Fundación Carlos Lleras Restrepo

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  • Las CAR también son responsables

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1540174939062{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Lo peor son las demoras injustificadas en su solución que superan más de dos años sin respuesta.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1540174957908{margin-bottom: 0px !important;}»]Celebro que la Corte Constitucional haya precisado definitivamente el alcance de las consultas populares y, en particular, la propiedad exclusiva de la Nación sobre los recursos del subsuelo. Con este importante fallo se pone fin a esa práctica abusiva de los municipios que amenazaba con impedir el desarrollo de proyectos estratégicos para el progreso nacional.

    Hoy quiero ocuparme de las corporaciones autónomas regionales, mejor conocidas como CAR. Entidades corresponsables de la parálisis de centenares de proyectos de infraestructura y desarrollo productivo a todo lo largo de la geografía nacional. Decenas de trámites se deben realizar ante las CAR para el desarrollo de cualquier iniciativa. Y lo peor son las demoras injustificadas en su solución que superan, en muchos casos, más de dos años sin ninguna respuesta.

    Ello ocurre por la absoluta incapacidad e ineficiencia de estas entidades. Sus presupuestos están concentrados en el pago de enormes plantas de personal y funcionamiento y muy poco en sus labores misionales. Baste citar los casos de Coralina, en San Andrés, donde el 90 por ciento de los recursos se gastan en funcionamiento, o en Corporinoquia, más del 70 por ciento. La CAR de Cundinamarca tuvo en 2017 un presupuesto de un billón tres cientos mil millones de pesos, y tan solo ejecutó el 20 por ciento de los recursos.

    Y, de la mano con lo anterior, como no podía ser distinto, la más alarmante corrupción, sobre la cual la Contraloría señaló en su informe del pasado julio que el despilfarro y la desviación de recursos condujeron a hallazgos fiscales que superaron los 100.000 millones».

    Bajo una mal entendida autonomía, actúan como ruedas sueltas al servicio de grupos políticos que poco o ningún interés tienen por la promoción y protección del medioambiente y sí mucho en sus empresas electorales. Y por años han conseguido impedir su reforma. Autonomía no es anarquía.

    La situación amerita medidas drásticas para impedir que se continúen degradando estas entidades y, con su inacción, sigan impidiendo el desarrollo de iniciativas que el país requiere. El proyecto que presentamos esta semana precisa la naturaleza y el alcance de estas entidades y de su integración al Sistema Nacional Ambiental.

    Para comenzar a ordenar la casa es indispensable redefinir la composición de sus consejos directivos, los cuales proponemos se reduzcan de 14 a 7 miembros, y que el Gobierno Nacional en conjunto con las entidades territoriales recuperen el control de estas. Con esta primera medida daremos un golpe definitivo a la politización de las CAR.

    En segundo lugar, se establecen requisitos técnicos muy exigentes para la elección de los directores, se fija un procedimiento reglado y transparente para su designación y se prohíbe su reelección.

    Nada justifica que en el departamento de Boyacá, 4 corporaciones ejerzan jurisdicción: Corpoguavio, Corpochivor, Corpoboyacá y la CAR de Cundinamarca. Tres en Antioquia: Corantioquia, Cornare y Corpourabá. Con base en un estudio detallado de las cuencas hidrográficas, se propone reducir el número de las CAR de las 33 existentes a 7. Ello permitirá tener entidades más robustas, menos burocratizadas y mejor enfocadas en sus objetivos misionales.

    El proyecto también establece nuevas funciones, entre ellas las relacionadas con la gestión del riesgo ambiental, y se precisa que, en cuanto a los proyectos del orden nacional, la competencia estará en cabeza de la Anla.

    Qué importante es que el Gobierno, que anunció en la campaña que daría prioridad a la eliminación y reducción de trámites, se apersone de esta iniciativa. Y, al igual que ocurre con la reglamentación de las consultas populares, desde ya advierto que quienes se oponen a cualquier reforma señalan que el Congreso no tiene competencia para tramitar este proyecto si antes no surte el trámite de consulta previa. ¿No resulta absurdo?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1540174988709{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    20 de octubre 2018

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/las-car-tambien-son-responsables-german-vargas-lleras-283570[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Licencias ambientales

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1539538497228{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    ¿Cómo mejorar nuestra competitividad con la institucionalidad y los conflictos hoy existentes?

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1539538723708{margin-bottom: 0px !important;}»]La semana pasada presentamos una iniciativa que pretende integrar el proceso de licenciamiento ambiental, así como los diferentes permisos y trámites requeridos para la oportuna autorización de los proyectos de desarrollo.

    El tema no es de poca monta. En el sector de hidrocarburos, ya señalé la urgencia de intervenir a favor de un esquema de regalías más atractivo y justo para las regiones productoras y la necesidad de reformar el mecanismo de consulta previa y de consultas populares si no queremos comprometer nuestra seguridad energética y nuestra capacidad de seguir invirtiendo en el desarrollo social del país.

    El proceso de licenciamiento ambiental vigente, junto con los anteriores, hace parte de ese conjunto inexpugnable de trámites y permisos que actúan como una alambrada hostil para el desarrollo de cualquier iniciativa en este país.

    En el sector de infraestructura, baste con citar los casos de la vía Caucasia-Cruz del Viso, en donde la solicitud de sustracción de un área del Distrito de Manejo Integrado de Lorica tardó casi dos años en resolverse. En el caso del corredor Mulaló-Loboguerrero, el estudio de impacto ambiental, presentado en julio de 2017, aún está pendiente. Y ni hablar de la sustracción de reservas forestales que llevan años paralizadas en el Ministerio de Ambiente.

    ¿Cómo mejorar nuestra competitividad y generar el desarrollo de sectores claves como el minero-energético, el agroindustrial o el turismo con la institucionalidad y los conflictos hoy existentes? Procedimientos sin reglas claras, llenos de zonas grises y discrecionalidades que fomentan la corrupción. La regla es no resolver nada, posponer y no tomar riesgos. Francamente, hoy pienso que el sector fue capturado por funcionarios sumamente radicales que todo lo entorpecen. Distinto de lo que ocurre en países como Canadá y Chile.

    Y mientras esto sucede, el narcotráfico, la minería y la deforestación ilegal han sido devastadores para las selvas, bosques, páramos y ríos. Poco o nada hacen las autoridades en estos casos. Les resulta más cómodo y menos riesgoso entorpecer el sector formal.

    El proyecto presentado, con estas preocupaciones en mente, establece que la Anla será la autoridad exclusiva, única, encargada del licenciamiento integral de los proyectos que sean desarrollados por entidades del orden nacional. No más conflictos de competencia paralizantes, no más disputas entre las regiones y la Nación y no más inseguridad jurídica para los promotores públicos o privados de los proyectos. Así mismo, se ocupará de los procesos de sustracción de reserva forestal.

    También prevé que el trámite de licencia ambiental pueda iniciarse simultáneamente con el de consulta previa, no como prerrequisito. Esto permitiría ser mucho más ágiles y eficientes en ambos procedimientos.

    Y, finalmente, se elimina el llamado diagnóstico ambiental de alternativas, quedando en cabeza del solicitante la selección del mejor trazado o ubicación del proyecto, así como la demostración de los aspectos que respaldan técnica y socialmente dicha decisión y, por supuesto, el menor impacto ambiental.

    Entiéndanme: nadie pretende que todo se apruebe a ciegas. Lo que reclamamos es que digan sí o no, pero oportunamente.

    La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible son en sí mismos fines del Estado, tal como lo señala nuestra Constitución. Y en nada debe ello oponerse al desarrollo de nuestros recursos naturales y de nuestros proyectos de desarrollo productivo. Ese dilema, que pudo ser cierto en otras épocas, es totalmente inaceptable en nuestros tiempos.

    De las corporaciones autónomas, hoy en su mayoría bastiones de corrupción, politiquería e ineptitud, me ocuparé la próxima semana.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1539538771964{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    14 de octubre 2018

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/licencias-ambientales-german-vargas-lleras-280920[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Estamos matando la gallina de los huevos de oro

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1538936116142{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Vamos a perder nuestra autosuficiencia y a convertirnos en importadores netos de petróleo.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1538936084913{margin-bottom: 0px !important;}»]El sector minero-energético representa una de las mejores oportunidades para crecer en el corto plazo y generar los recursos fiscales que el país necesita para su desarrollo económico y social. Sin embargo, la realidad de esta industria es preocupante. La inversión extranjera en el sector ha pasado de 5.100 millones de dólares en 2013 a tan solo 478 millones en este primer semestre. También se evidencia una caída en los pozos perforados, al pasar de 115 en el 2013 a 26 en lo corrido de este año. Lo mismo ocurrió en la exploración, pues de 21.000 km cubiertos en tareas de sísmica, hoy no llegamos a mil. Por esta ruta vamos a perder nuestra autosuficiencia y a convertirnos en importadores netos de petróleo.

    De un millón de barriles que llegamos a producir, hoy estamos en 860.000, y si nada se hace, dentro de cuatro años la cifra será de 650.000 y las reservas probadas durarán tan solo cinco años y seis meses. Angustioso panorama.

    Muchas son las razones por la cuales este sector ha dejado de crecer y contribuir como debiera al crecimiento económico nacional, al desarrollo regional y, en general, al financiamiento de la inversión social, que depende fundamentalmente de estos recursos. En 2017, por ejemplo, el total de aportes de la industria petrolera al Estado fue de 16,1 billones de pesos, es decir, un 8 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno. Pero en un año como el 2013 llegaron a 32 billones y representaron el 25 por ciento. Es claro que nuestro país sigue teniendo una enorme dependencia del sector minero-energético.

    Sin duda, el nuevo sistema general de regalías, desarrollado por la Ley 1530 de 2012, que tanto benefició las regiones no productoras, ha desincentivado la exploración y explotación de los recursos petroleros y mineros en aquellos departamentos que deben soportar los problemas y afectaciones más graves del medioambiente y las comunidades.

    Consciente de esta situación, el entonces candidato Duque recorrió los departamentos petroleros y se comprometió a aumentar las regalías del 20 al 50 por ciento. Hasta ahora, nada ha hecho el Gobierno al respecto. No creo yo que pueda llegarse tan lejos en esta iniciativa, ya que encontrará naturalmente el rechazo de la mayoría de las regiones y sus representantes en el Congreso. Por eso, nuestra propuesta, ya radicada, es la de mejorar las participaciones del 20 al 30 por ciento de las asignaciones directas y disminuir la de los fondos de Desarrollo y Compensación Regional del 80 al 70 por ciento para devolver parte de las regalías que en justicia corresponden a las regiones afectadas por esta industria.

    El sistema actual adolece también de varias deficiencias que es preciso corregir. En primer lugar, tiene una estructura operativa costosa e ineficiente, a través de los llamados Ocad, cuyo costo de operación supera los 350.000 millones al año y somete los proyectos en su ejecución a esperas superiores a dos años. Nuestra propuesta es eliminar los Ocad municipales y departamentales y toda la tramitomanía asociada a los procesos de aprobación, y permitir que las regiones aprueben sus propios proyectos en función de sus prioridades, sin acudir a intransitables instancias nacionales.

    Existe además una gran dispersión de recursos que hoy pueden ser usados en 42 sectores distintos con muy bajo impacto de las inversiones. Proponemos, entonces, focalizar los recursos de regalías en sectores como la infraestructura, la educación, el agua potable, la energía y la salud.

    Con estos cambios se espera no solo que las regiones reciban más recursos, sino garantizar una inversión eficiente y transparente de estos. Modificar el Sistema General de Regalías para pasar del esquema actual a uno que incentive la inversión es un clamor de las regiones que debe ser atendido desde el Congreso y para el cual es indispensable contar con el apoyo del Presidente, que espero cumpla en esta materia sus compromisos de campaña.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1538936178628{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    7 de octubre 2018

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/estamos-matando-la-gallina-de-los-huevos-de-oro-278004[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Fue presentado al Congreso proyecto que busca reformar al Sistema General de Regalías

    [vc_row full_width=»stretch_row» css=».vc_custom_1539033032365{background-image: url(http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/10/cambio_radical-1100×400.jpg?id=9392) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}»][vc_column][vc_empty_space height=»200px»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=»50px»][vc_row_inner][vc_column_inner width=»3/4″ css=».vc_custom_1534435318754{padding-right: 40px !important;}»][vc_column_text css=».vc_custom_1540175396359{margin-bottom: 15px !important;}»]Bogotá 25 de septiembre de 2018.- Los congresistas del partido Cambio Radical  que representan a las regiones productoras de Colombia, radicaron ante la Secretaría de Cámara de Representantes el proyecto de Acto Legislativo que busca reformar el Sistema general de Regalías.

     

    El Representante a la Cámara, Jaime Rodríguez, destacó que el proyecto presentado es una propuesta de equidad tanto para las regiones como para el país, con la que se busca crecimiento económico e inversión social para las zonas productoras.

     

    “En Colombia necesitamos un Sistema General de Regalías, más liviano, menos complejo y costoso operativamente, y más eficiente que permita incrementar la formación bruta de capital de los territorios y, por esa vía, impactar positivamente la productividad de las regiones y el país, el crecimiento económico y el bienestar. Se requiere un sistema que promueva la autonomía territorial para tomar decisiones de inversión en el marco de reglas claras de formulación y aprobación de proyectos, sin la intromisión constante de los demás niveles de gobierno”, afirmó el Representante Jaime Rodríguez.

     

    Así mismo, el congresista explicó que el proyecto  aumenta el porcentaje de los recursos girados por concepto de regalías a los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos.

     

    ABC DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO

     

     

    • Mejora las participaciones al pasar del 20% al 30% las asignaciones directas, disminuyendo la participación de los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional del 80% al 70%, siendo esta la única herramienta viable para devolver las regalías a las regiones productoras, fortaleciendo la economía de estas regiones y la inversión social.
    • Hace complementario el Sistema General de Regalías, los presupuestos del Sistema General de Participación, el Presupuesto General de la Nación y los Recursos propios de los entes territoriales, para la financiación de proyectos de alto impacto regional que contribuyan a la formación bruta de capital en los territorios.

     

    • Elimina los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCADS, municipales y departamentales.

     

    • Determina que los entes territoriales no tendrán que recurrir a instancias del orden nacional para aprobar los proyectos en los cuales decidan invertir los recursos del Sistema General de Regalías a que tengan derecho, solamente deberán observar estrictamente lo dispuesto en la Ley y la constitución.

     

    • Dispone que el Departamento de Planeación Nacional deberá, en plazo no mayor a seis meses, diseñar y establecer un sistema de puntajes que incluya criterios de ruralidad y cierre de brechas en la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías.

     

    Focaliza los recursos de regalías en los 5 sectores de mayor impacto en la productividad regional: transporte y logística, educación, agua potable, energía, y sa[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][mk_fancy_title color=»#930027″ size=»26″ font_weight=»bold» font_style=»normal» font_family=»none»]DOCUMENTOS:[/mk_fancy_title][mk_font_icons icon=»mk-moon-file-pdf» size=»medium» margin_horizental=»10″ align=»left» link=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/10/general-de-regalias.pdf» target=»_blank»][vc_column_text css=».vc_custom_1538940585924{margin-bottom: 15px !important;}»]SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS[/vc_column_text][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ accent_color=»#930027″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ accent_color=»#930027″][/vc_column][/vc_row]

  • Cambio Radical propone agilizar y mejorar la expedición de las licencias ambientales

    [vc_row full_width=»stretch_row» css=».vc_custom_1538758424431{background-image: url(http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/10/cambio-radical-2.jpg?id=9367) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}»][vc_column][vc_empty_space height=»200px»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=»50px»][vc_row_inner][vc_column_inner width=»3/4″ css=».vc_custom_1534435318754{padding-right: 40px !important;}»][vc_column_text css=».vc_custom_1538757830377{margin-bottom: 15px !important;}»]Bogotá, 03 de octubre de 2018.- La Bancada del Partido Cambio Radical presentó, ante la Secretaría de Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca agilizar y mejorar los procesos para la expedición de las licencias ambientales.[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1538757904753{margin-bottom: 15px !important;}»]La Senadora Daira Galvis señaló que esta iniciativa surge de la necesidad que tiene Colombia de generar procesos eficientes para la expedición de los licenciamientos ambientales.

    “La duplicación de trámites y autoridades, hoy hacen que, en la práctica, la expedición de una licencia ambiental pueda tardar más de 14 meses, incluyendo el tiempo de preparación de la solicitud, la respuesta a la autoridad, y el estudio técnico de la solicitud”, explicó la Senadora Galvis.

    Por su parte, el Representante a la Cámara Camilo Arango explicó que el  proyecto que presenta Cambio Radical unifica los trámites, para los proyectos del orden nacional, “será competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, otorgar, modificar, negar, revocar o suspender las licencias ambientales y sus correspondientes permisos, para los proyectos, obras o actividades”.

    Por último, el Representante y Presidente de la Comisión Quinta de  la Cámara Ciro Fernández destacó que con esta iniciativa se garantiza que el país se enrute por el camino de la preservación adecuada de sus recursos naturales, “estamos  garantizando la recuperación del medio ambiente y asegurando la estabilidad jurídica y el desarrollo sostenible para todos, con reglas claras y precisas”.

    ABC DEL PROYECTO DE LEY

    • Centralización en la expedición de licencias, permisos y trámites ambientales, en una sola autoridad, la ANLA, pero sólo para proyectos de interés nacional.
    • Mejora los procesos de revisión técnica ambiental con lo cual se logra una revisión integral ambiental de los proyectos, por una sola autoridad, la ANLA.
    • Reduce los tiempos de espera para los usuarios de las licencias, y evita que por el paso del tiempo se vean afectados los proyectos y los ecosistemas con los cuales interactúan.
    • Eliminación del Diagnóstico de Alternativas Ambientales, con lo cual se obliga a los concesionarios a presentar la mejor alternativa para la ejecución del proyecto, reservándose la ANLA la potestad de modificarla o rechazarla si no está de acuerdo con los parámetros ambientales.  La supresión de este trámite ahorra costos y más de 8 meses de trámites y estudios.

    Licencia Ambiental no sujeta a cierre de la Consulta Previa, pues los dos procedimientos se podrán adelantar de manera paralela.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][mk_fancy_title color=»#930027″ size=»26″ font_weight=»bold» font_style=»normal» font_family=»none»]DOCUMENTOS:[/mk_fancy_title][mk_font_icons icon=»mk-moon-file-pdf» size=»medium» margin_horizental=»10″ align=»left» link=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/10/proyecto-de-ley-tramites-ambientales.pdf» target=»_blank»][vc_column_text css=».vc_custom_1538758164258{margin-bottom: 15px !important;}»]TRAMITES AMBIENTALES[/vc_column_text][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ accent_color=»#930027″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ accent_color=»#930027″][/vc_column][/vc_row]

  • Empleo

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1538333018205{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Tenemos una de las tasas de desempleo más altas de la región y niveles de informalidad inadmisibles.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1538332976584{margin-bottom: 0px !important;}»]

    En los últimos años hemos registrado una reducción del desempleo a niveles de un dígito, así como un incremento del empleo formal, pero seguimos teniendo una de las tasas de desempleo más altas de la región y niveles de informalidad inadmisibles, que llegan al 48,1 %, es decir, casi 6 millones de ciudadanos.

    Tenemos retos muy grandes en productividad laboral, eficiencia y uso del talento y capacidad de la economía para atraer y retener el capital humano. Todo esto producto, entre otras causas, de problemas en materia de formación para el trabajo, falta de pertinencia en el sistema educativo y programas muy rígidos que no se adaptan a las necesidades del mercado laboral. Los tiempos para la búsqueda de empleo oscilan entre 5 y 18 meses.

    La generación de empleo debe visibilizarse, tener metas precisas y planes de acción y seguimiento. Como parte de la estrategia, he propuesto que se cree una plataforma que permita aprovechar las tecnologías de la información para identificar todas las oportunidades de empleo y a los potenciales empleados y que se haga prospectiva laboral para orientar los programas de formación y así sintonizar las necesidades de las empresas con las del mercado laboral.

    Entender cuáles serán los trabajos del futuro y preparar nuestros recursos humanos para dar respuesta a esas necesidades es un imperativo.

    En materia de formalización laboral también es indispensable eliminar la tramitomanía, simplificar el proceso de vinculación a través de una plataforma unificada de afiliación a la seguridad social, la salud, el sistema pensional, el de riesgos laborales y las cajas de compensación.

    Mi propuesta es un paquete básico que incluya la salud para que las personas no pierdan su régimen subsidiado al conseguir un empleo temporal. Que comprenda también los riesgos laborales a través de programas de microseguro de bajo costo. En subsidio familiar, que los trabajadores independientes informales puedan acceder a servicios de bajo costo, y, finalmente, en protección a la vejez, a través del programa de beneficios (Beps) fortalecido.

    Un aspecto que merece especial atención es lo relacionado con el abuso de la figura de la estabilidad laboral por debilidad manifiesta. Esa herramienta, que nació como una buena iniciativa para proteger a los trabajadores en condición de discapacidad, terminó siendo un mecanismo discriminatorio para la formación de empleo formal, toda vez que las relaciones laborales no se pueden terminar, aunque exista justa causa, solo por el hecho de que el trabajador goza del beneficio de estabilidad laboral reforzada. Tan inverosímil es la situación que si un trabajador es encontrado en flagrancia cometiendo un hecho delictivo en una empresa, este no puede ser despedido si está amparado con este beneficio.

    Lo anterior es consecuencia de las interpretaciones de la Corte Constitucional, la cual determinó que los trabajadores, incluso los contratistas, amparados en la figura de la estabilidad laboral, antes de un despedido deben contar con concepto previo del Ministerio del Trabajo, el cual puede gastar más de un año, y al final, si son despedidos, se obliga al pago de indemnizaciones y reubicaciones, con los consecuentes sobrecostos que ello implica.

    Un fallo reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambia el panorama. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo debe, en el corto plazo, reglamentar el ‘Manual del inspector del trabajo’ por la vía de un decreto que fije el procedimiento de autorización para la terminación de contratos con justa causa y, además, presentar un proyecto de ley que adopte los derechos fundamentales del trabajador y precise criterios legales de interpretación en esta materia.

    Haría bien el Gobierno en definir una política pública para que el empleo, su generación y promoción sean un objetivo principal de la política económica y se articulen a toda la agenda de desarrollo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1538333070597{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    29 de septiembre 2018

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/empleo-formalizacion-laboral-german-vargas-lleras-274954[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Bomba pensional

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1537719173936{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    El camino fácil de postergar la reforma pensional ya no es una opción.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1537719189924{margin-bottom: 0px !important;}»]

    En breve se iniciarán en el Congreso la discusión y el posterior debate de la ahora llamada ley de financiamiento, que no es otra cosa que la nueva reforma tributaria. La sola idea de que el Gobierno esté buscando responsablemente la financiación del presupuesto nacional me lleva a prender las alarmas sobre la necesidad impostergable de ocuparse también del tema pensional. Y hay que hacerlo ya porque su aprobación requerirá echar mano de todo el capital político del que se disponga y estar dispuesto a enfrentar poderosos grupos de intereses. El camino fácil de postergar esta reforma ya no es una opción.

    El régimen pensional en Colombia tiene tres características:

    Es inequitativo, de baja cobertura y además insostenible.

    Inequitativo porque mientras que en Colombia la pensión máxima en el sector público es de 76.000 dólares anuales, en el Reino Unido es de 11.457; en Canadá, de 12.000, y en Japón, de 8.461. Y todos los que ganan menos de un salario mínimo están excluidos del sistema, y el 12 % de los adultos mayores de 65 años en condiciones de pobreza no reciben subsidio alguno para la vejez. Como si fuera poco, el 69 % de los recursos se emplean en cubrir las pensiones de los llamados regímenes especiales.

    Porque una persona que en el sector público se pensiona con 25 salarios mínimos no ha ahorrado, a lo largo de su vida laboral, ni la mitad de los recursos necesarios para cubrir su pensión. Los 700 millones faltantes los tenemos que poner todos nosotros. La inequidad que queremos eliminar se puede expresar bajo la fórmula a mayor mesada, mayor subsidio.

    De baja cobertura porque los privilegiados que en este país gozan de una pensión son dos millones cien mil personas. Solo uno de cada tres colombianos en edad de pensión tiene esta protección, y se estima que 17 millones de colombianos con el actual régimen jamás gozarán de una.

    Y es insostenible. La llamada bomba pensional es una realidad. Los pasivos pensionales ascienden a 900 billones de pesos, que, mal contados, son un monto igual al 108 % del PIB en este año. En 2017 se destinaron para el pago de pensiones 38 billones de pesos, esto representa el 21 % del presupuesto de funcionamiento, más inversión. Este año serán 39,2 billones, y con el paso de los años, la totalidad del recaudo tributario podría tener que destinarse a este propósito.

    La reforma por implementar debería ocuparse entonces de cuatro aspectos sustanciales: la ampliación de la atención al adulto mayor, el incentivo al acceso y el cumplimiento de requisitos para obtener la protección, la eliminación de las desigualdades existentes y, por último, los beneficios a los más vulnerables.

    El sistema que hemos ideado, y que valdría la pena que el Gobierno estudiara, se estructura en cinco pilares que harán que la pensión para la vejez sea una realidad para millones de colombianos en un sistema equitativo que elimine los subsidios regresivos, unifique los beneficios que reciben las personas y haga complementarios los regímenes público y privado.

    Los pilares cero y uno recibirían aportes directos de la nación, bien del régimen semicontributivo o del programa Colombia Mayor, para el cual se recomienda aumentar los apoyos por lo menos de un 11 a un 40 % del salario mínimo.

    El Estado solo asumirá los subsidios del pilar 2 de pensiones por un salario mínimo, lo cual reducirá la presión fiscal, haciendo viable el sistema. En cuanto a los pilares tres y cuatro, se financiarán solamente con aportes contributivos obligatorios y contributivos voluntarios.

    Como queda claro, el que quiera recibir una pensión alta que se vaya al régimen de ahorro individual. No más subsidios a las pensiones altas, y que Colpensiones concentre todos sus recursos, que son los nuestros, en propender a que millones de colombianos más puedan acceder a una pensión digna.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1537719277620{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    23 de septiembre 2018

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/bomba-pensional-german-vargas-lleras-271934[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Cambio Radical propone la creación del Ministerio de la Familia

    [vc_row full_width=»stretch_row» css=».vc_custom_1537456456197{background-image: url(http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/09/familia.jpg?id=9324) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}»][vc_column][vc_empty_space height=»200px»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=»50px»][vc_row_inner][vc_column_inner width=»3/4″ css=».vc_custom_1534435318754{padding-right: 40px !important;}»][vc_column_text css=».vc_custom_1537455216483{margin-bottom: 15px !important;}»]Bogotá, 19 de septiembre de 2018.- Con la finalidad de  implementar  una política pública nacional que articule y coordine en todo el territorio la gestión, inversiones y los programas del sector social  que hay en Colombia, la bancada del Partido Cambio Radical radicó ante la secretaria del Senado, el proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de la Familia.

     

    La Senadora Emma Claudia Castellanos afirmó que  las políticas de atención a las familias se encuentran desarticuladas en múltiples entidades, lo que hace necesaria una coordinación y ejecución de las programas del sector familia y social.

     

    “Nuestro país está en mora de realizar una reestructuración al Sector de Inclusión Social y Reconciliación, a fin de lograr una correcta y eficiente administración de los recursos y de los programas que buscan el bienestar de la familia en Colombia. Es por esto que se hace necesario que exista  un ente rector que coordine todas las entidades y programas dispersos que atienden a la familia. La propuesta que hoy presentamos busca que el Departamento para la  Prosperidad Social se transforme en el Ministerio de la Familia, para que cumpla con esta función”, explicó la congresista Castellanos.

     

    La Senadora aclaró que esta reestructuración no generará ningún costo y que las personas que están laborando en las entidades del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, quedarán incorporadas al Ministerio de Familia.

     

    Por su parte, la Representante a la Cámara, Ángela Sánchez, explicó que el proyecto también contempla la reestructuración de 22 programas dispersos y agruparlos para evitar la duplicidad de funciones.

     

    “Estamos garantizando que los 11,2 billones de pesos que anualmente se invierten en el  sector social y de familia, tengan un impacto más positivo y lleguen a quienes más lo necesitan. Así mismo, con este proyecto impedimos las asignaciones politiqueras que desangran el sistema sin ninguna justificación”, aseveró la representante Sánchez.

     

    PRINCIPALES PUNTOS DE LA INICIATIVA

     

    • Transforma el Departamento para la Prosperidad Social – DPS – en el Ministerio de la Familia. El personal que esté laborando en esta entidad, quedará automáticamente incorporado al Ministerio de Familia.
    • Establece que el Ministerio de la Familia formulará, adoptará, dirigirá, coordinará y ejecutará políticas públicas, planes, programas y proyectos, como cabeza del Sector Familia y Social.
    • Crea tres viceministerios: Poblacional, Mujer y Atención Social.
    • El Ministerio de la Familia se encargará de:
    • Reformular los programas relacionados con la promoción de la lactancia materna, la nutrición y la salud del núcleo familiar a través de un nuevo modelo de medicina familiar.
      • Se ocupará de la primera infancia en materia de atención integral en salud, nutrición, educación y acompañamiento.
      • Frente a la infancia, los programas se centrarán en educación, deporte, estilos de vida saludables y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas.
      • En cuanto a los adolescentes y jóvenes, el ministerio ayudará a romper los ciclos de pobreza que se inician en esta etapa, a través de programas para duplicar el número de niños en jornada única y de estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes, al igual que el consumo de drogas y alcohol.
      • Para los adultos mayores, el ministerio tendrá la responsabilidad de crear un sistema nacional de atención y fortalecimiento al sistema de protección de la vejez.
      • Se encargará del empoderamiento económico de la mujer, su derecho a la salud y a la formación y se enfocará en brindar una atención especial  a la mujer rural.
      • Implementar y poner en marcha una política pública de prevención y el combate a la impunidad en asuntos de violencia intrafamiliar.
      • Ejecutar la Política Nacional de Discapacidad a fin de lograr la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores.

    [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][mk_fancy_title color=»#930027″ size=»26″ font_weight=»bold» font_style=»normal» font_family=»none»]DOCUMENTOS:[/mk_fancy_title][mk_font_icons icon=»mk-moon-file-pdf» size=»medium» margin_horizental=»10″ align=»left» link=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/09/pl.-familia-ultima-version.pdf» target=»_blank»][vc_column_text css=».vc_custom_1537455390730{margin-bottom: 15px !important;}»]EXPOSICIÓN DE MOTIVOS[/vc_column_text][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ accent_color=»#930027″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ accent_color=»#930027″][/vc_column][/vc_row]

  • Ministerio de la familia

    [vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_empty_space height=»50px»][mk_circle_image src=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/vargas_lleras-c.jpg»][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_empty_space height=»50px»][vc_column_text css=».vc_custom_1537160604705{margin-bottom: 0px !important;}»]Por: Germán Vargas Lleras para el periódico El Tiempo

    Es la cuota inicial en el propósito de darle a esta institución el lugar que le corresponde.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1537160663392{margin-bottom: 0px !important;}»]Esta semana presentaremos al Congreso una iniciativa para crear el ministerio de la familia.

    El ministerio que proponemos, a diferencia de otras iniciativas orientadas a temas de género o a la promoción de ideologías, permitirá una eficiente reestructuración de 22 entidades y programas dispersos en muchas más para agruparlos y redistribuir sus funciones, evitar duplicidades, depurar las bases de datos, reducir burocracia y, sobre todo, garantizar que los 11,2 billones de pesos que anualmente se invierten tengan un impacto más positivo y lleguen a quienes más lo necesitan.

    En Colombia, el Ministerio de Agricultura se ocupa hoy de la atención a la mujer rural; de Jóvenes en Acción, la Presidencia de la República; de Familias para la Paz y Desayunos con Amor, el ICBF. De la Red Unidos y el programa Amamantar se encarga el Ministerio de Salud; de Familias Guardabosques, el Ministerio de Ambiente. Primera Infancia y Equidad para la Mujer los orientan otras dos consejerías presidenciales, y los programas para el adulto mayor son responsabilidad del Ministerio del Trabajo. La atención a la población discapacitada, como otros programas, el DPS. Y de la población indígena y afrocolombiana se ocupa el Ministerio del Interior.

    Estos pocos ejemplos ilustran la urgencia de implementar una política pública nacional que articule y coordine en todo el territorio la gestión, inversiones y los numerosos programas del sector social y de familia.

    Países como Alemania, Austria, Dinamarca, o Chile en nuestra región, han entendido las virtudes de elevar a rango ministerial la protección y promoción de la familia, entendida como el núcleo fundamental de la sociedad y vista desde una perspectiva pluralista, amplia e incluyente, integrada, como bien ha señalado nuestra Corte, no solo por vínculos de consanguinidad o jurídicos sino también por aquellos afectivos, considerando las situaciones sociales, históricas y de la realidad del país.

    La propuesta institucional consiste en transformar a costo cero el actual Departamento para la Prosperidad Social y eliminar los subsidios duplicados o mal focalizados, ajustar la frondosa burocracia actual e impedir las asignaciones politiqueras que desangran el sistema sin ninguna justificación.

    Entre los programas por reformular están los relacionados con la promoción de la lactancia materna, la nutrición y la salud del núcleo familiar a través de un nuevo modelo de medicina familiar.

    También se ocupará el ministerio de la primera infancia de atención integral en salud, nutrición, educación y acompañamiento, que no es otra cosa que proporcionarles afecto. Y con respecto a la infancia, centrará sus programas en educación, deporte, estilos de vida saludables y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas.

    En cuanto a los adolescentes y jóvenes, el ministerio deberá propender a romper los ciclos de pobreza que se inician en esta etapa, a través de programas para duplicar el número de niños en jornada única y prevenir el embarazo en adolescentes, al igual que el consumo de drogas y alcohol.

    Y para los adultos mayores, el ministerio tendrá la responsabilidad de crear un sistema nacional de atención y fortalecer el sistema de protección de la vejez.

    Igualdad, equidad y autonomía de la mujer son objetivos críticos por conseguir a través del ministerio. Comenzando por el empoderamiento económico de la mujer, su especial derecho a la salud y a la formación y particular atención a la mujer rural, hoy la más vulnerable. Capítulo aparte entre las responsabilidades de este ministerio serán la política pública de prevención y el combate a la impunidad en asuntos de violencia intrafamiliar.

    Entiendo perfectamente que cualquier iniciativa para crear un ministerio genere controversia y temores relacionados con mayor gasto y mayor burocracia. No es el caso del que estamos proponiendo. El ministerio de la familia es solo la cuota inicial en el propósito de darles a esta institución y a la inversión social el lugar que les corresponde en una sociedad moderna e incluyente como la que estamos empeñados en construir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»2/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1537160705691{margin-bottom: 0px !important;}»]GERMÁN VARGAS LLERAS
    * Dirección Fundación Carlos Lleras

    16 de septiembre 2018

    https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/ministerio-de-la-familia-german-vargas-lleras-268880[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row]

  • Cambio Radical busca reglamentar la Consulta Previa

    [vc_row full_width=»stretch_row» css=».vc_custom_1535490913578{background-image: url(http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/08/reforma_tributaria-3.jpg?id=9160) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}»][vc_column][vc_empty_space height=»200px»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=»50px»][vc_row_inner][vc_column_inner width=»3/4″ css=».vc_custom_1534435318754{padding-right: 40px !important;}»][vc_column_text css=».vc_custom_1536754030975{margin-bottom: 15px !important;}»]

    Bogotá, 11 de septiembre de 2018.- Con el fin de poner reglas claras en materia de consulta previa, la bancada del partido Cambio Radical presentó ante la Secretaría del Senado, el proyecto de ley estatutaria que busca reglamentar este proceso.

    [/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1536754078645{margin-bottom: 15px !important;}»]“Hemos evidenciado que muchos proyectos se han visto frenados por no tener claras las reglas en materia de consulta previa, lo que ha afectado el desarrollo de proyectos importantes. Por esto, la bancada del partido Cambio Radical presenta a consideración del Congreso este proyecto que busca regular este ejercicio, determinar su alcance y definir las responsabilidades y obligaciones de las partes intervinientes”, afirmó el Senador Germán Varón Cotrino.

    Por su parte, el Representante a la Cámara César Lorduy resaltó que con este proyecto se garantizan los derechos a los pueblos y comunidades debidamente reconocidos y certificados.

    “La consulta previa es un derecho de estas comunidades, pero se requiere con urgencia determinar cómo y cuándo hacer uso de este mecanismo, tiempos y costos, entre otros temas”, explicó el representante Lorduy.

     

    ABC DEL PROYECTO DE CONSULTA PREVIA

    • Garantiza el derecho fundamental a la Consulta Previa, regular su ejercicio, determinar su alcance y definir las responsabilidades y obligaciones de las partes intervinientes.
    • Determina que este mecanismo se realiza con pueblos indígenas, tribales, afrocolombianos, roms, palenqueros y raizales, debidamente reconocidos y certificados.
    • Garantiza la participación de los pueblos de manera libre, informada y previa.
    • Establece que el Estado debe consultar a los pueblos y/o comunidades interesados cada vez que se pretenda ejecutar medidas legislativas, con fuerza de ley o administrativas; o proyectos, obras o actividades (POA) susceptibles de afectarlos directamente.
    • Propicia la búsqueda de consensos y la conciliación.
    • implementa una plataforma sistematizada de información denominada Registro Único de Pueblos (RUP).
    • Fija términos generales: Un (1) año para el proceso de consulta que va  desde la preconsulta hasta la protocolización. Se podrá prorrogar por seis (6) meses cuando las comunidades consultadas y/o los interesados lo soliciten.
    • Establece las siguientes etapas:

    I. Etapa de Certificación de presencia de pueblos y/o comunidades: El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta Previa deberá certificar la presencia o no de pueblos y/o comunidades que ocupan el área de influencia.

    II. Etapa de Preconsulta:  Definir las bases del procedimiento participativo de consulta previa y presentar el proyecto a los pueblos y/o comunidades, con la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y demás entidades que puedan tener interés en la consulta.

    III. Etapa de consulta y protocolización del resultado: Adelantar el cronograma y términos establecidos en la Etapa de Preconsulta; suscribir un Acta de Protocolización de los resultados obtenidos; o la aplicación del Test de Proporcionalidad en el evento en el cual el pueblo y/o comunidad decida no participar.

    IV. Etapa de Seguimiento de Acuerdos y Cierre de la Consulta Previa: Las partes convendrán el mecanismo para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, solución de las controversias que se puedan presentar y consecuencias derivadas del incumplimiento de las medidas acordadas.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][mk_fancy_title color=»#930027″ size=»26″ font_weight=»bold» font_style=»normal» font_family=»none»]DOCUMENTOS:[/mk_fancy_title][mk_font_icons icon=»mk-moon-file-pdf» size=»medium» margin_horizental=»10″ align=»left» link=»http://www.fundacioncarloslleras.com/wp-content/uploads/2018/09/proyecto-de-ley-consulta-previa-4-de-septiembre.pdf» target=»_blank»][vc_column_text css=».vc_custom_1536754257272{margin-bottom: 15px !important;}»]Proyecto de Ley Consulta Previa[/vc_column_text][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ accent_color=»#930027″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ accent_color=»#930027″][/vc_column][/vc_row]