 3 o 4 años, como lo hace el proyecto. Lo que le resta seriedad y credibilidad.

Buena la propuesta de eliminar la renta presuntiva, engendro creado en la reforma tributaria del año 1974 y que solo ha servido para frenar el crecimiento de las empresas. Pero al igual que las anteriores, el proyecto prevé que será en 3 años.

Pero, como ocurre siempre en materia tributaria, las cosas malas son de vigencia inmediata y las buenas se dilatan en el tiempo. Si en efecto coincidimos en que es urgente devolverle la competitividad al sector productivo, ¿por qué no implementarlas ya?

P. D. A propósito: ¿qué opinaría de esta reforma el decano de los verdaderos hacendistas, Abdón Espinosa Valderrama? Mi abrazo fraterno a sus hijos, Marta Isabel, Olga, Andrés, Sergio y Abdón Eduardo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1541389380249{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

03  de noviembre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-reforma-german-vargas-lleras-289458[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1540833347689{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

Hasta ahora, la reforma se ha ocupado de las materias que más interesan a los magistrados.

[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1540833400648{margin-bottom: 0px !important;}»]La semana pasada se surtió el primero de los ocho debates que tendrá la reforma de la justicia en su muy difícil proceso de aprobación.

Los temas más críticos, como el acceso a la justicia y la descongestión de los despachos judiciales, que son el corazón de la reforma que los ciudadanos y el país esperan, prácticamente no fueron abordados. Nuestro ambicioso programa de descongestión fijaba términos procesales reducidos, limitaba los recursos que podrían interponerse contra autos y sentencias y establecía la jurisdicción comercial. Eran cuestiones cuya discusión, inexplicablemente, no se dio, como tampoco aquella referida a la modificación del art. 116 de la Constitución, que permitía el ejercicio de funciones jurisdiccionales temporalmente y como estrategia de descongestión de los centros de arbitraje, de conciliación, los abogados en ejercicio, al igual que los notarios en determinados asuntos. Todos, instrumentos que –estamos seguros– permitirán poner al día los miles de procesos que hoy tienen colapsado el sistema de administración de justicia en Colombia.

En cuanto a la seguridad, se eliminó la obligatoriedad de las derogatorias expresas, así como la compilación temática de todas las normas vigentes, las cuales constituyen, junto con la obligatoriedad para los jueces de aplicar el precedente judicial, herramientas muy valiosas en materia de seguridad jurídica. En particular sobre el precedente judicial, la norma aprobada en primer debate es ambigua al no señalar claramente que los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley y al precedente judicial.

Por años se ha discutido sobre la necesidad de introducir modificaciones a la acción de tutela para fortalecerla, al tiempo que se regula en varios aspectos su ejercicio. Nuestro proyecto –al igual que el del Gobierno– se ocupaba de la legitimación del accionante para evitar las llamadas ‘tutelatones’; también, de los términos para interponerla y de aquellos autos y sentencias susceptibles de ser tutelados. Aunque existe un consenso en la necesidad de reglamentar esta figura, el tema ni llegó a debatirse.

Hasta ahora, la reforma se ha ocupado de asuntos más propios de un reglamento interno para las altas cortes y de las materias que más interesan a los magistrados, como lo es elevar el período de servicio a doce años. Lo anterior parece correcto, siempre y cuando vaya acompañado de un severo régimen de inhabilidades e incompatibilidades al término de dicho período. También se desechó la figura del Colegio Nacional de Abogados, cuerpo que estaba llamado a ejercer las funciones disciplinarias de la profesión, y, en general, nada se ha definido con respecto al régimen de aforados, que es una necesidad imperiosa en el funcionamiento de la Rama Judicial, y en particular de sus más altos dignatarios.

Es muy positivo que se hayan eliminado las funciones nominadoras de las cortes para procurador, contralor y auditor, aunque han debido también extenderse al registrador. Lo peor, y lo que echo más de menos, es la no eliminación de las contralorías departamentales y municipales, que nos cuestan más de un billón de pesos anuales y bien podrían sustituirse por un control integrado de la Contraloría General.

La indispensable reforma de la justicia comienza apenas ahora su trámite. En varios aspectos positivos se ha avanzado, pero lo sustancial –aquellas disposiciones que contribuirán de verdad a tener una justicia al servicio del ciudadano, pronta, eficaz y segura– todavía no se ve en el proyecto. La ponencia para segundo debate que irá a la plenaria del Senado retoma varios de estos asuntos. Abrigo la esperanza de que no se malogre una vez más esta iniciativa, dándoles la razón a quienes de tiempo atrás sostienen la tesis de que en Colombia no es posible abordar estos temas sino mediante una constituyente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1540833448446{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
* Dirección Fundación Carlos Lleras

27  de octubre 2018

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/la-reforma-de-la-justicia-german-vargas-lleras-286440[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]